La imposición de Medina Mora: los significados

La designación de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el mayoriteo de PRI-PAN-PVEM constituye una nueva confirmación de como el grupo hegemónico en el poder se pertrecha y se prepara para mantener su guerra de contrainsurgencia contra los ciudadanos, mediante la cooptación de todos los resquicios posibles.

Si se mira con atención, se verá que la imposición de Medina Mora, pese al rechazo generalizado, viene a certificar la muerte en México de la llamada separación de poderes y a acreditar la ofensiva gubernamental contra la sociedad. Considerada como un valor de las democracias occidentales, la tal división se vendió como un mecanismo de pesos y contrapesos que serviría para mantener el equilibrio del sistema, de modo que ninguno de los tres poderes formales incurriera en excesos que condujeran al colapso del contrato o consenso social.

La realidad es otra. La división de poderes tiene una razón de ser distinta de la que plantea el formalismo legal: su razón es proteger el sistema económico prevaleciente y asegurar que ningún poder por si solo sea capaz de modificar --si llegara a caer bajo el control opositor-- el modo de producción que permite el dominio económico y político de unos pocos sobre el resto del conglomerado social.

Con la asunción del primer compadre del país a un sitial en la Corte termina por cerrarse la pinza del control social, pues el otro extremo se configuró con el sometimiento del Congreso --el otro Poder-- vía la compra y/o negociación, según fuera necesario, de los partidos pretendidamente opositores (PAN-PRD), que así se sumaron a los satélites naturales: Nueva Alianza y PVEM, en aquel desfiguro político, pero económicamente redituable, llamado Pacto por México.

Dadas las batallas que con buen cálculo prevé el peñanietismo que habrá de seguir librando contra la sociedad mexicana que se opone al proyecto desnacionalizador y antipopular que encabeza, desde ahora se ha hecho del control político de los tres poderes de la Unión, con lo que formalmente mantiene arrinconado al pueblo y a cualquier intento por romper con esa hegemonía: desde el Congreso podrán seguir legislando para legitimar las rapaces relaciones sociales de producción, y desde una Corte mayoritariamente conservadora, ahora apuntalada con el ex procurador, podrán seguir desechando cuanto recurso de inconstitucionalidad se presente y, lo más importante, podrán seguir criminalizando la protesta social y avalando los fraudes electorales por venir.

Sin embargo, ese ominoso diseño no lo es todo, pues qué eficacia tendría una autocracia como la que ya con descaro se ha configurado en este país, si al control social vía el formalismo legal no añadiera la fuerza real de las armas: el uso legítimo de la violencia, que le llaman.

Y en efecto, la pretendida guerra contra el crimen organizado ha dado la coartada perfecta --ya desde el calderonismo-- para ir construyendo por todo el país nuevos cuarteles y destacando batallones para que llegado el caso actúen contra la propia población eventualmente insurrecta. Ese es el verdadero diseño.

Por eso las impugnaciones contra el ex embajador en el Reino Unido y en Estados Unidos nunca iban a ser oídas ni a prosperar, porque el designio de llevarlo a la Corte para apuntalar el proyecto hegemónico estuvo claro desde que Peña Nieto conformó la terna donde lo incluyó a él y a los otros dos magistrados que, siempre se supo, incluso ellos mismos, no eran mas que simples comparsas.

Así, con la partidocracia en un puño, los poderes cooptados, el ejército diseminado por todos los puntos del país para lo que pueda ofrecerse contra la población y las instituciones de procuración de justicia cedidas a uno de los poderes fácticos más determinantes en este país (el poder de las televisión), el peñanietismo está listo para mantenerse al mando y entregar buenas cuentas a los centros de poder trasnacional que lo impusieron.

Ante eso, todo el desgaste que pueda seguir sufriendo mediante las redes sociales no será sino anecdótico, mientras no se organice una insurrección cívica verdaderamente articulada. Porque está claro que estamos ya bien encaminados hacia una auténtica autocracia en la que la vía electoral está, como se verá en junio próximo, virtualmente cancelada.





 

Machote

La oficina encargada de la papelería en Los Pinos ha ordenado la impresión del siguiente formato, según trascendió:



El presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe Calderón Hinojosa, condena de la manera más enérgica la artera acción criminal en la que perdió la vida ____________________________ (Anótese aquí el nombre del próximo alcalde, mando medio, soldado o civil, muerto o asesinado por el crimen organizado o por militares) y expresa sus condolencias a la familia por tan lamentable pérdida.

