Porqué no creceremos con las reformas

Aunque no lo parezca, la economía es más sencilla y lógica de lo que las estrambóticas formulaciones numéricas del neoliberalismo pretenden hacernos creer. El quid de la cuestión, tanto para una empresa como para un país, consiste en el equilibrio entre oferta y demanda.

Usted no puede atiborrar el mercado con enormes volúmenes de producto sin tener en cuenta la demanda. Si ésta es muy pobre el desequilibrio que usted cause lo afectará tarde o temprano: tendrá que reducir precios y crecerán sus inventarios.

Si para el siguiente ciclo de producción la demanda continúa deprimida, usted deberá producir menos, y para compensar la caída tendrá que reducir salarios, despedir trabajadores y cerrar contrataciones durante un largo periodo.

Pero si usted y miles de empresas se ven precisadas a aplicar estas medidas, el desempleo así provocado reducirá el poder adquisitivo de las familias, con la cual reducirán sus gastos y la demanda seguirá cayendo y con ella la producción. Se dirá entonces que el país vive una recesión, porque sin ventas las empresas no invierten, pagan poco, producen menos y no crean empleos.

El problema por resolver está muy claro: ¿cómo estimular la demanda para devolver el equilibrio al sistema? Esa ha sido en términos generales la cuestión que la economía ha tratado de resolver a lo largo de la historia del pensamiento económico.

Para unos, el gobierno debe generar condiciones de rentabilidad que permitan estimular el crecimiento económico; para otros (llamémosle el bando neoliberal), el gobierno no debe intervenir de ningún modo porque el mercado es tan eficiente que solito se encargará de corregir cualquier desequilibrio. Estos últimos son los que han dominado la ciencia de la economía en los últimos decenios. A ellos y sus teorías se debe la crisis económica mundial que aún padecemos. A ellos pertenece el equipo económico del licenciado Enrique Peña Nieto.

El caso es que en México llevamos tres décadas aplicando las políticas del bando neoliberal. El problema de este modelo radica en que su programa de reformas estructurales está --todo él-- orientado a seguir estimulando un sólo lado de la ecuación: el de la oferta, pero sin tener en cuenta la demanda. Por eso no crecemos.

Esto lo hacen porque siguen creyendo en la Ley de Say según la cual la oferta crea su propia demanda, lo cual no es cierto, porque como lo hizo notar Keynes, a partir de la evidencia empírica, cuando hay una crisis la gente deja de gastar y seguirá así incluso tiempo después de que la turbulencia haya pasado.

Con arreglo a lo anterior, las reformas estructurales mexicanas están orientadas a estimular la oferta sin atender la demanda. Veamos:

La reforma laboral se hizo para abaratar la mano de obra y para librar a los patrones del pago de prestaciones y liquidaciones, como una forma de aligerar los gastos de producción e incrementar las ganancias. Es decir, seguir produciendo (oferta), pero para un mercado que con esos bajos salarios carece de capacidad de consumo (demanda).

La reforma financiera está pensada (es un decir) para que los bancos otorguen más crédito y más barato a las pequeñas y medianas empresas, pues se supone que éstas no invierten ni crecen porque carecen de recursos. De acuerdo con esta idílica imagen con esos créditos podrán crear empleos y producir más (de nuevo de lo que se trata es de incentivar la oferta).

Está por verse cuántos empresarios se embarcarán con un crédito --así sea a tasas preferenciales-- que se convertirá en una deuda impagable cuando la producción así financiada no se venda porque está destinada a un mercado donde la demanda está por los suelos porque no hay políticas para estimularla.

La reforma fiscal, que debería ser uno de los instrumentos mediante los cuales el gobierno reasigne y redistribuya la riqueza social, será un medio para seguir afectando la demanda, pues al incrementar el IVA y generalizarlo a los alimentos y medicinas, la mayoría de la población reducirá aun más su consumo (la demanda) y, al hacerlo, volverán a caer las ventas, la inversión y la producción, con lo cual se le seguirán bajando puntos al Producto Interno Bruto, que refleja el crecimiento o estancamiento económicos.

Por estas sencillas razones, resulta obvio que el modelito y la receta de las reformas económicas no nos conducirá a un mayor desarrollo económico sino al precipicio, pues su aplicación no hará sino incubar las condiciones de la próxima crisis.

En este contexto ¿por qué el gobierno insiste en que con este modelo se conseguirá el crecimiento cuando la evidencia empírica demuestra la mendacidad de esa afirmación? Lo veremos mañana.

¿Por qué ESTA reforma laboral?

La reforma laboral que se procesa actualmente en el poder legislativo en México responde, en último término, al designio que desde hace por lo menos 25 años rige en el mundo: suprimir el Estado de bienestar, cuyo modelo de economía mixta facultaba al Estado a mediar entre los factores de la producción para garantizar el bienestar material de la población en general.

La idea subyacente en esa supresión es la de mantener los márgenes de rentabilidad no ya mediante la producción y el trabajo sino vía la expansión del sector financiero desregulado, cuyas prácticas especulativas con las deudas soberanas de los países --véanse los casos de Grecia, España, Italia, Portugal-- les reditúan mayores ganancias que la producción de mercancías y la creación de empleos.

De ahí que en México y el mundo las tasas de desempleo se encuentren al alza. En un artículodel blog Democracy in America, de The Economist (When the workers aren't needed) se señala que en EUA la porción laboral de los ingresos nacionales ha ido a la baja desde 1970 y la tendencia sólo ha conseguido empeorar desde la pasada crisis financiera.

Como lo señala ese artículo, los trabajadores están dejando de ser necesarios y aquellos que necesiten integrarse a la actividad económica deberán aceptar las condiciones del mercado expresadas en leyes laborales como la que está en curso en México.

