Una nueva muestra de como la administración federal panista gobierna con los dados cargados en favor de unos cuantos, lo constituye el modo desaseado e ilegal en que se quiso terminar con la huelga que desde julio de 2007 mantiene el sindicato minero contra el Grupo México, de Germán Larrea, dueño de la empresa minera Mexicana de Cananea.
El asunto tiene reminiscencias porfiristas, no sólo porque en 1910 una huelga en esa misma empresa --situada en Cananea, Sonora-- contó entre las causas que descompusieron el orden prevaleciente y dieron lugar al levantamiento armado, sino porque recuerda la divisa porfirista: "A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas".
Sin que en este caso mediara la justicia, se quiso beneficiar al amigo del presidente (el dueño del grupo México) de un modo tan burdo que estuvo a punto de desatar la violencia en contra de los trabajadores.
Consistió la maniobra en alegar la empresa que las instalaciones y equipo de la mina habían sufrido daños irreparables. El argumento lo avaló la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía, la cual, tras una inspección, determinó que debido a esa causa "era imposible realizar trabajos de minería".
En sintonía con esa maniobra, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), dependiente de la Secretaría del Trabajo, emitió entonces un laudo en el que aprobó el despido de los mil 200 trabajadores del sindicato minero en huelga, pues según eso "la empresa acreditó la existencia de una causa de fuerza mayor, consistente en que la Unidad Minera de Cananea se encuentra con daños y destrucción ocasionados a la maquinaria, materiales, instalaciones y equipos esenciales para su funcionamiento y operación, que son de tal gravedad que producen como consecuencia necesaria, inmediata y directa, la terminación de los trabajos".
Debido a que una causa como esa no es imputable a la empresa, la JFCA aprobó el despido de los trabajadores, y, de paso, la terminación de la huelga (que en realidad era el fin principal de la maniobra avalada por la Secretaría del Trabajo), pues como dijo, entre burlón y festivo, el abogado del Grupo México, Salvador Rocha Díaz, "no habiendo contrato colectivo de trabajo, entonces tampoco hay huelga".
Un amparo conseguido por los mineros dejó sin efectos temporales el laudo señalado y aun evitó que fueran desalojados por la fuerza de su centro de trabajo por agentes de la Policía Federal Preventiva, pero el episodio dejó clara la proclividad gubernamental a proteger las tropelías de sus socios (en este Caso Germán Larrea) violando e incluso anulando derechos fundamentales, como el de huelga.
No es, sin embargo, la primera vez que el gobierno protege a ese empresario. El Grupo México también es propietario de la mina Pasta de Conchos, en el poblado de San Juan Sabinas, Coahuila, donde una explosión sepultó a 65 trabajadores el 19 de febrero de 2006. En esa ocasión, las autoridades del trabajo pasaron por alto las evidentes y probadas fallas en la seguridad, esas sí imputables al patrón, que provocaron el accidente.
Como ahora, el entonces secretario del Trabajo, Francisco Salazar, pasó por alto esas circunstancias y en vez de actuar legalmente se ocupó de encubrirlas. Ese contubernio data de la época de Carlos Salinas, quien se encargó de hacer quebrar la entonces Compañía Minera de Cananea, para privatizarla en favor de Jorge Larrea, padre de Germán.
Salinas entregó entonces un gran negocio, pues se trata de uno de los yacimientos de cobre más grandes de México y del mundo, con una vida útil rentable de al menos 65 años, según Daniel Chávez Carreón, director de Operaciones de la empresa.
En un insólito comportamiento que desnuda de qué lado está, la Secretaría del Trabajo se apresuró a negar el mismo jueves 16 de abril por la noche, que los mineros hubieran conseguido un amparo "...por lo que se reitera que es falso que esta determinación (el cierre de la empresa) haya quedado invalidada".
En respuesta, los mineros pusieron a funcionar durante media hora el área de fundición de la mina para demostrar que se encuentra en condiciones de operar.
El asunto está en el aire y todavía es posible esperar nuevas maniobras empresa-gobierno para hacer terminar una huelga que han querido declarar como legalmente inexistente al menos en tres ocasiones fallidas.
¡Hasta la próxima!
lunes, 20 de abril de 2009
miércoles, 15 de abril de 2009
PAN: la transición perdida
Cuando casi todo mundo vacacionaba a cuenta de la semana santa, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dependiente de la Cámara de Diputados, vino a recordarnos la catástrofe que para el país significó en todos los ámbitos de la vida pública el gobierno panista de Vicente Fox.
