jueves, 12 de marzo de 2009

Florence Cassez

El caso de la ciudadana francesa Florence Cassez, sentenciada aquí a 60 años de cárcel por su participación en tres secuestros, ha desnudado la debilidad que también en el ámbito internacional aqueja al señor Felipe Calderón. Veamos por qué:

Apelando al Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas --adoptado en Estrasburgo, Francia en marzo de 1983, y cuya adhesión firmó México el 28 de junio de 2007-- el presidente francés Nicolás Sarkozy solicitó, en su reciente visita, que la mencionada convicta cumpla la condena en aquella nación.

De acuerdo con ese instrumento legal, un país solicita a otro el traslado de un reo y el Estado que recibe la petición determina si la acepta o la denega. El artículo 3 inciso f del Convenio, que prevé las condiciones de transferencia, establece que ambos estados deben estar de acuerdo con el traslado.

Ambos, es decir, si uno de ellos no acepta, el mecanismo no se lleva a cabo. Así de fácil. Para mayor abundamiento, el artículo 5 titulado Peticiones y respuestas señala en el párrafo 4 que "El Estado requerido informará al Estado requiriente...de su decisión de aceptar o denegar el traslado solicitado".

De nuevo queda explícito en ese párrafo que el mecanismo está sujeto a la aceptación del país que sentenció a la persona.

En ninguna parte del Convenio se establece que para dilucidar la cuestión de un traslado deba formarse, como lo anunciaron México y Francia, una comisión binacional que "analice los alcances" de ese instrumento, para determinar si se acepta o rechaza una petición.

La aceptación es prerrogativa exclusiva, en este caso de México, pero al acceder a formar esa comisión, el gobierno del señor Calderón tácitamente ha renunciado a ella, con lo que corrobora su condición blandengue, cuando se trata de defender los intereses de sus connacionales, en este caso de las familias afectadas por las acciones punibles de la señora Cassez.

Calderón ya había enseñado antes su debilidad ante gobiernos extranjeros en aquel episodio del primero de marzo de 2008, en el que el ejército colombiano atacó ilegalmente un campamento en Ecuador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en el que murieron cuatro estudiantes mexicanos y resultó herida Lucía Morett Álvarez.

Su actitud indolente y tibia fue, en aquella ocasión, objeto de varios señalamientos críticos. Ahora es el presidente Sarkozy quien le ha dado un baño, lo ha dejado en ridículo al darle una lección a domicilio de cómo interceder por los suyos.

Todavía está a tiempo de enmendar esa debilidad negando el traslado, pues si lo acepta, habría el riesgo real, ya advertido por varios analistas, de que la condena de 60 años impuesta aquí a Florence Cassez, pueda ser modificada si, como lo prevé el artículo 10 del convenio, la duración de la sanción fuera incompatible con la legislación, en este caso, de Francia.

O podrá adaptarla "a la pena y medida prevista por su propia ley para las infracciones de igual naturaleza" (artículo 10, párrafo 2). Ese riesgo es, como apuntamos, real, pues en aquel país la pena máxima por el delito de Cassez es de 20 años.

El Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas da la opción para que en el momento en que un país firme el instrumento de ratificación (sic), aceptación, aprobación o adhesión, indique si rechaza la aplicación de uno de los procedimientos que permitan al país que recibe al reo sustituir la sanción.

No se sabe si México hizo uso de esa reserva o si renunció a ella, lo cual ya sería una imprevisión igualmente condenable.

No habremos de vivir mucho para saberlo, pues según se anunció, la infortunada, por ilegítima (de nuevo esa palabrita en el destino de Calderón) comisión binacional dará su fallo en dos semanas.

Ese lapso es también cuestionable, pues en el Convenio tampoco se especifica un tiempo perentorio para que un país resuelva una petición de traslado.

Veremos.

lunes, 9 de marzo de 2009

Transgénicos


Justo cuando acaba de confirmarse que los genes de cultivos genéticamente modificados pueden escaparse al ambiente y contaminar los sembradíos de semillas tradicionales, México autorizó el pasado viernes la siembra de maíz transgénico para fines experimentales, pero con miras a que en unos años pueda comercializarse.