El Gobierno Federal reitera su compromiso de continuar trabajando por la seguridad de todos los ciudadanos y no dar tregua a las bandas criminales.

Militares exonerados

Si sólo se juzgara por las formas elegidas para "informar" el resultado de las "investigaciones" realizadas por las procuradurías de Justicia Militar y General de la República, en relación con las muertes de los menores Bryan y Martín Almanza Salazar, el pasado 3 de abril en Ciudad Mier, Tamaulipas; y de los estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, acaecidas el 19 de marzo, podría afirmarse que las autoridades mienten.

Pero no sólo fueron los modos empleados sino los contenidos lo que hace presumir que el gobierno decidió manipular los datos, ignorar testimonios para confundir a la sociedad y encubrir y exonerar a los autores de esos crímenes.

En lo relativo a las formas, se eligió dar a conocer los informes oficiales el viernes 30 de abril (en el caso de los niños Almanza) y, todavía más inusual, en una caótica conferencia de prensa convocada a las 19:30 horas, imagínese usted, del sábado 1 de mayo, en lo que respecta al homicidio de los estudiantes.

La elección de esos días y horas no parece casual. Los estrategas gubernamentales seguramente buscaron aprovechar la desatención de una ciudadanía ocupada en celebraciones, protestas por el Día del Trabajo o, en la mayoría de los casos, preparándose para un larguísimo "puente" (1-5 de mayo) para que la exoneración de los militares pasara desapercibida a la mayoría por su escaso impacto mediático.

La conducta oficial ofrece los rasgos típicos de quien se sabe culpable, y en esa condición busca a toda costa acomodar evidencias y enredar los acontecimientos. Sin embargo, en su prisa por autoexculparse, las autoridades y el ejército han incurrido en actuaciones que los incriminan.

Primero, al despojar a los estudiantes fallecidos de sus credenciales, en un vano intento por dificultar su identificación e incluso relacionarlos con bandas criminales.

Y en el caso de los menores asesinados difundiendo, siete días después del hecho, una versión anticipada que --benditas coincidencias-- confirmaría la presunta investigación posterior.

El informe del procurador de Juticia Militar, José Luis Chávez García, concluye que "de acuerdo con las pruebas testimoniales, comparecencias, documentales y periciales" las muertes de los pequeños fueron causadas por granadas de los sicarios, pues la familia quedó atrapada en un enfrentamiento.

Hay un dato esencial en el que el procurador militar no creyó conveniente detenerse a considerar ni menos a explicar: la versión oficial de que la camioneta Tahoe en que viajaba la familia era parte de un convoy de siete vehículos desde los que se agredió a la tropa, contrasta con el relato de la madre de los menores asesinados, según el cual, al momento de la agresión, no había más vehículos circulando por el lugar y que, por tanto, no se registró ningún enfrentamiento entre sicarios y militares.

Para las autoridades civiles y militares se produjo un enfrentamiento y "háganle como quieran", parecería ser su autoritaria postura.

En cuanto a los estudiantes del Tec de Monterrey se concluye simplemente que "De acuerdo con los dictámenes periciales de balística, en el caso de José Antonio Mercado se encontraron en el cuerpo fragmentos de bala correspondientes al calibre 223 que es usado por la delincuencia".

Respecto de Javier Francisco Arredondo, los fragmentos de las ojivas no resultaron ser útiles para la comprobación balística y, por tanto, no se determinó el calibre. Según el vocero de la Procuraduría General de la República (PGR), Ricardo Nájera, no se sabría si las balas que lo mataron fueron del ejército o de los "violentos" (Gómez Mont dixit).

Así de errática e inconsistente la explicación oficial, la cual, según sostuvo Calderón en un encuentro con estudiantes regiomontanos la semana pasada, sería "muy rigurosa".

En ambos casos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos debería emprender una investigación exhaustiva e independiente, además de revisar la que realizaron el ejército y la PGR para esclarecer "la realidad de los hechos" y dar certidumbre a la sociedad sobre la actuación de esas instituciones.

Mientras ello no ocurra, el combate al narcotráfico seguirá siendo una zona de penumbra en la que la principal damnificada es una sociedad indefensa ante la degradación de las instituciones del Estado.

¡Hasta la próxima!

Calderón: daños colaterales.

