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martes, 17 de enero de 2017

Crisis mundial de confianza

La confianza está en crisis alrededor del mundo, asienta el 2017 Edelman Trust Barometer. La confianza de la población general sobre cuatro instituciones clave --negocios, medios de comunicación, gobierno y ONG's-- ha declinado notoriamente, un fenómeno no reportado desde que Edelman empezó a medir la confianza entre estos segmentos, en 2012.

Con la caída de la confianza, la mayoría de los entrevistados han dejado de creer totalmente en que el sistema esté trabajando por ellos. En este clima las preocupaciones de las personas acerca del trabajo, amenazado por temas como la globalización y la automatización, se han convertido de nuevo en temores, que incitan a la adopción de acciones populistas como las que ahora se aplican en varias democracias occidentales.

Para reconstruir la confianza y restaurar la fe en el sistema, las instituciones deben dar pasos fuera de sus tradicionales roles y trabajar hacia un nuevo y más integrado modelo de operaciones que ponga a la gente, y los temores que sienten, en el centro de lo que ellas hacen.

El reporte asienta que la confianza en los medios cayó a 43 por ciento y es la más baja de todos los tiempos en 17 países. En tanto, los niveles de confianza en el gobierno (41%) cayó en 14 marcadores y es la institución menos confiable en la mitad de los 28 países encuestados.

La credibilidad en líderes también está en riesgo: la credibilidad de los líderes empresariales se redujo 12 puntos globalmente, para quedar en un reducido 37% también el más bajo de todos los tiempos. Mientras, la credibilidad de los líderes gubernamentales (29%) permanece como la menos favorecida.
The Trust Barometer, encontró que 53% de los entrevistados cree que en términos generales el sistema les ha fallado, que es injusto y que ofrece pocas esperanzas para el futuro.

Sólo 15% cree que el sistema está funcionando y únicamente un tercio está indeciso. Incluso las élites carecen de fe en el sistema: 48% del nivel de más altos ingresos, 49% de quienes tienen educación escolar, y la mayoría de los mejor informados (51%), dicen que el sistema ha fallado.

Las implicaciones de la crisis global de confianza son profundas y de amplio rango, dijo Richard Edelman, presidente y CEO de la firma. Empezó con la gran recesión de 2008 y como segunda y tercera olas de un tsunami, la globalización y el cambio tecnológico han debilitado aún más la confianza global de la gente en las instituciones. Las consecuencias son un virulento populismo y nacionalismo con el que las masas populares han tomado el control, más allá de las élites, añadió.

Otro hallazgo del estudio es que la mitad de los países encuestados han perdido la fe en el sistema, y estos son encabezados por Francia e Italia (72%), seguidos por México, Sudáfrica y España (67%).

La encuesta de Edelman consistió en entrevistas on line de 25 minutos realizadas entre el 13 de octubre y el 16 de noviembre de 2016, entre unos 33 mil entrevistados, entre ellos 1,150 personas de la población en general mayores de 18 años; 500 personas publicamente informadas de EUA y China, así como 200 de cada uno del resto de los 28 países encuestados.

Una persona públicamente informada es definida por la encuesta como alguien de entre 25 y 64 años con ingreso familiar en el decil más alto.

viernes, 28 de octubre de 2011

¿Qué hacer con Salinas de Gortari?

El ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari es, quizá, una de las expresiones más acabadas de la mediocridad y la falta de ideas de la clase política mexicana. Se trata de un hombre que ascendió en la estructura del poder favorecido por el impulso paterno, tras sus estudios en el extranjero, como fue la norma entre los hijos de funcionarios públicos mexicanos de los años 60 y 70 del siglo pasado.

Él y otros como él, hicieron realidad el proyecto de un consejero estadounidense quien sugirió no invadir México. Mejor --habría dicho-- eduquemos en nuestras universidades a sus futuros políticos y una vez imbuidos del espíritu norteamericano, ellos mismos se encargarán de arraigar nuestros valores en aquella sociedad.

Salinas de Gortari y los tecnócratas que con él llegaron al poder cumplieron cabalmente ese proyecto. Con un discurso modernizador, inició aquí la aplicación indiscriminada del nuevo modelo de acumulación capitalista encaminado a incrementar la rentabilidad del capital, mediante la liberalización del comercio mundial y la consecuente destrucción de las de las cadenas productivas, del mercado interno y de las instituciones creadas por el llamado Estado de bienestar o modelo fordista.

