Casi no hay día en que los mexicanos no nos enteremos de alguna descalificación internacional a la gestión de Felipe Calderón. El gobierno --que para amplios sectores de la población usurpa el panista-- es reprobado en todos los rubros en que se evalúa.
En todas las mediciones internacionales el país ocupa los últimos lugares o ha perdido posiciones y se mantiene de media tabla para abajo. Lo mismo en derechos humanos que en corrupción, en competitividad, en educación, en economía o en transparencia y rendición de cuentas, la gestión felipista es una auténtica zona de desastre.
Calderón inicio el año defendiéndose de las aseveraciones que lo situaban como líder de un Estado fallido y lo concluye acusado --nada menos que por un premio Nobel de Economía-- de responder mal y tarde a la crisis económica mundial, lo que habría conducido el país a ser uno de los más golpeados y que más tardarán en salir del hoyo económico.
En este y otros espacios de la prensa nacional se ha documentado con suficiencia que, en efecto, el equipo económico del michoacano primero subestimó los efectos de la recesión mundial que se avecinaba (será para nosotros como un "catarrito", vaticinó un despreocupado secretario de Hacienda). Y cuando se sintió la catastrófica magnitud de la emergencia, se reaccionó con medidas tardías y endebles, como las publicitadas medidas anticíclicas que en realidad nunca se concretaron.
Todo eso lo ha venido a confirmar Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía 2001. El investigador de la Universidad de Columbia dijo que el desempeño que el gobierno de México ha tenido para enfrentar la recesión "ha sido uno de los peores en el mundo".
Durante su participación en la ExpoManagement 2009, Stiglitz añadió que los programas anticíclicos aplicados aquí para enfrentar la crisis fueron limitados y se aplicaron tardíamente en comparación con los planes de estímulo de países como Australia y Brasil.
Además deslizó una advertencia a Calderón y su equipo económico: "Algunas personas en México están apostando todo a la recuperación de Estados Unidos, como parte central de una estrategia económica, pero México debe empezar a pensar en una estrategia alternativa porque la actual quizá no sea la mejor".
Balbuceante y endeble --como las políticas que pone en práctica-- ha sido la respuesta gubernamental a los señalamientos del Nobel. Los secretarios de Hacienda, Agustín Carstens, y de Desarrollo Social, Ernesto Cordero, trataron de descalificar a Stiglitz diciendo que no conoce la realidad mexicana.
El primero dijo que el estadounidense desconoce que México fue azotado por dos golpes: la desaceleración económica global y la caída en la producción petrolera en 800 mil barriles diarios.
Cordero lo acuso de no conocer con detalle "las políticas anticíclicas que instrumentó el gobierno mexicano, no conoce la realidad de las finanzas públicas mexicanas. Yo creo que mejor se ponga a leer un poquito más de México".
A juzgar por las prendas intelectuales de uno y otro, acaso resulte mejor que Cordero lea la obra de Stiglitz antes de que éste sepa más sobre nuestro país, pues si así fuera la crítica sería más demoledora.
Como se ve, los funcionarios mexicanos no argumentaron nada sólido. Sólo trataron de desautorizar al visitante, a partir de su supuesta y poco creíble falta de información.
Tres Nobel tres
Y sin embargo no es la primera vez que un premio Nobel reprueba la política económica de Calderón. En los últimos tres meses, tres economistas con ese galardón criticaron esa política.
El 22 de septiembre Robert Engle, premio Nobel de Economía 2003 dijo que el gobierno mexicano incurre en una decisión equivocada al pretender incrementar los impuestos a la población cuando la economía continúa en un periodo recesivo.
Invitado a participar en la Semana de la Ciencia y la Innovación, organizada por el gobierno del Distrito Federal, Engle señaló que otros países que han enfrentado una inestabilidad financiera similar han reaccionado de manera contraria al conservar sus gastos altos, pero con gravámenes bajos.
Dos días después, el 24 de septiembre, Erick Maskin, premio Nobel de Economía 2007 alertó: La pretensión del gobierno de Felipe Calderón de elevar los impuestos para aumentar los ingresos del gobierno provocará (...) un incremento en el número de pobres del país, reducirá la capacidad de consumo de la población y frenará la actividad productiva.
"Es un principio general de la economía no subir impuestos enmedio de una recesión", dijo tras dictar una conferencia en la Universidad Iberoamericana.
Maskin dijo además que la propuesta económica del gobierno implica efectos negativos para toda la sociedad porque desalienta la producción y reduce la posibilidad de ingresos, además de aumentar el número de personas que viven en la pobreza.
No acabó allí el enjuiciamiento crítico a la política recaudatoria que aplicará Calderón a los mexicanos a partir de 2010. El 23 de octubre en Guadalajara, el premio Nobel de Economía 2004, Edward C. Prescott aseveró que "un aumento de impuestos lo que hace es distorsionar a las economías, de manera que las empresas no contratarán nuevos empleados ni capacitarán a sus trabajadores actuales". De pasadita recomendó reducir los niveles de corrupción.
Todo esto se dijo en el marco del debate surgido tras la presentación del paquete fiscal para 2010 que incluyó un aumento de impuestos para toda la población.
La historia posterior la conocemos. Los representantes del binomio PRI-PAN en el Congreso hicieron lo contrario de lo prescrito por los premios Nobel y por el sentido común: aprobaron elevar los impuestos enmedio de la peor crisis en que se encuentra sumergido el país.
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viernes, 20 de noviembre de 2009
miércoles, 18 de noviembre de 2009
¿Qué día es hoy? El que usted mande señor diputado
Es clásica la viñeta con que se suele ilustrar el autoritarismo priista, la servidumbre y el amplísimo poder que acumularon los mandatarios durante la "época dorada" del presidencialismo mexicano:
--¿Qué hora es? --pregunta el Ejecutivo
--Las que usted mande señor Presidente!!
Con menos gracia, pero con similar cinismo los diputados de la LXI legislatura aprobaron este martes 17 de noviembre, cerca de las 6 de la mañana, el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, excediendo más de 24 horas el límite legal que les impone la Constitución, que es el 15 de noviembre de cada año a las cero horas.
Dirán luego, en la campaña de radio y televisión que seguramente mandarán pagar, que lo hicieron "en tiempo y forma", merced a una ficción denominada "Reloj legislativo", que les permite detener artificiosa y mañosamente el tiempo.
Consiste este recurso --inventado (but of course) por una priista, Beatriz Paredes en 2001-- en iniciar la sesión ordinaria correspondiente a la aprobación del documento días u horas antes del límite, y ante la falta de acuerdos decretar un receso.
De este modo, la sesión --y con ella el tiempo-- quedan detenidos incluso más allá del plazo legal, de modo que los diputados pueden tomarse los días que quieran, pues según su ficción, cuando reanuden los trabajos, seguirá siendo el día anterior al plazo legal y así no violan la ley.
Se trata, como se ve, de una reedición de aquel antiguo pasaje de la picaresca priista. No es ésta, sin embargo, la única ficción en que vivimos los mexicanos merced a la inventiva política priista. El primero de enero de 1993 entró en vigor una reforma promovida por Carlos Salinas de Gortari, que le quitó tres ceros al peso.
Se adujo entonces que la medida facilitaría las transacciones comerciales así como la comprensión de grandes cantidades. En realidad se pretendía maquillar la inestabilidad económica en curso, pues la inflación hizo crecer enormemente el precio de las mercancías, lo que obligaba a emitir billetes con denominaciones cada vez más altas.
Los jóvenes que hoy aún no alcanzan la mayoría de edad crecieron en esa ficción. Ignoran que los libros que compran en 120 pesos, en realidad valen 1, 200. O que la paridad peso-dolar no es de 13 pesos sino de 13 mil, y que si se tiene presente esa circunstancia, se verá que de 1976 (en que el tipo de cambio era de 12.50 peso-dólar)) a la fecha, nuestra moneda no se ha devaluado sólo siete por ciento sino ¡108 mil por ciento!
De las ficciones electoral, democrática, de transparencia y rendición de cuentas, de derechos humanos y del sistema de partidos, ya mejor ni hablamos.
--¿Qué hora es? --pregunta el Ejecutivo
--Las que usted mande señor Presidente!!
Con menos gracia, pero con similar cinismo los diputados de la LXI legislatura aprobaron este martes 17 de noviembre, cerca de las 6 de la mañana, el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, excediendo más de 24 horas el límite legal que les impone la Constitución, que es el 15 de noviembre de cada año a las cero horas.
Dirán luego, en la campaña de radio y televisión que seguramente mandarán pagar, que lo hicieron "en tiempo y forma", merced a una ficción denominada "Reloj legislativo", que les permite detener artificiosa y mañosamente el tiempo.
Consiste este recurso --inventado (but of course) por una priista, Beatriz Paredes en 2001-- en iniciar la sesión ordinaria correspondiente a la aprobación del documento días u horas antes del límite, y ante la falta de acuerdos decretar un receso.
De este modo, la sesión --y con ella el tiempo-- quedan detenidos incluso más allá del plazo legal, de modo que los diputados pueden tomarse los días que quieran, pues según su ficción, cuando reanuden los trabajos, seguirá siendo el día anterior al plazo legal y así no violan la ley.
Se trata, como se ve, de una reedición de aquel antiguo pasaje de la picaresca priista. No es ésta, sin embargo, la única ficción en que vivimos los mexicanos merced a la inventiva política priista. El primero de enero de 1993 entró en vigor una reforma promovida por Carlos Salinas de Gortari, que le quitó tres ceros al peso.
Se adujo entonces que la medida facilitaría las transacciones comerciales así como la comprensión de grandes cantidades. En realidad se pretendía maquillar la inestabilidad económica en curso, pues la inflación hizo crecer enormemente el precio de las mercancías, lo que obligaba a emitir billetes con denominaciones cada vez más altas.
Los jóvenes que hoy aún no alcanzan la mayoría de edad crecieron en esa ficción. Ignoran que los libros que compran en 120 pesos, en realidad valen 1, 200. O que la paridad peso-dolar no es de 13 pesos sino de 13 mil, y que si se tiene presente esa circunstancia, se verá que de 1976 (en que el tipo de cambio era de 12.50 peso-dólar)) a la fecha, nuestra moneda no se ha devaluado sólo siete por ciento sino ¡108 mil por ciento!
De las ficciones electoral, democrática, de transparencia y rendición de cuentas, de derechos humanos y del sistema de partidos, ya mejor ni hablamos.
martes, 20 de octubre de 2009
Presupuesto: Pagar los de siempre
Los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) aprobarán hoy la Ley de Ingresos 2010, la cual aumenta de 15 a 16 por ciento en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) --de 11 en la frontera--; grava con tres por ciento todas las telecomunicaciones, excepto la telefonía móvil; sube 85 por ciento el impuesto especial a tabacos y 26 por ciento a cervezas, e impone una cuota de tres pesos a cada botella de bebidas alcohólicas.
Además, aumenta de dos a tres por ciento el gravamen a los depósitos en efectivo de 15 mil pesos en adelante e incrementa a 30 por ciento la tasa del Impuesto sobre la Renta (ISR) para personas físicas y morales.
Se trata de un paquete económico recaudatorio que le cobrará las ineficiencias gubernamentales a los mismos de siempre y que --también como siempre-- no tocará a las 400 grandes corporaciones que, beneficiadas por exenciones o amparadas en los regímenes fiscales especiales, como el de consolidación fiscal, seguirán sin pagar o pagando poco.
Recuérdese que sólo en 2008, regímenes como el mencionado impidieron al fisco recaudar 750 mil millones de pesos, más del doble del boquete de 300 mil millones que el gobierno aduce como "razón" para aumentar los impuestos del próximo año.
Excepto el pretendido impuesto de dos por ciento "para el combate a la pobreza" que gravaría a medicinas y alimentos, la dupla PRI-PAN aprobará casi en sus términos la propuesta original de Calderón. En un arreglo de cúpulas, que excluyó a la mayoría de los legisladores de ambos partidos, el duopolio partidista buscó garantizar su viabilidad electoral de cara a los comicios presidenciales de 2010, mediante la fórmula de servir a los intereses de todos los grupos de poder.
Nos encontramos ante lo que el premio Nóbel en Ciencias Económicas 2000, James J. Heckman, ha denominado "un capitalismo de amigos" que protege la creación de monopolios, hace al país perder competitividad y lo mantiene en un "sorprendente" nivel de desigualdad.
El propio Sistema de Administración Tributaria (SAT) reconoció el hecho en un informe enviado la semana pasada a la Cámara de Diputados. Ahí señala que en 2008 los 400 grandes grupos empresariales que operan en el país pagaron en promedio 1.7 por ciento por concepto de ISR amparados en el régimen de consolidación fiscal.
Pagaron sólo 85 mil millones de pesos por ingresos que ascendieron a cuatro billones 960 mil millones de pesos, cantidad equivalente al 41 por ciento del producto interno bruto de ese año. El SAT informó que el sector cosméticos obtuvo ingresos por siete mil 600 millones de pesos en 2008 y sólo pagó unos 220 millones de impuestos.
Las tiendas de autoservicio acumularon en el mismo año ingresos por 67 mil 600 millones de pesos y únicamente pagaron alrededor de seis mil millones.
Todo gracias al régimen de consolidación fiscal al cual se acogen cementeras, grandes tiendas de autoservicio y departamentales, cadenas automotrices, cerveceras, televisoras; empresas de electrodomésticos, de telecomunicaciones, papeleras, procesadoras de alimentos, distribuidoras de maquinaria y equipo, refresqueras y constructoras.
Ese régimen permite que empresas de un mismo grupo presenten un sólo estado financiero sobre el que se calcula el impuesto sobre la renta.Esto les permite posponer el pago de algunos gravámenes por operaciones celebradas entre las empresas del grupo y deducir las pérdidas fiscales de una de las empresas contra las utilidades fiscales de las otras, lo cual se traduce en los hechos en una disminución en el pago de los impuesto que les corresponden.
Estas empresas en realidad son auténticas evasoras de impuestos, pero nadie las puede acusar de tales, porque lo hacen de manera legal, gracias al régimen de complicidades y pago de favores que existe en este paraíso fiscal (para los amigos) llamado México.
Acaso por ello el presidente del Consejo Coorinador Empresarial, Armando Paredes Arroyo, se haya apresurado a declarar que eliminar ese régimen no aseguraría al país una mayor recaudación. Dice el ínclito líder empresarial que si se eliminara dicho esquema, México sería "menos atractivo para la inversión" y los corporativos trasladarían su inversión a otros países donde sí existe ese régimen.