Al concluir la fiscalización de la cuenta pública de 2006, último año de gobierno del político guanajuatense, la dependencia concluye que ha sido la administración con el peor desempeño en los últimos 18 años (tres sexenios), pues en el periodo 2000-2006 la economía creció apenas 2.3 por ciento al año (con Ernesto Zedillo creció 3.5 por ciento, pese a la crisis de 1994-1995); en competitividad en el mundo México pasó del lugar 42 al 64 y sólo se generaron 224 mil empleos anuales, mientras que su antecesor creó 600 mil puestos de trabajo cada año.
En ese informe figuran otras cifras que dan cuenta del errático y hasta presuntamente corrupto manejo de las finanzas públicas, pues el último año de esa malhadada administración panista, el gobierno contó con 310 mil millones de pesos adicionales debido a los excedentes por ingresos petroleros, de los cuales hasta ahora no hay indicios de que se hayan aplicado en algún rubro.
Esos datos son, en sí mismos, demoledores, pero además tienen la virtud de centrar la atención en tres cuestiones a menudo soslayadas en el debate político actual: primero, que en México el cacareado proceso de transición democrática no fue tal; segundo, cómo combatir la impunidad de los gobernantes fallidos y tercero, la necesidad de revisar los sistemas de información y fiscalización institucional, pues son lentos y evitan que la sociedad adopte a tiempo las medidas correctivas pertinentes.
Un auténtico proceso de transición a la democracia requiere de varias condiciones, ante todo, de una reforma del Estado que garantice transparencia, una efectiva rendición de cuentas, no la contrahechura en que se ha convertido el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).
Un dato demuestra la simulación de la pretendida política de transparencia: en el actual sexenio aumentó 64 por ciento el número de expedientes clasificados por el gobierno. Al cierre de la gestión de Fox había tres millones 839 mil 296 documentos a cuyo contenido la ciudadanía no podía tener acceso, los cuales se incrementaron a cinco millones 935 mil 808 durante la presente administración, según datos del Índice de Expedientes Reservados del IFAI.
Otra condición para una real transición democrática es la necesidad de un nuevo orden político, que incluya eliminar todo el andamiaje institucional diseñado para alentar la corrupción, el encubrimiento, el tráfico de influencias, la opacidad y la ineficiencia en el quehacer gubernamental.
Eso, como se sabe, no ha sido una prioridad en los gobiernos federales panistas, quienes han pretendido vender, con relativo éxito, la falsa idea de que la alternancia en el poder es en sí misma, un proceso de transición democrática.
El segundo aspecto, el de la impunidad, tiene que ver con ese entramado institucional que le permite al señor Felipe Calderón mantener lejos de la justicia y protegido a su antecesor, pero aún peor, la falta de mecanismos para que la propia sociedad pueda llevar ante los tribunales a los gobernantes cuyas fallas atentan contra el desarrollo del país.
Paralelo a lo anterior, es preciso que los mecanismos de fiscalización sean más ágiles, pues no es posible que después de casi tres años, apenas vengamos a enterarnos de los datos duros que configuraron el auténtico fraude a la nación que representó la presidencia foxista.
Eso demuestra la urgencia de legislar en asuntos como la revocación del mandato, pues con una figura legal como esa y con información oportuna, se evitaría, a tiempo, mantener en el poder a quienes hunden al país.
En las próximas elecciones del 5 de julio, el PAN se ha propuesto obtener una mayoría legislativa que le permita imponer leyes que, como en el caso de la reforma petrolera, están claramente en contra del interés nacional.
Los datos que ahora reveló la ASF, deberán ser tomados en cuenta por los electores para decidir si extienden un nuevo cheque en blanco y le otorgan esa mayoría a gobernantes que han ofrecido tan magros y lamentables resultados.
¡Hasta la próxima!
Al concluir la fiscalización de la cuenta pública de 2006, último año de gobierno del político guanajuatense, la dependencia concluye que ha sido la administración con el peor desempeño en los últimos 18 años (tres sexenios), pues en el periodo 2000-2006 la economía creció apenas 2.3 por ciento al año (con Ernesto Zedillo creció 3.5 por ciento, pese a la crisis de 1994-1995); en competitividad en el mundo México pasó del lugar 42 al 64 y sólo se generaron 224 mil empleos anuales, mientras que su antecesor creó 600 mil puestos de trabajo cada año.