Ese fue el gran proyecto "modernizador" del salinato, cuyas consecuencias aún padecemos, porque ha seguido aplicándose en las administraciones panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón. Los constantes llamados de Calderón y de su ex secretario de Hacienda y hoy gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, para que se aprueben las llamadas reformas estructurales no son otra cosa que pasar a otra etapa dentro del mismo proyecto para concluir con el desmantelamiento del Estado.

Refundido en la ignominia y el rechazo público, Salinas ha dedicado los años recientes a promover su reinserción en la vida política del país, mediante dos vías: amparado en la cortedad de la memoria histórica de la sociedad mexicana, y mediante la escritura de libros pergueñados al amparo de la jugosa pensión de que goza como ex presidente.

Se trata de textos en los que, primero, intentó lavar su inagen y, según él, conseguido el propósito, los siguientes volúmenes que hemos padecido los mexicanos tratan temas del debate político contemporáneo.

Aunque en rigor nunca ha dejado de hacer política, Salinas pretende que ahora sólo está dedicado a "la batalla de las ideas", como lo ha dicho en entrevistas concedidas a propósito de la publicación de su librito --en más de un sentido-- ¿Qué hacer? La alternativa ciudadana.

Intenta así no ser identificado como activo partícipe en el proyecto del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que pretende llevar a Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República en 2012. En cambio, busca ser considerado como ideólogo, como si ese hecho no lo situara en la lucha política electoral que se avecina, pues un ideólogo lo que busca es difundir ideas que se conviertan en las concepciones dominantes. Y eso, aquí y donde sea, se llama hacer política. Como se ve, la mentira y el engaño parecen acompañar a Salinas, casi como algo consustancial.

Aun concediéndole el rango que pretende, al señor Salinas le falta, sin embargo, lo principal: las ideas. Lo que nos ofrece, en cambio, es un refrito de las consideraciones que estaban detrás de su programa social estrella: Solidaridad.

Lo que el innombrable llama la alternativa ciudadana, no significa entregar el poder al pueblo, mediante el desmantelamiento de las estructuras de dominio. La participación de la sociedad "en su propio progreso", como rezaban los promocionales de Solidaridad, sólo consiste, como en aquel programa, en que la gente en realidad asuma las responsabilidades gubernamentales en las obras de su comunidad y así vivir la apariencia de que participa, cuando en realidad lo único que hace es seguir manipulada, sin cambio en las condiciones estructurales que causan su pobreza.

Recuérdese cómo Salinas ofrecía material para la reconstrucción de guarniciones y banquetas o pintura, para escuelas, pero obligaba a que los miembros de la comunidad realizaran las obras con lo que el gobierno se ahorraba ese gasto y la comunidad era feliz "participando". 

"En la democracia republicana --dice el paladín de la participación ciudadana-- los individuos se convierten en ciudadanos al participar organizados y hacer por sí mismos lo que sólo ellos pueden por su comunidad. Con esto se evita que el Estado tome en sus manos responsabilidades que sólo corresponden a los ciudadanos"

Sí, como mantener limpios y pintados sus barrios, pero alejados de los verdaderos círculos del poder donde se adoptan las decisiones que afectan a esos ciudadanos movilizados sólo en torno de las labores de mano de obra.

Como se ve, el nuevo ideólogo de la República no sólo carece de ideas que merezcan ese nombre, sino que intenta volver a engañar con el mismo truco que aplicó hace más de 25 años. Y todo para que, en realidad, nada cambie.



sábado, 24 de abril de 2010

Narco-toque de queda en Cuernavaca

Por salud mental procuro no enterarme de las noticias del mundo, pero mi hermano me habló el viernes pasado para alertarme del narco-toque de queda.

Después de semanas en que casi cada día aparecían cuerpos colgados, despedazados o decapitados en el Estado, la advertencia de una guerra territorial entre los grupos de Beltrán Leyva y La Barbie sonaba posible, aunque sospechosa.

Cuando el sábado se hizo sentir que los hechos violentos anunciados para el viernes no se habían concretado, comenzamos a relajarnos un poco y a preguntarnos qué habría sucedido, dado que brillaban por su ausencia las noticias.Y procuramos no vestir ropa oscura sólo por si acaso.

El domingo, en el tianguis, donde comulgamos cumplidamente con el Dios del Maíz, el dueño del vecino puesto de jugos nos preguntó: "¿qué les pareció la amenaza del viernes?"

