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viernes, 31 de mayo de 2013

Reforma fiscal

La reforma fiscal que el gobierno mexicano propondrá al congreso en los próximos meses no contribuirá a mejorar la estructura de los ingresos tributarios, pues está orientada a dar certeza y protección al gran capital, particularmente al financiero, que además de no pagar impuestos exige para invertir aquí, condiciones como la acumulación de reservas, el equilibrio fiscal y la ampliación de la base tributaria.

Así lo señala un estudio del Grupo de Análisis de la Coyuntura de la Economía Mexicana (Gacem), del Instituto de Investigaciones Económicas, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Una auténtica reforma al régimen fiscal implicaría, de acuerdo con el Grupo, cobrar impuestos a las ganancias, sin la posibilidad de deducir mediante fundaciones; eliminar la consolidación fiscal --la cual permite que en un conjunto de empresas se puedan transferir las pérdidas para reducir las ganancias y pagar menos impuestos--, medidas contra el capital especulativo, tales como tasas tributarias o penalizaciones monetarias si abandonan el país en el corto plazo, e incluso gravar las utilidades de las compañías mineras.

Se trata, sin embargo, de medidas que no están en la agenda de las autoridades hacendarias, señalan Alejandro López Bolaños y Josefina Morales Ramírez, autores del análisis. En su lugar, la reforma en puerta buscará la aplicación generalizada del IVA en medicinas y alimentos, eliminar subsidios a los energéticos (aumentos de precio en luz y gasolina), aplicar impuestos a la economía informal, además de un posterior aumento del IVA, actualmente en 16 por ciento.

Con datos de la última encuesta sobre ingreso-gasto de las familias mexicanas (2010), los investigadores demuestran que la aplicación del IVA generalizado afectará significativamente a las familias de menos recursos, las cuales destinan 52.3 por ciento de su ingreso a la adquisición de alimentos, en contraste con 28.4 por ciento de su gasto que canalizan a ese renglón los hogares con mayores ingresos.

Estimaciones realizadas por Josefina Morales con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, indican que con la estructura actual del IVA los hogares más ricos pagan 41.1 por ciento del total de ese impuesto, y el 10 por ciento más pobre, 1.1 puntos porcentuales.

Con la generalización del gravamen los más pobres cubrirán 1.7 por ciento del pago total del impuesto en el país, es decir, 161.2 por ciento más que antes; en tanto que el decil de mayores ingresos pasará de pagar 41.1 a 36.2 por ciento, proporcionalmente menos que antes. En términos porcentuales representará para estos últimos un incremento menor de 50 por ciento (47.7).

El análisis señala que si bien los recursos públicos son escasos --la recaudación de impuestos en México equivale a cerca de 9.6 por ciento del PIB, cuando el promedio de los países de la OCDE es de 24.7 por ciento-- el verdadero problema es que están mal administrados.

En efecto, a los elevados salarios de la élite gobernante y la corrupción, se añade la cuantiosa devolución de impuestos, que sólo en 2011 ascendió a 284 854.3 millones de pesos, equivalente a 13.8 por ciento del total de impuestos recaudados.

 Pero a los grandes contribuyentes --la industria automotriz con 11 por ciento del total de devoluciones, la de alimentos (6.1), comercio (5.4) y "otros grandes contribuyentes" no identificados ni desglosados (71.2 por ciento del total)-- se les regresaron más de 219 mil millones de pesos, equivalentes a 71.8 por ciento de todas las devoluciones, y a 10.7 por ciento de los impuestos recaudados.

A lo anterior, añade el documento, se suma la privatización de impuestos vía las fundaciones y la beneficiencia pública. Los cuantiosos recursos de las fundaciones de las grandes empresas son, en gran parte, impuestos no pagados al gobierno federal.

De acuerdo con el Sistema de Administración Tributaria (SAT), hay en México más de nueve mil entidades donatarias autorizadas que incluyen un universo de actividades asistenciales, educativas, ecológicas, museos privados, promotores culturales, entre otros.

Un ejemplo de ello, destacan los analistas, es el Teletón de Televisa, que entre 1997 y 2011 recaudó cerca de cuatro mil millones de pesos.

Los autores señalan que entre el conjunto de reformas económicas de corte neoliberal que pretende la actual administración, la reforma fiscal trata de justificar el posible cobro de impuestos generales al consumo aduciendo que con esta medida se obtendrán los ingresos necesarios para impulsar el crecimiento económico, dotar de servicios públicos esenciales, financiar un nuevo esquema de protección social, además de darle mayor sostenibilidad a las finanzas públicas.

De hecho afirman que la modificación que hizo el PRI a sus estatutos para favorecer la aplicación generalizada del IVA en alimentos y medicinas fue inspirada por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, el cual propuso que para hacer viable una reforma al sistema de protección social el financiamiento se obtendrá de recursos públicos provenientes de impuestos generales al consumo, de la eliminación de los regímenes especiales y del subsidio a las gasolinas.

Así vamos...


miércoles, 16 de marzo de 2011

La reforma fiscal de Beltrones


  • Garlito para atrapar contribuyentes
  • Promueve la segregación social de los más pobres
  • Reforma recaudatoria; no favorece el desarrollo económico


La iniciativa de reforma fiscal presentada la semana pasada por el senador priísta Manlio Fabio Beltrones, presidente de la mesa directiva del senado de la república tiene muchos bemoles.

Acaso el principal consista en que se trata de una reforma claramente recaudatoria, encaminada a ampliar la base de contribuyentes mediante el garlito de cobrar un IVA de 16 por ciento, y ofreciendo devolver tres por ciento a quienes compren en comercios formales, obtengan una factura y estén registrados ante Hacienda.

La medida apunta claramente a incrementar el número de contribuyentes, pues ya es proverbial que uno de los problemas del país es la baja recaudación impositiva en relación con el PIB, que nos ha colocado como la peor economía de la OCDE en el rubro, con 17.52 % del PIB en 2009, por debajo de Chile con 18.23%, Estados Unidos 23.95% y de Turquía con 24.57%.

No está mal que eso se pretenda, lo criticable es que esa ampliación de la base gravable se siga buscando entre los ciudadanos de medianos ingresos y que para ello se tenga que recurrir a subterfugios como el de la devolución de 3%, y se mantenga la mancha ancha con los grandes contribuyentes, amparados en los regímenes especiales que no toca la iniciativa. ¿Por que no, por ejemplo, se fija el IVA en 13 por ciento y nos dejamos de cuentos?

Pareciera entonces que el mensaje que envía el PRI a los grandes contribuyentes fuera el siguiente: te aumentamos el impuesto sobre la renta a 35 por ciento, pero no te preocupes, mediante los regímenes especiales podrás obtener la devolución de tus impuestos.