En ese informe figuran otras cifras que dan cuenta del errático y hasta presuntamente corrupto manejo de las finanzas públicas, pues el último año de esa malhadada administración panista, el gobierno contó con 310 mil millones de pesos adicionales debido a los excedentes por ingresos petroleros, de los cuales hasta ahora no hay indicios de que se hayan aplicado en algún rubro.
Esos datos son, en sí mismos, demoledores, pero además tienen la virtud de centrar la atención en tres cuestiones a menudo soslayadas en el debate político actual: primero, que en México el cacareado proceso de transición democrática no fue tal; segundo, cómo combatir la impunidad de los gobernantes fallidos y tercero, la necesidad de revisar los sistemas de información y fiscalización institucional, pues son lentos y evitan que la sociedad adopte a tiempo las medidas correctivas pertinentes.
Un auténtico proceso de transición a la democracia requiere de varias condiciones, ante todo, de una reforma del Estado que garantice transparencia, una efectiva rendición de cuentas, no la contrahechura en que se ha convertido el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).
Un dato demuestra la simulación de la pretendida política de transparencia: en el actual sexenio aumentó 64 por ciento el número de expedientes clasificados por el gobierno. Al cierre de la gestión de Fox había tres millones 839 mil 296 documentos a cuyo contenido la ciudadanía no podía tener acceso, los cuales se incrementaron a cinco millones 935 mil 808 durante la presente administración, según datos del Índice de Expedientes Reservados del IFAI.
Otra condición para una real transición democrática es la necesidad de un nuevo orden político, que incluya eliminar todo el andamiaje institucional diseñado para alentar la corrupción, el encubrimiento, el tráfico de influencias, la opacidad y la ineficiencia en el quehacer gubernamental.
Eso, como se sabe, no ha sido una prioridad en los gobiernos federales panistas, quienes han pretendido vender, con relativo éxito, la falsa idea de que la alternancia en el poder es en sí misma, un proceso de transición democrática.
El segundo aspecto, el de la impunidad, tiene que ver con ese entramado institucional que le permite al señor Felipe Calderón mantener lejos de la justicia y protegido a su antecesor, pero aún peor, la falta de mecanismos para que la propia sociedad pueda llevar ante los tribunales a los gobernantes cuyas fallas atentan contra el desarrollo del país.
Paralelo a lo anterior, es preciso que los mecanismos de fiscalización sean más ágiles, pues no es posible que después de casi tres años, apenas vengamos a enterarnos de los datos duros que configuraron el auténtico fraude a la nación que representó la presidencia foxista.
Eso demuestra la urgencia de legislar en asuntos como la revocación del mandato, pues con una figura legal como esa y con información oportuna, se evitaría, a tiempo, mantener en el poder a quienes hunden al país.
En las próximas elecciones del 5 de julio, el PAN se ha propuesto obtener una mayoría legislativa que le permita imponer leyes que, como en el caso de la reforma petrolera, están claramente en contra del interés nacional.
Los datos que ahora reveló la ASF, deberán ser tomados en cuenta por los electores para decidir si extienden un nuevo cheque en blanco y le otorgan esa mayoría a gobernantes que han ofrecido tan magros y lamentables resultados.
¡Hasta la próxima!
lunes, 6 de abril de 2009
Campaña sucia, el otro debate
La política fue, en principio, el arte de
impedir a la gente meterse en lo que le
importaba. Después agregósele el arte de
comprometer a la gente a decidir sobre lo
que no entiende
Paul Valery
impedir a la gente meterse en lo que le
importaba. Después agregósele el arte de
comprometer a la gente a decidir sobre lo
que no entiende
Paul Valery
El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) inició hace tres semanas lo que se califica como una "campaña sucia" contra el Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que primero emplazó a definir, de cara a la opinión pública, si estaba con el Presidente o no, en la lucha contra el crimen organizado, y luego lo acusó de ser un partido narco.
Ese episodio reavivó en los medios de comunicación la polémica acerca de la validez de las campañas sucias. Algunos columnistas las rechazan; otros sostienen que son parte de la competencia democrática. Ponen como ejemplo a Estados Unidos. Allá, argumentan, los candidatos "se tiran con todo", pero tras las elecciones saben acatar los resultados y se circunscriben a la institucionalidad.
