El G-20: más de lo mismo

Mientras el mundo se moviliza en favor de acciones para superar la actual crisis económica mundial, México y América Latina parecen impasibles ante el fenómeno.

Este fin de semana salieron a la calle unas 80 mil personas en Londres, Berlín, Francfort, Viena y París para presionar a los líderes de las economías más desarrolladas --que se reunirán en Londres el próximo jueves 2 de abril en la Cumbre del G-20-- con el propósito de que las medidas que adopten no sean sólo para salvar de la quiebra los bancos.

Las pancartas de esos activistas resumen bien las críticas por cómo se está enfrentando esta emergencia: "Si el mundo fuera un banco, ya lo habrían salvado" y "Nosotros no pagaremos por su crisis".

La ONU adelantó que en ese encuentro pedirá medidas para "frenar una potencial catástrofe del desarrollo humano". Las perspectivas no son alentadoras y lo peor es que no parece haber una propuesta alternativa que haga frente a los países dominantes que se aprestan a restaurar el mismo sistema económico --ese sí fallido-- que condujo a esta situación.

Para ello recurren a la ayuda del Estado, un ente del que abominaban hasta hace no mucho por ser un agente distorsionador del libre juego de las fuerzas del mercado. Así, gran parte del mundo está centrado en los rescates bancarios o en los paquetes de estímulos, sin poner demasiada atención en la crisis humanitaria que podría estarse incubando.

Apenas el martes pasado el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz alertó sobre el fenómeno. Afirmó que el plan del gobierno estadounidense para sanear los activos tóxicos de los bancos --un billón de dólares-- es un robo a los contribuyentes. A ellos les están cargando el pago por esos rescates, dijo. Algo así como un Fobaproa americano.

El presidente Barak Obama lo sabe. Por eso en una entrevista que publica hoy el Financial Times de Londres, admite que los contribuyentes tienen un saludable escepticismo, cuando perciben que su dinero no está siendo gastado en ellos sino en quienes ayudaron a precipitar esta debacle.

Sin embargo insistió en que "necesitamos estímulos y regulaciones, además de asegurarnos que daremos los pasos para prevenir que este tipo de quibras no sucedan otra vez." Pero el más claro objetivo que trazó para los participantes en la reunión es el de "dejar un contundente mensaje de unidad en el enfrentamiento de esta crisis".

En tanto, este sábado se reunieron en Chile (Viña del Mar) los presidentes de Argentina, Brasil, Chile, España, Estados Unidos, Gran Bretaña, Noruega y Uruguay. Ahí se comprometieron a llegar a la cumbre del G-20 --considerada como la más fatídica en décadas-- con el planteamiento de crear una nueva economía que permita que la prosperidad sea ampliamente compartida.

Gran cosa. Eso sí, pidieron evitar incurrir en políticas proteccionistas y concluir exitosamente la Ronda de Doha, sobre la eliminación de obstáculos al comercio internacional. Es decir, más de lo mismo: la restauración del sistema económico en crisis. Esto y la unidad que proclama Obama, para que nadie se confunda y piense en cambios más drásticos.

Mientras tanto, en México priva la parálisis. Con un criterio aldeano, la clase política local sólo parece interesada en las próximas elecciones. Las ganancias económicas y las parcelas de poder que obtendrán son suficiente razón para desentenderse de lo que ocurre en el mundo.

La gente está desmovilizada. Es cierto que la crisis vino de fuera, como insiste en señalar la propaganda gubernamental. Pero se gestó en un sistema económico seguido comedida y fielmente por nuestra clase gobernante. Así que no está exenta de responsabilidades.

La hora del planeta. La hora de todos

Este sábado 28 de marzo entre 8:30 y 9:30 de la noche más de 2,800 ciudades del mundo, incluida la de México, apagarán sus luces para demostrar su preocupación por el cambio climático, en el marco del evento global en que se ha convertido la campaña denominada La hora del planeta.

Se trata de que ciudadanos, empresas y organizaciones apaguen sus luces durante 60 minutos como una forma de mostrar que la preocupación por el cambio climático se ha extendido mundialmente y que ello sea tomado en cuenta por los dirigentes que participarán en diciembre en la reunión de Copenhague, donde se firmará un nuevo tratado que sustituirá al de Kyoto.

En esa reunión se pretende que el nuevo acuerdo cumpla al menos con los siguientes principios: que sea equitativo y que entre en vigor en 2013 para asegurar que las emisiones globales de gases de efecto invernadero se reduzcan en más de 80 por ciento en 2050, respecto de 1999.

Que los países desarrollados se comprometan a reducir sus emisiones en un rango de 25-40 por ciento en 2020

Aunque simbólica --por la cantidad de energía que puede ahorrarse en una hora-- la iniciativa es valiosa porque llama la atención del mundo sobre un asunto de interés también global --el cambio climático-- que pese a las evidencias científicas, hasta hace unos años fue puesto en duda por Estados Unidos debido a sus intereses económicos.