Estamos de nuevo, ante la vieja amenaza de que siempre se vale el capital para reclamar sus privilegios: "si no me consienten, me llevo mi dinero a otra parte". Pero se trata sólo de eso. Ellos saben que si bien regímenes como el de consolidación fiscal operan en casi todo el mundo, en México lo hacen con una manga demasiado ancha. Para empezar, la definición de "pérdida" es más rigurosa en otros países, lo cual ya impide a las empresas eludir el pago de impuestos de manera tan impune.
Este régimen de complicidades, que no Estado de derecho, es lo que impide el desarrollo económico del país. Tal es el verdadero obstáculo y no la falta de "reformas estructurales" que en realidad son pretextos para eliminar las últimas resistencias que en los ámbitos laboral, energético y educativo impiden el avasallamiento social que figura en el programa de la derecha en el poder.
Además, aumenta de dos a tres por ciento el gravamen a los depósitos en efectivo de 15 mil pesos en adelante e incrementa a 30 por ciento la tasa del Impuesto sobre la Renta (ISR) para personas físicas y morales.
Se trata de un paquete económico recaudatorio que le cobrará las ineficiencias gubernamentales a los mismos de siempre y que --también como siempre-- no tocará a las 400 grandes corporaciones que, beneficiadas por exenciones o amparadas en los regímenes fiscales especiales, como el de consolidación fiscal, seguirán sin pagar o pagando poco.
Recuérdese que sólo en 2008, regímenes como el mencionado impidieron al fisco recaudar 750 mil millones de pesos, más del doble del boquete de 300 mil millones que el gobierno aduce como "razón" para aumentar los impuestos del próximo año.
Excepto el pretendido impuesto de dos por ciento "para el combate a la pobreza" que gravaría a medicinas y alimentos, la dupla PRI-PAN aprobará casi en sus términos la propuesta original de Calderón. En un arreglo de cúpulas, que excluyó a la mayoría de los legisladores de ambos partidos, el duopolio partidista buscó garantizar su viabilidad electoral de cara a los comicios presidenciales de 2010, mediante la fórmula de servir a los intereses de todos los grupos de poder.
Nos encontramos ante lo que el premio Nóbel en Ciencias Económicas 2000, James J. Heckman, ha denominado "un capitalismo de amigos" que protege la creación de monopolios, hace al país perder competitividad y lo mantiene en un "sorprendente" nivel de desigualdad.
El propio Sistema de Administración Tributaria (SAT) reconoció el hecho en un informe enviado la semana pasada a la Cámara de Diputados. Ahí señala que en 2008 los 400 grandes grupos empresariales que operan en el país pagaron en promedio 1.7 por ciento por concepto de ISR amparados en el régimen de consolidación fiscal.
Pagaron sólo 85 mil millones de pesos por ingresos que ascendieron a cuatro billones 960 mil millones de pesos, cantidad equivalente al 41 por ciento del producto interno bruto de ese año. El SAT informó que el sector cosméticos obtuvo ingresos por siete mil 600 millones de pesos en 2008 y sólo pagó unos 220 millones de impuestos.
Las tiendas de autoservicio acumularon en el mismo año ingresos por 67 mil 600 millones de pesos y únicamente pagaron alrededor de seis mil millones.
Todo gracias al régimen de consolidación fiscal al cual se acogen cementeras, grandes tiendas de autoservicio y departamentales, cadenas automotrices, cerveceras, televisoras; empresas de electrodomésticos, de telecomunicaciones, papeleras, procesadoras de alimentos, distribuidoras de maquinaria y equipo, refresqueras y constructoras.
Ese régimen permite que empresas de un mismo grupo presenten un sólo estado financiero sobre el que se calcula el impuesto sobre la renta.Esto les permite posponer el pago de algunos gravámenes por operaciones celebradas entre las empresas del grupo y deducir las pérdidas fiscales de una de las empresas contra las utilidades fiscales de las otras, lo cual se traduce en los hechos en una disminución en el pago de los impuesto que les corresponden.
Estas empresas en realidad son auténticas evasoras de impuestos, pero nadie las puede acusar de tales, porque lo hacen de manera legal, gracias al régimen de complicidades y pago de favores que existe en este paraíso fiscal (para los amigos) llamado México.
Acaso por ello el presidente del Consejo Coorinador Empresarial, Armando Paredes Arroyo, se haya apresurado a declarar que eliminar ese régimen no aseguraría al país una mayor recaudación. Dice el ínclito líder empresarial que si se eliminara dicho esquema, México sería "menos atractivo para la inversión" y los corporativos trasladarían su inversión a otros países donde sí existe ese régimen.
Estamos de nuevo, ante la vieja amenaza de que siempre se vale el capital para reclamar sus privilegios: "si no me consienten, me llevo mi dinero a otra parte". Pero se trata sólo de eso. Ellos saben que si bien regímenes como el de consolidación fiscal operan en casi todo el mundo, en México lo hacen con una manga demasiado ancha. Para empezar, la definición de "pérdida" es más rigurosa en otros países, lo cual ya impide a las empresas eludir el pago de impuestos de manera tan impune.
Este régimen de complicidades, que no Estado de derecho, es lo que impide el desarrollo económico del país. Tal es el verdadero obstáculo y no la falta de "reformas estructurales" que en realidad son pretextos para eliminar las últimas resistencias que en los ámbitos laboral, energético y educativo impiden el avasallamiento social que figura en el programa de la derecha en el poder.
jueves, 17 de septiembre de 2009
Errata
Escribí aquí el lunes pasado que ya sólo faltaba que el PAN acarreara a los pobres para presionar a los legisladores de modo que aprueben el IVA de 2 por ciento a medicinas y alimentos, habida cuenta de que el tal impuesto es para combatir la pobreza.
Me equivoqué. No es el estilo del PAN. Su estilo es presionar a la opinión pública a punta de encuestas. En efecto, el martes 15, al comparecer ante diputados, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, se sacó de la manga unas fantasmales encuestas --pues sólo él las ha visto-- las cuales indicarían que la mayoría de la población está de acuerdo en que se le cobre el tal IVA con antifaz por ser recursos destinados a los más pobres.
He ahí la estrategia panista. No sería raro que en los próximos días, encuestadores a modo como el grupo GEA, o María de las Heras, o la empresa de Ulises Beltrán (el encuestador de cabecera de Vicente Fox) publiquen sondeos que respalden los dichos del secretario.
La receta está probada. En 2006 Calderón se mantenía en un lejano tercer lugar en las preferencias electorales para la presidencia de la República de aquél año. De pronto empezó a subir en las encuestas hasta desplazar a Andrés Manuel López Obrador del primer lugar.
No digo que ese fue el único artilugio de que se valieron para asaltar aquella elección, pero fue uno de los más visibles, pues mediante esas "encuestas" fueron preparando al electorado para aparentar una cerrada competencia que luego se expresara en una cerrada votación. Vaya, era una forma de hacer creíble aquél 0.56 por ciento de los votos con que se hizo "ganar" a Calderón.
La maniobra ahí viene de nuevo. Ya Carstens la anunció, acaso presionado por el aluvión de críticas con que lo surtieron los representantes populares. Las veremos publicadas en los próximos días. Se verá en ellas cómo la población está solidariamente lista para pagar ese IVA de 2 por ciento. Y quizás hasta lo exija, ¡qué caray! con tal de paliar la pobreza. Eso dirán las tales encuestas.
Veremos...
Al tiempo.
Me equivoqué. No es el estilo del PAN. Su estilo es presionar a la opinión pública a punta de encuestas. En efecto, el martes 15, al comparecer ante diputados, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, se sacó de la manga unas fantasmales encuestas --pues sólo él las ha visto-- las cuales indicarían que la mayoría de la población está de acuerdo en que se le cobre el tal IVA con antifaz por ser recursos destinados a los más pobres.
He ahí la estrategia panista. No sería raro que en los próximos días, encuestadores a modo como el grupo GEA, o María de las Heras, o la empresa de Ulises Beltrán (el encuestador de cabecera de Vicente Fox) publiquen sondeos que respalden los dichos del secretario.
La receta está probada. En 2006 Calderón se mantenía en un lejano tercer lugar en las preferencias electorales para la presidencia de la República de aquél año. De pronto empezó a subir en las encuestas hasta desplazar a Andrés Manuel López Obrador del primer lugar.
No digo que ese fue el único artilugio de que se valieron para asaltar aquella elección, pero fue uno de los más visibles, pues mediante esas "encuestas" fueron preparando al electorado para aparentar una cerrada competencia que luego se expresara en una cerrada votación. Vaya, era una forma de hacer creíble aquél 0.56 por ciento de los votos con que se hizo "ganar" a Calderón.
La maniobra ahí viene de nuevo. Ya Carstens la anunció, acaso presionado por el aluvión de críticas con que lo surtieron los representantes populares. Las veremos publicadas en los próximos días. Se verá en ellas cómo la población está solidariamente lista para pagar ese IVA de 2 por ciento. Y quizás hasta lo exija, ¡qué caray! con tal de paliar la pobreza. Eso dirán las tales encuestas.
Veremos...
Al tiempo.
martes, 15 de septiembre de 2009
Pobres: chantaje, coartada y polarización
La insistencia del equipo de Felipe Calderón en justificar la cascada de impuestos con una supuesta y repentina preocupación por los pobres es una de las coartadas más miserables que gobierno alguno se haya podido inventar.
Los pobres y la pobreza siempre han estado ahí. Las políticas sociales de los gobiernos posrevolucionarios, primero, y las de los panistas después, sólo se han ocupado de administrar el problema mediante programas-paliativo cuya estructura está diseñada precisamente para reproducir las condiciones que mantienen a la gente en la pobreza.
Para tratar de legitimar el nuevo aluvión de impuestos incluido el de 2 por ciento al consumo generalizado, el panismo armó una estrategia que Calderón puso en marcha con su discurso del 2 de septiembre en Palacio Nacional, en el que llamó a cambiar para "lograr el México que queremos".
Su llamado-chantaje principal, lo sabemos porque lo ha repetido casi textual en cuanto acto posterior ha tenido oportunidad es: "romper las inercias y hacer a un lado cálculos e intereses particulares y asumir la gravedad de la hora para transformar al país".
La frase resulta, a la vez, una coartada y un chantaje. Lo primero porque según ha de pensar Calderón, lo eximirá de la responsabilidad histórica que ya pesa sobre él por su fallida administración. Lo segundo, porque la emplea para presionar a los legisladores de modo que le aprueben su ley de ingresos para 2010.
Adviértase como, de nuevo como en 2006, su estrategia es la polarización social. Acaso el autor de su estratagema sea el propio Antonio Solá o algún alumno aventajado de éste ya que la estructura y la lógica es la misma: enfrentar a unos contra otros.
El gobierno se pondría del lado de los pobres y así obtendría el apoyo de éstos para presionar a los inhumanos legisladores que se niegan a autorizar un impuesto que se les devolvería a los menesterosos no "copeteado" como diría Fox, sino "multiplicado" como sostiene el clásico --por su malísima alusión a José Zorrilla-- Gustavo Madero.
Ya nada más falta que pronto veamos manifestaciones de pobres acarreados por los panistas frente al Palacio Legislativo exigiendo a los diputados que les aprueben el impuesto que los afecta de manera principal a ellos mismos.
¿Qué se trata de un sacrificio para los mismos pobres? No importa. En la lógica calderoniana, incluso deberían estar dispuestos a morir por la patria. En este sentido resulta llamativa la alusión de Calderón a una frase atribuida a Morelos.
En efecto, en un acto efectuado el pasado 14 de septiembre en el Colegio Militar citando al Siervo de la Nación dijo: "Morir es nada, cuando por la patria se muere". Si se trató de un mensaje para que la gente esté dispuesta a cualquier sacrificio en aras de un mejor país, será un mensaje extremo que en esta hora nadie está dispuesto a llevar adelante.
Creer que tadavía se puede manipular con estos llamados al patrioterismo es mostrar el abismal desconocimiento que priva en Los Pinos acerca de la realidad nacional (o sea, de las condiciones de la gente).
¡Hasta la próxima!
Los pobres y la pobreza siempre han estado ahí. Las políticas sociales de los gobiernos posrevolucionarios, primero, y las de los panistas después, sólo se han ocupado de administrar el problema mediante programas-paliativo cuya estructura está diseñada precisamente para reproducir las condiciones que mantienen a la gente en la pobreza.
Para tratar de legitimar el nuevo aluvión de impuestos incluido el de 2 por ciento al consumo generalizado, el panismo armó una estrategia que Calderón puso en marcha con su discurso del 2 de septiembre en Palacio Nacional, en el que llamó a cambiar para "lograr el México que queremos".
Su llamado-chantaje principal, lo sabemos porque lo ha repetido casi textual en cuanto acto posterior ha tenido oportunidad es: "romper las inercias y hacer a un lado cálculos e intereses particulares y asumir la gravedad de la hora para transformar al país".
La frase resulta, a la vez, una coartada y un chantaje. Lo primero porque según ha de pensar Calderón, lo eximirá de la responsabilidad histórica que ya pesa sobre él por su fallida administración. Lo segundo, porque la emplea para presionar a los legisladores de modo que le aprueben su ley de ingresos para 2010.
Adviértase como, de nuevo como en 2006, su estrategia es la polarización social. Acaso el autor de su estratagema sea el propio Antonio Solá o algún alumno aventajado de éste ya que la estructura y la lógica es la misma: enfrentar a unos contra otros.
El gobierno se pondría del lado de los pobres y así obtendría el apoyo de éstos para presionar a los inhumanos legisladores que se niegan a autorizar un impuesto que se les devolvería a los menesterosos no "copeteado" como diría Fox, sino "multiplicado" como sostiene el clásico --por su malísima alusión a José Zorrilla-- Gustavo Madero.
Ya nada más falta que pronto veamos manifestaciones de pobres acarreados por los panistas frente al Palacio Legislativo exigiendo a los diputados que les aprueben el impuesto que los afecta de manera principal a ellos mismos.
¿Qué se trata de un sacrificio para los mismos pobres? No importa. En la lógica calderoniana, incluso deberían estar dispuestos a morir por la patria. En este sentido resulta llamativa la alusión de Calderón a una frase atribuida a Morelos.
En efecto, en un acto efectuado el pasado 14 de septiembre en el Colegio Militar citando al Siervo de la Nación dijo: "Morir es nada, cuando por la patria se muere". Si se trató de un mensaje para que la gente esté dispuesta a cualquier sacrificio en aras de un mejor país, será un mensaje extremo que en esta hora nadie está dispuesto a llevar adelante.
Creer que tadavía se puede manipular con estos llamados al patrioterismo es mostrar el abismal desconocimiento que priva en Los Pinos acerca de la realidad nacional (o sea, de las condiciones de la gente).