El problema, nos parece, depende de la cultura política de los electores. En México, hay que decirlo, en general la gente tiene una pobre formación política que la hace fácilmente influenciable por este tipo de propaganda. Y eso ocurre en todos los ámbitos del espacio público.
Recién lo vimos en el fútbol. Un seleccionado nacional insultó a un reportero diciéndole que la diferencia entre ambos era que él estaba en Europa. Ese fue un comentario claramente denigratorio y racista. Tácitamente le dijo que quienes viven aquí son, por ese sólo hecho, ciudadanos inferiores.
Tres días después el público --generoso y paciente como es, según algunos-- coreaba el nombre de ese jugador como si no los hubiera insultado, así sea de manera indirecta.
En una campaña electoral lo que tratan de evitar los políticos es que el de enfrente se les adelante, no en cuanto a ganar la preferencia del electorado, sino en las formas de manipularlo.
De ahí que si se analiza con detenimiento, se verá que toda la historia de las reformas en materia electoral realizadas aquí los últimos 20 años tienen que ver con la imposición de candados para evitar que los hombres del poder o los propios partidos políticos, obtengan alguna ventaja frente al electorado. No se trata de reformas positivas, sino negativas.
Nuestra democracia es muy cara, suele afirmarse. Y en efecto lo es, y todo porque se construyen instituciones para evitar que unos manipulen más que otros. El IFE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y toda la maraña burocrática construida alrededor de las elecciones cuesta dinero al país, lo lamentable es que sean tan ineficaces y que no tengan otro propósito más que cuidarle las manos al de junto.
De ahí que en este país el Presidente esté legalmente impedido para hacer proselitismo abiertamente en favor de su partido, aunque siempre se las arregle --faltaba más-- para transgredir esa norma.
No es aventurado afirmar que la verdadera razón de esa prohibición radica en el peso simbólico que entre los mexicanos conserva la figura presidencial. Y esa preeminencia de los símbolos sólo se observa en sociedades políticamente atrasadas.
Pese a los avances registrados, en vastos sectores de la población, la autoridad, y más si se trata del Presidente de la República, tiene aún un halo de respetabilidad y fuerza. Es, sin duda, de uno de los resabios más funestos del exacerbado presidencialismo que vivimos por más de siete décadas.
La falta de madurez política del electorado que asiste a las elecciones como quien acude a un mercado, a escuchar la mejor oferta del día --y ello incluye quien y cómo le pega a su contrincante-- lo hace fácil presa de las imágenes simplificadas en que se basan las campañas sucias.
Los gobiernos y sus partidos conocen muy bien al público. Lo tienen bien medido. Saben cómo y cuándo espantarlo, deslumbrarlo o azuzarlo, es decir, cómo y cuando manipularlo.
El PAN está recurriendo a la misma táctica que le resultó en 2006, cuando calificó a Andrés Manuel López Obrador como "un peligro para México". Es probable que no mienta al recordar el talante antidemocrático y corrupto del PRI. Pero de ellos podría decirse exactamente lo mismo, y ejemplos sobran.
La discusión, sin embargo, no es saber quien miente o quien le tira más lodo al adversario. Tampoco debe centrarse el debate en el contenido, eticidad y consecuencias políticas de las campañas sucias; si deben permitirse o no. Es intrascendente legislar para impedirlas (los tramposos siempre encontrarán un resquicio para violar la ley).
El verdadero debate --y en eso tienen responsabilidad los partidos políticos y la sociedad en su conjunto-- es cómo convertir al elector, que actualmente es tratado como un cliente al que se compra o inhibe con despensas o campañas de miedo, en un verdadero ciudadano.
Si en lugar de sólo electores tuviéramos ciudadanos concientes, informados y en pleno ejercicio de sus derechos, este tipo de propaganda sería impensable en nuestro medio.
Los propios ciudadanos la condenarían. El partido que lo intentara quedaría en ridículo y expuesto al rechazo generalizado. Las campañas sucias son una verguenza, no tanto porque reflejen el atraso de la clase política, sino porque reflejan el atraso de los ciudadanos que las permitimos, las consumimos, las atendemos y hasta dejamos que orienten nuestro voto.
¡Hasta la próxima!
Ese episodio reavivó en los medios de comunicación la polémica acerca de la validez de las campañas sucias. Algunos columnistas las rechazan; otros sostienen que son parte de la competencia democrática. Ponen como ejemplo a Estados Unidos. Allá, argumentan, los candidatos "se tiran con todo", pero tras las elecciones saben acatar los resultados y se circunscriben a la institucionalidad.