A Felipe Calderón le parecen mínimos los asesinatos de civiles perpetrados por el ejército o por presuntas bandas criminales en lo que muchos consideran su "guerra contra el narco". Es natural. Está en su papel de justificar esa estrategia.

Sólo que lo hace a despecho del dolor y la tragedia que cada una de esas vidas ha significado para sus respectivas familias. Como el taxista, o la madre y sus dos hijos menores quienes volvían del colegio el pasado viernes 16 de abril en Acapulco, y que murieron sólo por estar en "el lugar y la hora equivocados".

Lo chocante de esta última frase, ya un lugar común, caza muy bien con la indiferencia gubernamental hacia esas víctimas. Y esa indiferencia proviene de quienes dicen defender y respetar la vida y se oponen al aborto en las primeras semanas de gestación. En este como en otros temas, la hipocrecía de la derecha queda, de nuevo, al descubierto.

El ruletero abatido en Acapulco había vuelto de Estados Unidos y comprado un taxi, para mantener a sus cuatro hermanas. ¿Y ahora? La vida y el destino de esa familia cambió en un instante. A ellos nadie de la presidencia les ha llamado. Menos tendrán un resarcimiento económico por esa muerte repentina.

Es el mismo caso de los 16 estudiantes asesinados el 31 de enero en Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez, o el de los dos estudiantes del Tec de Monterrey, muertos por el ejército y negado su deceso durante las primas horas en una clara maniobra por ocultar el hecho (aún ahora todavía los militares no entregan los videos que con una ingenuidad pasmosa, entregó la institución a la entidad castrense).

O el asesinato de Bryan y Martín Almanza Salazar, de cinco y nueve años respectivamente, quienes fueron baleados el 3 de abril por soldados en una carretera de Tamaulipas, cuando viajaban con sus padres y otros familiares para pasar unos días de vacaciones en la playa.

Cada una de esas vidas truncadas prematuramente constituyen un drama familiar de incalculable sufrimiento. Pero para Calderón son sólo unos cuantos. Los pequeños Bryan y Martín cuentan sólo por dos en la estadística oficial. El taxista de Acapulco es, para su desgracia, sólo uno. Y la suma completa no llega a cinco por ciento, afirma orgulloso el michoacano.

Esas declaraciones desnudan el carácter cosmético de las condolencias oficiales. Salvo en los casos en que ha debido acudir personalmente para subsanar errores políticos previos y porque la presión de la opinión pública así lo obligaba, Calderón no se presenta en otros funerales, señaladamente en los que incluyen a gente pobre.

En tales casos su esposa, Margarita Zavala, se encarga de cubrir el expediente, pues literalmente eso representan para Los Pinos esas muertes: un expediente, una cifra...Quizá Calderón crea que la presencia de su esposa es más "amable" para los deudos. Pero ella no se robó...perdón, ella no fue electa como presidente y no tiene ninguna responsabilidad política, menos ninguna representatividad.

En todo caso el panista deja al descubierto su talante machista: que las mujeres se encarguen de los asuntos sensibleros, de consolar a las madres de los caídos, ellas, como madres, se entenderán mejor. Eso les toca.

Se dirá que Calderón no podría asistir cada vez que sus tropas o las de los delincuentes abaten a un civil. Es cierto, aunque ya se dice con sorna que bien podría hacerlo, pues dado el desorden generalizado que priva en el país, no se ve que tenga alguna otra ocupación productiva.

Eso de minimizar a los civiles caídos es una muestra más de que el panismo no gobierna para los mexicanos, sino con arreglo a otros intereses que ya hemos descrito en una entrega anterior. Lo malo es que el asunto sólo se ve en términos de quien va ganando o perdiendo esta guerra.

Una encuesta publicada durante la semana por Roy Campos muestra que, si bien por un pequeño porcentaje, la mayoría de la población cree que el gobierno va perdiendo esta guerra.

Esa percepción es, sin embargo, genial para el stablishment mexicano, pues da cuenta de que la población todavía no se percata de que, en realidad, quienes vamos perdiendo somos los ciudadanos.

Y si no pregúntenle a los familiares de los fallecidos.

¡Hasta la próxima!

Narcotráfico y proyecto hegemónico

La crisis económica, política, laboral, educativa, de seguridad y de derechos humanos que se vive en México es resultado del proceso de suplantación del poder del Estado por el poder de las corporaciones. En último término, de eso se trataba el proceso globalizador y la ideología neoliberal consustancial a él.