Apenas en 2007 , año en el que surgió la iniciativa en Australia, el American Enterprise Institute (AEI), un centro de estudios vinculado a la Casa Blanca, ofrecía pagos de 10 mil dólares a científicos que señalaran las debilidades del informe publicado en febrero de ese año por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés).

Ese informe argumentaba que hay 90 por ciento de posibilidades que la variación climática existente haya sido causada por la actividad humana. De acuerdo con el periódico inglés The Guardian, el AEI era financiado (but of course) por el gigante petrolero EXXonMobil.

Eran los tiempos en que el presidente estadounidense George W. Bush se negaba a aceptar los términos del Protocolo de Kyoto que pedía a los países reducir las emisiones de gases invernadero porque ello implicaba disminuir la actividad económica de consorcios tan poderosos como el mencionado.

Una nueva muestra de los efectos del calentamiento global se reportó apenas el 17 de febrero pasado cuando un sector de 14 mil kilómetros cuadrados, más grande que la isla de Hawai, se desprendió de la plataforma de hielo Wilkins en la Península Antártica.

En los últimos 50 años esa península ha experimentado el mayor aumento de temperatura registrado en el planeta: 0.5 grados centígrados por década.

De ahí que iniciativas como La hora del Planeta, propuesta por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) sean de urgente atención. Si usted puede, mañana sábado apague la luz una hora. Únase a este esfuerzo de conciencia.

No se trata, como explican los organizadores, de quedarse por completo en penumbras. Pueden encenderse velas. Lo que sí se pide es apagar focos, computadoras, televisores, juegos de video, reproductores de discos compactos y cualquier dispositivo eléctrico.

Así que ya saben. En la hora del planeta es la hora de la participación de todos.

¿Y la ciencia?

En medio de los debates cotidianos la gran ausente sigue siendo la política científica. Abandono quizá sea la palabra adecuada para ilustrar lo que ha ocurrido en la materia los últimos 9 años.

Como en el caso del combate a la pobreza, presupuestos van y vienen y el problema persiste incluso aumentado.

Una nota del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados fechada el 28 de noviembre de 2008 refiere que de acuerdo con el Gasto Interno Bruto en Investigación y Desarrollo (GERD) --medida empleada usualmente en las comparaciones internacionales-- México figura en los últimos lugares entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

De hecho, en 2005 ocupó el último lugar, cuando el GERD erogado como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) fue de sólo 0.43 por ciento, mientras que el promedio ese año para los países miembros de la OCDE fue de 2.26 por ciento y para la Unión Europea, de 1.9 por ciento.

De acuerdo con el CEFP, si se compara a México en un contexto más amplio que el de la OCDE, el resultado no es mejor. Conforme a los indicadores de Desarrollo Mundial 2007 del Banco Mundial, el gasto en Ciencia y Tecnología (CyT) de nuestro país se ubica debajo del promedio mundial que es de 2.28 por ciento.

Pero no sólo eso. Aun dentro de su categoría México no alcanza el promedio de los países de ingreso medio superior que es de 1.12 por ciento del PIB. Lo mismo sucede dentro de los propios países de la Región de Latinoamérica y del Caribe, donde el promedio es de 0.56 por ciento del PIB.

Aún más sorprendente resulta saber que incluso los países catalogados como de ingreso bajo invierten más que México en Ciencia y Tecnología. De acuerdo con el citado índice del Banco Mundial, esas naciones destinan 0.73 por ciento del PIB.

Las comparaciones internacionales en este renglón son desfavorables para México, pues se encuentra por debajo del promedio de naciones de nivel de desarrollo o categoría similar. Así, el CEFP concluye que nuestro país realiza menos de una quinta parte de la inversión en Ciencia y Tecnología que los promedios mundial y de la OCDE, y una octava parte, si la referencia se hace respecto de los países que mayor gasto destinan al rubro.

El problema no es sólo estadístico. Tiene repercusiones en el día a día, en el ingreso y en la calidad de vida de las personas. Estudios comparativos demuestran que los países que invierten en CyT logran marcados incrementos en el ingreso per cápita. Veamos:

Entre 1970 y 2000 la inversión de México en CyT como porcentaje del PIB creció 2 veces; la de Brasil se incrementó 4.5 veces, la de España, 5 y Corea aumentó 9 veces.

Como resultado de ello, el ingreso per cápita de los mexicanos se multiplicó en ese periodo sólo 3.8 veces; el de Brasil, 6.3; el ingreso de los españoles creció 7.4 veces y los coreanos aumentaron sus ingresos 25.4 veces en esos 30 años.