El decreto --emitido por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa)-- reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.

Como era de esperarse, la trasnacional Monsanto --líder en la producción de semillas genéticamente modificadas y cuestionada a escala mundial por el peligro potencial o real de sus productos sobre la salud humana, plantas, animales y sobre el medio ambiente-- se apresuró a aplaudir la medida, pues es la principal beneficiada por el negocio en ciernes.

Con una ignorancia enciclopédica, el ordenamiento que entró en vigor el sábado, prohíbe la liberación al ambiente de maíz genéticamente modificado que contenga características que impidan o limiten su uso o consumo humano o animal, o bien su uso en procesamiento de alimentos para consumo humano.

Los niños que en el presente ciclo escolar cursan el tercero de primaria, aprendieron en el tercer bimestre que las aves o el aire transportan el polen de una flor a otra para fecundarla y que ese mecanismo se llama polinización.

El decreto de la Sagarpa prohíbe que tal fenómeno natural se lleve a cabo. De ese tamaño resulta el despropósito con el que supuestamente pretende evitar que los plantíos de las casi 60 razas de maíz criollo que existen en diversas zonas de la república queden contaminadas por el polen del maíz transgénico cuya siembra acaban de autorizar.

En otra parte, el decreto asienta que en los casos en que las autoridades determinen la presencia no permitida de material genéticamente modificado en razas, variedades y parientes silvestres de maíz, adoptarán medidas para eliminar, controlar o mitigar dicha presencia.

Revisemos ahora la evidencia científica actual:

Un estudio --realizado por investigadores mexicanos y estadounidenses y publicado en febrero de este año en la revista Molecular Ecology-- encontró transgenes en cerca de uno por ciento de unas dos mil muestras de maíz silvestre en Oaxaca.

La investigación confirma los resultados del controvertido estudio publicado en noviembre de 2001 por la revista Nature, en el que los investigadores Ignacio Chapela y David Quist, de la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos, encontraron ADN transgénico en el genoma de las especies de maíz criollo de la Sierra norte de Oaxaca.

En aquella ocasión ese trabajo fue cuestionado por supuestos errores en los procedimientos experimentales empleados por los autores, e incluso la propia revista virtualmente descalificó la investigación al reconocer en un editorial posterior que la evidencia disponible no era suficiente para justificar la publicación del informe original.

Ocho años después, la nueva investigación realizada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad de California, Davis, confirma los resultados obtenidos por Chapela y Quist.

En una entrevista que publicó BBC/Ciencia el 26 de febrero pasado, la doctora Elena Álvarez-Buylla, del Laboratorio de Genética Molecular, Desarrollo y Evolución de Plantas, de la UNAM, quien dirigió el estudio afirmó que "los ensayos comerciales que se usan de manera tradicional pueden tener falsos negativos, asegurando que no hay transgenes cuando sí los hay".

Aunque este estudio no analiza los efectos de la contaminación transgénica, otras investigaciones sugieren que ésta podría tener consecuencias a largo plazo para la salud y el medio ambiente.

A continuación detalla lo que la Sagarpa ignora o pretende ignorar:

"El maíz es promiscuo -explica la doctora Álvarez- es decir, una mazorca se forma a partir de eventos de polinización de una multitud de donadores de polen. Y una vez que está la semilla formada, sus genes pueden viajar largas distancias tanto a través del polen como de la semilla".

La consecuencia es un "cruzamiento lejano", es decir, el desplazamiento de transgenes a cultivos convencionales o especies silvestres, y la mezcla de cultivos de semillas convencionales con cultivos genéticamente modificados.

Esto, dicen los expertos, podría tener un impacto importante sobre la inocuidad y la seguridad de los alimentos, principalmente en México, que es un centro de origen y diversidad genética del maíz.

Se piensa, por ejemplo, que la introducción de un nuevo gen a una planta puede crear un alergénico que cause una reacción en individuos susceptibles.

También hay temores sobre los riesgos desconocidos hasta ahora de la transferencia genética de alimentos transgénicos a células del organismo o bacterias gastrointestinales, que podrían afectar de forma adversa al ser humano.

