IFE: legitimar el resultado

Si algo, lo que se multiplica de cara a la elección presidencial del próximo 1 de julio es la evidencia del fraude vía el voto corporativo, la compra y coacción de sufragios, la denunciada operación Ágora del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), comandada por Elba Esther Gordillo y los múltiples videos y fotografías exhibidas en las redes sociales.

Y sin embargo, el Instituto Federal Electoral (IFE) declara que el impacto de tales marrullerías --sin descontar la muy amplia y documentada operación de posicionamiento mediático en favor de un candidato-- será, si acaso, marginal, aunque no aclaró si esa marginalidad puede ser mayor o menor de 0.56 por ciento.

La postura del árbitro electoral, Leonardo Valdés Zurita, coincide con la muy difundida versión de la "imposibilidad del fraude" ya sansionada por todo el aparato mediático. El candor --o cinismo, a elegir-- del consejero presidente se asienta en la abrumadora certeza de que la ley prohibe esas prácticas y de que "el ciudadano, cuando llega a la casilla, lo hace solo, nadie lo vigila y se expresa en libertad".

La confianza en el mundo ideal instaurado por la ley es tal, que a Valdés Zurita sólo le faltó decir que comprado o no, coaccionado o no, cualquier voto es legítimo sólo porque fue depositado por un ciudadano.

En su imperfección, la coartada es convincente porque alude al arte de la apariencia y lo escenográfico propio del sistema político mexicano inaugurado por el PRI: para qué queremos campesinos si podemos contratar extras. Para qué convocar ciudadanos si podemos arreglárnosla con su credencial de elector.

Lo que al IFE le interesa es que el elector llegue a la casilla y vote, porque lo que importa es legitimar el resultado, no el proceso que lo produjo. Acaso porque en el proceso, como en los detalles, está el diablo.


En su anacronismo convenientemente asumido, para Valdés Zurita el único fraude posible consiste en el relleno y robo de urnas. La compra y coacción previa de votos, los carruseles o el rebase en los gastos de campaña constituyen sólo un anecdótico "intento de influir sobre la decisión del ciudadano", pero nada más.    

Entrevistado por Alonso Urrutia y Fabiola Martínez para La Jornada, el consejero presidente desestima, por ejemplo, que el rebase de gastos de campaña incida en el resultado de la elección porque quien recibe el financiamiento es el partido, no el candidato (sic).

Pero los beneficiarios son el candidato y el partido, reviran los reporteros. Y la respuesta impresiona porque ilustra los alcances y la perspicacia del árbitro central: --"Podría ser".

Televisoras y debate

Televisa y TV Azteca han decidido  no transmitir en sus cadenas nacionales el debate entre candidatos presidenciales programado por el Instituto Federal Electoral (IFE)  para el próximo domingo 6 de mayo a las 8 de la noche.

A esa hora, la empresa de Emilio Azcárraga transmitirá por canal 2, como cada domingo, el reality show Pequeños gigantes, en tanto que la televisora de Ricardo Salinas difundirá por canal 13 el partido de liguilla del torneo de clausura, Morelia vs Tigres de la UANL.

Si ese amago se concreta, estaremos ante una de las más descarnadas muestras del poder televisivo utilizado en contra del interés nacional  y el derecho a la información, perpetrada por unos concesionarios cuyo poder fáctico --paradójicamente-- deriva de la explotación comercial de un bien público, como lo es el espectro radioeléctrico, a través del cual cursan sus señales. 

La medida constituye un claro ajuste de cuentas de las televisoras contra los poderes constitucionales por la aprobación de la reforma electoral de 2007, que las privó del millonario negocio de la venta de espots a los partidos políticos y que prohibió a los particulares contratar espacios para propaganda electoral, como una forma de evitar los abusos de 2006 (recuérdese la campaña sucia patrocinada por el Consejo Coordinador Empresarial contra el candidato de la izquierda), y mantener la equidad en la contienda.