Los poderes constitucionales están en vías de ser suplantados por los poderes fácticos mediante un proceso que en México se ha desarrollado en dos vías: el ya conocido adelgazamiento del sector público iniciado en el sexenio de Miguel de la Madrid y profundizado en los dos siguientes de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, a través de procesos privatizadores signados por la corrupción, en favor de la oligarquía financiera local y trasnacional.

La otra vía ha sido la cooptación, por parte del bloque dominante de poder, de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, para establecer un bipartidismo que asegure la rotación del mando entre fracciones del propio bloque, sin riesgo de rupturas mayores, salvo las que se produzcan por el interés de cada fracción de usufructuar el poder sexenal delegado por las corporaciones.

La izquierda habría sido neutralizada con el control del aparato político del Partido de la Revolución Democrática (PRD) --entregado por el gobierno, a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación-- a una caterva de políticos menores, pero deseosos de aparacer ante el bloque dominante como garantía de continuidad para sus intereses económicos, al abandonar cualquier tipo de aspiración al cambio y presentándose como una izquierda "moderna y bien portada", cuya mayor y más reciente prueba de capitulación, la constituyen las alianzas electorales con el partido de la derecha.

En ese esquema el narcotráfico constituye una industria de acumulación capitalista, paralela, encubierta y alentada por grandes corporaciones financieras internacionales, desde donde se dictan estrategias, se maneja la logística, se trazan rutas y se imponen jefes-parapeto que luego son elevados a la condición de capos más buscados, pero a fin de cuentas prescindibles, como lo ilustra esa frase que Ismael "el mayo" Zambada le soltó a don Julio Scherer: "Si me atrapan o me matan...nada cambia".

La derrama multimillonaria proveniente del tráfico de estupefacientes --que de acuerdo con la dirección ejecutiva de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito deja ganancias anuales por 350 mil millones de dólares-- beneficia desde sicarios reclutados entre vastas porciones de jóvenes, a quienes el modelo económico cancela sus posibilidades de desarrollo marginándolos de la educación superior y del mercado de trabajo formal, hasta gobiernos, a través de empresas que financian proyectos de infraestructura y, desde luego, campañas políticas.

Un dato serviría para verificar lo anterior: el tráfico ilegal de armas en la frontera México-Estados Unidos sería impensable sin la corrupción y la red de complicidades que propician esas corporaciones en ambos lados.

Así, de muchas formas el narcotráfico favorece el proyecto hegemónico mundial --cuyas líneas siguen siendo en lo fundamental el supuestamente enterrado Consenso de Washington-- ya sea como forma de control social de quienes incurren en adicciones como una vía de escape ante las insoportables condiciones de vida, y que de otro modo estarían exigiendo derechos en las calles, ya como generador de ganancias exorbitantes que aceitan el funcionamiento del sistema.

Ese carácter del narcotráfico de industria ligada a los intereses financieros de las grandes corporaciones que han impuesto su hegemonía política, económica y, desde luego, ideológica, hace impensable, en tales condiciones, su combate y exterminio.

De ahí la impostura de Felipe Calderón. El gran engaño a la sociedad mexicana es haberle hecho creer que el problema del narco se reducía a unos individuos desalmados que solitos se organizaron en cárteles para envenenar con enervantes a nuestra juventud.

Y a los que, por ende, se podía combatir en unos cuantos meses con la fuerza del ejército. Congruente con esta engañifa, Calderón desplegó una campaña militar contra tales cabecillas, en vez de hacerlo para desarticular las redes y flujos de financiamiento y lavado de dinero, que les permiten a aquellos operar con amplios recursos logísticos, de inteligencia, de armamento, comunicaciones y financieros.

No obstante, aun en esa guerra menor ha sido ineficaz, como lo muestra la pérdida del control de varias plazas del norte, noreste y occidente de México, donde esas bandas han desnudado la torpeza e impericia, sean naturales o inducidos-- del combate oficial.

Ese modo tramposo de encarar el problema del narcotráfico dio a Calderón la coartada perfecta para un doble propósito: obtener la legitimidad que él sabe que no consiguió en las urnas, y militarizar al país como una forma de socavar e inhibir la protesta social que amenazaba con desbordarse, dado el carácter antipopular del proyecto hegemónico que representa.

