El australiano cree, con razón, que esa imputación es sólo una coartada, para que una vez en el país nórdico, éste lo entregue a Estados Unidos para ser juzgado y seguramente condenado a cadena perpetua o pena de muerte, por revelar en 2010 miles de documentos secretos que pusieron en jaque a la diplomacia estadounidense.
Aliado de Washington, Londres se niega a otorgar un salvoconducto al acusado para que pueda viajar al país sudamericano como asilado político, por lo que si pone un pie fuera de la embajada sería arrestado de inmediato por la policía que vigila las 24 horas la sede diplomática.
En tanto, el pasado 3 de junio inició el Consejo de Guerra contra Bradley Manning, el soldado de 25 años acusado de filtrar más de 700 mil documentos, videos de combate y otros datos clasificados al sitio de Internet Wikileaks, cuando servía en Irak entre 2009 y 2010, con lo que según la fiscalía afectó los intereses de EU.
El juicio, que se realiza en el Fuerte Meade, en Maryland, ha sido calificado como una farsa cuyo resultado condenatorio se conoce de antemano, por las condiciones desventajosas en que ha sido colocado el soldado.
Michael Ratner, presidente emérito del Centro por los Derechos Constitucionales (CDC), que representa como abogado a Julian Assange y Wikileaks, ha denunciado que la juez militar a cargo del proceso decretó que casi todas las preguntas y evidencias que la defensa presente sobre las intenciones del acusado son irrelevantes al caso.
Eso significa que, en los hechos, no podrá defenderse de uno de los principales cargos en su contra, pues los fiscales del gobierno intentarán probar que él tenía razones para creer que sus acciones ayudarían al enemigo.
También dispuso que dos docenas de testigos de cargo rendirán declaración a puerta cerrada. Muchos de estos testigos, afirma Ratner, hablarán sobre los documentos filtrados que están disponibles en todas partes menos en el tribunal, porque aún son considerados secretos por el gobierno.
La juez militar --denuncia el abogado-- también ha determinado que los documentos y transcripciones del tribunal, incluso sus propias decisiones, seguirán estado fuera del alcance de reporteros y del público en general.
Ratner informó que el Centro por los Derechos Constitucionales presentó ya una demanda contra la juez militar en un intento por hacer públicos los documentos del caso. "No podemos permitir que el gobierno se salga con la suya con estos torpes procedimientos diseñados para desalentar la cobertura informativa del más importante juicio en torno a procesos de Estado", dijo el abogado.
Y añade que "Bradley Manning enfrenta el más severo castigo infligido a una fuente informativa en este país porque la verdad misma se ha vuelto enemiga del Estado. Exponer la verdad acerca de la mala conducta del gobierno no es ser traidor; traición es dar la espalda a quienes dicen la verdad, como Manning".