¿Dónde está la falla? En la asignación de recursos presupuestales, ahí donde --más allá de los rollos bienintencionados-- se expresan las verdaderas prioridades del gasto gubernamental.

Por ejemplo, el Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2008-2012 publicado en el Diario oficial de la Federación el 16 de diciembre pasado reconoce que entre 2000 y 2006 "la inversión gubernamental en IDE (Investigación y Desarrollo) sólo creció anualmente 2 por ciento debido a las restricciones presupuestales".

Pero esas "restricciones" no estuvieron presentes a la hora de gastar en publicidad. Pues en esos mismos años el gasto en servicios de comunicación social y publicidad de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal pasó de 2,547.8 millones de pesos en 2001 a más de 5, 000 millones de pesos en 2006, Es decir, registró un crecimiento de 196 por ciento. Los contrastes son explícitos y reveladores.

Pese al efecto multiplicador que tiene la ciencia y la tecnología en el crecimiento económico y en la competitividad del país, se prefiere invertir en gastos propagandísticos para legitimar o promover al gobierno en turno.

Si realmente trabajaran y ofrecieran resultados concretos, apenas si sería necesaria toda esa propaganda. Pero hay que maquillar esa falta de resultados con publicidad, pues siguiendo a Maquiavelo, nuestros próceres siguen pensando que "gobernar es hacer creer".

Banamex: otra claudicación

Un principio jurídico establece: la ley puede crear privilegios, pero no otorgarlos.

Un texto legal puede, sin proponérselo, por vía de una redacción equívoca o inexacta, crear una situación ventajosa para un individuo o un grupo social, pero jamás deberá hacerlo expresa e intencionadamente.

Pero eso es justo lo que hizo ayer el gobierno mexicano, respecto de su homólogo estadounidense al señalar que el apoyo de Estados Unidos a Citigroup, no viola la ley aplicable aquí que prohibe expresamente a personas morales extranjeras participar en el capital social de bancos, en este caso de Banamex, filial en México de Citigroup.

Con el agravante adicional que el gobierno de este país creará un privilegio retroactivo, es decir, intencional, pues anunció que propondrá reformas a la ley para legalizar esta violación y así ya nadie diga nada.

El 27 de febrero el gobierno de Barak Obama incrementó su participación de ocho a 36 por ciento en Citigroup. Se convirtió así en el dueño más grande del grupo y sus filiales (Banamex). De paso, se colocó en una situación ilegal respecto de México, cuya Ley de Instituciones de Crédito, artículo 13 establece:

"No podrán participar en forma alguna en el capital social de las instituciones de banca múltiple, personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad".

Tras más de 15 días de deliberaciones para encontrar una salida que la sacara del brete en que la colocó esa situación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) emitió ayer el comunicado de prensa 012/2009 en el que tras una especiosa argumentación concluye que no se incumple la ley.

Ello porque para que la norma sea aplicable "se requiere que la compra sea directa, es decir, que haya una adquisición de acciones de los grupos financieros en México", y en este caso la adquisición de participaciones sociales de la institución se realizó en el extranjero.

Sabedora de la fragilidad de esa explicación --puesto que la propia SHyCP reconoce en el comunicado que "es innegable que los beneficios de los apoyos otorgados en el extranjero se extienden a sus filiales en México"-- expone hacia el final del boletín su explicación estrella: que al amparo de los tratados de libre comercio se aprobaron reformas a la legislación financiera que establecieron un régimen particular para la inversión extranjera aplicable a las filiales.

Este régimen específico de tenencia accionaria no incluye "la prohibición a la inversión de personas extranjeras que ejerzan actos de autoridad que aplica al régimen accionario general".

Sin embargo, en clara contradicción con este argumento, en otra parte de ese boletín se reconoce sin ambages que la nueva situación no está prevista en ninguna ley y lo justifica de manera pedestre al decir que la prohibición a que se refiere el artículo 13 citado "data de hace más de 20 años en un contexto en que la inversión extranjera sólo se permitía de manera minoritaria (no como ahora que puede ser hasta de 100 por ciento) y no consideraba los escenarios generados por una profunda crisis económica mundial.

"En consecuencia --reconoce Hacienda-- los preceptos vigentes, dada su antiguedad no alcanzan a regular la situación actual del sistema financiero mexicano...ni los escenarios de emergencia que enfrenta el sistema financiero internacional". Así, en un mismo comunicado, la Secretaría reconoce que el asunto no está previsto en la ley y, a la vez, que sí lo está (claro, en los tratados comerciales, que así estarían por encima de las leyes generales del país, lo cual, dicho sea de paso, es inconstitucional).