Le dijimos que todo nos parecía extraño, incluida la desmedida obediencia del comercio y sus mayores centros comerciales, las universidades y otros centros educativos por cerrar temprano y dejar la ciudad despejada...¿para qué? ¿para quien?

El de los jugos meneó la cabeza y nos dijo con tristeza: "¿Saben qué? No tenemos gobierno".

Aún nos preguntamos qué fue lo que ocurrió realmente, si ya el control del narco --que opera abiertamente en el Norte-- está llegando al centro. Escuché conjeturas acerca de una narco-cumbre para el reordenamiento de los territorios en el país.

Hay quien piensa que lo del pasado viernes fue un simple experimento de obediencia (muchos padres de familia no dejaron salir a sus hijos durante todo el fin de semana y algunos piensan no hacerlo durante una larga temporada, ante esta incertidumbre, aunada a la constante realidad de los secuestros.

Alguien más dice que debemos ignorar todas estas cosas tan negativas y pensar positivamente.

Lo cierto es que es muy probable que no sepamos lo que realmente ocurrió, y que don Abel, el de los jugos, tenga razón.



(El texto anterior fue solicitado por Contadero a Leonora González, quien vive en Cuernavaca, Morelos, donde el pasado viernes 16 de abril circuló un correo electrónico advirtiéndo a la población que no saliera de sus casas, pues habría enfrentamientos, y que además nadie vistiera ropa negra, pues podría ser confundido con el enemigo.

La eficacia del comunicado contrastó con la ausencia oficial, pues el gobernador, lejos de salir a dar un mensaje para otorgarle garantías a la población, también decidió acatar la orden de ese mail y permaneció oculto nadie sabe dónde).


¡Hasta la próxima!

jueves, 18 de febrero de 2010

Javier Aguirre y la imagen de México


Muy mal debieron caer en la Federación Mexicana de Fútbol y en Los Pinos las declaraciones que el técnico de la selección mexicana de fútbol, Javier Aguirre, formuló en España a la Cadena Ser, el martes pasado.

En pocas palabras, lo que el llamado Vasco afirmó es que "México está jodido" por las inundaciones y la inseguridad. Que él por eso regresará a Europa al día siguiente de terminado el mundial y que sus hijos mayores viven en Madrid, a causa precisamente de los elevados índices de inseguridad que privan en la capital mexicana.

Ya en los futbolístico vaticinó que la selección terminará entre el 10o. y el 15o. lugar en la justa mundialista, y casi casi puso en duda que su equipo supere la fase de grupos, pues dijo que en la historia de los mundiales el anfitrión siempre clasifica, de modo que dio por descontado que Sudáfrica lo hará, por lo que el boleto restante lo tendrá que disputar con Francia y Uruguay.

Con unas cuantas frases, el seleccionador nacional puso en jaque el negocio de "la esperanza verde" con que desde ahora se infla el orgullo de los aficionados de modo que se refleje en el consumo intensivo de productos asociados con la marca selección nacional.

Pero no sólo. También propinó un revés mayúsculo a la imagen del México de fábula que Felipe Calderón está empeñado en transmitir al mundo a despecho de lo que indica la cruda y porfiada realidad. Las palabras condenatorias de una figura pública como Aguirre habrán seguramente tenido ya un efecto confirmatorio, pues corroboran lo que se sabe en todo el mundo y que aquí se insiste en negar con mensajes promocionales.

Calderón suele denostar a quienes "viven de hablar mal de nuestro país". No es que los críticos celebren lo que aquí ocurre. Sólo hacen notar las insuficiencias e ineptitudes oficiales que nos han conducido a este caos y que podrían incluso llevar a perder lo que aún queda de bueno.

Lo que el calderonismo nunca conseguirá es modificar la realidad a punta de mensajes publicitarios. Y sin embargo insiste en ello. Apenas el 10 de febrero se anunció que un grupo selecto de consultores y asesores fue convocado a proponer proyectos para "rehabilitar y mejorar" la reputación e imagen internacional del gobierno.

Según un despacho publicado ese día en El Universal online, la invitación escrita en inglés y enviada por Los Pinos señala:
La meta final del gobierno es rehabilitar y mejorar su imagen y reputación internacional, con el propósito de mejorar su actuación en el mercado mundial y, por lo tanto, atraer más flujos de turismo, comercio e inversión.
 En el texto el gobierno reconoce que su imagen se ha deteriorado como resultado de la inseguridad, el narcotráfico y el crimen organizado, pues la exposición mediática alcanzada por esos temas ha modificado de manera negativa la imagen tradicional que del país tienen otras naciones.