En ese marco, se entinde que para él y los oficiales que lo arropan la muerte de civiles que se "cruzan por las líneas de fuego", aunque en realidad se trate de asesinatos atribuibles al propio ejército, sean considerados con el avieso eufemismo de "daños colaterales", término de cuestionable aplicación en una guerra, e inaceptable como minimización de daños en tiroteos que no alcanzan aquella jerarquía bélica.

En realidad, los civiles (entre ellos estudiantes y menores de edad) muertos en enfrentamientos entre bandas, o entre éstas y el ejército o por el ejército mismo, según varias evidencias, no son víctimas del esfuerzo gubernamental por salvar al país de ese flagelo, sino víctimas de una estrategia de legitimación personal y de una guerra sucia que, a diferencia de la desplegada por el gobierno en los años 70 del siglo pasado, se permite asesinar abiertamente porque tiene la coartada de una misión mesiánica: combatir al narco, aunque en realidad se trate de legitimar a una persona y de acciones de contrainsurgencia que buscan apuntalar un proyecto hegemónico global.

¡Hasta la próxima!

Ejército asesino

El ejército mexicano asesinó el 3 de abril a dos niños en la carretera Ribereña de Tamaulipas. El desgarrador relato de la madre de esos pequeños, Cyntia Salazar, no deja lugar a dudas. Los asesinaron. No hay otro término para describir el hecho.

Los Almanza Salazar pasarían unos días en la playa, en Matamoros. La troca en que viajaban incluía entre sus pasajeros a los cinco hijos de la familia, el hermano de Cyntia y un bebé de tres meses, hijo del matrimonio Rangel. De acuerdo con el relato de Cyntia Salazar, al ver el retén militar y sabedores de cómo hay que actuar en tales casos disminuyeron la velocidad y bajaron los cristales de la camioneta para que vieran que viajaba allí una familia con niños.

Circularon despacio frente al retén sin que ningún soldado les hiciera alguna indicación. Apenas superado el punto, los militares balearon el vehículo, Así, sin razón, sin lógica, a mansalva. La lluvia de balas alcanzó a dos hijos del matrimonio Almanza Salazar: Bryan de cinco años y Martín de nueve. El primero murió en brazos de su madre.

Ésta ha dicho que todos corrieron hacia el monte para resguardarse de las balas: "Y ni modo que no vieran el corredero de niños, ellos seguían disparando". Al cabo de un rato cesó la trágica cacería.

Debieron transcurrir cinco largos días para que el 8 de abril la Secretaría de Gobernación emitiera el boletín No. 156-08/04/2010, el cual miente desde el título: "Comunicado sobre las agresiones ocurridas a militares en Tamaulipas el fin de semana pasado".

A la luz del relato de Cyntia Salazar, ese texto resulta valiosísimo porque revela el modus operandi del llamado gobierno de la república para encubrir los asesinatos de las fuerzas armadas y manipular a la opinión pública.

En ese boletín el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, dice que los militares se encontraban en el lugar de los hechos porque recibieron información de que hubo un enfrentamiento entre presuntos delincuentes, pero que al llegar allí fueron atacados "por un grupo de sujetos armados (y que) repelieron la agresión".

Y añade: "Derivado de los enfrentamientos, en la secuencia de estas agresiones, fallecieron dos menores: Bryan Almanza Salazar, de cinco años de edad, y Martín Almanza Salazar, de nueve años de edad".

En lo que parece una maniobra discursiva para torcer la realidad, Gómez Mont se apresura a reseñar el arsenal que, según él, se aseguró tras el enfrentamiento, si bien estamos obligados a pensar que los agresores abandonaron sus armas --entre las que figuraban dos proyectiles para lanza-cohetes y más de cinco mil cartuchos de diferentes calibres-- porque no se refiere que se haya apresado a nadie. Tampoco hay evidencia fotográfica o fílmica, como se estila para presumir los presuntos triunfos, de esas armas.

Interesado en que se crea su versión, el Secretario remata esta parte afirmando que: "Es decir, este sólo hecho (se refiere al aseguramiento de armas) acredita en qué contexto de agresión, violencia y fuerza se estaban dando estos hechos".

Enseguida, vienen más de 10 párrafos de palabraría vacía, más encaminados a minimizar y cubrir con "paja" el asunto principal que es la muerte de los dos menores, que a brindar información útil para la ciudadanía.

En este, como en otros casos el objetivo último es proteger a los militares, pues se recurre exactamente a la misma coartada empleada para evadir la probable responsabilidad del ejército en el asesinato de los dos estudiantes del "Tec" de Monterrey y en los que ha documentado Human Right Watch.