Es la misma lógica de, por ejemplo, las cruzadas contra la corrupción de Calderón y los panistas. En aquel caso todo el peso de la ley está orientado a combatir la corrupción de ventanilla, esa en la que el empleado infla por su cuenta alguna factura o presupuesto, pero nada más. La corrupción de las élites permanece intocada.

En la reforma fiscal de Beltrones, se procede con igual lógica: hacer que paguen más mexicanos, quienes sobreviven en la informalidad, para seguir beneficiando a los verdaderamente grandes contribuyentes vía la devolución de impuestos.

La política fiscal es el medio más directo que tiene un país para la redistribución del ingreso, pues el dinero recaudado ha de destinarse a servicios de educación, salud y vivienda que beneficien a los más pobres, y que toda esta inversión vaya estimulando paralelamente el desarrollo económico de la nación.

En México no ocurre así; aquí los impuestos se utilizan para financiar el gasto gubernamental, con lo cual no se invierte en la infraestructura necesaria, los servicios son deficientes y ello hace a los ciudadanos reacios a pagar un dinero que sabe que no será devuelto mediante el gasto social.

Por otro lado, mantener sin el pago del IVA a una canasta básica conformada por los productos que consume la población de menores ingresos (alimentos en estado natural, más carne, pollo, pan, tortilla, harina y atún) es una medida francamente discriminatoria y fatalista.

¿Por qué? Porque amplía la brecha entre lo que pueden consumir los ricos y lo que pueden o, con la nueva ley, lo que estarán condenados a consumir los más pobres. Es decir, la medida propuesta por Beltrones, en vez de contribuir con la redistribución del ingreso, vía impuestos, los pobres vayan superando su condición y alcanzando cada vez mejor calidad de vida, pone un candado real a lo que deben y a lo que no deberán consumir los más necesitados.

Y es que son tales las condiciones de crisis económica y desempleo en el país, que gravar con IVA los productos industrializados, los pondrá en definitiva fuera del alcance de la población de menores ingresos, lo que constituye una suerte de segregación social encubierta.

miércoles, 29 de septiembre de 2010

Mitos

Dice nuestro ínclito secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, que es un mito afirmar que las exenciones fiscales, subsidios, deducciones y créditos con que el gobierno beneficia a los grandes contribuyentes constituya una sangría de recursos en contra del país.

Y añade, en defensa de esos privilegios, que se otorgan porque de otro modo las empresas mexicanas perderían competitividad en los mercados mundiales.

La dizque argumentación sorprende porque proviene de un gobierno que, como sus predecesores priistas, tienen al mercado como el gran gurú autoregulador de los agentes económicos.

La justificación que esgrime Cordero Arroyo implica una nada encubierta forma de proteccionismo, ese que dicen abominar los estrategas económicos del régimen, pero que aplican sin rubor cuando se trata de favorecer el "capitalismo de amigos", como denunció en octubre del año pasado el Premio Nobel de Economía 2000, James J. Heckman.


Que no paguen impuestos las empresas favoritas del régimen costará al país sólo este año una sangría de recursos por 201 mil 247.2 millones de pesos, según el Presupuesto de Gastos Fiscales integrado por la propia Secretaría (La Jornada 29/09710).

Esta "renuncia recaudatoria" incluye disminuciones, diferimientos y exenciones en el pago del impuesto sobre la renta (ISR), en la aplicación del impuesto empresarial a tasa única (IETU), la devolución de los peajes pagados en la red carretera, entre otros.

De acuerdo con el diagnóstico de Heckman, son este tipo de favores lo que permite en México la formación de monopolios y lo que verdaderamente resta competitividad al país.

La argumentación de Cordero es tan falaz que sólo basta con voltear a ver el más reciente Índice de Competitividad Mundial elaborado por el Foro Económico Mundial. En efecto, apenas el pasado 8 de septiembre se difundió que en esa medición México siguió perdiendo lugares.

En un radar de 139 países, el nuestro ocupa el puesto 66 por debajo de naciones como Vietnam (59), Azerbayán (57), Omán (34), Túnez (32), Puerto Rico (41) y Barbados (43). Todavía más: México perdió seis niveles en competitividad, pues pasó del lugar 60 en 2009-2010 al 66 en 2010-2011.

De modo que los beneficios fiscales a las grandes corporaciones no mejoran la competitividad del país y sí perjudican la disponibilidad de recursos para, por ejemplo, mejorar la infraestructura de salud, educativa y carretera, así como la reactivación del mercado interno y la generación de nuevos puestos de trabajo.

¡Que no se nos olvide!

martes, 3 de noviembre de 2009

Impuestos o el asalto institucional

Después de lo ocurrido el fin de semana con la aprobación del paquete fiscal 2010 y si este país fuera otro, el PRI y el PAN tendrían que despedirse de sus aspiraciones presidenciales para 2012, pues con el sólo voto de los empresarios a los que favorecen, les sería imposible alcanzar la presidencia en ese año.

Pero no. Estamos ante un país en el que casi un tercio de la población es analfabeta, en el que uno de cada cuatro jóvenes en edad de estudiar no lo hace y en el que más de la mitad de la población no entiende lo que lee.

Se trata, así, de una masa de ciudadanos manipulable a través de múltiples y minuciosos mecanismos (de los que ya nos ocuparemos) puestos en práctica por la industria de los medios de comunicación, encargada, entre otras cosas, de administrar la amnesia colectiva y de hacer pasar como actos patrióticos lo que en realidad son agravios para la población.

Este fin de semana llegó a su fin la comedia escenificada por panistas y priistas encaminada a aprobar impuestos que deberán pagar las clases populares y a evitárselos a los grandes empresarios. Veamos:

El binomio PRI-PAN en el poder no sólo incrementó el IVA de 15 a 16 por ciento y el Impuesto sobre la Renta (ISR) de 28 a 30 por ciento para la población en general, sino que mantuvo los privilegios fiscales para 422 grandes consorcios e incluso aseguraron que los nombres de éstos y de los que no pagan impuestos se mantengan en secreto.

Así, Televisa no pagará durante dos años los impuestos que le corresponderían (5 mil 800 millones de pesos) por explotar comercialmente un bien público que le dejará millonarias ganancias: los servicios de voz, datos e Internet (el apetecible triple play) de la banda de 1,700 megahercios.

Adicionalmente, los grandes desarrolladores inmobiliarios tampoco pagarán el aumento de dos puntos porcentuales del ISR, por ser "uno de los negocios más golpeados por la crisis", pero sí lo harán quienes compren una vivienda.

Se consumó uno de los peores atracos a la economía popular que además acentuará el desempleo, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y sumirá al país en una profunda recesión en momentos en que casi todo el resto del mundo se prepara para participar de una incipiente recuperación económica.

