El Pacto nacional por la seguridad a que convocará Enrique Peña Nieto a gobiernos, partidos políticos y a las organizaciones civiles es, en realidad, un pacto por la sobrevivencia política del sistema y sus usufructuarios encaminado no a "garantizar la plena vigencia del Estado de Derecho", sino a la conservación del poder de esas élites y de las condiciones que hacen posible el diario saqueo de los recursos públicos, a costa de los ciudadanos.
El desbordamiento de una porción de la sociedad tras el eufemísticamente llamado caso Iguala (en realidad un crimen de Estado contra seis jóvenes estudiantes y la desaparición de otros 43 pertenecientes a la normal rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa), ha conducido a esa otra porción del crimen organizado conocida comúnmente como clase política, ha lanzarse un nuevo llamado a cerrar filas entre ellos, a reorganizarse mediante un pacto cosmético cuya difusión propagandística --esa sí-- esté dirigida al gran público para que éste aprecie los esfuerzos "serios" y "responsables" que esa élite empoderada hace para rescatar al país de la "descomposición" en que está naufragando.
En realidad quienes están en riesgo son esos grupos hegemónicos ante una reacción social que seguramente ya han calibrado como potencialmente peligrosa para el esquema de dominación política que les permite enriquecerse sin medida vía la corrupción, los negocios y las complicidades mutuas (incluido el regenteo del narcotráfico), esas que ahora se dicen dispuestos a erradicar mediante el tal acuerdo nacional aderezado con calificativos que se pretenden rimbombantes y autolegitimadores como los de "acuerdo con visión de Estado y de largo plazo".
Se trata de una puesta en escena demasiado vista con el mismo deplorable reparto cuya actuación condujo precisamente a lo que ahora se pretende cambiar a punta de declaraciones y de aparentes actos de contricción. Un cambio para remover estructuras, levantar polvo, vender humo y hacer ruido mediático el tiempo suficiente que permita atemperar los ánimos inconformes, sofocar las rebeliones en ciernes y "fortalecer las instituciones", vale decir: para afinarlas de modo que pueda continuar funcionando mejor aceitada la misma maquinaria política delictiva.
Un auténtico pacto transformador tendría que empezar por una reducción inmediata de los sueldos de la alta burocracia enquistada en los tres órdenes de gobierno y en los tres poderes de la Unión, y de sus elevadas y desiguales prestaciones respecto del resto de la clase trabajadora del país; otro tanto debiera ocurrir con el financiamiento público a los partidos políticos, así como una revisión inmediata de las concesiones otorgadas para los grandes proyectos de infraestructura pública del sexenio incluidos el nuevo aeropuerto y el tren rápido México-Querétaro, asignado según eso a la única empresa que presentó una propuesta: un consorcio chino-mexicano, cuya parte nacional está en manos de empresarios cercanos al propio Peña Nieto y de Hipólito Gerard, cuñado de Carlos Salinas de Gortari, quien así se harán de un negocio de más de 50 mil millones de pesos.
Un pacto en serio tendría que desmantelar las estructuras del Estado organizadas para la corrupción, el saqueo y el control social de la población vía la colusión entre la clase política y el llamado crimen organizado, pero eso --se considera-- sería entregar las bases con las que la actual clase política mantiene el control y el dominio que ejerce sobre la sociedad mexicana.
Una viñeta ilustra de manera involuntaria el carácter cosmético y falso del pacto a que convocará el peñanietismo a la sociedad mexicana: el anuncio fue formulado durante el acto en que se presentaron los reglamentos de la reforma energética, el acto por el que se ha entregado la riqueza del país a la depredación económica del extranjero y en cuyos negocios participará seguramente la clase política de izquierda y derecha que tramó esa entrega.