El problema, nos parece, depende de la cultura política de los electores. En México, hay que decirlo, en general la gente tiene una pobre formación política que la hace fácilmente influenciable por este tipo de propaganda. Y eso ocurre en todos los ámbitos del espacio público.
Recién lo vimos en el fútbol. Un seleccionado nacional insultó a un reportero diciéndole que la diferencia entre ambos era que él estaba en Europa. Ese fue un comentario claramente denigratorio y racista. Tácitamente le dijo que quienes viven aquí son, por ese sólo hecho, ciudadanos inferiores.
Tres días después el público --generoso y paciente como es, según algunos-- coreaba el nombre de ese jugador como si no los hubiera insultado, así sea de manera indirecta.
En una campaña electoral lo que tratan de evitar los políticos es que el de enfrente se les adelante, no en cuanto a ganar la preferencia del electorado, sino en las formas de manipularlo.
De ahí que si se analiza con detenimiento, se verá que toda la historia de las reformas en materia electoral realizadas aquí los últimos 20 años tienen que ver con la imposición de candados para evitar que los hombres del poder o los propios partidos políticos, obtengan alguna ventaja frente al electorado. No se trata de reformas positivas, sino negativas.
Nuestra democracia es muy cara, suele afirmarse. Y en efecto lo es, y todo porque se construyen instituciones para evitar que unos manipulen más que otros. El IFE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y toda la maraña burocrática construida alrededor de las elecciones cuesta dinero al país, lo lamentable es que sean tan ineficaces y que no tengan otro propósito más que cuidarle las manos al de junto.
De ahí que en este país el Presidente esté legalmente impedido para hacer proselitismo abiertamente en favor de su partido, aunque siempre se las arregle --faltaba más-- para transgredir esa norma.
No es aventurado afirmar que la verdadera razón de esa prohibición radica en el peso simbólico que entre los mexicanos conserva la figura presidencial. Y esa preeminencia de los símbolos sólo se observa en sociedades políticamente atrasadas.
Pese a los avances registrados, en vastos sectores de la población, la autoridad, y más si se trata del Presidente de la República, tiene aún un halo de respetabilidad y fuerza. Es, sin duda, de uno de los resabios más funestos del exacerbado presidencialismo que vivimos por más de siete décadas.
La falta de madurez política del electorado que asiste a las elecciones como quien acude a un mercado, a escuchar la mejor oferta del día --y ello incluye quien y cómo le pega a su contrincante-- lo hace fácil presa de las imágenes simplificadas en que se basan las campañas sucias.
Los gobiernos y sus partidos conocen muy bien al público. Lo tienen bien medido. Saben cómo y cuándo espantarlo, deslumbrarlo o azuzarlo, es decir, cómo y cuando manipularlo.
El PAN está recurriendo a la misma táctica que le resultó en 2006, cuando calificó a Andrés Manuel López Obrador como "un peligro para México". Es probable que no mienta al recordar el talante antidemocrático y corrupto del PRI. Pero de ellos podría decirse exactamente lo mismo, y ejemplos sobran.
La discusión, sin embargo, no es saber quien miente o quien le tira más lodo al adversario. Tampoco debe centrarse el debate en el contenido, eticidad y consecuencias políticas de las campañas sucias; si deben permitirse o no. Es intrascendente legislar para impedirlas (los tramposos siempre encontrarán un resquicio para violar la ley).
El verdadero debate --y en eso tienen responsabilidad los partidos políticos y la sociedad en su conjunto-- es cómo convertir al elector, que actualmente es tratado como un cliente al que se compra o inhibe con despensas o campañas de miedo, en un verdadero ciudadano.
Si en lugar de sólo electores tuviéramos ciudadanos concientes, informados y en pleno ejercicio de sus derechos, este tipo de propaganda sería impensable en nuestro medio.
Los propios ciudadanos la condenarían. El partido que lo intentara quedaría en ridículo y expuesto al rechazo generalizado. Las campañas sucias son una verguenza, no tanto porque reflejen el atraso de la clase política, sino porque reflejan el atraso de los ciudadanos que las permitimos, las consumimos, las atendemos y hasta dejamos que orienten nuestro voto.