Con su actuación, el PRI ha confirmado lo que sólo algunos pretenden ignorar: que es el mismo partido entreguista de siempre, dispuesto a la transa, el chantaje y la manipulación, prendas a las que ahora ha agregado la cobardía, pues el sábado abandonó el salón de sesiones para no votar el aumento al IVA que previamente pactó con la Secretaría de Hacienda.

Formalmente podrá alegar que no votó ese gravamen, pero tampoco lo evitó como bien pudo hacerlo merced a la mayoría que los ciudadanos le entregaron en las urnas el pasado 5 de julio. En el colmo de la impostura publicó hoy un comunicado en el que niega haber hecho lo que exactamente hizo.

Es decir, acusa que la iniciativa de Ley de Ingresos de Calderón era "recaudatoria, cortoplacista y recesiva", pero así la dejaron; dicen que "privilegiaron el interés de México sobre el del partido aun por encima de costos políticos", pero huyeron del salón de plenos para no ser vistos sabiendo que se votarían medidas lesivas para la economía popular que con sus votos pudieron haber evitado.

Dice que actuó "como oposición responsable y en defensa de los intereses de la sociedad", pero lo que verdaderamente defendió fueron los intereses particulares de unos cuantos al justificar y aprobar que no se conózcan los nombres de las empresas privilegiadas fiscalmente.

Como se ve, el PRI miente descaradamente confiado seguramente en las condiciones de una ciudadanía como las que describimos al principio de esta entrega.

Lo que presenciamos en estos días, devela sin ambages, que este no es un país soberano cuyos ciudadanos están en pleno goce de sus derechos. Se trata, en cambio, de un país secuestrado por unos intereses económicos depredadores camuflajeados bajo un ropaje institucional (leyes, elecciones, partidos políticos, alternancia en el poder) que ocultan su verdadera condición: la de ser una banda organizada para esquilmar las riquezas nacionales y a su población.

¡Hasta la próxima!

viernes, 30 de octubre de 2009

Calderón vs empresarios: las revelaciones

Felipe Calderón está de rodillas.

En esa condición, este jueves pronunció un discurso definitorio. En la apertura del Foro Nacional de la Industria Química, el panista finalmente reveló al servicio de quienes está su malhadada administración: los grandes empresarios.

No es que no se supiera, pero al reconocerlo abiertamente al menos se quita la máscara con la que pretendía pasar --como es su incumplida obligación constitucional-- como un gobernante a cargo del interés general. 

Acuciado por las críticas de los empresarios, quienes además han declarado abiertamente su decepción con el michoacano, Calderón reveló varias cosas: que sabe que las grandes corporaciones empresariales no pagan impuestos y que además --contraviniendo el interés nacional-- lo ha permitido.

Admitió además que la eliminación de secretarías de Estado (y aunque no lo dijo, también de Luz y Fuerza, en virtud del negocio de fibra óptica) se hizo por presiones del sector privado y, lo más grave, que el pretendido cobro de dos por ciento --que se quiso hacer pasar como una contribución para combatir la pobreza-- se planteó en realidad para servir al interés empresarial que pugnaba por extender el cobro del IVA a medicinas y alimentos. Así lo dijo:

Lo que me parece inaceptable es que haya grandes corporativos que le exigen al gobierno que recorte su gasto, y el gobierno lo recorta; que le exigen al gobierno que ponga impuestos sobre alimentos y medicinas de la gente más pobre (aquí le falto decir: y el gobierno lo hace) pero a la hora de ver sus cifras en promedio pagan 1.7 por ciento durante varios años. Esto ya no puede ser
En otro pasaje de su discurso mostró su postrada condición al casi rogar al sector privado que pague "aunque sea una parte de los impuestos":
Está bien que los empresarios tengan actividades filantrópicas, que patrocinen eventos deportivos y culturales y nos regalen equipos médicos, pero también que paguen aunque sea una parte de los impuestos.
El párrafo anterior muestra que ni aun "enojado" Calderón es capaz de imponer la ley, pues pide "aunque sea una parte" de lo que por norma deben pagar. Y esto lo dice alguien que juró "cumplir y hacer cumplir la Constitución general de la República y las leyes que de ella emanen (como las fiscales).

La actual escaramuza Calderón-empresarios debe entenderse no como un rompimiento sino sólo como un desencuentro coyuntural auspiciado por una percepción de mutuo incumplimiento.El sector privado está seguramente molesto por la pobre operación política del equipo calderoniano, que ha complicado la aprobación de un paquete fiscal a su gusto.

Visceral como es, el panista reacciona con amagos y con revelaciones que lo incriminan a él mismo. Es seguro que pasada la disputa actual, esos dos grupos lleguen de nuevo a acuerdos, en virtud de los grandes negocios que en telecomunicaciones y energía están en puerta.

Por lo pronto, ese desencuentro coyuntural ha servido para que el atribulado Calderón hiciera confidencias que en un país democrático lo conducirían a un juicio político por su conducta omisa y permisible respecto de violaciones a la ley.

Lo que no podrá evitar es que la deslegitimación de su gobierno, que lo estaba de origen, continúe acentuándose. Lo malo es que mientras eso ocurre, la cabina de mando del país está vacía y la nave transcurre sin rumbo ni proyecto.   

¡Hasta la próxima!

jueves, 29 de octubre de 2009

Impuestos o el laberinto de mentiras

Felipe Calderón podría estar en vías de convertirse en el político más desquiciado de cuantos han habitado Los Pinos. A menos que, en realidad, sólo se trate de un mentiroso contumaz.

Deténgamonos en los síntomas y juzguemos. Al anochecer de este miércoles 28 inauguró un foro en Puerto Vallarta, donde defendió la miscelánea fiscal para 2010 y llamó al Senado a aprobar los impuestos que propuso, pues con ellos, dijo, se resolverá de manera responsable un problema estructural y grave de finanzas públicas en todos los niveles de gobierno.

Luego añadió que las más obligadas a aportar al gasto nacional son las empresas que más ganan "y que rara vez, muy rara vez, pagan impuestos al país".

Un lector atento podría recitar, ante semejante declaración, aquel aforismo de Monsiváis que reza: "No entiendo lo que pasa o ya pasó lo que estaba entendiendo". Veamos:

El dicho de Calderón bastaría por sí sólo para que el Congreso no aprobara ninguno de los impuestos que propuso el inquilino de Los Pinos, pues tales gravámenes apuntan precisamente a que paguen los que menos tienen y deja intocados los privilegios y exenciones de que gozan "las empresas que más ganan".

Estamos de nuevo ante una maniobra discursiva --como las que utiliza frecuentemente Calderón-- mediante la cual busca confundir a los ciudadanos, haciéndose pasar como si estuviera del lado de éstos.