¡Hasta la próxima!
lunes, 14 de septiembre de 2009
Lehman Brothers, un año de crisis
La agencia alemana DPA recuerda que mañana se cumplirá un año de la quiebra del banco inversor estadounidense Lehman Brothers, la cual es considerada como el punto de inflexión en la crisis financiera global.
La noticia --recuerda la agencia en su despacho-- sacudió los mercados, minó la confianza en los bancos, obligó a gobiernos de todo el mundo a lanzar programas multimillonarios de reactivación y sumió a la economía en la peor recesión global de la posguerra.
Entre las múltiples causas del desastre hay una combinación, infaltable en estos casos, de ambición, codicia desmedida por ganancias fáciles, falta de regulación en los mercados que, según la tesis neoliberal podían regularse a sí mismos sin la intervención estatal y, desde luego, corrupción.
El texto de DPA repasa esas causas y destaca:
Dinero barato: Tras los atentados de 2001 la Agencia Federal estadounidense (FED) aplicó una política de dinero barato y rebajó drásticamente las tasas de interés. El aumento continuo de los precios de la vivienda y la caída de los réditos hizo que millones de personas utilizaran su casa como máquina de producir dinero. Los propietarios cancelaron sin penalización algunas hipotecas con tasas fijas y las refinanciaron.
Todo ese dinero fluyó al consumo y comenzó a generar una fiebre de compra de crédito. Alimentado por la propia política, Estados Unidos vivió hasta 2006 un inusitado boom inmobiliario.
Fiebre de consumo: Muchos propietarios aumentaron su hipoteca y compraron con ese dinero nuevos inmuebles, automóviles y electrodomésticos. La burbuja inmobiliaria y de consumo siguió inflándose. Un dólar sobrevaluado impulsó también a muchos estadounidenses a lanzarse a comprar en el extranjero.
Boom de los mercados: Las tasas bajas impulsaron los mercados de todo el mundo, en tanto que el crédito barato financió la fiebre consumista. El círculo vicioso de endeudamiento y burbuja de crédito se expandió.
Riesgo excesivo: Las garantías exigidas para respaldar un crédito hipotecario fueron rebajándose con el consentimiento de los gobiernos, hasta alcanzar la concesión de préstamos sin ningún tipo de garantía (las llamadas hipotecas subprime). Muchos hipotecados quedaron sobreendeudados y sin posibilidad de pagar los créditos contraídos.
Productos financieros complejos: En la búsqueda de mayores beneficios los banqueros de Wall Street inventaron productos financieros complejos: millones de créditos subprime se combinaron y distribuyeron en paquetes vendidos a inversores de todo el mundo, que apenas sabían el contenido real de esos productos. Hoy se les conoce como "activos tóxicos".
Codicia: Los banqueros cobraron bonificaciones vinculadas a la cantidad de papeles de riesgo vendidos, sin asumir responsabilidad alguna por las eventuales pérdidas que aportaran. Esta práctica alentó a que se corrieran riesgos cada vez mayores.
Agencias de calificación: Los especialistas en evaluar riesgos dieron altas calificaciones a valores que no las merecían. En muchos casos, las empresas pagaban a las agencias de calificación para que dieran buenas notas a sus títulos.
Regulación insuficiente: Amplios ámbitos del mundo financiero actuaron sin ningún tipo de normativa o regulación.
Escasa supervisión: Tampoco hubo supervisión eficaz del sector. Los mecanismos de vigilancia de bancos y bolsas fracasaron a la hora de prever los peligros de la burbuja que se estaba formando. Las advertencias llegaron cuando el peligro era ya inevitable. Ni siquiera fueron escuchadas, en parte porque los gobiernos veían con buenos ojos un boom económico que, entre otras cosas, hizo caer el desempleo en muchos países.
Explosión de la burbuja: Como había ocurrido con el mercado inmobiliario, también el comercio con los valores del sector se vino abajo. La caída fue tan drástica como había sido antes la subida.
Los mercados bursátiles se derrumbaron, los bancos dejaron de prestarse dinero y el sistema financiero quedó varado en una crisis de confianza como no se había conocido jamás. La industria financiera global sufrió amortizaciones por un valor que aún resta precisar, pero que se estima en billones de dólares.
El sistema global amenazaba con colapsarse cuando el 15 de septiembre de 2008 el banco inversor estadounidense Lehman Brothers anunció su quiebra. La crisis se extendió a la economía real y los problemas originalmente limitados al sector inmobiliario terminaron por contagiarse al resto de la economía hasta desencadenar una recesión mundial.
Mañana pues, se cumple un año del inicio de la pesadilla, aunque fue generada por la irresponsabilidad, la ambición y la corrupción de financieros y gobiernos, desde por lo menos siete años antes.
¡Hasta la próxima!
La noticia --recuerda la agencia en su despacho-- sacudió los mercados, minó la confianza en los bancos, obligó a gobiernos de todo el mundo a lanzar programas multimillonarios de reactivación y sumió a la economía en la peor recesión global de la posguerra.
Entre las múltiples causas del desastre hay una combinación, infaltable en estos casos, de ambición, codicia desmedida por ganancias fáciles, falta de regulación en los mercados que, según la tesis neoliberal podían regularse a sí mismos sin la intervención estatal y, desde luego, corrupción.
El texto de DPA repasa esas causas y destaca:
Dinero barato: Tras los atentados de 2001 la Agencia Federal estadounidense (FED) aplicó una política de dinero barato y rebajó drásticamente las tasas de interés. El aumento continuo de los precios de la vivienda y la caída de los réditos hizo que millones de personas utilizaran su casa como máquina de producir dinero. Los propietarios cancelaron sin penalización algunas hipotecas con tasas fijas y las refinanciaron.
Todo ese dinero fluyó al consumo y comenzó a generar una fiebre de compra de crédito. Alimentado por la propia política, Estados Unidos vivió hasta 2006 un inusitado boom inmobiliario.
Fiebre de consumo: Muchos propietarios aumentaron su hipoteca y compraron con ese dinero nuevos inmuebles, automóviles y electrodomésticos. La burbuja inmobiliaria y de consumo siguió inflándose. Un dólar sobrevaluado impulsó también a muchos estadounidenses a lanzarse a comprar en el extranjero.
Boom de los mercados: Las tasas bajas impulsaron los mercados de todo el mundo, en tanto que el crédito barato financió la fiebre consumista. El círculo vicioso de endeudamiento y burbuja de crédito se expandió.
Riesgo excesivo: Las garantías exigidas para respaldar un crédito hipotecario fueron rebajándose con el consentimiento de los gobiernos, hasta alcanzar la concesión de préstamos sin ningún tipo de garantía (las llamadas hipotecas subprime). Muchos hipotecados quedaron sobreendeudados y sin posibilidad de pagar los créditos contraídos.
Productos financieros complejos: En la búsqueda de mayores beneficios los banqueros de Wall Street inventaron productos financieros complejos: millones de créditos subprime se combinaron y distribuyeron en paquetes vendidos a inversores de todo el mundo, que apenas sabían el contenido real de esos productos. Hoy se les conoce como "activos tóxicos".
Codicia: Los banqueros cobraron bonificaciones vinculadas a la cantidad de papeles de riesgo vendidos, sin asumir responsabilidad alguna por las eventuales pérdidas que aportaran. Esta práctica alentó a que se corrieran riesgos cada vez mayores.
Agencias de calificación: Los especialistas en evaluar riesgos dieron altas calificaciones a valores que no las merecían. En muchos casos, las empresas pagaban a las agencias de calificación para que dieran buenas notas a sus títulos.
Regulación insuficiente: Amplios ámbitos del mundo financiero actuaron sin ningún tipo de normativa o regulación.
Escasa supervisión: Tampoco hubo supervisión eficaz del sector. Los mecanismos de vigilancia de bancos y bolsas fracasaron a la hora de prever los peligros de la burbuja que se estaba formando. Las advertencias llegaron cuando el peligro era ya inevitable. Ni siquiera fueron escuchadas, en parte porque los gobiernos veían con buenos ojos un boom económico que, entre otras cosas, hizo caer el desempleo en muchos países.
Explosión de la burbuja: Como había ocurrido con el mercado inmobiliario, también el comercio con los valores del sector se vino abajo. La caída fue tan drástica como había sido antes la subida.
Los mercados bursátiles se derrumbaron, los bancos dejaron de prestarse dinero y el sistema financiero quedó varado en una crisis de confianza como no se había conocido jamás. La industria financiera global sufrió amortizaciones por un valor que aún resta precisar, pero que se estima en billones de dólares.
El sistema global amenazaba con colapsarse cuando el 15 de septiembre de 2008 el banco inversor estadounidense Lehman Brothers anunció su quiebra. La crisis se extendió a la economía real y los problemas originalmente limitados al sector inmobiliario terminaron por contagiarse al resto de la economía hasta desencadenar una recesión mundial.
Mañana pues, se cumple un año del inicio de la pesadilla, aunque fue generada por la irresponsabilidad, la ambición y la corrupción de financieros y gobiernos, desde por lo menos siete años antes.
¡Hasta la próxima!
viernes, 11 de septiembre de 2009
Presupuesto 2010, adiós a las máscaras
La declaración es insólita porque revela sin asomo de duda la ideología antipopular y retrógrada de un hombre que ejerce la presidencia perseguido por la certeza del fraude. Dijo Felipe Calderón:
Los ciudadanos también podrían proponerse, siguiendo esa lógica, lo siguiente:
Resulta claro que el eje de la argumentación gubernamental para defender su política económica está centrada en ese ritornello: "el que gasta más paga más; el que gasta menos paga menos". La frase, digna de Perogrullo, ha sido repetida del martes para acá por el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, por el senador panista Gustavo Madero, por el presidente de ese partido, César Nava, y seguramente la seguiremos escuchando tan machacona como inútilmente los próximos días.
La frase dibuja, además, el verdadero y limitado sentido de los "cambios" a que se refirió Calderón al exponer su decálogo de elementos necesarios para lograr "el México que queremos".
En efecto, el cambio buscado por el grupo en el poder consiste en que la población entienda, de una vez por todas, que el Estado no está para promover la generación de empleos, ni el crecimiento económico y mucho menos para proteger pobres (por eso deben pagar impuestos para financiar la ayuda que reciben) ni para subsidiar a la población.
Se trata de una anacrónica profundización de medidas neoliberales y una descarnada forma de declarar que, ahora sí, el Estado abandona completamente las obligaciones que tiene con sus gobernados.
Es difícil saber si tal comportamiento, además de inspirado por la ideología conservadora propia de la derecha, no está además aderezado por una pizca de venganza personal de un desquiciado por el rechazo que le propinó el pueblo en las urnas el pasado 5 de julio.
Cuando Calderón dijo aquello del "México que queremos" no especificó tampoco el "quienes queremos". Ahora es obvio que se refería al país que queremos "nosotros, los que tenemos el poder".
En abono de esta teoría acerca de cómo se concibe el cambio en Los Pinos, recuérdese que el presupuesto de ingresos para 2010 deja intocados los regímenes tributarios especiales de que son beneficiarios los grandes empresarios favoritos del régimen.
Tales regímenes representan cuatro por ciento del PIB y traducido en pesos superan los 502 mil millones de pesos, cantidad con la que bien podría taparse el boquete de 300 mil millones de pesos que tendrán las finanzas públicas en 2010, sin necesidad de recurrir a un plan de choque recesivo que sólo profundizará la crisis actual y que incluso pone en riesgo la viabilidad del país.
Si el Congreso aprueba en noviembre estos despropósitos, los ciudadanos sabrán en carne propia que las ideologías existen y que ellos las convierten en expresión de la vida diaria al votar, elección tras elección, por sus enemigos históricos. Por ello, además de organización, no sobra un granito de preparación.
¡Hasta la próxima!
"Si nosotros logramos que las familias más pobres consuman menos agua, sin sacrificar sus satisfactores, y consuman menos electricidad, vamos a hacerle ahorrar a esas familias dinero contante y sonante sobre su ingreso disponible, pero también vamos a ahorrar nosotros porque cada kilovatio/hora que deje de consumirse es un subsidio que dejamos también de pagar"
Los ciudadanos también podrían proponerse, siguiendo esa lógica, lo siguiente:
"Si nosotros logramos que Calderón no viaje en aviones ni helicópteros privados sino en comerciales, y que tampoco gaste en su aparato de guardaespaldas, claro sin sacrificar su seguridad, que pague su propio automóvil, sus comidas, su gasolina y sus teléfonos, vamos a hacerle ahorrar al país dinero contante y sonante, pero también vamos ahorrar porque cada uno de esos gastos que deje de hacer con el dinero público es un subsidio que dejamos también de pagar los ciudadanos"
Resulta claro que el eje de la argumentación gubernamental para defender su política económica está centrada en ese ritornello: "el que gasta más paga más; el que gasta menos paga menos". La frase, digna de Perogrullo, ha sido repetida del martes para acá por el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, por el senador panista Gustavo Madero, por el presidente de ese partido, César Nava, y seguramente la seguiremos escuchando tan machacona como inútilmente los próximos días.
La frase dibuja, además, el verdadero y limitado sentido de los "cambios" a que se refirió Calderón al exponer su decálogo de elementos necesarios para lograr "el México que queremos".
En efecto, el cambio buscado por el grupo en el poder consiste en que la población entienda, de una vez por todas, que el Estado no está para promover la generación de empleos, ni el crecimiento económico y mucho menos para proteger pobres (por eso deben pagar impuestos para financiar la ayuda que reciben) ni para subsidiar a la población.
Se trata de una anacrónica profundización de medidas neoliberales y una descarnada forma de declarar que, ahora sí, el Estado abandona completamente las obligaciones que tiene con sus gobernados.
Es difícil saber si tal comportamiento, además de inspirado por la ideología conservadora propia de la derecha, no está además aderezado por una pizca de venganza personal de un desquiciado por el rechazo que le propinó el pueblo en las urnas el pasado 5 de julio.
Cuando Calderón dijo aquello del "México que queremos" no especificó tampoco el "quienes queremos". Ahora es obvio que se refería al país que queremos "nosotros, los que tenemos el poder".
En abono de esta teoría acerca de cómo se concibe el cambio en Los Pinos, recuérdese que el presupuesto de ingresos para 2010 deja intocados los regímenes tributarios especiales de que son beneficiarios los grandes empresarios favoritos del régimen.
Tales regímenes representan cuatro por ciento del PIB y traducido en pesos superan los 502 mil millones de pesos, cantidad con la que bien podría taparse el boquete de 300 mil millones de pesos que tendrán las finanzas públicas en 2010, sin necesidad de recurrir a un plan de choque recesivo que sólo profundizará la crisis actual y que incluso pone en riesgo la viabilidad del país.