¡Hasta la próxima!
sábado, 4 de abril de 2009
Y ahora...la OTAN
Una intensa semana diplomática concluirá este día cuando se ponga fin en Estrasburgo (Francia) y Baden Baden (Alemania), a la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la llamada Alianza Atlántica creada después de la Segunda Guerra Mundial con el propósito de organizar Europa ante la amenaza de la Unión Soviética.
En el siguiente artículo, traducido del periódico inglés The Independent, se señala que la situación en Afganistán y la expansión de la alianza son dos de los principales temas que debe enfrentar en este momento.
El 60 aniversario de la organización --considerada la más exitosa alianza militar jamás creada-- tuvo lugar en ambos lados de la frontera franco-alemana, como una forma de simbolizar no sólo las más de seis décadas de paz entre ambas naciones, sino el retorno de Francia al comando militar tras 43 años de ausencia.
Las celebraciones, sin embargo, siempre han estado enmarcadas por momentos difíciles. El 20 aniversario ocurrió sólo un año después de que las tropas soviéticas invadieran Checoslovaquia. Los 40 años coincidieron con la confusión por el colapso del comunismo, precedido unos meses por la caída del Muro de Berlín.
La fiesta por el 50 aniversario, en fin, tuvo lugar en Washington, en momentos en que la disputa trasatlántica por Kosovo estaba en su punto más alto, y dos años antes de los ataques del 9/11, que reagruparon a la alianza en el enfrentamiento de una hasta entonces inimaginada amenaza.
Este 60 aniversario la encuentra en otra coyuntura difícil. Sus fuerzas de riesgo están cerca del empantanamiento en Afganistán y hay crecientes cuestionamientos acerca del objetivo de su misión allí.
Debido a que la alianza dio la bienvenida a dos nuevos miembros, Croacia y Albania, algunos de sus prominentes integrantes se preguntan qué tan lejos puede ir la expansión sin diluir su capacidad. Y la primera cuestión planteada después del colapso soviético nunca ha sido realmente respondida: si el objetivo de la OTAN no es más la defensa de Occidente contra Rusia, para qué es la alianza?
La prioridad inmediata es Afganistán y lo que suceda ahí determinará mucho más. El calendario que el presidente estadounidense Barak Obama ha establecido para el retiro de sus tropas de Irak hace posible un redireccionamiento de los recursos de EUA.
Pero también ha dejado claro que EUA mira Afganistán como un esfuerzo de la OTAN que debe ser adecuadamente compartido. Como tal, ello constituye una suprema prueba de la alianza. Que el señor Obama no sólo esté pensando en términos de operaciones militares, sino también en proyectos de entrenamiento e infraestructura, debería hacer más fácil que los países europeos aumentaran su contribución.
El presidente de EUA ha sido claro acerca de los objetivos de la organización: prevenir que Afganistán vuelva a convertirse en un paraíso para los terroristas y retirarse tan pronto como ese país pueda mirar por su propia seguridad.
El señor Obama insistió ayer de nueva cuenta en que la OTAN no es y no debe convertirse en una fuerza de ocupación. La mayoría de los miembros europeos serán capaces de aceptar esto. Si ellos están dispuestos a ayudar para aterrizar la iniciativa en estos tiempos de austeridad, ese es otro tema.
Como dijo ayer el saliente Secretario General del organismo, Jaap de Hoop Scheffer, algunos europeos pueden también ser disuadidos de ayudar si el gobierno de Kabul aprueba una nueva ley que podría frenar los derechos civiles, especialmente los de las mujeres.
Su advertencia dio en el corazón de un dilema que será planteado muy frecuentemente: si --como algunos creen que debe ser-- la OTAN opera más fuera del área, hasta donde debería una alianza occidental apuntalar regímenes cuyas autoridades pueden profesar valores tan diferentes.
Es probable que seal algo difícil hablar acerca de la OTAN hoy; no tan difícil como podría haberlo sido antes de las elecciones de EUA. Barak Obama ha construido un nuevo tono de consensos para la alianza. La distancia conceptual entre los EUA y los aliados europeos es más estrecha que hace algunos años. Eso es un buen presagio para algunas necesarias nuevas ideas.
¡Hasta la próxima!
En el siguiente artículo, traducido del periódico inglés The Independent, se señala que la situación en Afganistán y la expansión de la alianza son dos de los principales temas que debe enfrentar en este momento.