Durante el debate de las últimas semanas han quedado al descubierto los mecanismos y los galimatías legales que permiten a las grandes empresas eludir el pago de millonarias sumas por concepto de impuestos. El michoacano está al tanto de ello y, sin embargo, su propuesta original no incluía eliminar tales recovecos por los que el país pierde más de 450 mil millones de pesos cada año.

Venir a decir ahora que "paguen los que más ganan" resulta una postura hipócrita, pues la dice quien, con su propuesta está avalando precisamente lo contrario.

Acaso lo único que busca es endilgar al Congreso el costo político de incrementar los impuestos a los ciudadanos cautivos.

Calderón entra así al juego que ha entrampado la discusión de la miscelánea fiscal: todos quieren cargarle a los ciudadanos más impuestos para financiar los onerosos gastos de la clase política, pero nadie quiere ser percibido por la población como el causante de ese despojo.

La maniobra calderoniana lo desnuda como un político sin liderazgo, mediocre y convenenciero, interesado más en el juego de las descalificaciones y la manipulación que en el papel de un hombre con visión de Estado.

En tales condiciones, ya del rumbo del país mejor ni hablamos.

¡Hasta la próxima!

miércoles, 28 de octubre de 2009

Televisa exenta de impuestos



Como ninguna otra, la actual discusión del paquete económico para 2010 ha puesto en evidencia el rejuego de intereses, componendas y favores que, al margen de la institucionalidad, rigen el sistema político mexicano.

Ese "capitalismo de amigos" conformado por el binomio PRI-PAN y los poderes fácticos (medios de comunicación y consorcios nacionales y extranjeros) ha funcionado de nuevo ahora en favor de Televisa.

En efecto, ayer las comisiones de Hacienda y de Estudios Legislativos aprobaron la Ley Federal de Derechos, cuyo artículo 244-E establece privilegios fiscales a las empresas que incursionarán en las nuevas bandas de 1.7 y 1.9 gigahercios del servicio de telefonía móvil de triple play (voz, datos e Internet).

Es decir, las empresas que próximamente competirán en ese nuevo mercado, entre las que figura preponderantemente Televisa, no pagarán impuestos durante un periodo de entre dos y tres años, bajo el peregrino argumento de que quienes presten esos servicios tendrán que hacer "considerables" inversiones para montar la infraestructura necesaria.

Mientras que por un lado se pide a la población en general un esfuerzo "patriótico" para pagar aumentos al IVA (de 15 a 16 por ciento) y al Impuesto sobre la Renta (de 28 a 30 por ciento) para subsanar la falta de recursos del país, por el otro se le perdonan cargas millonarias a unas cuantas empresas que, casualidades del destino, pertenecen a los hombres más ricos del país.

Esa condonación de impuestos significa que el gobierno dejará de percibir cinco mil 600 millones de pesos en dos años (2, 800 millones de pesos por año), en momentos en que --se nos ha dicho-- el país tiene un déficit fiscal por 300 mil millones de pesos que se quieren reponer con los aumentos de impuestos en cascada para quienes no pertenecen al círculo de amigos, es decir, el resto de la población.

Aunque Televisa ha tratado de defenderse diciendo que semejante beneficio será para todos los prestadores de esos nuevos servicios, lo cierto es que empresas como Telcel (Carlos Slim), Telefónica y Iusacel no podrán participar en la licitación de los paquetes de 30 megahertz (Mghz) de las bandas 1,7 y 1.9 porque la Comisión Federal de Competencia (CFC) les impuso un candado que las elimina de la competencia.

La CFC, presidida por Eduardo Pérez Mota, estableció que ninguna empresa podrá tener más de 80 Mghz en esta banda, y las empresas mencionadas acumulan ya más de 30 Mghz con lo cual sólo podrán participar en la licitación correspondiente Axtel-Avantel, Nextel, Alestra, Maxcom y, la segura ganadora, Televisa.

La maniobra en favor de la televisora ha sido atribuida al senador priista Manlio Fabio Beltrones, a quien se identifica como el creador del artículo 244-E.

El senador panista Javier Corral, el único en ese partido que mantiene posturas críticas contra la televisora, ha dicho que con la redacción de ese artículo, Beltrones le estaría retribuyendo a Televisa las pérdidas que la empresa tuvo como resultado de la reforma electoral que impidió a los partidos y a los particulares comprar espacios en televisión para la difusión de sus campañas.

De este modo Beltrones limpiaría el "agravio" que les endilgó al votar aquella reforma y, de paso, le serviría para posicionarse en el favor de Televisa, de cara a sus aspiraciones presidenciales rumbo al 2010. Tan fuerte es la apuesta de Beltrones que casi ha condicionado la aprobación de ese artículo, a la aprobación de los aumentos al IVA y al ISR.

Por ello resulta previsible que este nuevo privilegio a Televisa, aprobado en comisiones, sea confirmado por el Senado cuando la Ley Federal de Derechos se discuta en el pleno. Se configurará así un nuevo atraco a los ciudadanos, pues el espectro radioeléctrico pertenecea la nación.

Se introducirá además un contrasentido inadmisible: en un paquete fiscal que para el resto de la población es recaudatorio --pues sacará dinero del bolsillo de la gente para sostener al gobierno-- se le abre un boquete por el que seguirán perdiéndose recursos sólo para beneficiar a los amigos.

¡Hasta la próxima!

martes, 20 de octubre de 2009

Presupuesto: Pagar los de siempre

Los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) aprobarán hoy la Ley de Ingresos 2010, la cual aumenta de 15 a 16 por ciento en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) --de 11 en la frontera--; grava con tres por ciento todas las telecomunicaciones, excepto la telefonía móvil; sube 85 por ciento el impuesto especial a tabacos y 26 por ciento a cervezas, e impone una cuota de tres pesos a cada botella de bebidas alcohólicas.

Además, aumenta de dos a tres por ciento el gravamen a los depósitos en efectivo de 15 mil pesos en adelante e incrementa a 30 por ciento la tasa del Impuesto sobre la Renta (ISR) para personas físicas y morales.

Se trata de un paquete económico recaudatorio que le cobrará las ineficiencias gubernamentales a los mismos de siempre y que --también como siempre-- no tocará a las 400 grandes corporaciones que, beneficiadas por exenciones o amparadas en los regímenes fiscales especiales, como el de consolidación fiscal, seguirán sin pagar o pagando poco.

Recuérdese que sólo en 2008, regímenes como el mencionado impidieron al fisco recaudar 750 mil millones de pesos, más del doble del boquete de 300 mil millones que el gobierno aduce como "razón" para aumentar los impuestos del próximo año.

Excepto el pretendido impuesto de dos por ciento "para el combate a la pobreza" que gravaría a medicinas y alimentos, la dupla PRI-PAN aprobará casi en sus términos la propuesta original de Calderón. En un arreglo de cúpulas, que excluyó a la mayoría de los legisladores de ambos partidos, el duopolio partidista buscó garantizar su viabilidad electoral de cara a los comicios presidenciales de 2010, mediante la fórmula de servir a los intereses de todos los grupos de poder.