Estamos claramente ante un gobierno asesino, que atropella las garantías individuales y los derechos humanos en la más completa impunidad, pues el comunicado mentiroso de Gómez Mont equivale, en los hechos, a una exculpación anticipada de los militares que asesinaron a estos dos menores.

Todavía este martes 13 de abril el secretario de Gobernación ha dicho, en respuesta al asunto de la familia Almanza Salazar, que habrá una reconstrucción de hechos porque las cosas se ven diferentes desde dentro de una camioneta y desde afuera.

Siguiendo su extraña lógica podría respondérsele que también las cosas se ven distintas cuando te han asesinado a dos hijos en un retén militar, que cuando tratas de encubrir a los asesinos.


¡Hasta la próxima!

Ciudad Juárez e inundaciones

De nuevo los palos de ciego, la reacción efectista, tardía e insuficiente; el cálculo político para obtener ganancias allí donde la tragedia se enseñorea contra los indefensos y los desposeídos. Todo menos el quehacer político profesional, la capacidad técnica para trabajar y resolver problemas con los más aptos y no sólo con los más amigos.

De la masacre de jóvenes que se divertían en una fiesta en Ciudad Juárez, a las inundaciones que arrasaron con viviendas y vidas en Michoacán, Estado de México y en el oriente de la Ciudad de México. Y en medio de todo la incapacidad gubernamental como un Dios.

El gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, anuncia que trasladará los poderes estatales (cuáles, preguntarán los malosos) a Ciudad Juárez, en una jugada que se pretende de alto impacto político y que de paso exhibe la ausencia de Felipe Calderón en la entidad. El michoacano, en tanto, anuncia cambios de estrategia en ese estado con programas sociales y económicos integrales para hacer frente a una guerra, contra el narco, que por si no lo sabe ya tiene perdida.

Todo con el telón de fondo de la próxima elección estatal para gobernador, acaso lo que de verdad importa a nuestros próceres, pues con eso en mente, PRI y PAN tratarán de capitalizar en su beneficio electoral la trágica masacre de jóvenes --tempranamente calificados como pandilleros por el mismo Calderón que desde Los Pinos diagnosticó gastritis como la causa de muerte de doña Ernestina Ascencio, la anciana ultrajada en Veracruz por miembros del ejército-- y las decenas de ejecusiones que diariamente ocurren en aquella franja fronteriza.

Los fondos de la "nueva estrategia" para Chihuahua anunciada por el gobierno federal tendrán sin duda un uso electoral: montados en la tragedia, los panistas pretenderán utilizarlos para apuntalar las aspiraciones de su abanderado al gobierno de la entidad, algo como lo que lograron en Sonora tras el incendio en la Guardería ABC donde muerieron quemados 46 bebés.


Calderón inició el año pasado defendiéndose de "gobernar" un Estado fallido. Gustoso de las metáforas que seguramente sólo él encuentra festivas, se le oía ilustrar: "si sale polvo por las ventanas (en referencia a las miles de ejecusiones que ya se contabilizaban en 2009), es porque estamos limpiando la casa", y retaba a viajar a Chihuahua para que, según eso, se corroborara que se tenía el control de la entidad.

Ahora mismo, no se sabe si su ausencia de aquellas tierras en esta hora de tragedia se debe a que teme encontrar el repudio de una sociedad ofendida por sus declaraciones sobre el filo pandilleril de la matanza, u ofendida por la incapacidad del ejército que envió a dar de palos al panal sin un plan estratégico y operativo para, en efecto, arrebatar la plaza y desterrar a las bandas del crimern organizado. O acaso su ausencia se deba simplemente a que sabe que allí no hay ley y su Estado Mayor aún no refuerza convenientemente el ya de por sí enorme aparato de seguridad con el que suele viajar por todo el país.

Otro sitio donde Calderón no se siente cómodo es el Distrito Federal. Quizá porque considere a sus habitantes hostiles al reconocimiento de su pretendida investidura presidencial, el panista se ha negado a apersonarse en los lugares afectados por las inundaciones.

En cambio estuvo en Michoacán y en el Estado de México. Para el Distrito Federal ha preferido enviar a su correligionario y director de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege a tratar, otra vez, de sacar raja política de la tragedia, declarando que la tal comisión --que dirige sin ningún conocimiento técnico del tema-- había advertido a las autoridades capitalinas sobre el probable incremento del nivel de lluvia en la zona. Antes que ayudar, se trata de sembrar tempestades para eventualmente obtener ganancias electorales. Para eso están en el cargo.