No está mal. Sólo que en Los Pinos parece que confieren demasiada credibilidad al apotegma actual del marketing, según el cual lo importante no es cómo seas sino cómo te perciban. Olvidan sin embargo que los teóricos de la imagen también sostienen que lo que proyecte una persona o una organización debe tener algún asidero real en su interior.

Además pasan por alto que los hechos suelen ser, en su silencio, más ruidosos que cualquier vocinglerío organizado con fines promocionales. Así, a la opinión pública nacional y mundial una masacre de jóvenes inocentes o el atentado contra un futbolista famoso le dicen más sobre la realidad de nuestro país, que cualquier anuncio con el que se pretenda minimizar esos hechos y sustituirlos por otra realidad.

Mientras las evidencias no demuestren otra cosa, el mundo le creerá más a Aguirre que a cualquier campaña de imagen. Lo malo es que esos promocionales, que desde ahora podemos augurar como fallidos, a quien le cuestan es al erario público.

¡Hasta la próxima!

lunes, 7 de septiembre de 2009

El presupuesto

Los partidos políticos (PRI, PAN, PRD) han declarado su oposición a la aplicación de IVA en medicinas y alimentos, como una de las medidas que se prevé estarán incluidas en la Ley de Ingresos del año próximo, para subsanar el "boquete" financiero de 300 mil millones de pesos que padecen las finanzas públicas.

Veremos qué tanto se sostienen en esa postura o si, a partir de mañana --plazo límite marcado por la ley para recibir el mencionado proyecto-- empiezan a introducir matices en su discurso hasta terminar aceptando el gravamen, mediante un galimatías argumentativo que los ponga a salvo del reclamo popular.

El sector privado, en cambio, ha insistido en aplicar ese impuesto: el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN) propone tasas iniciales de 2 por ciento para aumentarlo gradualmente, pero el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) de plano se pronuncia por cobrar desde ya 15 por ciento a medicinas y alimentos. Todo, con tal de que no se graven sus utilidades.

El gobierno, por su parte, promete reducir el gasto corriente, apretarse el cinturón, suprimir secretarías de Estado, pero amenaza con proponer un IVA generalizado e incrementos a los precios de productos y servicios, como la gasolina, gas y electricidad.

Como el lector puede apreciarlo, la discusión nuevamente se circunscribe a encontrar la forma más eficaz y políticamente menos costosa de pasar la factura de la crisis a los ciudadanos. Que éstos sigan financiando el improductivo gasto gubernamental y los privilegios fiscales de las grandes empresas.

Se trata de medidas que asombran por su estrechez de miras, pues de nuevo, se diseñan sólo pensando (es un decir) en el corto plazo y nos conducen al síndrome de la serpiente que se muerde la cola:

1. Se restringe el consumo por la vía de aumentos de precios (el incremento a gasolina, gas y electricidad, que son insumos utilizados en procesos productivos, provocará un aumento de precios casi generalizado)

2. Estas alzas de precios y el pago de mayores y nuevos impuestos disminuyen el ingreso de las familias (Los primeros dos deciles en que se sitúan las personas con menores ingresos destinan 40 por ciento de su consumo a alimentos y bebidas, por lo que un aumento de impuestos en esos rubros mermará sus recursos en un contexto de agudo desempleo)

3. Por lo tanto, al haber menos ingresos hay menor consumo, se desestimula la inversión, se reduce la producción, hay nuevos despidos, aumenta el desempleo y la economía permanece estancada.

En este esquema, el único que gana es el gobierno. Solventa su problema económico, pero a costa del empobrecimiento de la población.

Esto tiene un efecto pernicioso adicional porque estos nuevos ingresos no le permitirán impulsar la reactivación económica, como sería lo deseable, ya que 80 por ciento del presupuesto se destina al gasto corriente (automóviles, aviones, helicópteros, choferes, asistentes, guardaespaldas, fiestas, servicios personales, pagos a sindicatos), y esto no genera ningún beneficio económico.

Menos aceptable resulta un esquema como el que se propondrá en la Ley de Ingresos, cuando la falta de recursos se debe a la imprevisión del propio gobierno. A diferencia de países como Chile, aquí los recursos excedentes que se captaron durante los pasados ocho años por concepto del petróleo se despilfarraron en mantener los gastos suntuarios de nuestra ínclita clase política y en sus corruptelas.