Nos encontramos ante lo que el premio Nóbel en Ciencias Económicas 2000, James J. Heckman, ha denominado "un capitalismo de amigos" que protege la creación de monopolios, hace al país perder competitividad y lo mantiene en un "sorprendente" nivel de desigualdad.

El propio Sistema de Administración Tributaria (SAT) reconoció el hecho en un informe enviado la semana pasada a la Cámara de Diputados. Ahí señala que en 2008 los 400 grandes grupos empresariales que operan en el país pagaron en promedio 1.7 por ciento por concepto de ISR amparados en el régimen de consolidación fiscal.

Pagaron sólo 85 mil millones de pesos por ingresos que ascendieron a cuatro billones 960 mil millones de pesos, cantidad equivalente al 41 por ciento del producto interno bruto de ese año. El SAT informó que el sector cosméticos obtuvo ingresos por siete mil 600 millones de pesos en 2008 y sólo pagó unos 220 millones de impuestos.

Las tiendas de autoservicio acumularon en el mismo año ingresos por 67 mil 600 millones de pesos y únicamente pagaron alrededor de seis mil millones.

Todo gracias al régimen de consolidación fiscal al cual se acogen cementeras, grandes tiendas de autoservicio y departamentales, cadenas automotrices, cerveceras, televisoras; empresas de electrodomésticos, de telecomunicaciones, papeleras, procesadoras de alimentos, distribuidoras de maquinaria y equipo, refresqueras y constructoras.

Ese régimen permite que empresas de un mismo grupo presenten un sólo estado financiero sobre el que se calcula el impuesto sobre la renta.Esto les permite posponer el pago de algunos gravámenes por operaciones celebradas entre las empresas del grupo y deducir las pérdidas fiscales de una de las empresas contra las utilidades fiscales de las otras, lo cual se traduce en los hechos en una disminución en el pago de los impuesto que les corresponden.

Estas empresas en realidad son auténticas evasoras de impuestos, pero nadie las puede acusar de tales, porque lo hacen de manera legal, gracias al régimen de complicidades y pago de favores que existe en este paraíso fiscal (para los amigos) llamado México.

Acaso por ello el presidente del Consejo Coorinador Empresarial, Armando Paredes Arroyo, se haya apresurado a declarar que eliminar ese régimen no aseguraría al país una mayor recaudación. Dice el ínclito líder empresarial que si se eliminara dicho esquema, México sería "menos atractivo para la inversión" y los corporativos trasladarían su inversión a otros países donde sí existe ese régimen.

Estamos de nuevo, ante la vieja amenaza de que siempre se vale el capital para reclamar sus privilegios: "si no me consienten, me llevo mi dinero a otra parte". Pero se trata sólo de eso. Ellos saben que si bien regímenes como el de consolidación fiscal operan en casi todo el mundo, en México lo hacen con una manga demasiado ancha. Para empezar, la definición de "pérdida" es más rigurosa en otros países, lo cual ya impide a las empresas eludir el pago de impuestos de manera tan impune.

Este régimen de complicidades, que no Estado de derecho, es lo que impide el desarrollo económico del país. Tal es el verdadero obstáculo y no la falta de "reformas estructurales" que en realidad son pretextos para eliminar las últimas resistencias que en los ámbitos laboral, energético y educativo impiden el avasallamiento social que figura en el programa de la derecha en el poder.

miércoles, 9 de septiembre de 2009

Impuestos: la manipulación

Detengámonos en las formas. Ayer el señor Felipe Calderón, primero, y el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, después, fraguaron una estrategia de comunicación para manipular a los habitantes de este país de modo que se crea que ellos, "el gobierno", se sacrificará el próximo año con un presupuesto austero, cuando en realidad, de nuevo, los verdaderamente esquilmados seremos los ciudadanos por la vía de nuevos y mayores impuestos.

Por principio de cuentas, la propuesta de Ley de Ingresos entregada ayer a la Cámara de Diputados incluye el cobro del IVA ( 2 por ciento) a medicinas y alimentos, tal como lo propuso hace unos días el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios.

El Impuesto sobre la Renta (ISR) --el impuesto al salario-- pasa de 28 a 30 por ciento, excepto a quienes ganen cuatro salarios mínimos o menos. El impuesto a los depósitos en efectivo aumenta de 2 a 3 por ciento, pero ahora se gravará a partir de 15 mil pesos y no de 25 mil como hasta ahora.

En el intento por atenuar estos anuncios, Calderón informó a las dos de la tarde la supresión de tres secretarías de Estado (Turismo, Reforma Agraria y Función Pública). En la misma línea de demostrar el sacrificio gubernamental, por la noche Carstens anunció una reducción en el gasto público programable de 218 mil millones de pesos (1.8 por ciento del PIB).

Dijo además que el déficit público será de 60 mil millones de pesos (1.5 por ciento del PIB), que se reducirá 5 por ciento la estructura de mandos superiores; 10 por ciento menos en gastos en oficinas del exterior; 10 por ciento menos en delegaciones de dependencias federales en los estados.

Anunció que habrá menos gastos en comunicación social, en servicios personales, en asesorías, en viáticos, pasajes y telefonía; que no se remodelarán oficinas ni se gastará en nuevo mobiliario.

Hay en todo ello una gran mentira. Ésta consiste en hacer creer que la clase política se sacrificará lo mismo que la población, a la cual se le merman sus menguados ingresos vía esta cascada de nuevos impuestos.

En la esfera gubernamental el tal sacrificio es aparente, pues los recortes al gasto afectarán a instituciones, en tanto que el mayor cobro de impuestos y el aumento en tarifas de servicios afectarán a personas concretas.

Así que no existe la tal solidaridad del gobierno con los gobernados. Así sea en menor cantidad, pero el señor Calderón y su gabinete seguirán disfrutando de elevados sueldos, de viáticos, alimentos, transporte, celulares, asistentes personales y medicinas sin que les cueste un centavo.

La insistencia de Calderón y Carstens de presentar por delante "el sacrificio" gubernamental para revestirse de una falsa autoridad moral al momento de anunciar los nuevos impuestos, quedó de manifiesto en una frase del secretario de Hacienda: "Una vez que el gobierno pone la muestra en el gasto, puede solicitar sin rubor la contribución de la ciudadanía".

La estrategia manipuladora de los genios en el poder llegó al extremo de presentar --en efecto, sin "rubor" alguno-- el impuesto al consumo (medicinas y alimentos), no como un gravámen sino como una ¡¡¡Contribución para el combate a la pobreza!!!!!