El 60 aniversario de la organización --considerada la más exitosa alianza militar jamás creada-- tuvo lugar en ambos lados de la frontera franco-alemana, como una forma de simbolizar no sólo las más de seis décadas de paz entre ambas naciones, sino el retorno de Francia al comando militar tras 43 años de ausencia.
Las celebraciones, sin embargo, siempre han estado enmarcadas por momentos difíciles. El 20 aniversario ocurrió sólo un año después de que las tropas soviéticas invadieran Checoslovaquia. Los 40 años coincidieron con la confusión por el colapso del comunismo, precedido unos meses por la caída del Muro de Berlín.
La fiesta por el 50 aniversario, en fin, tuvo lugar en Washington, en momentos en que la disputa trasatlántica por Kosovo estaba en su punto más alto, y dos años antes de los ataques del 9/11, que reagruparon a la alianza en el enfrentamiento de una hasta entonces inimaginada amenaza.
Este 60 aniversario la encuentra en otra coyuntura difícil. Sus fuerzas de riesgo están cerca del empantanamiento en Afganistán y hay crecientes cuestionamientos acerca del objetivo de su misión allí.
Debido a que la alianza dio la bienvenida a dos nuevos miembros, Croacia y Albania, algunos de sus prominentes integrantes se preguntan qué tan lejos puede ir la expansión sin diluir su capacidad. Y la primera cuestión planteada después del colapso soviético nunca ha sido realmente respondida: si el objetivo de la OTAN no es más la defensa de Occidente contra Rusia, para qué es la alianza?
La prioridad inmediata es Afganistán y lo que suceda ahí determinará mucho más. El calendario que el presidente estadounidense Barak Obama ha establecido para el retiro de sus tropas de Irak hace posible un redireccionamiento de los recursos de EUA.
Pero también ha dejado claro que EUA mira Afganistán como un esfuerzo de la OTAN que debe ser adecuadamente compartido. Como tal, ello constituye una suprema prueba de la alianza. Que el señor Obama no sólo esté pensando en términos de operaciones militares, sino también en proyectos de entrenamiento e infraestructura, debería hacer más fácil que los países europeos aumentaran su contribución.
El presidente de EUA ha sido claro acerca de los objetivos de la organización: prevenir que Afganistán vuelva a convertirse en un paraíso para los terroristas y retirarse tan pronto como ese país pueda mirar por su propia seguridad.
El señor Obama insistió ayer de nueva cuenta en que la OTAN no es y no debe convertirse en una fuerza de ocupación. La mayoría de los miembros europeos serán capaces de aceptar esto. Si ellos están dispuestos a ayudar para aterrizar la iniciativa en estos tiempos de austeridad, ese es otro tema.
Como dijo ayer el saliente Secretario General del organismo, Jaap de Hoop Scheffer, algunos europeos pueden también ser disuadidos de ayudar si el gobierno de Kabul aprueba una nueva ley que podría frenar los derechos civiles, especialmente los de las mujeres.
Su advertencia dio en el corazón de un dilema que será planteado muy frecuentemente: si --como algunos creen que debe ser-- la OTAN opera más fuera del área, hasta donde debería una alianza occidental apuntalar regímenes cuyas autoridades pueden profesar valores tan diferentes.
Es probable que seal algo difícil hablar acerca de la OTAN hoy; no tan difícil como podría haberlo sido antes de las elecciones de EUA. Barak Obama ha construido un nuevo tono de consensos para la alianza. La distancia conceptual entre los EUA y los aliados europeos es más estrecha que hace algunos años. Eso es un buen presagio para algunas necesarias nuevas ideas.
¡Hasta la próxima!
viernes, 3 de abril de 2009
México: la peor economía de AL
Pese a los signos incontrastables de la realidad, el gobierno mexicano siempre se las arregla para mentir y aun para celebrar lo que en realidad debería ser motivo de preocupación.
El préstamo por 47 mil millones de dólares solicitado al Fondo Monetario Internacional y aprobado en el marco de la pasada cumbre del G-20 fue promovido como un signo de confianza en el país por su "buena aplicación de políticas económicas".
De inmediato, medios de comunicación y líderes políticos se unieron al coro celebratorio de algo que debería ser una verguenza y suscitar dudas sobre la marcha de la economía, pues ningúna otra nación latinoamericana ha necesitado de esos recursos.
Los incontrastables signos de la realidad a que nos referimos tienen que ver con las estimaciones divulgadas ayer por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Durante el Latin American Emerging Markets Forum 2009 inaugurado ayer en Bogotá, Colombia, el organismo dio a conocer el crecimiento estimado para la región durante este año. En esa lista de 22 países, el nuestro ocupa...el último sitio.