Se trata, por añadidura, de mantener alejados a los ciudadanos de los procesos de decisión política que les conciernen. En efecto, el conservadurismo y la despolitización de la sociedad que cotidianamente promueve el duopolio con su programación es coronado con esta nueva maniobra que podría privar a una vasta porción del electorado quizá del único foro que les serviría para normar su voto, más allá de los espots partidistas.

Silenciar el debate entre candidatos presidenciales tendría, además, el efecto de beneficiar al candidato favorito de los poderosos intereses que conforman la industria de la comunicación y el entretenimiento. Ello porque sin ese ejercicio de confrontación de ideas, los electores seguirían a merced del bombardeo de encuestas que un día sí y otro también, crean en la masa la percepción de que la elección ya está decidida y que por tanto no queda más que sumarse a la corriente pretendidamente mayoritaria.

Otro aspecto ominoso del episodio es la demostración palmaria del control que las televisoras ejercen sobre las audiencias y del favor que éstas les dispensan, pues sólo una pequeña porción de la ciudadanía se ha mostrado inconforme con la decisión de no transmitir el debate.

A la mayoría el asunto parece no importarle y hasta agradecen que no se les prive de su precaria diversión dominical, sin hacerse cargo de que en la emisión suprimida podría estarse decidiendo su vida real y no la de otros, como sucede en las telenovelas.

Se dirá que las empresas de televisión están en su derecho de manejar esos negocios de acuerdo con sus intereses  y que en esa libertad pueden elegir qué difundir. Sólo que no se trata de empresas cualquiera, sino de comunicación que cumplen --o deberían-- una función social: la de informar a la sociedad.

En último término la apuesta no es por el raiting, como escribió Salinas Pliego en su twitter, ni por el interés comercial que implica un partido de fútbol, como supone Valdés Zurita, el consejero presidente del IFE.

No, la apuesta real de las televisoras es más alta: demostrar a la clase política que cuando se lo proponen, son ellas las que tienen y ejercen el control real del país y de los ciudadanos. Y que si quisieran, incluso podrían hacer que la gente olvidara que hay elecciones el próximo 1 de julio.

Absurdos electorales

A ver: un servidor público en un puesto de elección popular ¿pierde su condición los fines de semana? El asunto viene a cuento por aquello de que los funcionarios gubernamentales sólo pueden acudir a actos proselitistas en días inhábiles, para evitar que incurran en el uso indebido de recursos públicos y violen los principios de imparcialidad y equidad.

El criterio es a todas luces disparatado y hasta risible porque asume que gobernantes como Marcelo Ebrard o Enrique Peña Nieto, se pueden desprender de su condición los fines de semana y acudir en apoyo, como lo han hecho, de sus correligionarios en otros estados.

¿Fueron electos para trabajar sólo de lunes a viernes? Ello implicaría que, como cualquier otro trabajador, podrían pasarse los fines de semana desentendidos de su oficina y sin emitir ninguna órden a nadie. Lo que a su vez supondría que en esos días habría un vacío de autoridad tanto en la ciudad de México como en el estado de México, donde ambos gobiernan.

Pero si los señores Ebrard y Peña Nieto utilizan celulares y otros medios que se les proveen para el desempeño de sus cargos para mantenerse en contacto o ser consultados, digamos por sus jefes policiacos, entonces implica que aun los fines de semana siguen siendo servidores públicos.

Imagine el lector que hubiera ocurrido una desgracia en en DF que requiriera la presencia del jefe de Gobierno, uno de esos domingos en que Ebrard se encontraba en Guerrero --despojado de su condición de gobernante, según este ridículo criterio-- apoyando la campaña al gobierno de la entidad de Ángel Aguirre Rivero.

Podrían ocurrir dos escenarios:

a) Notificado del hecho, Ebrard se desentiende de la emergencia y sigue en los mítines del guerrerense aduciendo que, puesto que se trata de un día inhábil, él no es en ese momento el gobernante capitalino.

b) Enterado del problema corre a una caseta telefónica, se despoja de su atuendo de ciudadano y vuela de regreso a la ciudad de México para, en su calidad de jefe de Gobierno dominical, atender el problema.