Véase la trampa semántica: el término contribución tiene una connotación positiva. Contribuir es "ayudar" y "cooperar", términos ambos que, a su vez, tienen un significado amable, pues evocan en el subconsciente una acción casi voluntaria para un fin que se considera valioso y, en este caso, hasta humanitario: combatir la pobreza.

El problema del esquema es que a los propios pobres también se les obliga a "contribuir" para combatir su condición, pues al comprar, así sea una raquítica e insuficiente dotación de alimentos y medicinas, también serán sujetos del mentado gravamen. ¿dónde queda entonces la famosa política social?

En realidad el gobierno esquilma a todos, pero pretende hacer pasar el nuevo impuesto como un combate a la pobreza, del cual nunca pasarán los más pobres, ya que al encarecerse los productos, se les alejan sus posibilidades de adquisición de alimentos o el acceso a la salud.

El paquete económico presentado ayer no apunta a ninguno de los "cambios de fondo" que se comprometió a impulsar Calderón en su ejercicio retórico del miércoles 2 de septiembre y en su root show posterior con entrevistadores a modo. Del eslogan "Vivir mejor" ni hablemos.

Adviértase, de nuevo, como estas medidas económicas anunciadas no aspiran a cambiar nada ni a mejorar la calidad de vida de la población. Dice Carstens que el incremento de 4 por ciento a los servicios de telecomunicación es progresivo porque, reconoce, sólo los utilizan 20 por ciento de los hogares más ricos.

En vez de aspirar a ampliar a más mexicanos esos servicios para cerrar la brecha tecnológica que existe, el gobierno tácitamente admite que esta desproporción en el uso de las telecomunicaciones así seguirá fatalmente.

"A confesión de parte, relevo de pruebas", reza un principio general del Derecho. Es decir, por un lado el decálogo calderoniano afirma su determinación de combatir la pobreza, dar atención médica universal y educación de calidad, y por otro lado, actúa como lo que verdaramente sabe: que los mexicanos más pobres así seguirán y que jamás aspirarán, por ejemplo, a contar con televisión de paga o Internet.

En el mismo sentido apunta la cínica y manida frase con que el secretario de Hacienda justifica, según él, los impuestos al consumo: "Quien más consuma más pagará". O sea ¿se trata de castigar el consumo? ¿se trata de castigar el mercado interno? ¿cómo piensan crecer a tasas de 5 por ciento para 2012 con un mercado deprimido?

¿Se trata, otra vez, de una descarada admisión de que los pobres no serán afectados por los nuevos impuestos porque ni dinero tienen para consumir?

Tal es la lógica subyacente en el paquete económico enviado al Congreso. Éste tiene hasta el 15 de noviembre para debatir, modificar o aceptar estos aberrantes postulados que ahí se plantean. Hay la versión de que la mayoría priista habría negociado la aprobación de este paquete a cambio de los nombramientos en Pemex y en la Sagarpa.

A la paraestatal llegó Juan José Suárez Coppel, identificado con el salinista ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz y con Manlio Fabio Beltrones; en tanto que el nuevo titular de la Sagarpa también representaría una concesión al PRI a cambio de su apoyo en estas reformas.

Veremos...

lunes, 7 de septiembre de 2009

El presupuesto

Los partidos políticos (PRI, PAN, PRD) han declarado su oposición a la aplicación de IVA en medicinas y alimentos, como una de las medidas que se prevé estarán incluidas en la Ley de Ingresos del año próximo, para subsanar el "boquete" financiero de 300 mil millones de pesos que padecen las finanzas públicas.

Veremos qué tanto se sostienen en esa postura o si, a partir de mañana --plazo límite marcado por la ley para recibir el mencionado proyecto-- empiezan a introducir matices en su discurso hasta terminar aceptando el gravamen, mediante un galimatías argumentativo que los ponga a salvo del reclamo popular.

El sector privado, en cambio, ha insistido en aplicar ese impuesto: el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN) propone tasas iniciales de 2 por ciento para aumentarlo gradualmente, pero el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) de plano se pronuncia por cobrar desde ya 15 por ciento a medicinas y alimentos. Todo, con tal de que no se graven sus utilidades.

El gobierno, por su parte, promete reducir el gasto corriente, apretarse el cinturón, suprimir secretarías de Estado, pero amenaza con proponer un IVA generalizado e incrementos a los precios de productos y servicios, como la gasolina, gas y electricidad.

Como el lector puede apreciarlo, la discusión nuevamente se circunscribe a encontrar la forma más eficaz y políticamente menos costosa de pasar la factura de la crisis a los ciudadanos. Que éstos sigan financiando el improductivo gasto gubernamental y los privilegios fiscales de las grandes empresas.

Se trata de medidas que asombran por su estrechez de miras, pues de nuevo, se diseñan sólo pensando (es un decir) en el corto plazo y nos conducen al síndrome de la serpiente que se muerde la cola:

1. Se restringe el consumo por la vía de aumentos de precios (el incremento a gasolina, gas y electricidad, que son insumos utilizados en procesos productivos, provocará un aumento de precios casi generalizado)

2. Estas alzas de precios y el pago de mayores y nuevos impuestos disminuyen el ingreso de las familias (Los primeros dos deciles en que se sitúan las personas con menores ingresos destinan 40 por ciento de su consumo a alimentos y bebidas, por lo que un aumento de impuestos en esos rubros mermará sus recursos en un contexto de agudo desempleo)

3. Por lo tanto, al haber menos ingresos hay menor consumo, se desestimula la inversión, se reduce la producción, hay nuevos despidos, aumenta el desempleo y la economía permanece estancada.

En este esquema, el único que gana es el gobierno. Solventa su problema económico, pero a costa del empobrecimiento de la población.

Esto tiene un efecto pernicioso adicional porque estos nuevos ingresos no le permitirán impulsar la reactivación económica, como sería lo deseable, ya que 80 por ciento del presupuesto se destina al gasto corriente (automóviles, aviones, helicópteros, choferes, asistentes, guardaespaldas, fiestas, servicios personales, pagos a sindicatos), y esto no genera ningún beneficio económico.

Menos aceptable resulta un esquema como el que se propondrá en la Ley de Ingresos, cuando la falta de recursos se debe a la imprevisión del propio gobierno. A diferencia de países como Chile, aquí los recursos excedentes que se captaron durante los pasados ocho años por concepto del petróleo se despilfarraron en mantener los gastos suntuarios de nuestra ínclita clase política y en sus corruptelas.

Lo anterior lo ha venido a confirmar un reporte del grupo financiero Banamex: El boquete fiscal de 300 mil millones de pesos esperado para 2010 tiene su origen en una dinámica creciente del gasto y, por tanto, es consecuencia de una "falta de prudencia en la administración fiscal".