Lo cierto, afirma la investigadora es que, como demuestra este estudio, los transgenes no se pueden contener. "Y mucho menos pueden coexistir sin contaminar a otras especies una vez que se siembren a campo abierto en un lugar como México, donde, como lo demuestra este estudio, los transgenes pueden pasar a las razas de maíz criollo".

Estos son maíces mejorados y seleccionados desde hace siglos para que se den bien en ciertas condiciones ambientales y respondan a las necesidades de alimentación de la región.

Por eso, dice la investigadora, la siembra de transgénicos en un centro de origen como México puede tener muchas más consecuencias e incertidumbres que la siembra en otros lugares como Estados Unidos.

"Ésta es una tecnología que puede ser muy virtuosa para la humanidad -dice Elena Álvarez-Buylla- pero necesitamos tener una visión mucho más objetiva de este tema".

Y agrega que "la bioseguridad tiene que ser parte de las políticas del Estado y por eso es necesario que el gobierno de México asuma la responsabilidad de proteger al maíz como un bien común".

¿Así o más claro?

viernes, 6 de marzo de 2009

Síndrome

Si no fuera porque resulta trágico, movería a risa ver cómo los funcionarios gubernamentales defienden los intereses de la banca extranjera por encima de los del pueblo al que están obligados a representar.

Este miércoles esos funcionarios ofrecieron en el senado de la república un espectáculo deplorable. Citados para discutir las reformas al sistema financiero --entre las que se incluye que el Congreso fije topes máximos a las elevadísimas tasas de interés que cobran los bancos al usuario-- se opusieron terminantemente a esa posibilidad.

Y lo hicieron, de nuevo, recurriéndo al argumento que calificamos aquí el martes como un síndrome, aun no bautizado. Verán ustedes: participaron en la reunión con senadores el presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Servicios Financieros (Conducef), Luis Pazos; el titular de Banca y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Guillermo Zamarripa; así como el presidente de la Asociación de Bancos de México, Enrique Castillo Sánchez Mejorada.

De éste último es lógico esperar que se oponga a una medida semejante, pero que lo haga el titular de la Conducef, un organismo creado por el gobierno para supuestamente proteger a los ahorradores y usuarios de los servicios financieros, resulta alarmante. Es lo más parecido a vivir en el mundo al revés.

Así de enrevesado es también el argumento que utilizaron para exigir a los senadores que ni se les ocurra legislar sobre topes máximos, porque tal medida (obsérvese la desfachatez del argumento), podría inhibir el crédito y perjudicar "sobre todo a los más pobres" (!!!!).

O sea, de acuerdo con esa lógica, bajarle el precio a las elevadas tasas de interés anual que usted y yo pagamos por una tarjeta de crédito, por ejemplo, es una medida que nos perjudica!!!!!

Lo anterior demuestra sin ambages, de qué lado están las autoridades de este país. En lugar de procurar las mejores condiciones que permitan a la población ser más productiva para alcanzar un mejor nivel de vida y que ello se traduzca en una nación más próspera, se alinean con quienes esquilman a esa sociedad y, lo que es peor, mediante decretos, leyes, medidas administrativas y hasta omisiones, se encargan de legalizar y tolerar ese robo a la nación.

Véanlo si no. Resulta increíble constatar cómo las autoridades hacendarias y las instancias encargadas de cuidar los intereses de los usuarios de la banca permiten que las instituciones de crédito cobren en México lo que no cobran en otros países.

Algunos ejemplos: El interés de la tarjeta de crédito Banamex-Citigroup es ocho veces superior aquí respecto de Estados Unidos; Scotiabank cobra un interés de 60 por ciento anual en México, pero menos de 16 por ciento en Canadá; en Inglaterra, HSBC cobra alrededor de 18 por ciento de interés anual y en México el cliente paga 71 por ciento.

Con un cinismo apenas disimulado, las autoridades hacendarias justifican esa desproporción diciendo que en nuestro país el cobro es más elevado debido a que los bancos tienen un mayor riesgo financiero. Aunque no lo dicen, ese argumento significa que como aquí la gente es más pobre, los bancos tienen mayor riesgo de que los usuarios de tarjetas no puedan pagar sus deudas.