Si el Congreso aprueba en noviembre estos despropósitos, los ciudadanos sabrán en carne propia que las ideologías existen y que ellos las convierten en expresión de la vida diaria al votar, elección tras elección, por sus enemigos históricos. Por ello, además de organización, no sobra un granito de preparación.
¡Hasta la próxima!
miércoles, 9 de septiembre de 2009
Impuestos: la manipulación
Detengámonos en las formas. Ayer el señor Felipe Calderón, primero, y el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, después, fraguaron una estrategia de comunicación para manipular a los habitantes de este país de modo que se crea que ellos, "el gobierno", se sacrificará el próximo año con un presupuesto austero, cuando en realidad, de nuevo, los verdaderamente esquilmados seremos los ciudadanos por la vía de nuevos y mayores impuestos.
Por principio de cuentas, la propuesta de Ley de Ingresos entregada ayer a la Cámara de Diputados incluye el cobro del IVA ( 2 por ciento) a medicinas y alimentos, tal como lo propuso hace unos días el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios.
El Impuesto sobre la Renta (ISR) --el impuesto al salario-- pasa de 28 a 30 por ciento, excepto a quienes ganen cuatro salarios mínimos o menos. El impuesto a los depósitos en efectivo aumenta de 2 a 3 por ciento, pero ahora se gravará a partir de 15 mil pesos y no de 25 mil como hasta ahora.
En el intento por atenuar estos anuncios, Calderón informó a las dos de la tarde la supresión de tres secretarías de Estado (Turismo, Reforma Agraria y Función Pública). En la misma línea de demostrar el sacrificio gubernamental, por la noche Carstens anunció una reducción en el gasto público programable de 218 mil millones de pesos (1.8 por ciento del PIB).
Dijo además que el déficit público será de 60 mil millones de pesos (1.5 por ciento del PIB), que se reducirá 5 por ciento la estructura de mandos superiores; 10 por ciento menos en gastos en oficinas del exterior; 10 por ciento menos en delegaciones de dependencias federales en los estados.
Anunció que habrá menos gastos en comunicación social, en servicios personales, en asesorías, en viáticos, pasajes y telefonía; que no se remodelarán oficinas ni se gastará en nuevo mobiliario.
Hay en todo ello una gran mentira. Ésta consiste en hacer creer que la clase política se sacrificará lo mismo que la población, a la cual se le merman sus menguados ingresos vía esta cascada de nuevos impuestos.
En la esfera gubernamental el tal sacrificio es aparente, pues los recortes al gasto afectarán a instituciones, en tanto que el mayor cobro de impuestos y el aumento en tarifas de servicios afectarán a personas concretas.
Así que no existe la tal solidaridad del gobierno con los gobernados. Así sea en menor cantidad, pero el señor Calderón y su gabinete seguirán disfrutando de elevados sueldos, de viáticos, alimentos, transporte, celulares, asistentes personales y medicinas sin que les cueste un centavo.
La insistencia de Calderón y Carstens de presentar por delante "el sacrificio" gubernamental para revestirse de una falsa autoridad moral al momento de anunciar los nuevos impuestos, quedó de manifiesto en una frase del secretario de Hacienda: "Una vez que el gobierno pone la muestra en el gasto, puede solicitar sin rubor la contribución de la ciudadanía".
La estrategia manipuladora de los genios en el poder llegó al extremo de presentar --en efecto, sin "rubor" alguno-- el impuesto al consumo (medicinas y alimentos), no como un gravámen sino como una ¡¡¡Contribución para el combate a la pobreza!!!!!
Véase la trampa semántica: el término contribución tiene una connotación positiva. Contribuir es "ayudar" y "cooperar", términos ambos que, a su vez, tienen un significado amable, pues evocan en el subconsciente una acción casi voluntaria para un fin que se considera valioso y, en este caso, hasta humanitario: combatir la pobreza.
El problema del esquema es que a los propios pobres también se les obliga a "contribuir" para combatir su condición, pues al comprar, así sea una raquítica e insuficiente dotación de alimentos y medicinas, también serán sujetos del mentado gravamen. ¿dónde queda entonces la famosa política social?
En realidad el gobierno esquilma a todos, pero pretende hacer pasar el nuevo impuesto como un combate a la pobreza, del cual nunca pasarán los más pobres, ya que al encarecerse los productos, se les alejan sus posibilidades de adquisición de alimentos o el acceso a la salud.
El paquete económico presentado ayer no apunta a ninguno de los "cambios de fondo" que se comprometió a impulsar Calderón en su ejercicio retórico del miércoles 2 de septiembre y en su root show posterior con entrevistadores a modo. Del eslogan "Vivir mejor" ni hablemos.
Adviértase, de nuevo, como estas medidas económicas anunciadas no aspiran a cambiar nada ni a mejorar la calidad de vida de la población. Dice Carstens que el incremento de 4 por ciento a los servicios de telecomunicación es progresivo porque, reconoce, sólo los utilizan 20 por ciento de los hogares más ricos.
En vez de aspirar a ampliar a más mexicanos esos servicios para cerrar la brecha tecnológica que existe, el gobierno tácitamente admite que esta desproporción en el uso de las telecomunicaciones así seguirá fatalmente.
"A confesión de parte, relevo de pruebas", reza un principio general del Derecho. Es decir, por un lado el decálogo calderoniano afirma su determinación de combatir la pobreza, dar atención médica universal y educación de calidad, y por otro lado, actúa como lo que verdaramente sabe: que los mexicanos más pobres así seguirán y que jamás aspirarán, por ejemplo, a contar con televisión de paga o Internet.
En el mismo sentido apunta la cínica y manida frase con que el secretario de Hacienda justifica, según él, los impuestos al consumo: "Quien más consuma más pagará". O sea ¿se trata de castigar el consumo? ¿se trata de castigar el mercado interno? ¿cómo piensan crecer a tasas de 5 por ciento para 2012 con un mercado deprimido?
¿Se trata, otra vez, de una descarada admisión de que los pobres no serán afectados por los nuevos impuestos porque ni dinero tienen para consumir?
Tal es la lógica subyacente en el paquete económico enviado al Congreso. Éste tiene hasta el 15 de noviembre para debatir, modificar o aceptar estos aberrantes postulados que ahí se plantean. Hay la versión de que la mayoría priista habría negociado la aprobación de este paquete a cambio de los nombramientos en Pemex y en la Sagarpa.
A la paraestatal llegó Juan José Suárez Coppel, identificado con el salinista ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz y con Manlio Fabio Beltrones; en tanto que el nuevo titular de la Sagarpa también representaría una concesión al PRI a cambio de su apoyo en estas reformas.
Veremos...
Por principio de cuentas, la propuesta de Ley de Ingresos entregada ayer a la Cámara de Diputados incluye el cobro del IVA ( 2 por ciento) a medicinas y alimentos, tal como lo propuso hace unos días el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios.
El Impuesto sobre la Renta (ISR) --el impuesto al salario-- pasa de 28 a 30 por ciento, excepto a quienes ganen cuatro salarios mínimos o menos. El impuesto a los depósitos en efectivo aumenta de 2 a 3 por ciento, pero ahora se gravará a partir de 15 mil pesos y no de 25 mil como hasta ahora.
En el intento por atenuar estos anuncios, Calderón informó a las dos de la tarde la supresión de tres secretarías de Estado (Turismo, Reforma Agraria y Función Pública). En la misma línea de demostrar el sacrificio gubernamental, por la noche Carstens anunció una reducción en el gasto público programable de 218 mil millones de pesos (1.8 por ciento del PIB).
Dijo además que el déficit público será de 60 mil millones de pesos (1.5 por ciento del PIB), que se reducirá 5 por ciento la estructura de mandos superiores; 10 por ciento menos en gastos en oficinas del exterior; 10 por ciento menos en delegaciones de dependencias federales en los estados.
Anunció que habrá menos gastos en comunicación social, en servicios personales, en asesorías, en viáticos, pasajes y telefonía; que no se remodelarán oficinas ni se gastará en nuevo mobiliario.
Hay en todo ello una gran mentira. Ésta consiste en hacer creer que la clase política se sacrificará lo mismo que la población, a la cual se le merman sus menguados ingresos vía esta cascada de nuevos impuestos.
En la esfera gubernamental el tal sacrificio es aparente, pues los recortes al gasto afectarán a instituciones, en tanto que el mayor cobro de impuestos y el aumento en tarifas de servicios afectarán a personas concretas.
Así que no existe la tal solidaridad del gobierno con los gobernados. Así sea en menor cantidad, pero el señor Calderón y su gabinete seguirán disfrutando de elevados sueldos, de viáticos, alimentos, transporte, celulares, asistentes personales y medicinas sin que les cueste un centavo.
La insistencia de Calderón y Carstens de presentar por delante "el sacrificio" gubernamental para revestirse de una falsa autoridad moral al momento de anunciar los nuevos impuestos, quedó de manifiesto en una frase del secretario de Hacienda: "Una vez que el gobierno pone la muestra en el gasto, puede solicitar sin rubor la contribución de la ciudadanía".
La estrategia manipuladora de los genios en el poder llegó al extremo de presentar --en efecto, sin "rubor" alguno-- el impuesto al consumo (medicinas y alimentos), no como un gravámen sino como una ¡¡¡Contribución para el combate a la pobreza!!!!!
Véase la trampa semántica: el término contribución tiene una connotación positiva. Contribuir es "ayudar" y "cooperar", términos ambos que, a su vez, tienen un significado amable, pues evocan en el subconsciente una acción casi voluntaria para un fin que se considera valioso y, en este caso, hasta humanitario: combatir la pobreza.
El problema del esquema es que a los propios pobres también se les obliga a "contribuir" para combatir su condición, pues al comprar, así sea una raquítica e insuficiente dotación de alimentos y medicinas, también serán sujetos del mentado gravamen. ¿dónde queda entonces la famosa política social?
En realidad el gobierno esquilma a todos, pero pretende hacer pasar el nuevo impuesto como un combate a la pobreza, del cual nunca pasarán los más pobres, ya que al encarecerse los productos, se les alejan sus posibilidades de adquisición de alimentos o el acceso a la salud.
El paquete económico presentado ayer no apunta a ninguno de los "cambios de fondo" que se comprometió a impulsar Calderón en su ejercicio retórico del miércoles 2 de septiembre y en su root show posterior con entrevistadores a modo. Del eslogan "Vivir mejor" ni hablemos.
Adviértase, de nuevo, como estas medidas económicas anunciadas no aspiran a cambiar nada ni a mejorar la calidad de vida de la población. Dice Carstens que el incremento de 4 por ciento a los servicios de telecomunicación es progresivo porque, reconoce, sólo los utilizan 20 por ciento de los hogares más ricos.
En vez de aspirar a ampliar a más mexicanos esos servicios para cerrar la brecha tecnológica que existe, el gobierno tácitamente admite que esta desproporción en el uso de las telecomunicaciones así seguirá fatalmente.
"A confesión de parte, relevo de pruebas", reza un principio general del Derecho. Es decir, por un lado el decálogo calderoniano afirma su determinación de combatir la pobreza, dar atención médica universal y educación de calidad, y por otro lado, actúa como lo que verdaramente sabe: que los mexicanos más pobres así seguirán y que jamás aspirarán, por ejemplo, a contar con televisión de paga o Internet.
En el mismo sentido apunta la cínica y manida frase con que el secretario de Hacienda justifica, según él, los impuestos al consumo: "Quien más consuma más pagará". O sea ¿se trata de castigar el consumo? ¿se trata de castigar el mercado interno? ¿cómo piensan crecer a tasas de 5 por ciento para 2012 con un mercado deprimido?
¿Se trata, otra vez, de una descarada admisión de que los pobres no serán afectados por los nuevos impuestos porque ni dinero tienen para consumir?
Tal es la lógica subyacente en el paquete económico enviado al Congreso. Éste tiene hasta el 15 de noviembre para debatir, modificar o aceptar estos aberrantes postulados que ahí se plantean. Hay la versión de que la mayoría priista habría negociado la aprobación de este paquete a cambio de los nombramientos en Pemex y en la Sagarpa.
A la paraestatal llegó Juan José Suárez Coppel, identificado con el salinista ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz y con Manlio Fabio Beltrones; en tanto que el nuevo titular de la Sagarpa también representaría una concesión al PRI a cambio de su apoyo en estas reformas.
Veremos...
miércoles, 2 de septiembre de 2009
Calderón: la hora del cambio
Este miércoles el señor Felipe Calderón convocó a la nación a emprender un "cambio sustancial con todos los costos y riesgos". Aún más: proclamó que es llegada la hora de cambiar y cambiar a fondo, lo cual significa no sólo dar pequeños pasos.
Desatado, pidió pasar "de la lógica de los cambios posibles, a la lógica de los cambios de fondo para superar inercias y construir el futuro". Y para ello llamó a "ponernos de acuerdo en cómo cambiar al país".
La inusual arenga tuvo lugar durante el mensaje que pronunció este 2 de septiembre en Palacio Nacional con motivo de su Tercer Informe de Gobierno.
En una primera lectura, digamos que el llamado a modificar todo el estado de cosas que prevalece en el país, para casi casi emprender una refundación de la nación mexicana, constituye un intento de Calderón por reposicionarse como interlocutor válido en el debate público.
En efecto, tras la derrota electoral que sufrió en las legislativas del 5 de julio, con las variables económicas fuera de control, con resultados desastrozos en los índices de competitividad internacional y con la cuestión social a punto de conducir a estallidos sociales, como lo han reconocido desde el propio gabinete, al michoacano no le quedaba otra que tratar de relanzar su administración o ser definitivamente rebasado políticamente desde todos los ámbitos lo que resta del sexenio.
Su margen de maniobra --y lo sabe muy bien-- ha quedado muy acotado tras perder la mayoría legislativa y en medio de una catástrofe económica profundizada por las pifias, omisiones y titubeos de su equipo económico.
Debía pues, recurrir a un golpe de timón que lo colocara al frente de una discusión que, como lo comentamos en una entrega reciente, de todos modos ya se ha iniciado en diversos ámbitos de la administración pública, la academia, y del sector privado y que ya amenazaba con rebasarlo.
El diagnóstico de esos círculos de opinión y de poder coincide en la urgencia de emprender una reforma política de fondo que reposicione al Estado como rector y guía del desarrollo económico y en modificar el modelo económico neoliberal (reforma fiscal incluida), cuyo agotamiento es evidente por el retroceso en los de por sí magros índices de crecimiento.
Aunque convocó a todos los sectores a fijar las agendas "para definir el México que queremos", Calderón delineó 10 elementos para iniciar la transformación proclamada:
1. Frenar la pobreza en que ha caído la mitad de la población y la pobreza extrema en que vive uno de cada cinco mexicanos.