En cambio, el país andino conservó esos excedentes --en su caso debidos a la industria del cobre-- y los aplicó en auténticas políticas anticíclicas que le han permitido superar la crisis y estar en posibilidad de participar de la incipiente recuperación económica global prevista para 2010.

Aquí, para compensar esa "falta de prudencia" (léase irresponsabilidad) de nuestros gobernantes, se pretende aumentar los ingresos del gobierno en 2.5 por ciento del PIB (equivalentes a los 300 mil millones de pesos que harán falta). Ello sólo resolverá el problema el año próximo mientras no se considere modificaciones en la dinámica del gasto y, sobre todo, aumentar la base de personas que pagan impuestos.

Para ello hay que suprimir exenciones fiscales y eliminar privilegios. Y en este punto bien podríamos afirmar, con Don Quijote, que: "Con la Iglesia hemos topado, Sancho", pues ahí está el quid del asunto, se trata de uno de esos cambios que se comprometió impulsar y promover el desgastado Felipe Calderón.

En todo caso, como se ve, no se está planteando ningún giro en el actual modelo económico neoliberal seguido por la derecha en el poder. Han elegido la vía más ortodoxa, según la cual el gobierno debe salvarse, no los gobernados, aunque éstos constituyan la razón de ser de aquél.

¡Hasta la próxima!

viernes, 5 de junio de 2009

Y...¿dónde está el dinero?

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló ayer que el gobierno --o de lo que se trate-- del señor Felipe Calderón no ejerció 120 mil millones de pesos del gasto público correspondientes al presupuesto de 2007, primer año de esa administración.

No se trata de encomiables ahorros, como algún lector pudiera pensar, sino de una violación a la Ley del Presupuesto de Egresos de la Federación, pues tales recursos dejaron de invertirse en áreas tan prioritarias como seguridad pública, desarrollo social e infraestructura.

En vez de eso se desviaron a fideicomisos, fondos, mandatos de la Federación y contratos, instrumentos que impiden conocer el destino y uso que se dio a ese dinero y menos exigir su devolución.

El Pliego de Observaciones a la Cuenta Pública 2007 --entregado ayer por el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, al presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados-- documenta 28 transferencias multimillonarías "a distintos fideicomisos que no nos han explicado".

"Esta manera de transferir recursos es una forma de evitar el cumplimiento de las normas en materia de ejercicio del gasto público, señaló el auditor.

Aparte la transgresión legal en que incurre el gobierno, se coloca en una situación sospechosa, puesto que los recursos transferidos a esos fideicomisos quedan fuera de la supervisión y pueden ejercerse con una muy alta discresionalidad. Es decir, pueden gastarse en lo que sea o incluso ir a parar a la cuenta personal de alguien.

Porque ¿con qué propósito se transfieren recursos no gastados a instrumentos que no están sujetos a ningún tipo de fiscalización?

El "sospechosismo" se incrementa cuando se advierte la forma en que esos recursos se hacen pasar como ya ejercidos. Aquí el mecanismo explicado por la ASF:

"Se expiden cuentas por liquidar certificadas para dar por gastados los recursos, cuando lo único que están haciendo es realizar una transferencia de un renglón presupuestal al patrimonio de los fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos..."

En esta quincena de junio vence el plazo de 45 días que tuvo el gobierno, a partir de que conoció estas observaciones, para explicar el uso que dio a ese dinero.

Este tipo de transferencias no es nueva. En un artículo anterior (Impuestos), Contadero señaló que en distintos fondos y fideicomisos, el gobierno federal tiene 376 mil millones de pesos, sobre los que existe una gran opacidad, pues no se ha informado para qué son.

Recordábamos entonces (25 de mayo) que con esa cantidad se podía resarcir el "boquete" presupuestal de 300 mil millones de pesos que faltarán este año al gobierno como resultado de lo que el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, calificó como una "caída" en la recaudación.

De modo que en esos fondos y fideicomisos --ahora se sabe que son alimentados con lo que se desvía del presupuesto-- existen suficientes recursos para tapar boquetes sin recurrir al fácil expediente de incrementar los impuestos a los ciudadanos. Veremos.

¡Hasta la próxima!

lunes, 25 de mayo de 2009

Impuestos

Agustín Carsten delineó ya la estrategia gubernamental ante la recesión: aumentar la deuda, recortar el gasto (más despidos y menos inversión), elevar impuestos (IVA a medicinas y alimentos) o una combinación de las tres.

El anuncio es una declaración inequívoca de que el gobierno ha decidido, de nuevo, rescatar al sector financiero y abandonar a la población. Muestra, asimismo, la ortodoxia hacendaria con que se conduce, tras el fracaso de la tardía --y además incumplida-- aplicación de medidas anticíclicas (una masiva intervención del Estado en la economía, mediante el fomento a la inversión, la obra pública, el crédito y el consumo).

Como casi siempre que se emprende un nuevo intento por aumentar los impuestos, ya empezaron a difundirse estadísticas que colocan a México como el país con la peor recaudación de los que conforman la Organización para Crecimiento y el Desarrollo Económico, y con una de las más bajas de América Latina.

La urgencia de una reforma fiscal es evidente, pero ninguno de los cuatro últimos gobiernos --casi un cuarto de siglo-- han podido ir más allá de parches y pegotes porque ampliar la base de contribuyentes implica gravar a las grandes empresas y corporaciones, cuyos favores políticos son ampliamente retribuidos por la vía fiscal en detrimento del desarrollo nacional.

Y en eso los gobiernos panistas han sido particularmente generosos. De acuerdo con el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 2005, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), entre 2001 y 2006 se devolvió a los grandes contribuyentes impuestos por 604 mil millones 100 mil pesos.

En contraste, la inversión de esos grandes contribuyentes --cuyos ingresos anuales brutos son superiores a 500 millones de pesos-- ascendió a 279 mil 832 millones 900 mil pesos, es decir, 216 por ciento menos de lo que les reintegraron vía devoluciones y deducciones.

Además, ese año (2005), 50 empresas de las consideradas grandes contribuyentes, hicieron pagos individuales de Impuesto sobre la Renta (ISR) menores a 74 pesos, en tanto que otros 50 pagaron hasta 67 pesos por concepto de IVA, siempre de acuerdo con el Informe de la ASF.

Durante la presente administración, el asunto sigue el mismo camino. El informe de resultados de la cuenta pública del primer año de Felipe Calderón mostró, según la ASF, que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) sigue beneficiando a los grandes contribuyentes.

En efecto, durante 2007 el SAT condonó 8 mil 30 millones 156 mil 100 pesos a 59 empresas, lo que equivale casi a la recaudación por concepto de impuesto al activo que fue de 7 mil 597.1 millones de pesos.