Lo anterior lo ha venido a confirmar un reporte del grupo financiero Banamex: El boquete fiscal de 300 mil millones de pesos esperado para 2010 tiene su origen en una dinámica creciente del gasto y, por tanto, es consecuencia de una "falta de prudencia en la administración fiscal".

En cambio, el país andino conservó esos excedentes --en su caso debidos a la industria del cobre-- y los aplicó en auténticas políticas anticíclicas que le han permitido superar la crisis y estar en posibilidad de participar de la incipiente recuperación económica global prevista para 2010.

Aquí, para compensar esa "falta de prudencia" (léase irresponsabilidad) de nuestros gobernantes, se pretende aumentar los ingresos del gobierno en 2.5 por ciento del PIB (equivalentes a los 300 mil millones de pesos que harán falta). Ello sólo resolverá el problema el año próximo mientras no se considere modificaciones en la dinámica del gasto y, sobre todo, aumentar la base de personas que pagan impuestos.

Para ello hay que suprimir exenciones fiscales y eliminar privilegios. Y en este punto bien podríamos afirmar, con Don Quijote, que: "Con la Iglesia hemos topado, Sancho", pues ahí está el quid del asunto, se trata de uno de esos cambios que se comprometió impulsar y promover el desgastado Felipe Calderón.

En todo caso, como se ve, no se está planteando ningún giro en el actual modelo económico neoliberal seguido por la derecha en el poder. Han elegido la vía más ortodoxa, según la cual el gobierno debe salvarse, no los gobernados, aunque éstos constituyan la razón de ser de aquél.

¡Hasta la próxima!

jueves, 19 de marzo de 2009

Salarios máximos

El muy celebrado dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados sobre la Ley de salarios máximos --ningún servidor público podrá ganar más que el Presidente de la República, a partir del 1 de enero de 2010-- deja intocada, sin embargo, la discusión sobre el costo social de los funcionarios de alto nivel.

El criterio según el cual el Presidente será el referente salarial en la pirámide jerárquica del poder es asaz subjetivo. En México, como veremos, nadie en realidad gana más que el titular del poder Ejecutivo y, rigurosamente, ningún funcionario percibe el sueldo asignado para cada puesto en el tabulador respectivo.

Aunque el nuevo ordenamiento prevé transparentar los ingresos percibidos vía bonos, prestaciones y compensaciones, existe todavía un costo social incuantificable y a salvo de cualquier escrutinio institucional (automóviles, celulares, equipos de radiocomunicación, gastos de alimentación, de representación, vales de gasolina, vestuario) y servicios personales, entre los que figuran una cauda de ayudantes, jardineros, carpinteros, choferes, sastres, cocineros, meseros, guardaespaldas, peluqueros, médicos.

Esos ingresos en especie son tan significativos que, como en el caso del Presidente y quizá de otros funcionarios, le permiten incluso no vivir de su salario. Es decir, alguien con todos esos servicios a su disposición puede muy bien no gastar un centavo de su ingreso y acumularlo íntegramente.

No se pide que los considerados funcionarios de primer nivel, de los tres poderes de la Unión, carezcan de los apoyos necesarios para el atingente desempeño de sus labores, o que se les escatimen recursos que los priven de la dignidad y el decoro que debe corresponder a quienes están al servicio de la República, pero de ahí a procurarles una vida pagada, equivale a remunerarlos dos veces.

Equivale, además, a mantener una casta dorada, separada del resto de los trabajadores que sí viven de su sueldo. Los políticos no tienen por qué ser la excepción, puesto que también son profesionales.

Muchas veces se ha oído decir a los políticos que si el gobierno no pagara bien, no habría quien quisiera aceptar un cargo público. El argumento es falaz. Equivale a un velado chantaje, como el expresada por un ministro de la Corte, quien para justificar los desproporcionados salarios que devengan sugirió que de ese modo se evita que caigan en la tentación de algún soborno.

Eso es como si estuvieran al mejor postor. "Si no nos pagan bien, podemos torcer la ley en favor de quien sí nos llegue al precio", parece ser el cínico razonamiento detrás de esa declaración.

Enhorabuena que en un país en las circunstancias del nuestro se intente cerrar la puerta a los abusos que tienen lugar en casi todas las esferas del poder público, señaladamente en materia de salarios. Pues como ya se ha visto en el caso de los llamados órganos autónomos, este rasgo a menudo se confunde con discrecionalidad y ha dado lugar a la autoasignación de remuneraciones socialmente insultantes.