Como se ve, ni aun en la tragedia, nuestra ínclita clase política abandona sus juegos de poder ni deja de ver a los ciudadanos en problemas sólo como potenciales boletas electorales.

¡Hasta la próxima!

Ejército: Asesinatos impunes

El 21 de octubre de 2008 Saúl Becerra Reyes, de 31 años, fue arrestado por unos soldados junto con otros cinco hombres en un lavado de automóviles cercano al domicilio que compartía con Brenda Patricia Balderas y sus dos hijos en Ciudad Juárez, Chihuahua. Los testigos vieron como unos soldados con uniforme detenían a los seis hombres y confiscaban tres vehículos, uno de ellos propiedad de Saúl Becerra.

Durante los cinco días siguientes Brenda Patricia Balderas acudió a buscar a Saúl Becerra a la PGR, a cuarteles del ejército y a comisarías municipales. Todos los funcionarios afirmaron no saber nada de las detenciones ni del paradero de los hombres.

Tras ser torturados y detenidos ilegalmente por el ejército en el cuartel del 20o. Regimiento de Caballería Motorizada, el 26 de octubre todos los detenidos menos Raúl Becerra fueron puestos bajo la custodia de la PGR y acusados de delitos relacionados con drogas y armas de fuego.

Los tres vehículos confiscados por los militares el 21 de octubre también fueron entregados a la PGR , incluido el de Saúl Becerra. Los militares no hicieron ninguna referencia a él a pesar de que uno de los vehículos le pertenecía. El 27 de octubre Brenda Patricia Balderas visitó a los cinco detenidos y vio que todos presentaban claras señales de contusiones.

Ese mismo día Brenda Patricia Balderas trató de denunciar al ejército por secuestro y detención ilegal en la PGR de Ciudad Juárez, pero los funcionarios de la PGR no tramitaron la denuncia. Brenda Balderas también presentó quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Más de un año después, la CNDH no había terminado la investigación ni informado a Brenda Balderas del estado del caso.

Entre noviembre y diciembre de ese año, luego de que Brenda Balderas tramitara un recurso de amparo, un tribunal federal inspeccionó las instalaciones de la PGR y la sede del 20 Regimiento de Caballería Motorizada para determinar el paradero de Saúl Becerra sin conseguirlo. Además se ordenó inspeccionar los centros de detención de la policía estatal y municipal, así como las instalaciones de la PGR y el ejército, también sin éxito.

A comienzos de marzo de 2009 el cadáver de Saúl Becerra apareció en una carretera entre Nuevo Casas Grande y Ciudad Juárez. El certificado de defunción emitido por las autoridades señala en su única página que murió el 22 de octubre de 2008 (un día después de su detención) a causa de una hemorragia cerebral por traumatismo craneoencefálico. No se hizo otra autopsia.

Cuando Brenda informó al tribunal federal de que Saúl Becerra había muerto, el juez sobreselló el recurso de amparo y trasladó el caso a la Unidad de Homicidios de la Procuraduría General de Justicia del estado de Chihuahua que abrió una investigación, pero no tomó medidas para determinar la participación del ejército en la desaparición y la muerte de Saúl Becerra.

Este es uno de los cinco casos específicos de graves violaciones a los derechos humanos, de un total de 35, perpetradas por el ejército mexicano entre octubre de 2008 y agosto de 2009 realizadas en el marco de las labores de seguridad pública que realiza para combatir la delincuencia organizada y a los cárteles de la droga.

Esas historias están incluidas en el documento México. Nuevos informes de violaciones de derechos humanos a manos del ejército, el cual fue presentado ayer por Amnistía Internacional. El informe completo puede ser consultado en http://amnistia.org.mx


Y aquella frase de Felipe Calderón del 10 de agosto de 2009 en la conferencia de prensa que ofreció junto con el presidente de Estados Unidos y el Primer Ministro de Canadá:

"Tenemos un compromiso claro con los derechos humanos, los hemos cumplido y lo seguiremos haciendo...Quienes señalen lo contrario están obligados a probar un caso, un sólo caso en que no haya actuado la autoridad en que se hayan violado los derechos, en que no hayan respondido las autoridades competentes para castigar a quienes hayan abusado de sus competencias legales: sean policías, sean soldados o cualquier otra autoridad".