¿Se dan ustedes cuenta? En una interpretación que cabe, podría ser sancionado porque si elige regresar significa que acudía al mítin como jefe de Gobierno y no como ciudadano. Estaríamos como aquella paradoja del gato de Schroedinger, con que se ilustra la superposición de estados en la física cuántica.

Como se sabe, la materia y la energía pueden manifestarse, a la vez, como corpúsculos y como ondas, pues existen en una superposición de estados. Que se manifieste como uno o como otro depende de lo que sea en el momento en que es observada.

Así Ebrard. Si recibiera la llamada cuando en su superposición de estados, el momento corresponde al del ciudadano, entonces no regresa. Si la recibe cuando en su fluctuación se encuentra como jefe de Gobierno, entonces regresa y, en tal caso, podría ser sancionado por acudir como tal a un mitín de campaña. Ridículo ¿no creen?

Nadie sugiere que los gobernantes no tengan derecho a días o a horas de azueto. Pero eso es diferente a pretender que los fines de semana pueden desprenderse de su condición o a pensar ingenuamente que en esos días no utilizan recursos públicos.

Otro disparate semejante de nuestro sistema electoral se produce al pretender que los funcionarios o gobernantes pueden influir en las preferencias electorales cuando acuden a un mítin en días hábiles (de ahí la prohibición que se los impide) y no hacerlo cuando asisten en días inhábiles.

Véase la resolución que en 2009 emitió nuestro ínclito Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: "La condición de funcionarios públicos, en sí misma, no es suficiente para estimar que la simple asistencia de éstos en días inhábiles a eventos proselitistas, genera la inducción al voto del electorado en determinado sentido". Barroco, ¿no?

El problema que da lugar a estos subterfugios disparatados es la corrupción de nuestra clase política que a la menor provocación incurre en trampas de toda laya. Todos esos galimatías e interpretaciones que increpan a toda lógica se evitarían si simplemente nuestros actores políticos tuvieran educación, principios y auténtica vocación democrática. Punto.

Miente el IFE

Arrastrando un desprestigio que ha minado el principal atributo que debiera preservar una institución de su tipo --la credibilidad-- el Instituto Federal Electoral (IFE) ha emprendido una campaña para promover el voto ciudadano en las elecciones intermedias del próximo 5 de julio.

Aunque hay quienes aseguran que las pifias en que han incurrido los consejeros y quien los encabeza, Leonardo Valdés Zurita, son premeditadas para desalentar la participación ciudadana en la referida elección, parece más bien que los tumbos del Instituto débense a la incapacidad política y falta de independencia de sus miembros.

Es cierto que a nuestra clase política conviene que la ciudadanía se mantenga ajena y lo más alejada y desinteresada de la política. Entre más lo esté, las ganancias económicas seguirán siendo para unos cuantos. Pero se necesita a los electores en las urnas para legitimar los procesos de elección y mantener así la ilusión y la apariencia de la democracia.

Por ello importa al IFE hacer que los ciudadanos voten. Pero su campaña es mentirosa y con un concepto baratísimo. Busca dramatizar el llamado mediante un recurso muy visto: el contraste negativo. Consiste en pedir que no se realice la acción solicitada (considerada positiva) si se quiere mantener una situación catalogada como socialmente anómala.

En el anuncio se pregunta a la gente: "¿Quieres que la justicia siga siendo para unos cuantos? No votes. ¿Quieres hacer como que no pasa nada? No votes" y termina diciendo: "Ellos (los diputados) deciden en qué se gastan nuestros impuestos y deben hacerlo en lo que nos hace falta".

Por asociación de ideas el mensaje induce a pensar que la sola acción del voto hará que desaparezca la injusticia, o hará que los diputados voten los presupuestos de acuerdo con las necesidades inmediatas de la gente y al revés, si no hay votos, entonces seguirán los problemas.