2. Alcanzar la cobertura universal en materia de salud
3. Educación de calidad superando el marasmo de intereses e inercias
4. Reforma profunda de las finanzas públicas
5. Nueva generación de reformas en empresas del sector energético
6. Reforma en telecomunicaciones para que responda a las necesidades del desarrollo
7. Transformar el sector laboral con pleno respecto a los derechos de huelga y contratación colectiva
8. Reforma regulatoria de fondo
9. Profundizar y ampliar la lucha contra el crimen organizado y por la seguridad de los ciudadanos.
10. Reforma política
Se trata de una agenda política cuyos contenidos y alcances deberán ser precisados y, en efecto discutidos cabalmente con todos los sectores de opinión del país. En buena hora que Calderón haya convocado a todos a definir una agenda común, pues como lo reconoció, ya no queda otra alternativa más que darle un giro completo al curso de la nación.
Pronto se verá si en el grupo gobernante hay voluntad política para discutir un cambio en la actual política económica de corte neoliberal, o para analizar las alternativas al sistema presidencialista y el papel del Estado en la conducción del desarrollo, o para rediseñar la política social de modo que deje de ser mero paliativo a los daños causados por las medidas económicas, o para acabar con las corruptas, pero políticamente redituables estructuras del sindicalismo corporativo, como el que prevalece en el ámbito de la educación.
Se verá si hay voluntad política para terminar con los monopolios y con los excesivos cobros y pobre calidad en el ámbito de las telecomunicaciones; si se simplifican los trámites fiscales y se termina con la evasión, devolución y condonación de impuestos a los grandes contribuyentes o si la reforma energética se orienta a satisfacer las necesidades del desarrollo y no a enajenar a extranjeros los bienes del país.
El margen de maniobra y credibilidad del panismo son, sin embargo, muy reducidos, de modo que si se advierte que su encendido llamado a cambiar no es sino un mero afán por ganar tiempo para no morir de inanición los próximos tres años, incurrirá en una irresponsabilidad histórica cuyos costos habrá de pagar incluso antes de terminado el trienio.
Una muestra de la autenticidad de su voluntad de cambio la veremos pronto materializada en la Ley de Ingresos y en el presupuesto de egresos que habrá de presentar al Congreso en los próximos días. Allí sabremos si su acto de contricción empieza a traducirse en hechos.
¡Hasta la próxima!
Desatado, pidió pasar "de la lógica de los cambios posibles, a la lógica de los cambios de fondo para superar inercias y construir el futuro". Y para ello llamó a "ponernos de acuerdo en cómo cambiar al país".
La inusual arenga tuvo lugar durante el mensaje que pronunció este 2 de septiembre en Palacio Nacional con motivo de su Tercer Informe de Gobierno.
En una primera lectura, digamos que el llamado a modificar todo el estado de cosas que prevalece en el país, para casi casi emprender una refundación de la nación mexicana, constituye un intento de Calderón por reposicionarse como interlocutor válido en el debate público.
En efecto, tras la derrota electoral que sufrió en las legislativas del 5 de julio, con las variables económicas fuera de control, con resultados desastrozos en los índices de competitividad internacional y con la cuestión social a punto de conducir a estallidos sociales, como lo han reconocido desde el propio gabinete, al michoacano no le quedaba otra que tratar de relanzar su administración o ser definitivamente rebasado políticamente desde todos los ámbitos lo que resta del sexenio.
Su margen de maniobra --y lo sabe muy bien-- ha quedado muy acotado tras perder la mayoría legislativa y en medio de una catástrofe económica profundizada por las pifias, omisiones y titubeos de su equipo económico.
Debía pues, recurrir a un golpe de timón que lo colocara al frente de una discusión que, como lo comentamos en una entrega reciente, de todos modos ya se ha iniciado en diversos ámbitos de la administración pública, la academia, y del sector privado y que ya amenazaba con rebasarlo.
El diagnóstico de esos círculos de opinión y de poder coincide en la urgencia de emprender una reforma política de fondo que reposicione al Estado como rector y guía del desarrollo económico y en modificar el modelo económico neoliberal (reforma fiscal incluida), cuyo agotamiento es evidente por el retroceso en los de por sí magros índices de crecimiento.
Aunque convocó a todos los sectores a fijar las agendas "para definir el México que queremos", Calderón delineó 10 elementos para iniciar la transformación proclamada:
1. Frenar la pobreza en que ha caído la mitad de la población y la pobreza extrema en que vive uno de cada cinco mexicanos.
2. Alcanzar la cobertura universal en materia de salud
3. Educación de calidad superando el marasmo de intereses e inercias
4. Reforma profunda de las finanzas públicas
5. Nueva generación de reformas en empresas del sector energético
6. Reforma en telecomunicaciones para que responda a las necesidades del desarrollo
7. Transformar el sector laboral con pleno respecto a los derechos de huelga y contratación colectiva
8. Reforma regulatoria de fondo
9. Profundizar y ampliar la lucha contra el crimen organizado y por la seguridad de los ciudadanos.
10. Reforma política
Se trata de una agenda política cuyos contenidos y alcances deberán ser precisados y, en efecto discutidos cabalmente con todos los sectores de opinión del país. En buena hora que Calderón haya convocado a todos a definir una agenda común, pues como lo reconoció, ya no queda otra alternativa más que darle un giro completo al curso de la nación.
Pronto se verá si en el grupo gobernante hay voluntad política para discutir un cambio en la actual política económica de corte neoliberal, o para analizar las alternativas al sistema presidencialista y el papel del Estado en la conducción del desarrollo, o para rediseñar la política social de modo que deje de ser mero paliativo a los daños causados por las medidas económicas, o para acabar con las corruptas, pero políticamente redituables estructuras del sindicalismo corporativo, como el que prevalece en el ámbito de la educación.
Se verá si hay voluntad política para terminar con los monopolios y con los excesivos cobros y pobre calidad en el ámbito de las telecomunicaciones; si se simplifican los trámites fiscales y se termina con la evasión, devolución y condonación de impuestos a los grandes contribuyentes o si la reforma energética se orienta a satisfacer las necesidades del desarrollo y no a enajenar a extranjeros los bienes del país.
El margen de maniobra y credibilidad del panismo son, sin embargo, muy reducidos, de modo que si se advierte que su encendido llamado a cambiar no es sino un mero afán por ganar tiempo para no morir de inanición los próximos tres años, incurrirá en una irresponsabilidad histórica cuyos costos habrá de pagar incluso antes de terminado el trienio.
Una muestra de la autenticidad de su voluntad de cambio la veremos pronto materializada en la Ley de Ingresos y en el presupuesto de egresos que habrá de presentar al Congreso en los próximos días. Allí sabremos si su acto de contricción empieza a traducirse en hechos.
¡Hasta la próxima!
martes, 1 de septiembre de 2009
Modelo económico agotado (II)
El tercer Informe de gobierno de Felipe Calderón llega en medio de un descontrol en todos los órdenes de la vida pública, subrayado por la inoperancia gubernamental manifiesta hasta en las desaseadas maneras que tienen de operar incluso sus propios proyectos, como la pretendida fiesta personal que se habían organizado en Palacio Nacional, a despecho de las más elementales formas políticas y republicanas.
La emergencia nacional, evidente en casi todas las mediciones que se hacen de la economía, ha puesto en marcha a diversos sectores de la sociedad civil que ante la parálisis y el continuismo gubernamental han dado voces de alerta, construido consensos y formulado propuestas para tratar de enderezar el rumbo.
En ese contexto, economistas con diverso enfoque participantes en el seminario El agotamiento del modelo de desarrollo ¿Hacia dónde va México? coincidieron en tres propuestas básicas:
1. Plan de emergencia para protección del empleo y la planta productiva: Debe ser de carácter nacional y provenir de un gran acuerdo entre diversos grupos de la sociedad. Por ello, la propuesta plantea que sea en el Congreso donde se discuta y apruebe este Plan de Emergencia.
En ausencia del Plan, pero sólo de manera temporal, los expertos urgieron al Ejecutivo a promover
a) una reingeniería del presupuesto para ampliar los márgenes de política contracíclica
b) mejorar la instrumentación de los proyectos de gobierno
c) unir recursos y esfuerzos para defender empleos de la población vulnerable, así como a las pequeñas y medianas empresas; y
d) fortalecer el papel de la banca de desarrollo para ampliar el crédito destinado a vivienda, infraestructura y necesidades productivas.
2. Evitar reformas cosméticas o de mampara para mejor emprender reformas relevantes, como la Reforma del Estado de Derecho, una auténtica Reforma Fiscal integral y una Reforma a la Política Social.
Esta última con un enfoque de universalidad en materia de acceso a la educación y a los servicios de salud, basada en los principios de justicia social y de derechos humanos y sociales, no sólo en la eficiencia económica.
3. Reforma Fiscal integral: Para serlo debe mejorar la eficiencia del gasto, ser progresiva, no sólo recaudatoria y con efectos distributivos. Debe eliminar las exenciones del Impuesto sobre la Renta y no generalizar la aplicación del IVA.
Los especialistas alertaron sobre los costos sociales de una reforma que buscara aplicar impuestos a alimentos y medicinas. Asimismo, se plantearon críticas a la existencia del IETU, debido a sus propias características y por hacer aún más complejo el sistema impositivo.
Así, con una economía que no crece, con acentuadas desigualdades sociales y con una espiral de violencia que ya se nos volvió torbellino, los investigadores concuerdan en que no se puede salir adelante sólo con medidas como los anunciados recortes al gasto.
Lo que debe modificarse es el modelo económico y la agenda para ver al futuro con otra óptica. En ese contexto demandaron asimismo revisar la forma en que se adoptan las decisiones importantes en este país.
Ya no es posible decidir las principales políticas de gobierno de forma aislada o unilateral, sino mediante acuerdos que incluyan a servidores públicos, legisladores, académicos y sociedad civil, pues vivimos en una realidad política distinta.
Hay mucho que corregir y revisar en el corto plazo. No hacerlo será costosísimo. Y sin embargo, habrá que dar ese debate porque el actual grupo en el poder ha dado signos de que no está dispuesto ha emprender cambios estructurales ni a modificar la estructura de privilegios que aceita la actual maquinaria.
¡Hasta la próxima!
La emergencia nacional, evidente en casi todas las mediciones que se hacen de la economía, ha puesto en marcha a diversos sectores de la sociedad civil que ante la parálisis y el continuismo gubernamental han dado voces de alerta, construido consensos y formulado propuestas para tratar de enderezar el rumbo.
En ese contexto, economistas con diverso enfoque participantes en el seminario El agotamiento del modelo de desarrollo ¿Hacia dónde va México? coincidieron en tres propuestas básicas:
1. Plan de emergencia para protección del empleo y la planta productiva: Debe ser de carácter nacional y provenir de un gran acuerdo entre diversos grupos de la sociedad. Por ello, la propuesta plantea que sea en el Congreso donde se discuta y apruebe este Plan de Emergencia.
En ausencia del Plan, pero sólo de manera temporal, los expertos urgieron al Ejecutivo a promover
a) una reingeniería del presupuesto para ampliar los márgenes de política contracíclica
b) mejorar la instrumentación de los proyectos de gobierno
c) unir recursos y esfuerzos para defender empleos de la población vulnerable, así como a las pequeñas y medianas empresas; y
d) fortalecer el papel de la banca de desarrollo para ampliar el crédito destinado a vivienda, infraestructura y necesidades productivas.
2. Evitar reformas cosméticas o de mampara para mejor emprender reformas relevantes, como la Reforma del Estado de Derecho, una auténtica Reforma Fiscal integral y una Reforma a la Política Social.
Esta última con un enfoque de universalidad en materia de acceso a la educación y a los servicios de salud, basada en los principios de justicia social y de derechos humanos y sociales, no sólo en la eficiencia económica.
3. Reforma Fiscal integral: Para serlo debe mejorar la eficiencia del gasto, ser progresiva, no sólo recaudatoria y con efectos distributivos. Debe eliminar las exenciones del Impuesto sobre la Renta y no generalizar la aplicación del IVA.
Los especialistas alertaron sobre los costos sociales de una reforma que buscara aplicar impuestos a alimentos y medicinas. Asimismo, se plantearon críticas a la existencia del IETU, debido a sus propias características y por hacer aún más complejo el sistema impositivo.
Así, con una economía que no crece, con acentuadas desigualdades sociales y con una espiral de violencia que ya se nos volvió torbellino, los investigadores concuerdan en que no se puede salir adelante sólo con medidas como los anunciados recortes al gasto.
Lo que debe modificarse es el modelo económico y la agenda para ver al futuro con otra óptica. En ese contexto demandaron asimismo revisar la forma en que se adoptan las decisiones importantes en este país.
Ya no es posible decidir las principales políticas de gobierno de forma aislada o unilateral, sino mediante acuerdos que incluyan a servidores públicos, legisladores, académicos y sociedad civil, pues vivimos en una realidad política distinta.
Hay mucho que corregir y revisar en el corto plazo. No hacerlo será costosísimo. Y sin embargo, habrá que dar ese debate porque el actual grupo en el poder ha dado signos de que no está dispuesto ha emprender cambios estructurales ni a modificar la estructura de privilegios que aceita la actual maquinaria.
¡Hasta la próxima!
lunes, 31 de agosto de 2009
Modelo económico agotado (I)
Al instalarse, este sábado 29 de agosto, la 61 legislatura de la Cámara de diputados, Ifigenia Martínez, del Partido del Trabajo, llamó a "terminar con el ciclo neoliberal para implementar una política económica de desarrollo equitativo" a riesgo de provocar, "junto con la desigualdad imperante y la pérdida de ingresos y empleos, un estallido social de graves proporciones, en vísperas, precisamente, del segundo centenario de la guerra de Independencia y del primer centenario de la primera revolución social del siglo XX".
El llamado de la legisladora para "terminar con el ciclo neoliberal" no es una ocurrencia. De más en más, y desde muy diversos sectores, proliferan las voces que demandan un giro a la política económica por considerar "agotado" el esquema imperante.
Apenas el lunes 24 de agosto se presentaron las conclusiones de política económica del seminario El agotamiento del modelo de desarrollo ¿hacia dónde va México? organizado en la Escuela de Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal.
Entre los analistas y expertos participantes figuraron Fausto Hernández Trillo (CIDE), Ricardo Samaniego (ITAM), Sergio Cervantes (Canacintra), Arturo Mendicuti (Concanaco), Carlos Tello Macías (UNAM), Jesús Silva Herzog (ex secretario de Hacienda), Francisco Suárez Dávila (ex diputado y ex subsecretario de Hacienda), Rolando Cordera (UNAM), Rogelio Ramírez de la O (Ecanal), así como Mario Delgado y Marcelo Ebrard (GDF).