Lo que ya no responden es a la pregunta de por qué en México la gente es más pobre. Y no lo hacen porque eso los conduciría a cuestionar la eficacia de las políticas gubernamentales que han conducido a esa situación.

Al final de la referida reunión, los representantes gubernamentales todavía se dieron tiempo de advertir a los senadores "que no se les pase la mano" al fijar un tope a las comisiones de los bancos porque a éstos se les puede crear un problema financiero "y eso no es bueno".

Les tiene sin cuidado, en cambio, el "problema financiero" que se le crea a la gente que paga esas altas comisiones. ¿Así o más claro?

Lo malo de todo es que el próximo mes de julio la gente seguirá votando para que esas mismas autoridades sigan en el poder.

¡Qué país!

miércoles, 4 de marzo de 2009

Tenencia

Los mexicanos vivimos un raro síndrome al que quizá algún lector --seguramente con más imaginación que este escribidor-- ayude a bautizar. Consiste éste en que según el gobierno, cualquier medida en beneficio del pueblo, en realidad lo perjudica.

Esa paradoja no es nueva, pero se ha reeditado con el asunto del impuesto que se cobra a los propietarios de vehículos automotores. La llamada tenencia vehicular es un gravamen que habría iniciado en 1968 como una medida temporal para financiar los juegos olímpicos que aquel infausto año se efectuaron en México.

En realidad surgió antes incluso que el Comité Olímpico Internacional designara oficialmente a México como organizador de la justa. Eso ocurrió en 1963 y la Ley de Ingresos del gobierno federal que entró en vigor el 1 de enero de 1962, un año antes, ya incluía esa obligación.

Y como palo dado ni dios lo quita, menos lo puede hacer un gobierno terrenal, así que el tal impuesto se quedó entre nosotros. Pero la demanda de eliminarlo reaparece cada tanto, señaladamente en periodos electorales.

El último en ofrecerlo fue el propio Felipe Calderón, sólo que una vez en la presidencia (obtenida "haiga sido como haiga sido", según su propia y ya célebre expresión) anunció que lo haría hasta 2012, es decir, en el ocaso de su administración, con lo cual se comporta de acuerdo con la conocida máxima: "que se friege el que sigue", clásica entre los políticos mexicanos.

Después de unos días de discusiones --iniciadas cuando el diputado panista Gerardo Buganza propuso suprimir ese pago a partir de este mes-- ayer finalmente los legisladores decidieron mantener el impuesto aduciendo que si se elimina, la perjudicada sería la propia población que lo paga, pues no habría recursos para educación, salud e infraestructura.

El alivio financiero que se procuraba con la medida en favor de los contribuyentes resultaba significativo, y constituía una auténtica medida de apoyo a la población agobiada en esta hora de turbulencia económica. Pero bien se ve que la solidaridad que se pregona sólo se concibe en un sentido: de la población hacia el gobierno, pero en ningún caso de éste hacia la sociedad.

El argumento de que se protege a la población esquilmándola --el síndrome al que me referí al principio-- no es nuevo. Durante muchos años el combate a la inflación se ha basado en la reducción del circulante. Es decir, restringiendo la cantidad de dinero disponible en la sociedad para evitar que con la mayor capacidad de compra (demanda) se elevara el precio de los productos (oferta).

Así se mantuvo la inflación baja, pero también se asfixió económicamente a las familias, con el argumento, otra vez, de que se las protegía, casi casi de sí mismas.

En contraparte, el gobierno no se anda con rubores al momento de pagarse. Un ejemplo de cómo se gasta el dinero de los contribuyentes, que incluye el que se recauda por concepto de tenencia, lo proporciona el gobierno de Tabasco.

El portal de la Secretaría de Administración y Finanzas de la entidad publicó el viernes 27 de febrero que la administración estatal eroga cada mes 50 millones de pesos --600 millones al año-- en el pago de una compensación denominada "bono de fatiga laboral", a trabajadores y funcionarios de primer nivel, a los que, dada la denominación del premio, ya se puede uno imaginar extenuados por la entrega y el celo con que se sacrifican por la patria.