Véase también esta otra desproporción en materia fiscal. Las empresas generan 60 por ciento del ingreso nacional, pero su contribución fiscal (ISR) como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) es de apenas 2.7 por ciento.

En contraparte, los asalariados contribuyen con 25 por ciento en la generación del ingreso nacional, pero su contribución fiscal al PIB es de 2.4 por ciento. Es decir, quienes generan más riqueza pagan casi lo mismo que quienes son asalariados.

El doctor Horacio Enrique Sobarzo señala otra causa que explica la bajísima recaudación de impuestos en México. En su estudio Reforma fiscal en México, un modelo de equilibrio general, publicado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, indica que en los últimos 25 años la economía creció en promedio un raquítico 2.6 por ciento, tasa similar a la del crecimiento poblacional durante ese periodo.

Lo anterior muestra un gobierno empeñado en salvarse a sí mismo mientras obliga al grueso de la población a financiar sus dispendios e invirtiéndo los recursos en mantener una red clientelar de grandes empresarios a quienes o paga favores ya recibidos o por recibir.

El recorte al gasto anunciado como posible medida contra la recesión por nuestro inefable secretario de Hacienda implica reducción del gasto y la inversión gubernamentales, con lo que prácticamente se renuncia a la aplicación de las llamadas medidas anticíclicas.

Sólo que el recorte al gasto tendrá lugar en reducir la plantilla de base, lo cual, a su vez, acarreará mayor desempleo, menos consumo y un mercado interno cada vez más deprimido, cuando lo que se necesita es su urgente reactivación.

El gobierno tiene un amplio margen de ahorro en su gasto corriente, además existen 376 mil millones de pesos en fondos y fideicomisos sobre los que existe una gran opacidad, pues no se ha informado para qué son. Esa cantidad es superior a los 300 mil millones de pesos que faltarán al presupuesto del gobierno para este año debido a que, como dijo Carstens "se nos cayó la recaudación".

Y adelantó que con dos o tres reformas de carácter fiscal se podrá recuperar el gasto gubernamental del próximo año. Lo malo es que esas reformas implicarían impuestos, ahora sí a IVA y medicinas o algún otro igualmente absurdo como el del 2 por ciento a los depósitos en efectivo superiores a 25 mil pesos o aquél otro del 2 por ciento a la nómina, el cual constituye un verdadero despropósito para un gobierno que se autodenomina "del empleo".

Es decir, por un lado se afirma que se trata de incentivar la generación de empleos y por otro lado se cobra a los patrones un impuesto que se incrementa conforme aumenten su número de empleados. He ahí la forma en que el gobierno conspira contra sus propios propósitos con tal de incrementar sus finanzas.

O a menos que en realidad tales propósitos, como parece, no hayan sido más que una estrategia de campaña del señor Calderón.

¡Hasta la próxima!

miércoles, 4 de marzo de 2009

Tenencia

Los mexicanos vivimos un raro síndrome al que quizá algún lector --seguramente con más imaginación que este escribidor-- ayude a bautizar. Consiste éste en que según el gobierno, cualquier medida en beneficio del pueblo, en realidad lo perjudica.

Esa paradoja no es nueva, pero se ha reeditado con el asunto del impuesto que se cobra a los propietarios de vehículos automotores. La llamada tenencia vehicular es un gravamen que habría iniciado en 1968 como una medida temporal para financiar los juegos olímpicos que aquel infausto año se efectuaron en México.

En realidad surgió antes incluso que el Comité Olímpico Internacional designara oficialmente a México como organizador de la justa. Eso ocurrió en 1963 y la Ley de Ingresos del gobierno federal que entró en vigor el 1 de enero de 1962, un año antes, ya incluía esa obligación.

Y como palo dado ni dios lo quita, menos lo puede hacer un gobierno terrenal, así que el tal impuesto se quedó entre nosotros. Pero la demanda de eliminarlo reaparece cada tanto, señaladamente en periodos electorales.

El último en ofrecerlo fue el propio Felipe Calderón, sólo que una vez en la presidencia (obtenida "haiga sido como haiga sido", según su propia y ya célebre expresión) anunció que lo haría hasta 2012, es decir, en el ocaso de su administración, con lo cual se comporta de acuerdo con la conocida máxima: "que se friege el que sigue", clásica entre los políticos mexicanos.

Después de unos días de discusiones --iniciadas cuando el diputado panista Gerardo Buganza propuso suprimir ese pago a partir de este mes-- ayer finalmente los legisladores decidieron mantener el impuesto aduciendo que si se elimina, la perjudicada sería la propia población que lo paga, pues no habría recursos para educación, salud e infraestructura.

El alivio financiero que se procuraba con la medida en favor de los contribuyentes resultaba significativo, y constituía una auténtica medida de apoyo a la población agobiada en esta hora de turbulencia económica. Pero bien se ve que la solidaridad que se pregona sólo se concibe en un sentido: de la población hacia el gobierno, pero en ningún caso de éste hacia la sociedad.

El argumento de que se protege a la población esquilmándola --el síndrome al que me referí al principio-- no es nuevo. Durante muchos años el combate a la inflación se ha basado en la reducción del circulante. Es decir, restringiendo la cantidad de dinero disponible en la sociedad para evitar que con la mayor capacidad de compra (demanda) se elevara el precio de los productos (oferta).

Así se mantuvo la inflación baja, pero también se asfixió económicamente a las familias, con el argumento, otra vez, de que se las protegía, casi casi de sí mismas.

En contraparte, el gobierno no se anda con rubores al momento de pagarse. Un ejemplo de cómo se gasta el dinero de los contribuyentes, que incluye el que se recauda por concepto de tenencia, lo proporciona el gobierno de Tabasco.

El portal de la Secretaría de Administración y Finanzas de la entidad publicó el viernes 27 de febrero que la administración estatal eroga cada mes 50 millones de pesos --600 millones al año-- en el pago de una compensación denominada "bono de fatiga laboral", a trabajadores y funcionarios de primer nivel, a los que, dada la denominación del premio, ya se puede uno imaginar extenuados por la entrega y el celo con que se sacrifican por la patria.

Con un desenfado similar al mostrado por los consejeros del IFE, en su reciente affair, el gobernador Andrés Granier Melo señaló que la compensación es legal y garantiza la transparencia. Y ya con eso.

Ese modo de proceder no es, sin embargo, privativo de Tabasco; se repite puntualmente en cada una de las 31 entidades federativas restantes, por lo que es fácil comprender los verdaderos motivos que inspiran la renuencia a suprimir ingresos como los que les procura a los estados el pago de la tenencia.

Seguramente en 2012 los políticos se las volverán a arreglar para dejar sin efecto el decreto de 2007 que abroga el pago de la tenencia a partir de ese año, de modo que ésta siga representando una jugosa fuente de ingresos para funcionarios fatigados y gobernadores transparentes.