Provenientes de muy diversas instituciones académicas y de diferentes áreas de los sectores público y privado, los expertos concluyeron que el actual modelo de desarrollo económico se ha agotado, y coincidieron en la necesidad de establecer, en el corto plazo, un Plan de emergencia económica que proteja al empleo y la planta productiva.
Pero ¿cuál es el modelo del que se habla? Al presentar la relatoría de las conclusiones, el profesor-investigador del Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México, Gerardo Esquivel, explicó que los economistas no se refieren al capitalismo, sino que la crítica se refiere a dos aspectos de la versión mexicana de ese sistema:
1. El modelo económico mexicano ha privilegiado la estabilización macroeconómica por encima del crecimiento, el desarrollo económico y la generación de empleos; y
2. El muy limitado papel del Estado en una doble dimensión: la económica y la social. En la primera, porque se ha optado por un modelo económico en el cual el Estado no desempeña el papel de rector y guía del desarrollo y, en la segunda, porque el Estado no ha cumplido con los derechos sociales establecidos en la Constitución.
El más claro indicio de la inoperancia de ese modelo es, de acuerdo, con los expertos, el pobre crecimiento de las últimas tres décadas. En efecto, el crecimiento promedio del ingreso per cápita en ese periodo ha sido demasiado bajo (cercano a 1 por ciento al año) y, con la caída de este año, el ingreso per cápita en México regresará al nivel de hace una década.
Las carencias son demasiadas, la pobreza es rampante (la mitad de los mexicanos) y la desigualdad de oportunidades es ya irremontable, señalan.
Con respecto al papel del Estado, los economistas coinciden en su debilidad e incapacidad para cumplir y satisfacer las garantías sociales consagradas en la Carta Magna, ello debido a que existe una disociación importante entre las políticas social y económica.
La política social --acusaron los participantes en el seminario-- ha sido subordinada a los criterios de la política económica, la cual está dominada por criterior de estabilización y de corto plazo. Esto último ha convertido a la política social en una especie de "ambulancia que va recogiendo los heridos que deja la política económica".
Lo anterior, concluyen los analistas, ya no es sostenible y ahora se debe replantear el papel del Estado para que vuelva a ser un Estado fuerte, no obeso, pero tampoco grande y débil (fofo), como el que tenemos ahora.
Se debe buscar que el Estado intervenga en la economía en forma activa y decidida, mediante la provisión de infraestructura, pero también como promotor y rector de la economía y, sobre todo, como garante de los derechos sociales de los mexicanos.
Esto último es una cuestión capital que incluso fue puesta sobre la mesa por Barack Obama, cuando en su discurso de toma de posesión como presidente de Estados Unidos dijo: "La cuestión que debemos plantearnos hoy no es si el gobierno es demasiado grande o demasiado pequeño, sino si funciona".
Apenas el viernes pasado, al reconocer el riesgo de que se produzcan estallidos sociales, el secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero Arroyo declaro: "No hay ninguna política social que pueda compensar una recesión económica como la que sufre el mundo".
La afirmación muestra cómo en los círculos del poder, todo se sigue atribuyendo a la "crisis que nos vino de fuera". Los expertos que participaron en el seminario que aquí comentamos, documentaron lo contrario: todo se debe al modelo económico seguido por los gobiernos mexicanos.
Está ahí dibujado, en esas dos posturas, el debate ideológico que es preciso emprender.
Mañana nos referiremos a las Propuestas del seminario.
¡Hasta entonces...!
El llamado de la legisladora para "terminar con el ciclo neoliberal" no es una ocurrencia. De más en más, y desde muy diversos sectores, proliferan las voces que demandan un giro a la política económica por considerar "agotado" el esquema imperante.
Apenas el lunes 24 de agosto se presentaron las conclusiones de política económica del seminario El agotamiento del modelo de desarrollo ¿hacia dónde va México? organizado en la Escuela de Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal.
Entre los analistas y expertos participantes figuraron Fausto Hernández Trillo (CIDE), Ricardo Samaniego (ITAM), Sergio Cervantes (Canacintra), Arturo Mendicuti (Concanaco), Carlos Tello Macías (UNAM), Jesús Silva Herzog (ex secretario de Hacienda), Francisco Suárez Dávila (ex diputado y ex subsecretario de Hacienda), Rolando Cordera (UNAM), Rogelio Ramírez de la O (Ecanal), así como Mario Delgado y Marcelo Ebrard (GDF).
Provenientes de muy diversas instituciones académicas y de diferentes áreas de los sectores público y privado, los expertos concluyeron que el actual modelo de desarrollo económico se ha agotado, y coincidieron en la necesidad de establecer, en el corto plazo, un Plan de emergencia económica que proteja al empleo y la planta productiva.
Pero ¿cuál es el modelo del que se habla? Al presentar la relatoría de las conclusiones, el profesor-investigador del Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México, Gerardo Esquivel, explicó que los economistas no se refieren al capitalismo, sino que la crítica se refiere a dos aspectos de la versión mexicana de ese sistema:
1. El modelo económico mexicano ha privilegiado la estabilización macroeconómica por encima del crecimiento, el desarrollo económico y la generación de empleos; y
2. El muy limitado papel del Estado en una doble dimensión: la económica y la social. En la primera, porque se ha optado por un modelo económico en el cual el Estado no desempeña el papel de rector y guía del desarrollo y, en la segunda, porque el Estado no ha cumplido con los derechos sociales establecidos en la Constitución.
El más claro indicio de la inoperancia de ese modelo es, de acuerdo, con los expertos, el pobre crecimiento de las últimas tres décadas. En efecto, el crecimiento promedio del ingreso per cápita en ese periodo ha sido demasiado bajo (cercano a 1 por ciento al año) y, con la caída de este año, el ingreso per cápita en México regresará al nivel de hace una década.
Las carencias son demasiadas, la pobreza es rampante (la mitad de los mexicanos) y la desigualdad de oportunidades es ya irremontable, señalan.
Con respecto al papel del Estado, los economistas coinciden en su debilidad e incapacidad para cumplir y satisfacer las garantías sociales consagradas en la Carta Magna, ello debido a que existe una disociación importante entre las políticas social y económica.
La política social --acusaron los participantes en el seminario-- ha sido subordinada a los criterios de la política económica, la cual está dominada por criterior de estabilización y de corto plazo. Esto último ha convertido a la política social en una especie de "ambulancia que va recogiendo los heridos que deja la política económica".
Lo anterior, concluyen los analistas, ya no es sostenible y ahora se debe replantear el papel del Estado para que vuelva a ser un Estado fuerte, no obeso, pero tampoco grande y débil (fofo), como el que tenemos ahora.
Se debe buscar que el Estado intervenga en la economía en forma activa y decidida, mediante la provisión de infraestructura, pero también como promotor y rector de la economía y, sobre todo, como garante de los derechos sociales de los mexicanos.
Esto último es una cuestión capital que incluso fue puesta sobre la mesa por Barack Obama, cuando en su discurso de toma de posesión como presidente de Estados Unidos dijo: "La cuestión que debemos plantearnos hoy no es si el gobierno es demasiado grande o demasiado pequeño, sino si funciona".
Apenas el viernes pasado, al reconocer el riesgo de que se produzcan estallidos sociales, el secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero Arroyo declaro: "No hay ninguna política social que pueda compensar una recesión económica como la que sufre el mundo".
La afirmación muestra cómo en los círculos del poder, todo se sigue atribuyendo a la "crisis que nos vino de fuera". Los expertos que participaron en el seminario que aquí comentamos, documentaron lo contrario: todo se debe al modelo económico seguido por los gobiernos mexicanos.
Está ahí dibujado, en esas dos posturas, el debate ideológico que es preciso emprender.
Mañana nos referiremos a las Propuestas del seminario.
¡Hasta entonces...!
jueves, 20 de agosto de 2009
Crisis: errores y oportunidades
Se multiplican las evidencias de cómo la crisis "que nos vino de fuera" se acentuó en México debido a la pésima conducción del equipo económico de Felipe Calderón.
Al menos tres fuentes en los últimos días han exhibido los errores que ahora se quieren remediar mediante el fácil expediente de aumentar impuestos a la población y recortar presupuestos en rubros prioritarios, como el de educación.
Nadie podría acusar de izquierdistas al gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, al ex secretario de Hacienda Jesús Silva Herzog o a los investigadores José Luis de la Cruz y Carlos Canfield, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), quienes han señalado puntualmente las insuficiencias de la estrategia económica gubernamental.
Los académicos del Tec de Monterrey señalan que la menor recaudación fiscal de que se queja el gobierno y el recorte al gasto fueron consecuencia de los errores en la proyección del crecimiento económico formulada por la Secretaría de Hacienda.
Señalan que, como siempre, se recurre a medidas inmediatistas como los cambios fiscales, pero se olvida que al país le urge una reforma en sus finanzas públicas, en la cual se establecen las bases para alcanzar niveles de desarrollo superiores.
"La reforma a las finanzas públicas es necesaria, aunque el debate debe alcanzar a todos los sectores de la sociedad y el gobierno debe ser más autocrítico, ya que gran parte de los problemas actuales son por los yerros históricos que cometieron ellos mismos".
Durante una conferencia de prensa en la que presentaron las perspectivas económicas para el segundo semestre de 2009, De la Cruz comentó que si las autoridades sólo ven la salida a la crisis resolviendo el problema que hay en los ingresos del erario federal, se están negando a reconocer que también hay un problema en el ejercicio del gasto (es decir, agregamos nosotros, la ineficiencia y el derroche con que el gobierno gasta los recursos públicos).
Una muestra de lo mal distribuido que está el presupuesto la proporciona el hecho de que 74 por ciento se destina al gasto corriente y sólo 26 por ciento al gasto en infraestructura. De acuerdo con los investigadores, ese indicador muestra claramente que el gobierno no sabe gastar en proyectos productivos.
Es muy avezado, en cambio, en gastar en rubros que no tienen ningún impacto en el desarrollo económico, como compensaciones, asignaciones adicionales al sueldo, servicios de asesoría y consulta, subcontratación a terceros, seguros de vida personal para los altos funcionarios, seguros de gastos médicos, servicios de comunicación social y publicidad, pasajes y viáticos para "trabajos de campo", donativos a entidades sin fines de lucro, a entidades federativas y fideicomisos.
De ahí que en vez de gravar alimentos y medicinas, De la Cruz y Canfield señalan que debe eliminarse el gasto corriente ineficiente y mejorar el que se destina a inversiones productivas.
Casi en la misma línea de razonamiento, Jesús Silva Herzog afirmó (Excélsior, 14 de agosto) que
el gobierno necesita mejorar su capacidad de gasto. "No sabe gastar". Los recursos que decide ejercer se enfrentan a la burocracia, a la falta de proyectos productivos y de capacidad técnica para realizarlos.
Criticó que mientras el gobierno de Barack Obama se endeudará brutalmente al aumentar su déficit público en casi seis por ciento del PIB --en México apenas será de 1.8 por ciento-- para que sus ciudadanos salgan rápido de su situación económica difícil, en México ni siquiera hay capacidad para llevar a cabo los proyectos productivos a los que se aplicaría el gasto público.
La razón es porque no existen tales proyectos ni la capacidad técnica para llevarlos a cabo, dijo el ex embajador de México en España. Se requiere, agregó, una política gubernamental más agresiva, que sea promotora, aunque suba un poco el déficit. De lo contrario , "tendremos un déficit mayor, pero no por mayor gasto, sino por menor ingreso, completó.
"Con 11 por ciento de coeficiente tributario, y con la mayor parte de esos ingresos comprometido en gasto corriente, difícilmente podemos llevar a cabo una política realmente compensatoria y de promoción del desarrollo".
Guillermo Ortiz, el gobernador del Banco de México ha confirmado, además, que los enormes recursos adicionales por un mayor precio del petróleo se utilizaron en financiar el gasto corriente del gobierno, tanto a escala federal como estatal, en vez de destinarlos a proyectos productivos.
Por ello considera necesario, lo mismo que los investigadores del ITESM, que se revise a fondo en qué se está gastando y cómo se está gastando, así como los mecanismos de rendición de cuentas que aún son muy imperfectos a escala estatal.
También apunta como causantes del problema el tema de las finanzas públicas y la dependencia de los ingresos petroleros (que han disminuido por la caída del precio y de la producción). Esto último, según los economistas del ITESM, es algo que estaba en el horizonte y que debió estar programado.
Ahora que Calderón ha reconocido que el gobierno "no puede por sí solo" adoptar las medidas para salir del "hoyo" e hizo un llamado al dialogo a los partidos políticos, será necesario tomarle la palabra e introducir los cambios requeridos: disminuir el gasto gubernamental en salarios, prestaciones y gastos personales; en vez de afectar con más impuestos a una población ya golpeada por los efectos de la crisis, emprender una reforma fiscal que grave a los grandes capitales hasta ahora excentos de pago y emprender proyectos productivos y de infraestructura que apunten a un verdadero desarrollo económico.
En las próximas semanas se verá si la convocatoria de Calderón está presidida por un verdadero sentido de buscar ideas y nuevos consensos, o si sólo se trató de un disfrazado discurso que en realidad sólo quiera significar: "ayúdenme los partidos a aprobar nuevos impuestos y a compartir el costo político que ello signifique".
¡Hasta la próxima!
Al menos tres fuentes en los últimos días han exhibido los errores que ahora se quieren remediar mediante el fácil expediente de aumentar impuestos a la población y recortar presupuestos en rubros prioritarios, como el de educación.
Nadie podría acusar de izquierdistas al gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, al ex secretario de Hacienda Jesús Silva Herzog o a los investigadores José Luis de la Cruz y Carlos Canfield, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), quienes han señalado puntualmente las insuficiencias de la estrategia económica gubernamental.
Los académicos del Tec de Monterrey señalan que la menor recaudación fiscal de que se queja el gobierno y el recorte al gasto fueron consecuencia de los errores en la proyección del crecimiento económico formulada por la Secretaría de Hacienda.
Señalan que, como siempre, se recurre a medidas inmediatistas como los cambios fiscales, pero se olvida que al país le urge una reforma en sus finanzas públicas, en la cual se establecen las bases para alcanzar niveles de desarrollo superiores.
"La reforma a las finanzas públicas es necesaria, aunque el debate debe alcanzar a todos los sectores de la sociedad y el gobierno debe ser más autocrítico, ya que gran parte de los problemas actuales son por los yerros históricos que cometieron ellos mismos".