Esa forma de manipulación mediática no debería ser ejercida por una entidad que tiene como uno de sus principios rectores la veracidad, la certidumbre y el apego a los hechos y, entre cuyos fines figura contribuir al desarrollo de la cultura democrática.

El IFE viola ambos preceptos, pues no es veraz ni apegado a los hechos que el voto obre esas transformaciones mágicas. México tiene una larga tradición en la organización de elecciones y, sin embargo, como el propio Instituto reconoce, aquí la justicia sigue siendo sólo para unos cuantos.

Tampoco los diputados, una vez electos, escucharán a sus representados para definir el sentido de sus votos. Ese es uno de los mitos o malentendidos más difundidos de las democracias liberales.

Como afirma el pensador alemán Joachim Hirsch, la democracia política en la sociedad capitalista no puede ser "democracia de base" o gobierno directo del pueblo, sino que se reduce a la coparticipación de éste en formas sumamente restringidas --como el ir a votar, agregamos nosotros-- y sujeta a reglas de procedimiento extremadamente estrictas.

Se entiende que los partidos políticos y el IFE, hermanados por la crisis de credibilidad que padecen --aquellos tienen sólo un raquítico 4 por ciento de confianza de la gente y el Instituto el 31 por ciento, según la IV Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas divulgada la semana pasada-- pretendan hacer lo que sea por llevar gente a las urnas para justificar su existencia y legitimar al sistema, pero son precisamente esas maniobras las que consiguen el efecto contrario.

Por lo demás, ese tipo de campañas muestran el perfil antidemocrático y falaz de un instituto creado para garantizar la certeza en las elecciones, pero que de más en más se ha convertido en un costoso lastre para la democracia que pretende salvaguardar.

¡Hasta la próxima!

Poderes fácticos

La actual controversia entre el duopolio televisivo (Televisa-TV Azteca) y el Instituto Federal Electoral (IFE) por la transmisión de propaganda política durante el curso de programas deportivos en el que la continuidad para el televidente es vital, ha puesto en evidencia --como ningún otro episodio podría hacerlo-- el carácter y el rabioso dominio que ejercen los poderes fácticos sobre la sociedad mexicana.

Fáctico proviene de factum (hecho). Un poder fáctico es, así, aquel que gobierna en los hechos, realmente, detrás del trono, sin ser parte del aparato político formal. El poder real detrás de la apariencia de las elecciones y el voto popular.

Es el que decide y conforma el rumbo de la sociedad, más allá de los planes y quehacer gubernamentales, y cuando la clase política adopta decisiones contrarias a sus intereses, abandona su ostracismo y se encarga de recordar a todos quién manda.

Su poder y capacidad les viene del hecho de que los poderes fácticos tienen en sus manos recursos estratégicos mediante los cuales influyen y controlan la ideología o la economía de un país, en este caso ese recurso es la televisión.

Jacqueline Peschard (citada por Fátima Fernández Christlieb en "¿Cómo se constituyó Televisa en un poder fáctico?") los describe como "aquellos poderes que tienen la fuerza para condicionar la acción del Estado mexicano, cuando no para amenazarlo o neutralizarlo".

Otra estudiosa del tema, María Amparo Casar, los caracteriza como aquellos poderes que han crecido al amparo y con el beneplácito, cuando no con el contubernio de las autoridades. Están constituidos formalmente por monopolios privados y públicos. De ellos depende que no se avance en la competitividad, en el crecimiento, en el combate a la pobreza, y en la distribución del ingreso. Constituyen un veto a la acción pública. Hasta aquí las referencias.

Para expresarlo con una imagen popular: "Son la mano que mece la cuna"; los que determinan qué se hace y qué no. Todo en ánimo de mantener un estado de cosas conveniente a sus intereses. Son los que verdaderamente eligen qué persona o qué partido debe gobernar. Y cuando ven en riesgo su decisión recurren a todo tipo de recursos, legales o no, para influir en los electores formales (Recuérdese aquella campaña que tachaba a Andrés Manuel López Obrador como "Un peligro para México". Ellos la idearon, la financiaron y la difundieron).