Con un desenfado similar al mostrado por los consejeros del IFE, en su reciente affair, el gobernador Andrés Granier Melo señaló que la compensación es legal y garantiza la transparencia. Y ya con eso.

Ese modo de proceder no es, sin embargo, privativo de Tabasco; se repite puntualmente en cada una de las 31 entidades federativas restantes, por lo que es fácil comprender los verdaderos motivos que inspiran la renuencia a suprimir ingresos como los que les procura a los estados el pago de la tenencia.

Seguramente en 2012 los políticos se las volverán a arreglar para dejar sin efecto el decreto de 2007 que abroga el pago de la tenencia a partir de ese año, de modo que ésta siga representando una jugosa fuente de ingresos para funcionarios fatigados y gobernadores transparentes.

martes, 3 de marzo de 2009

Crisis

A continuación algunas estampas de cómo la crisis económica mundial empieza a expresarse en México en fenómenos cotidianos que pueden eventualmente conducir a riesgos sociales si no se actúa pronto.

La turbulencia económica mundial tomó a México --de nuevo y pese a las afirmaciones gubernamentales en contrario-- con los dedos en la puerta: en medio de una guerra contra el narcotráfico sin visos de solución por el torcido enfoque con que se enfrenta, con un aparato productivo endeble como resultado de la desarticulación de cadenas productivas, con un campo arruinado y con instituciones corrompidas o, en el "mejor" de los casos, infiltradas.

Veamos pues estas viñetas de la crisis: en lo que constituye un fenómeno relativamente nuevo, ahora la delincuencia ha puesto el ojo en el robo de granos básicos. En sólo 15 días del pasado mes de febrero, hombres armados robaron 100 toneladas de frijol en cuatro distintos asaltos a bodegas de Sinaloa. Uno de tales hurtos ocurrió a sólo 200 metros de un puesto de vigilancia, de esos que el ejército monta en las carreteras del país para evitar el tráfico de estupefacientes.

De acuerdo con una nota de Susana González en La Jornada (1/03/09), el encarecimiento del producto lo ha convertido en atractivo para los delincuentes, pues una tonelada cuesta en promedio 18 mil pesos y se puede vender directamente sin necesidad de ningún proceso de industrialización o conservación.

Ante el desabasto, la disminución en la producción --18 por ciento en relación con 2006, según cifras de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación-- (Tanto nombre para tan poca eficacia), y el consecuente encarecimiento, robar frijol empieza a ser atractivo para la delincuencia. ¿volveremos a los tiempos de la revolución en que masas empobrecidas asaltaban trenes?.

En el ámbito de la investigación científica --cuyos insumos en términos de equipos, reactivos y materiales se cotizan en dólares-- los presupuestos para este año (unos 55 mil millones de pesos) se calcularon con base en una paridad de 11.7 pesos por dólar y en apenas dos meses el billete verde ya rebasó la barrera de los 15 pesos y podría situarse en 20 para fines de año.

El hecho revela cómo en realidad las autoridades hacendarias no actuaron a tiempo ni en éste ni en otros órdenes de la actividad económica, ante la inminencia de la crisis pese a que cuando se aprobó el presupuesto de Egresos, ya mostraba sus primeros signos.

En materia de educación superior, el Sindicato de Trabajadores de la UNAM señaló, con base en datos de la demanda para el examen de selección a licenciatura realizado la semana pasada, que como resultado de la crisis unos 40 mil estudiantes abandonaron sus estudios en escuelas privadas para buscar refugio en la UNAM.

Si ya el tema de los rechazados se había vuelto recurrente año con año, con esta sobredemanda el problema seguramente se incrementará. Desde ahora es previsible que los jóvenes que resulten marginados formen organizaciones y pronto los tengamos en las calles protestando por su exclusión.

Si hasta hace poco la novedad eran estadísticas que mostraban cómo de cada 10 personas siete conocían casos de familiares que habían sido asaltados, ahora empezamos a ver como uno de cada tres sabe de alguien que ya ha perdido su empleo.

Signo de los tiempos