Ello porque actualmente la valorización del capital --lo que da valor e incrementa la rentabilidad y ganancias del dinero-- se basa en la contracción del trabajo asalariado, en la restricción al consumo, la inversión especulativa y la desregulación estatal.

Esta nueva forma de valorizar el capital requiere de nuevas leyes que dén legitimidad a las prácticas socio-económicas y laborales que deben imponerse (como el outsourcing, la flexibilidad, los contratos de prueba, por ejemplo) y para eso está el aparato estatal (el ejecutivo, el legislativo y el judicial): para adaptar legalmente y dar legitimidad a las condiciones que requieran las relaciones de dominación imperantes.

No en balde, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) dice que la reforma laboral termina con la simulación y la ilegalidad. En efecto, pero lo hace no corrigiendo las violaciones sino legalizándolas. Con esa lógica mañana podría legalizarse, por ejemplo, el robo en propiedad ajena. Como se trata de algo que existe, pero que la ley prohíbe, configura lo que el CCE denomina una simulación con la que sería preciso terminar.

Así, las reformas estructurales --como la laboral-- no son otra cosa que el intento por darle al capital un andamiaje jurídico y legal que favorezca la acumulación de mayores ganancias por la vía de la supresión de los derechos económicos de los trabajadores o disminuyendo o eliminando prestaciones sociales.

La lógica de fondo es que las mayores ganancias ya no están en la producción de bienes, sino en la inversión financiera especulativa en ramas específicas. Por eso ya nadie crea empleos y por ello vendrá también la reforma energética, pues Pemex es otra jugosa veta que urge abrir a la inversión privada, nacional y extranjera, ávida de las millonarias ganancias que reporta el sector.
  

Reforma laboral del PRI

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) nos ha obsequiado estos días dos pruebas irrefutables de que los intereses populares no figuran en su agenda, y que su ya celebrado regreso a Los Pinos significará la continuidad de las políticas neoliberales que tanto afectan el bienestar de las familias mexicanas.

Me refiero a las iniciativas de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) y la de reforma Fiscal, presentadas la semana pasada, respectivamente, por el grupo parlamentario en la cámara de diputados y por el senador Manlio Fabio Beltrones, presidente de la mesa directiva del Senado.

Más allá de los discursos y de la fachada de renovación con que pretende engatusar a los electores, las iniciativas presentadas revelan que, en realidad, sigue siendo un partido esencialmente antipopular, un instrumento –como el PAN— en manos del grupo hegemónico en el poder y por tanto, contrario a los intereses y necesidades de las mayorías.

La iniciativa encaminada a “modernizar” la legislación laboral constituye un arsenal de beneficios y ventajas para los patrones, pero lesivo para los trabajadores, quienes quedan casi sin derechos frente a sus empleadores.

La iniciativa autoriza a los empresarios evadir obligaciones mediante contratos de prueba que permiten despedir empleados sin responsabilidad para la empresa, cuando ésta declare que el solicitante carece de la habilitación para el puesto. De este modo, un buen número de empleados podrá ser echado a la calle, digamos cada tres meses, con lo que se libera a los empresarios de obligaciones derivadas del factor antigüedad, con lo que además se vulnera la estabilidad en el empleo.

Del mismo modo, se amplían los requisitos para declarar la existencia de una huelga, se elimina cualquier mención a la semana de 40 horas, lo que pulveriza la jornada laboral de 8 horas y autoriza notificar despidos a las juntas de conciliación antes que al trabajador.

Se trata, de nuevo, del mismo argumento falaz con que el año pasado se presentó la iniciativa del Partido Acción Nacional: que se protegerán los derechos y permitirá la creación de nuevos empleos, cuando el efecto buscado es tener empleados con bajos sueldos, sin prestaciones ni seguridad social.

A diferencia del blanquiazul, los priístas muestran que están vivas y actuantes sus viejas prácticas corporativas, pues la reforma en cuestión fue pergueñada mediante una negociación previa con el Consejo Coordinador Empresarial que, a cambio de las ventajas obtenidas, mantendrá protegidas las viejas estructuras del charrismo sindical que usufructan las organizaciones gremiales priístas.

Así, con el pretexto de no vulnerar la autonomía sindical, la iniciativa favorece la opacidad que permite todo tipo de corruptelas, al señalar que la obligación de informar sobre la administración del patrimonio de las dirigencias se cumpla en los términos que establezca cada organización.

Una prueba más de la hermandad de proyectos y objetivos que, a despecho de sus riñas electorales de coyuntura, prevalece entre los dos partidos de la derecha, tuvo lugar apenas conocida la iniciativa de reforma laboral del PRI: de inmediato, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social --a cuyo titular, Javier Lozano, se adosó la paternidad de la iniciativa panista rechazada el año pasado—expresó su beneplácito con el proyecto tricolor, pues “se enmarca en el propósito fundamental de contribuir a que nuestro país pueda ser más productivo y competitivo”.

El propio Felipe Calderón se mostró complacido al señalar que esa reforma “permitirá la generación de mejores condiciones de empleo para jóvenes y mujeres y elevará la competitividad”.

Como puede verse, el PRI –que hace un año reaccionó furibundo contra la iniciativa panista—ahora presenta una versión similar, apenas maquillada, porque seguramente cree llegado el momento de empezar a sentar las bases para su retorno al poder, mediante la aprobación de leyes que le servirán para apuntalar el modelo económico neoliberal, sin los costos políticos que le significaría hacerlo una vez en el gobierno.

Mañana nos referiremos a la reforma fiscal propuesta por Beltrones.