Durante una conferencia de prensa en la que presentaron las perspectivas económicas para el segundo semestre de 2009, De la Cruz comentó que si las autoridades sólo ven la salida a la crisis resolviendo el problema que hay en los ingresos del erario federal, se están negando a reconocer que también hay un problema en el ejercicio del gasto (es decir, agregamos nosotros, la ineficiencia y el derroche con que el gobierno gasta los recursos públicos).
Una muestra de lo mal distribuido que está el presupuesto la proporciona el hecho de que 74 por ciento se destina al gasto corriente y sólo 26 por ciento al gasto en infraestructura. De acuerdo con los investigadores, ese indicador muestra claramente que el gobierno no sabe gastar en proyectos productivos.
Es muy avezado, en cambio, en gastar en rubros que no tienen ningún impacto en el desarrollo económico, como compensaciones, asignaciones adicionales al sueldo, servicios de asesoría y consulta, subcontratación a terceros, seguros de vida personal para los altos funcionarios, seguros de gastos médicos, servicios de comunicación social y publicidad, pasajes y viáticos para "trabajos de campo", donativos a entidades sin fines de lucro, a entidades federativas y fideicomisos.
De ahí que en vez de gravar alimentos y medicinas, De la Cruz y Canfield señalan que debe eliminarse el gasto corriente ineficiente y mejorar el que se destina a inversiones productivas.
Casi en la misma línea de razonamiento, Jesús Silva Herzog afirmó (Excélsior, 14 de agosto) que
el gobierno necesita mejorar su capacidad de gasto. "No sabe gastar". Los recursos que decide ejercer se enfrentan a la burocracia, a la falta de proyectos productivos y de capacidad técnica para realizarlos.
Criticó que mientras el gobierno de Barack Obama se endeudará brutalmente al aumentar su déficit público en casi seis por ciento del PIB --en México apenas será de 1.8 por ciento-- para que sus ciudadanos salgan rápido de su situación económica difícil, en México ni siquiera hay capacidad para llevar a cabo los proyectos productivos a los que se aplicaría el gasto público.
La razón es porque no existen tales proyectos ni la capacidad técnica para llevarlos a cabo, dijo el ex embajador de México en España. Se requiere, agregó, una política gubernamental más agresiva, que sea promotora, aunque suba un poco el déficit. De lo contrario , "tendremos un déficit mayor, pero no por mayor gasto, sino por menor ingreso, completó.
"Con 11 por ciento de coeficiente tributario, y con la mayor parte de esos ingresos comprometido en gasto corriente, difícilmente podemos llevar a cabo una política realmente compensatoria y de promoción del desarrollo".
Guillermo Ortiz, el gobernador del Banco de México ha confirmado, además, que los enormes recursos adicionales por un mayor precio del petróleo se utilizaron en financiar el gasto corriente del gobierno, tanto a escala federal como estatal, en vez de destinarlos a proyectos productivos.
Por ello considera necesario, lo mismo que los investigadores del ITESM, que se revise a fondo en qué se está gastando y cómo se está gastando, así como los mecanismos de rendición de cuentas que aún son muy imperfectos a escala estatal.
También apunta como causantes del problema el tema de las finanzas públicas y la dependencia de los ingresos petroleros (que han disminuido por la caída del precio y de la producción). Esto último, según los economistas del ITESM, es algo que estaba en el horizonte y que debió estar programado.
Ahora que Calderón ha reconocido que el gobierno "no puede por sí solo" adoptar las medidas para salir del "hoyo" e hizo un llamado al dialogo a los partidos políticos, será necesario tomarle la palabra e introducir los cambios requeridos: disminuir el gasto gubernamental en salarios, prestaciones y gastos personales; en vez de afectar con más impuestos a una población ya golpeada por los efectos de la crisis, emprender una reforma fiscal que grave a los grandes capitales hasta ahora excentos de pago y emprender proyectos productivos y de infraestructura que apunten a un verdadero desarrollo económico.
En las próximas semanas se verá si la convocatoria de Calderón está presidida por un verdadero sentido de buscar ideas y nuevos consensos, o si sólo se trató de un disfrazado discurso que en realidad sólo quiera significar: "ayúdenme los partidos a aprobar nuevos impuestos y a compartir el costo político que ello signifique".
¡Hasta la próxima!
lunes, 3 de agosto de 2009
Inoperancia económica
Los signos de la debacle económica de México están por todos lados. Los de la inacción gubernamental, también.
Resulta increíble --aunque explicable por la pobre preparación, a la que ahora se une la debilidad política del gabinete y del propio Felipe Calderón-- que mientras se multiplican los índices que documentan con cifras y datos la miserable situación de las principales variables económicas, el ocupante de Los Pinos (dése al término ocupación su acepción de instalarse alguien en un sitio por la fuerza) se entretenga en bromitas (la crisis fue "casi una tormenta perfecta") o en proyectos inocuos (la cédula de identidad ciudadana).
Los incumplimientos y la ineficacia presidencial son ya alarmantes. Veamos: el 7 de enero se anunció en cadena nacional y con la rimbombancia del caso, el Acuerdo Nacional en favor de la Economía Familiar y el Empleo, el cual incluía 25 medidas contra la crisis.
El impulso al empleo, incluido en el acuerdo --tal como ocurrió con la promesa de campaña-- resultó un fiasco. El permitir, contraviniendo la ley laboral por supuesto, los llamados paros técnicos, no evitó, como se dijo, que este año se vayan a perder en total 730 mil plazas.
El apoyo a la economía familiar, que se dio al frenar los aumentos semanales al precio de la gasolina y el diesel --aunque anunciada a nivel nacional la medida no aplicó en los estados fronterizos-- y la rebaja en el precio del gas LP, ahora están a punto de compensarse, en favor del gobierno, claro.
En efecto, el gabinete económico ha sugerido que ante el boquete financiero de las finanzas públicas, podría retirarse el subsidio a las tarifas eléctricas y podría volverse al esquema de incrementos periódicos al precio de los combustibles, amén del intento que se hará de adosarle el IVA a medicinas y alimentos.
O el gobierno no cree en sus propios planes, o los sabe fallidos de antemano o carece de la capacidad operativa para llevarlos a cabo, todo lo cual no habla sino de ineficiencia que, en las actuales circunstancias del país, debiera ser hasta punible.
No de otra cosa nos habla el dato de los subejercicios gubernamentales en materia de gasto público autorizado en el presupuesto de este año, el cual asciende a cuatro mil 341.4 millones de pesos sólo en el primer trimestre de este año, cuando se dijo que el gasto se ejercería de inmediato como una forma de operar las famosas medidas contracíclicas para la recuperación de la economía.
El referido Acuerdo de enero postulaba, como una de sus líneas estratégicas, mayor inversión en infraestructura y un ejercicio oportuno del gasto. Veamos como se incumplió con esto:
De acuerdo con el Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el mayor subejercicio (dinero que el gobierno no gastó, pese a tenerlo autorizado) se concentró en la Secretaría de Comunicaciones yTransportes (SCT), encargada de obras de infraestructura, principal rubro que se supone se impulsa en un programa contracíclico.
El subejercicio en la SCT fue de 61 por ciento (2,662 millones de pesos). El resto de los recursos no ejercidos se concentró en rubros que son prioritarios en un país como el nuestro: salud (165 millones), desarrollo social (424.1 millones), medio ambiente y recursos naturales (500 millones), en energía 27.2 millones y la Procuraduría General de la República, embarcada en una guerra contra el crimen organizado dejó, sin embargo, de ejercer 20 millones de pesos.
Véase otro ejemplo de cómo los dichos gubernamentales no se acompañan con la acción. En su análisis semanal del 15 de junio, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), del cual no se puede decir que sea un organismo que profese una ideología contraria al actual grupo en el poder, documentó que incluso el programa de Primer empleo con el que Calderón hizo un balbuceante intento por dar algún contenido a su principal promesa de campaña, era un completo fracaso.
El CEESP recordó que de un presupuesto inicial de tres mil millones de pesos (2007) sólo se habían utilizado 63 millones a marzo de 2009, lo cual significa que a ese programa estrella no se han aplicado 98 por ciento de los recursos originalmente presupuestados.
Los subejercicios no son, como pudiera pensarse, ahorros. Es dinero que no se aplica a programas que se supone lo requieren porque fueron presupuestados con base en estudios técnicos en relación con las necesidades de la población que atiende cada sector de la administración pública.
Así, un subejercicio es una muestra cuantitativa, documentada e inequívoca de cómo el gobierno es incapaz de cumplir con sus propias metas expresadas en sus planes de trabajo. ¿Se requieren mayores pruebas para medir la ineficacia de este gobierno?
¡Hasta la próxima!
Resulta increíble --aunque explicable por la pobre preparación, a la que ahora se une la debilidad política del gabinete y del propio Felipe Calderón-- que mientras se multiplican los índices que documentan con cifras y datos la miserable situación de las principales variables económicas, el ocupante de Los Pinos (dése al término ocupación su acepción de instalarse alguien en un sitio por la fuerza) se entretenga en bromitas (la crisis fue "casi una tormenta perfecta") o en proyectos inocuos (la cédula de identidad ciudadana).
Los incumplimientos y la ineficacia presidencial son ya alarmantes. Veamos: el 7 de enero se anunció en cadena nacional y con la rimbombancia del caso, el Acuerdo Nacional en favor de la Economía Familiar y el Empleo, el cual incluía 25 medidas contra la crisis.
El impulso al empleo, incluido en el acuerdo --tal como ocurrió con la promesa de campaña-- resultó un fiasco. El permitir, contraviniendo la ley laboral por supuesto, los llamados paros técnicos, no evitó, como se dijo, que este año se vayan a perder en total 730 mil plazas.
El apoyo a la economía familiar, que se dio al frenar los aumentos semanales al precio de la gasolina y el diesel --aunque anunciada a nivel nacional la medida no aplicó en los estados fronterizos-- y la rebaja en el precio del gas LP, ahora están a punto de compensarse, en favor del gobierno, claro.
En efecto, el gabinete económico ha sugerido que ante el boquete financiero de las finanzas públicas, podría retirarse el subsidio a las tarifas eléctricas y podría volverse al esquema de incrementos periódicos al precio de los combustibles, amén del intento que se hará de adosarle el IVA a medicinas y alimentos.
O el gobierno no cree en sus propios planes, o los sabe fallidos de antemano o carece de la capacidad operativa para llevarlos a cabo, todo lo cual no habla sino de ineficiencia que, en las actuales circunstancias del país, debiera ser hasta punible.
No de otra cosa nos habla el dato de los subejercicios gubernamentales en materia de gasto público autorizado en el presupuesto de este año, el cual asciende a cuatro mil 341.4 millones de pesos sólo en el primer trimestre de este año, cuando se dijo que el gasto se ejercería de inmediato como una forma de operar las famosas medidas contracíclicas para la recuperación de la economía.
El referido Acuerdo de enero postulaba, como una de sus líneas estratégicas, mayor inversión en infraestructura y un ejercicio oportuno del gasto. Veamos como se incumplió con esto:
De acuerdo con el Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el mayor subejercicio (dinero que el gobierno no gastó, pese a tenerlo autorizado) se concentró en la Secretaría de Comunicaciones yTransportes (SCT), encargada de obras de infraestructura, principal rubro que se supone se impulsa en un programa contracíclico.
El subejercicio en la SCT fue de 61 por ciento (2,662 millones de pesos). El resto de los recursos no ejercidos se concentró en rubros que son prioritarios en un país como el nuestro: salud (165 millones), desarrollo social (424.1 millones), medio ambiente y recursos naturales (500 millones), en energía 27.2 millones y la Procuraduría General de la República, embarcada en una guerra contra el crimen organizado dejó, sin embargo, de ejercer 20 millones de pesos.
Véase otro ejemplo de cómo los dichos gubernamentales no se acompañan con la acción. En su análisis semanal del 15 de junio, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), del cual no se puede decir que sea un organismo que profese una ideología contraria al actual grupo en el poder, documentó que incluso el programa de Primer empleo con el que Calderón hizo un balbuceante intento por dar algún contenido a su principal promesa de campaña, era un completo fracaso.
El CEESP recordó que de un presupuesto inicial de tres mil millones de pesos (2007) sólo se habían utilizado 63 millones a marzo de 2009, lo cual significa que a ese programa estrella no se han aplicado 98 por ciento de los recursos originalmente presupuestados.
Los subejercicios no son, como pudiera pensarse, ahorros. Es dinero que no se aplica a programas que se supone lo requieren porque fueron presupuestados con base en estudios técnicos en relación con las necesidades de la población que atiende cada sector de la administración pública.
Así, un subejercicio es una muestra cuantitativa, documentada e inequívoca de cómo el gobierno es incapaz de cumplir con sus propias metas expresadas en sus planes de trabajo. ¿Se requieren mayores pruebas para medir la ineficacia de este gobierno?
¡Hasta la próxima!
jueves, 23 de julio de 2009
Calderón o el desplome
Los desastrosos resultados del señor Felipe Calderón como titular ("haiga sido como haiga sido") del poder Ejecutivo conducen de nuevo a plantearse la necesidad de revisar --para cambiarlo-- el sistema político presidencialista que nos rige.
En un sistema parlamentario, por ejemplo, el actual inquilino de Los Pinos ya hubiera recibido del Parlamento una Moción de censura que implica la dimisión constitucional del Presidente. Ante los pobres y regresivos resultados en casi todos los renglones de su administración, el señor Calderón ha perdido en los hechos la confianza de la ciudadanía y, con apenas un tercio y medio de su sexenio, enfrenta la mayor crisis política por el descontrol de las principales variables en la conducción del país.
La impericia y las mentiras con que se conduce la economía, el aumento en los índices de corrupción, la falta de transparencia, el incremento de seis millones de personas que han caído en la pobreza en sólo dos años de la presente administración, el elevado porcentaje del desempleo abierto (aumentó 46 por ciento en el último año y tiende a empeorar, según Banamex), así como los insuficientes resultados en seguridad pública, pese a la virtual militarización del país, son algunos de los saldos negros de las políticas de Calderón.
Añádase a lo anterior los rezagos en materia de competitividad (según la evaluación del Foro Económico Mundial, México está en el lugar 60 entre 134 países en este renglón) y en la productividad.
Se trata, en fin, de un recuento hiper deficitario que hace urgente la necesidad de un cambio que en estos momentos es, sin embargo, imposible constitucionalmente porque México carece de las figuras de revocación del mandato o del voto de censura del sistema parlamentario.
Y pese a lo dicho por el renunciado presidente nacional del gobernante Partido Acción Nacional, Germán Martínez, no es cierto que en ese partido o en el país exista una "cultura de la dimisión" que haga probable que Calderón tome ese camino.
De modo que es necesario iniciar una nueva reflexión y debate sobre la conveniencia de modificar el sistema presidencial por otro más dúctil para casos de crisis de incompetencia, como la que afecta al actual grupo en el poder.