En un nuevo reconocimiento de que la situación es anómala, el gobierno se apresta a modificar la ley para legalizar la hoy ilegal intervención extranjera en bancos. Es decir, en lugar de aplicar la normatividad, la va a adecuar a la circunstancia: hará un traje a la medida, sobre pedido, lo cual resulta jurídicamente aberrante.

Afirma el gobierno que la simulación, perdón, la prohibición se mantendrá, pero para "reafirmar la rectoría del Estado sobre el sistema financiero nacional" (¿habrá algo parecido a eso cuando 90 por ciento de la banca que opera en el país pertenece al capital financiero trasnacional?) se establecerán las excepciones necesarias (que permitan violar la disposición del artículo 13 mencionado).

Adicionalmente, el gobierno justifica la violación de la ley mexicana al establecer que la medida adoptada por el gobierno de Obama es temporal, pero la ley no establece salvedades para casos temporales o para cuando la voracidad del capital provoque crisis como la actual. Eso ya es, como decían los antiguos: buscarle tres pies al gato.

A este paso de interpretaciones legaloides, uno de estos días nos avisarán que es perfectamente legal el traslado de Florence Cassez a Francia para que allá le reduzcan o permuten la pena a la que fue condenada aquí.

El morbo del caso ya sólo radica en ver qué argucias se blandirán para justificar una nueva genuflexión del señor Calderón ante intereses extranjeros.

Prepárense!

Salarios máximos

El muy celebrado dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados sobre la Ley de salarios máximos --ningún servidor público podrá ganar más que el Presidente de la República, a partir del 1 de enero de 2010-- deja intocada, sin embargo, la discusión sobre el costo social de los funcionarios de alto nivel.

El criterio según el cual el Presidente será el referente salarial en la pirámide jerárquica del poder es asaz subjetivo. En México, como veremos, nadie en realidad gana más que el titular del poder Ejecutivo y, rigurosamente, ningún funcionario percibe el sueldo asignado para cada puesto en el tabulador respectivo.

Aunque el nuevo ordenamiento prevé transparentar los ingresos percibidos vía bonos, prestaciones y compensaciones, existe todavía un costo social incuantificable y a salvo de cualquier escrutinio institucional (automóviles, celulares, equipos de radiocomunicación, gastos de alimentación, de representación, vales de gasolina, vestuario) y servicios personales, entre los que figuran una cauda de ayudantes, jardineros, carpinteros, choferes, sastres, cocineros, meseros, guardaespaldas, peluqueros, médicos.

Esos ingresos en especie son tan significativos que, como en el caso del Presidente y quizá de otros funcionarios, le permiten incluso no vivir de su salario. Es decir, alguien con todos esos servicios a su disposición puede muy bien no gastar un centavo de su ingreso y acumularlo íntegramente.

No se pide que los considerados funcionarios de primer nivel, de los tres poderes de la Unión, carezcan de los apoyos necesarios para el atingente desempeño de sus labores, o que se les escatimen recursos que los priven de la dignidad y el decoro que debe corresponder a quienes están al servicio de la República, pero de ahí a procurarles una vida pagada, equivale a remunerarlos dos veces.

Equivale, además, a mantener una casta dorada, separada del resto de los trabajadores que sí viven de su sueldo. Los políticos no tienen por qué ser la excepción, puesto que también son profesionales.

Muchas veces se ha oído decir a los políticos que si el gobierno no pagara bien, no habría quien quisiera aceptar un cargo público. El argumento es falaz. Equivale a un velado chantaje, como el expresada por un ministro de la Corte, quien para justificar los desproporcionados salarios que devengan sugirió que de ese modo se evita que caigan en la tentación de algún soborno.

Eso es como si estuvieran al mejor postor. "Si no nos pagan bien, podemos torcer la ley en favor de quien sí nos llegue al precio", parece ser el cínico razonamiento detrás de esa declaración.

Enhorabuena que en un país en las circunstancias del nuestro se intente cerrar la puerta a los abusos que tienen lugar en casi todas las esferas del poder público, señaladamente en materia de salarios. Pues como ya se ha visto en el caso de los llamados órganos autónomos, este rasgo a menudo se confunde con discrecionalidad y ha dado lugar a la autoasignación de remuneraciones socialmente insultantes.

Sin embargo, el criterio de que el tope sea el Presidente tiene sus bemoles, como hemos visto. Un criterio objetivo, cercano a la realidad e incontrastable para fijar esos sueldos debería ser el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

Cuántos de esos minisalarios debe ganar un secretario de Estado, un ministro de la Corte o un consejero del IFE incluidos los ingresos ocultos o costos sociales: ¿100, 1000, 10 mil o 20 mil salarios mínimos? Además de que se establecería un criterio medible, serviría para tener siempre presente la brecha entre unos y otros, no como un referente mazoquista, sino de auténtica transparencia.