El verdadero peligro para cualquier país es quedar atrapado enmedio de estos poderes. Entonces se convierte en una sociedad secuestrada, cuya productividad y esfuerzo se distribuye sólo entre las empresas y representantes de esos poderes fácticos.

Ya podrán venir discursos acerca de que le hechemos ganas, que vamos a salir adelante, que tú esfuerzo personal vale mucho; ya podremos hacer largas filas ante las oficinas del IFE para obtener o actualizar la credencial de elector. "Alguien", antes, ya decidió y eligió por nosotros.

Y es que los gobiernos, en países como México, se han convertido sólo en el instrumento, el brazo ejecutor y protector de los intereses de esos poderes fácticos.

En la novela Drácula de Bram Stoker, el doctor Van Helsing dice de pronto, refiriéndose al vampiro: su mayor poder es que la gente no cree que exista. Eso ocurre con los poderes fácticos.

La gente opina y debate en periódicos, en programas de radio y televisión en vivo. Y los temas siempre son lo que ocurre en la esfera pública: la inseguridad, la economía, los pleitos entre partidos y políticos. Le llaman a eso ser una sociedad democrática que discute abiertamente sus problemas.

Es, sin embargo, una sociedad secuestrada. Discute y hace hasta donde conviene a los poderes fácticos, dentro de los límites permitidos por éstos. Pero de ellos nunca se habla ni se debate. Esa es su fuerza.

No se crea, sin embargo, que tales poderes son un ente abstracto, inasible. Tienen nombres y apellidos: son los capitanes de empresas como Televisa, Tv Azteca, los representantes de la élite eclesiástica, empresarios nacionales y extranjeros.

En el caso del actual episodio las coordenadas están trazadas. A las televisoras no les gustó la reforma electoral de 2007 que impide a los partidos gastar fortunas en propaganda mediática. Se recurrirá a los tiempos gratuitos que los concesionarios deben otorgar por ley a la publicidad oficial.

El duopolio reacciona furibundo; interrumpe programas deportivos para transmitir mensajes de partidos políticos. Desafía a la autoridad electoral y ésta reacciona con tibieza. Con el comedimiento propio de un subordinado, cuando se dirige al patrón, el IFE, a través del señor Leonardo Valdés Zurita, consejero Presidente, dice que investigará la difusión "atípica" de esos anuncios.

Ahí está la supuesta máxima autoridad electoral temerosa de llamar a los hechos por su nombre. A la provocación y desacato a las normas le llama, simple, timorata y neutralmente, conducta "atípica". Está en su papel. Él sabe quien manda y sólo acata.

Véanse, además, la reacción de los partidos políticos ante la arbitrariedad de las televisoras: "El PRI no se inmiscuirá en ese debate" (Beatriz Paredes); "No es acusando ni sancionando como se va a resolver este asunto" (Germán Martínez, PAN); "No hay motivo para sancionar a las televisoras, estamos en un periodo de afinación y de ajuste" (Carlos Navarrete, PRD).

Es evidente que ni el IFE ni los partidos tienen el poder ni la voluntad para sancionar esta tergiversación de la ley que han encabezado las televisoras. Seguramente se enredarán en declaraciones de ocasión y así hasta que con el paso de los días se diluya el tema. Un adelanto de que así será lo tuvimos ayer

Se reunieron representantes del duopolio televisivo, el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, los presidentes de las dos cámaras del Congreso y los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN y PRD con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.

Al final de la reunión se dijo que "todos los actores reconocen, como base fundamental, que el IFE es la única autoridad en la materia (electoral)".¿y?

Nada, uno de los poderes fácticos (la televisión) hizo saber a los políticos lo que es capaz de hacer si no se comportan con la debida sumisión. Éstos entendieron el mensaje y listo, todos a trabajar para las próximas elecciones libres.

¿Alguien sigue sin creer en drácula?