En los regímenes parlamentarios, de acuerdo con Wikipedia, la moción de censura permite al Parlamento dictaminar si el Presidente sigue teniendo o no su confianza y, por lo tanto, si puede seguir gobernando. En contraparte, el Ejecutivo puede solicitar una moción de confianza para afrontar una situación de debilidad o para solicitar el respaldo parlamentario a una política concreta o a un programa.
Si el Presidente pierde la moción de confianza, generalmente está obligado a dimitir, aunque no necesariamente. La renuncia, en cambio, es obligada, si pierde una moción de censura.
Si, como se ha dicho, el país no está listo para cambiar a un régimen parlamentario, existen otras vías, como el sistema semipresidencialista que puede combinar las ventajas del parlamentarismo con las del presidencialismo, como ha mostrado Francia, una de las naciones que cuenta entre las más industrializadas del mundo.
En fin, un debate como el propuesto aquí es necesario, para no dejar al país en la indefensión ante situaciones de retroceso como la que vivimos. Con todo y lo malo que resultan los actuales índices de involución en que está sumido México, eso no es lo peor. Lo peor vendrá cuando descubramos que para volver a encarrilar al país se necesite de una o dos generaciones porque la actual está en riesgo de convertirse en una generación perdida.
Ojalá entonces no sea demasiado tarde.
¡Hasta la próxima!
En un sistema parlamentario, por ejemplo, el actual inquilino de Los Pinos ya hubiera recibido del Parlamento una Moción de censura que implica la dimisión constitucional del Presidente. Ante los pobres y regresivos resultados en casi todos los renglones de su administración, el señor Calderón ha perdido en los hechos la confianza de la ciudadanía y, con apenas un tercio y medio de su sexenio, enfrenta la mayor crisis política por el descontrol de las principales variables en la conducción del país.
La impericia y las mentiras con que se conduce la economía, el aumento en los índices de corrupción, la falta de transparencia, el incremento de seis millones de personas que han caído en la pobreza en sólo dos años de la presente administración, el elevado porcentaje del desempleo abierto (aumentó 46 por ciento en el último año y tiende a empeorar, según Banamex), así como los insuficientes resultados en seguridad pública, pese a la virtual militarización del país, son algunos de los saldos negros de las políticas de Calderón.
Añádase a lo anterior los rezagos en materia de competitividad (según la evaluación del Foro Económico Mundial, México está en el lugar 60 entre 134 países en este renglón) y en la productividad.
Se trata, en fin, de un recuento hiper deficitario que hace urgente la necesidad de un cambio que en estos momentos es, sin embargo, imposible constitucionalmente porque México carece de las figuras de revocación del mandato o del voto de censura del sistema parlamentario.
Y pese a lo dicho por el renunciado presidente nacional del gobernante Partido Acción Nacional, Germán Martínez, no es cierto que en ese partido o en el país exista una "cultura de la dimisión" que haga probable que Calderón tome ese camino.
De modo que es necesario iniciar una nueva reflexión y debate sobre la conveniencia de modificar el sistema presidencial por otro más dúctil para casos de crisis de incompetencia, como la que afecta al actual grupo en el poder.
En los regímenes parlamentarios, de acuerdo con Wikipedia, la moción de censura permite al Parlamento dictaminar si el Presidente sigue teniendo o no su confianza y, por lo tanto, si puede seguir gobernando. En contraparte, el Ejecutivo puede solicitar una moción de confianza para afrontar una situación de debilidad o para solicitar el respaldo parlamentario a una política concreta o a un programa.
Si el Presidente pierde la moción de confianza, generalmente está obligado a dimitir, aunque no necesariamente. La renuncia, en cambio, es obligada, si pierde una moción de censura.
Si, como se ha dicho, el país no está listo para cambiar a un régimen parlamentario, existen otras vías, como el sistema semipresidencialista que puede combinar las ventajas del parlamentarismo con las del presidencialismo, como ha mostrado Francia, una de las naciones que cuenta entre las más industrializadas del mundo.
En fin, un debate como el propuesto aquí es necesario, para no dejar al país en la indefensión ante situaciones de retroceso como la que vivimos. Con todo y lo malo que resultan los actuales índices de involución en que está sumido México, eso no es lo peor. Lo peor vendrá cuando descubramos que para volver a encarrilar al país se necesite de una o dos generaciones porque la actual está en riesgo de convertirse en una generación perdida.
Ojalá entonces no sea demasiado tarde.
¡Hasta la próxima!
lunes, 30 de marzo de 2009
El G-20: más de lo mismo
Mientras el mundo se moviliza en favor de acciones para superar la actual crisis económica mundial, México y América Latina parecen impasibles ante el fenómeno.Este fin de semana salieron a la calle unas 80 mil personas en Londres, Berlín, Francfort, Viena y París para presionar a los líderes de las economías más desarrolladas --que se reunirán en Londres el próximo jueves 2 de abril en la Cumbre del G-20-- con el propósito de que las medidas que adopten no sean sólo para salvar de la quiebra los bancos.
Las pancartas de esos activistas resumen bien las críticas por cómo se está enfrentando esta emergencia: "Si el mundo fuera un banco, ya lo habrían salvado" y "Nosotros no pagaremos por su crisis".
La ONU adelantó que en ese encuentro pedirá medidas para "frenar una potencial catástrofe del desarrollo humano". Las perspectivas no son alentadoras y lo peor es que no parece haber una propuesta alternativa que haga frente a los países dominantes que se aprestan a restaurar el mismo sistema económico --ese sí fallido-- que condujo a esta situación.
Para ello recurren a la ayuda del Estado, un ente del que abominaban hasta hace no mucho por ser un agente distorsionador del libre juego de las fuerzas del mercado. Así, gran parte del mundo está centrado en los rescates bancarios o en los paquetes de estímulos, sin poner demasiada atención en la crisis humanitaria que podría estarse incubando.
Apenas el martes pasado el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz alertó sobre el fenómeno. Afirmó que el plan del gobierno estadounidense para sanear los activos tóxicos de los bancos --un billón de dólares-- es un robo a los contribuyentes. A ellos les están cargando el pago por esos rescates, dijo. Algo así como un Fobaproa americano.
El presidente Barak Obama lo sabe. Por eso en una entrevista que publica hoy el Financial Times de Londres, admite que los contribuyentes tienen un saludable escepticismo, cuando perciben que su dinero no está siendo gastado en ellos sino en quienes ayudaron a precipitar esta debacle.
Sin embargo insistió en que "necesitamos estímulos y regulaciones, además de asegurarnos que daremos los pasos para prevenir que este tipo de quibras no sucedan otra vez." Pero el más claro objetivo que trazó para los participantes en la reunión es el de "dejar un contundente mensaje de unidad en el enfrentamiento de esta crisis".
En tanto, este sábado se reunieron en Chile (Viña del Mar) los presidentes de Argentina, Brasil, Chile, España, Estados Unidos, Gran Bretaña, Noruega y Uruguay. Ahí se comprometieron a llegar a la cumbre del G-20 --considerada como la más fatídica en décadas-- con el planteamiento de crear una nueva economía que permita que la prosperidad sea ampliamente compartida.
Gran cosa. Eso sí, pidieron evitar incurrir en políticas proteccionistas y concluir exitosamente la Ronda de Doha, sobre la eliminación de obstáculos al comercio internacional. Es decir, más de lo mismo: la restauración del sistema económico en crisis. Esto y la unidad que proclama Obama, para que nadie se confunda y piense en cambios más drásticos.
Mientras tanto, en México priva la parálisis. Con un criterio aldeano, la clase política local sólo parece interesada en las próximas elecciones. Las ganancias económicas y las parcelas de poder que obtendrán son suficiente razón para desentenderse de lo que ocurre en el mundo.
La gente está desmovilizada. Es cierto que la crisis vino de fuera, como insiste en señalar la propaganda gubernamental. Pero se gestó en un sistema económico seguido comedida y fielmente por nuestra clase gobernante. Así que no está exenta de responsabilidades.
domingo, 1 de febrero de 2009
Otro mundo...
El mundo vive un momento axial.
El Foro Económico Mundial y el Foro Social Mundial realizados esta semana ilustran las coordenadas en las que se inscribe la crucial disputa a escala global, entre quienes pugnan por mantener el modelo que condujo a la crisis actual --máximizar las ganancias mediante un esquema de producción que además de depauperizar a las personas está depredando el planeta-- y quienes empujan por cambios a partir de la movilización popular.
En Los Alpes suizos la reunión anual de los banqueros y gobiernos que trazan el destino del mundo transcurrió en un ambiente deprimido en el que los principales llamados fueron a no abandonar, pese a todo, el modelo globalizador.
En Brasil, en tanto, el Foro Social Mundial reunió a los movimientos sociales con cuatro mandatarios latinoamericanos considerados como los más progresistas de la región bajo una consigna que aunque lo es en sí misma, cada día adquiere más fuerza de convicción: Otro mundo es posible.
Las fechas del Foro en Davos llegaron en el momento equivocado, como suele decirse eufemísticamente en el mundo anglosajón, prácticamente a dos meses del estallido de la que es considerada la peor crisis económica que ha enfrentado la humanidad en el último medio siglo.
Así que quienes en gran medida provocaron la turbulencia se vieron obligados a comparecer para desempolvar sus argumentos favoritos; las recomendaciones cuya aplicación extrema condujeron a este momento crítico.
Ante el fantasma del regreso del proteccionismo y la regulación de los mercados, se apresuran a advertir que no nos equivoquemos, que esas medidas afectarían más a los más pobres. Exactamente el mismo argumento que vendieron cuando impusieron al mundo la globalización rampante.
"Abandonar la globalización no es la solución", dijo el primer ministro británico Gordon Brown al hacer un llamado pra evitar el proteccionismo económico. Lo que falta, según él, son nuevas reglas para el funcionamiento del sistema financiero mundial. No empecemos un proceso de desglobalización, demandó.
Estos representantes saben que cuentan con el poder necesario para emprender la restructuración del capitalismo mundial, saben que habrá opositores. A lo largo de la historia mundial ha sido así y siempre salieron adelante.
De ahí que resulte crucial los modos en que los sectores progresistas del mundo delinien la estrategia. Eso se dicutió en el Foro Social Mundial: el modelo de relación entre la lucha política y la lucha social.
Por un lado están quienes descreen de los procesos institucionales y plantean que la única solución para el cambio social es que las clases populares acumulen fuerzas. Ni la televisión ni los votos resuelven los problemas, argumentan y explican: los cambios estructurales sólo se logran con la movilización popular.
Otros señalan que para cambiar las cosas en un sentido progresista lo fundamental es la gestión gubernamental que permita elaborar políticas públicas en favor de los sectores menos favorecidos. He ahí la disyuntiva.
Por lo pronto, y por si quedaran dudas, otra cosa que dejó clara esta semana y estos foros es con quien están alineados los intereses de los mandatarios latinoamericanos.
Mientras que los presidentes Evo Morales (Bolivia), Fernando Lugo (Paraguay), Rafael Correa (Ecuador), Hugo Chávez (Venezuela) y Luiz Inacio Lula da Silva (Brasil) acudieron al Foro Social Mundial donde se discuten las alternativas para dar contenido a la convicción de que otro mundo es posible, el señor Felipe Calderón se retrató en los Alpes junto con quienes están buscando sólo cambios cosméticos para reencausar el actual modelo de dominación.
El Foro Económico Mundial y el Foro Social Mundial realizados esta semana ilustran las coordenadas en las que se inscribe la crucial disputa a escala global, entre quienes pugnan por mantener el modelo que condujo a la crisis actual --máximizar las ganancias mediante un esquema de producción que además de depauperizar a las personas está depredando el planeta-- y quienes empujan por cambios a partir de la movilización popular.
En Los Alpes suizos la reunión anual de los banqueros y gobiernos que trazan el destino del mundo transcurrió en un ambiente deprimido en el que los principales llamados fueron a no abandonar, pese a todo, el modelo globalizador.
En Brasil, en tanto, el Foro Social Mundial reunió a los movimientos sociales con cuatro mandatarios latinoamericanos considerados como los más progresistas de la región bajo una consigna que aunque lo es en sí misma, cada día adquiere más fuerza de convicción: Otro mundo es posible.
Las fechas del Foro en Davos llegaron en el momento equivocado, como suele decirse eufemísticamente en el mundo anglosajón, prácticamente a dos meses del estallido de la que es considerada la peor crisis económica que ha enfrentado la humanidad en el último medio siglo.
Así que quienes en gran medida provocaron la turbulencia se vieron obligados a comparecer para desempolvar sus argumentos favoritos; las recomendaciones cuya aplicación extrema condujeron a este momento crítico.
Ante el fantasma del regreso del proteccionismo y la regulación de los mercados, se apresuran a advertir que no nos equivoquemos, que esas medidas afectarían más a los más pobres. Exactamente el mismo argumento que vendieron cuando impusieron al mundo la globalización rampante.
"Abandonar la globalización no es la solución", dijo el primer ministro británico Gordon Brown al hacer un llamado pra evitar el proteccionismo económico. Lo que falta, según él, son nuevas reglas para el funcionamiento del sistema financiero mundial. No empecemos un proceso de desglobalización, demandó.
Estos representantes saben que cuentan con el poder necesario para emprender la restructuración del capitalismo mundial, saben que habrá opositores. A lo largo de la historia mundial ha sido así y siempre salieron adelante.
De ahí que resulte crucial los modos en que los sectores progresistas del mundo delinien la estrategia. Eso se dicutió en el Foro Social Mundial: el modelo de relación entre la lucha política y la lucha social.
Por un lado están quienes descreen de los procesos institucionales y plantean que la única solución para el cambio social es que las clases populares acumulen fuerzas. Ni la televisión ni los votos resuelven los problemas, argumentan y explican: los cambios estructurales sólo se logran con la movilización popular.
Otros señalan que para cambiar las cosas en un sentido progresista lo fundamental es la gestión gubernamental que permita elaborar políticas públicas en favor de los sectores menos favorecidos. He ahí la disyuntiva.
Por lo pronto, y por si quedaran dudas, otra cosa que dejó clara esta semana y estos foros es con quien están alineados los intereses de los mandatarios latinoamericanos.
Mientras que los presidentes Evo Morales (Bolivia), Fernando Lugo (Paraguay), Rafael Correa (Ecuador), Hugo Chávez (Venezuela) y Luiz Inacio Lula da Silva (Brasil) acudieron al Foro Social Mundial donde se discuten las alternativas para dar contenido a la convicción de que otro mundo es posible, el señor Felipe Calderón se retrató en los Alpes junto con quienes están buscando sólo cambios cosméticos para reencausar el actual modelo de dominación.
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