Sin embargo, el criterio de que el tope sea el Presidente tiene sus bemoles, como hemos visto. Un criterio objetivo, cercano a la realidad e incontrastable para fijar esos sueldos debería ser el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

Cuántos de esos minisalarios debe ganar un secretario de Estado, un ministro de la Corte o un consejero del IFE incluidos los ingresos ocultos o costos sociales: ¿100, 1000, 10 mil o 20 mil salarios mínimos? Además de que se establecería un criterio medible, serviría para tener siempre presente la brecha entre unos y otros, no como un referente mazoquista, sino de auténtica transparencia.

domingo, 28 de diciembre de 2008

Los desfiguros del combate a la delincuencia

¿Saben ustedes por qué el actual gobierno mexicano no podrá contra la delincuencia organizada o de cualquier tipo? Simple: porque carece de un plan.

El Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012, a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública Federal es una auténtica burla al sentido común. De su eficacia mejor ni hablemos.

El documento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2008. Así que pronto cumplirá un año de inoperancia. Veamos por qué:

El objetivo sectorial 2 propone “Combatir la impunidad, disminuir los niveles de incidencia delictiva y fomentar la cultura de la legalidad, garantizando a la ciudadanía el goce de sus derechos y libertades”.

No está mal. Se ha demostrado que además de las condiciones sociales el incremento en los delitos se debe a la certeza de que quien delinque jamás será aprehendido y menos castigado.

Sólo que cuando el ciudadano espera que el Programa explique cómo lo hará y en qué proporción cuantificable, se encuentra que para alcanzar ese objetivo --en realidad son tres (error metodológico)— se aplicará la estrategia Limpiemos México, la cual incluye los programas Escuela segura, Salud sólo sin drogas y Rescate de espacios públicos, en las poblaciones con mayor índice delictivo.

Como líneas de acción establece transferir a esas ciudades los programas de prevención del delito y participación ciudadana, los cuales nadie sabe dónde han demostrado su eficacia para presentarlos ahora como la panacea en otras poblaciones.

Dos líneas de acción adicionales consisten en consolidar consejos ciudadanos estatales y municipales, así como capacitar al personal policial en materia de derechos humanos y atención a víctimas por tipo de delito con el objeto de generar una cultura de respeto y promoción a los derechos humanos.

La segunda estrategia para combatir la impunidad y disminuir la incidencia delictiva radica en eliminar la discriminación por motivos de género con el fin de que los hombres y mujeres policías alcancen un desarrollo pleno y ejerzan sus derechos por igual. O sea, ¿qué tiene qué ver una cosa con la otra?

Véanse, además, los indicadores, es decir, las unidades cuantificables que permiten medir el cumplimiento o no de un objetivo.

Los indicadores son la población nacional beneficiada por Limpiemos México, la cual se espera que sea 75 por ciento para 2012; el número de redes ciudadanas fortalecidas por la estrategia mencionada y el porcentaje de personal operativo capacitado en derechos humanos y atención a víctimas del delito.

¿En verdad alguien espera reducir el número de delitos impunes o los que se producirán en los próximos años con sólo evitar la discriminación de género entre policías, o capacitando a los uniformados en derechos humanos?

Si el objetivo es “combatir” la impunidad y reducir los delitos, resulta obvio que los indicadores deberían ser en qué porcentaje se abatirán en 2012 los hechos delictivos sin castigo y en qué porcentaje disminuirán los que se perpetran actualmente. Nada de eso se compromete en el documento. ¿Puede el lector imaginar una forma más flagrante y cínica de evadir un compromiso gubernamental?

Los otros cinco objetivos del programa son igualmente endebles y absurdos. Alejados de las necesidades y reclamos de la población.

El señor Felipe Calderón aprobó y ordenó publicar este adefesio. Su rúbrica figura al calce. Debería responder por esto. También el secretario Genaro García Luna.

Ambos debían estar al tanto de que su inoperancia se traduce en asaltos callejeros, en robos patrimoniales; en secuestros y muertes.

Inició recién el segundo tercio del actual mandato presidencial. Están a tiempo de retirar y corregir esta malformación programática y traducirla en hechos duros más que en propaganda. A menos que estemos, otra vez, no ante una recta intención de solucionar un problema, sino sólo ante la necesidad de administrarlo. Tendremos ocasión de saberlo.