Su decrecimiento se sitúa en -2.0 por ciento, el peor comportamiento económico para cualquier país del área. En contraste, Panamá, Perú, Cuba y Bolivia registrarán crecimientos de 4, 3.5, 3 y 3 por ciento, respectivamente, lo cual resulta notable en un año en el que de acuerdo con la OCDE las 30 economías más avanzadas del mundo tendrán una caída del PIB de 4.3 por ciento y en el que la economía, según el FMI, se reducirá 2.7 por ciento, la peor caída en 60 años.
Incluso países como Haití y Venezuela, registrarán un crecimiento de 0.5 y uno por ciento respectivamente. En esa lista de naciones superavitarias figuran Cuba, Venezuela y Bolivia, los cuales han salido de la órbita señalada por los organismos internacionales y que con frecuencia son fustigados por sus regímenes autoritarios o por su supuesta falta de democracia.
México se gana estrellitas de reconocimeinto por su "buena aplicación" a esos dictados, pero la realidad muestra que es el que a la postre obtiene los peores resultados económicos en su región y eso se expresa en la calidad de vida de la gente.
Ninguno de los países señalados ha necesitado blindajes especiales ni de créditos "para enfrentar posibles contingencias", ni acuden a cumbres mundiales. Hacen su trabajo y ya. Y lo hacen, al parecer, con eficiencia.
En cambio aquí, en una nueva demostración de su incapacidad e impericia técnica, las autoridades mexicanas reconocieron ayer que el escenario macroeconómico será distinto del que previeron el año pasado y con base en el cual se formularon las leyes de ingresos y egresos de la federación.
Véase, nuevamente, la distancia entre la realidad y los hechos: la Secretaría de Hacienda previó un crecimiento de 1.8 por ciento del PIB. Ahora reconoce que más bien habrá una contracción de -2.8 por ciento.
El consumo caerá 2.2 por ciento, ellos estimaron un crecimiento de 3.3 por ciento; la inversión registrará una baja de 8.4 cuando se estimó un crecimiento de 5.4; el ingreso de divisas por exportaciones se desplomará 18.4, pero se calculó un crecimiento de 6.3 por ciento.
En cuanto al tipo de cambio se prevé que en promedio sea de 14.5 pesos por dólar y se había calculado que sería de 11.7
Hay, como se ve, un abismo entre unos porcentajes y otros. Es la medida de la incapacidad de nuestras autoridades hacendarias o, si se quiere, la medida de sus mentiras, de su falta de previsión, de su afán por ocultar la magnitud de la crisis a la que Carstens, el inefable secretario de Hacienda, calificó el año pasado sólo como un "catarrito".
Por cierto, el celebrado préstamo del FMI a México al que nos referimos al principio se quiere hacer pasar como un logro en favor del país. En realidad no es así. El punto 18 del comunicado final de la cumbre del G-20 celebra el acuerdo, especifica que, entre otras cosas, ese dinero es para enfrentar "particularmente el retiro de flujos de capital externo a los bancos y a los sectores corporativos".
He ahí a quienes va dirigida esa ayuda.
¡Hasta la próxima!
El préstamo por 47 mil millones de dólares solicitado al Fondo Monetario Internacional y aprobado en el marco de la pasada cumbre del G-20 fue promovido como un signo de confianza en el país por su "buena aplicación de políticas económicas".
De inmediato, medios de comunicación y líderes políticos se unieron al coro celebratorio de algo que debería ser una verguenza y suscitar dudas sobre la marcha de la economía, pues ningúna otra nación latinoamericana ha necesitado de esos recursos.
Los incontrastables signos de la realidad a que nos referimos tienen que ver con las estimaciones divulgadas ayer por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Durante el Latin American Emerging Markets Forum 2009 inaugurado ayer en Bogotá, Colombia, el organismo dio a conocer el crecimiento estimado para la región durante este año. En esa lista de 22 países, el nuestro ocupa...el último sitio.
Su decrecimiento se sitúa en -2.0 por ciento, el peor comportamiento económico para cualquier país del área. En contraste, Panamá, Perú, Cuba y Bolivia registrarán crecimientos de 4, 3.5, 3 y 3 por ciento, respectivamente, lo cual resulta notable en un año en el que de acuerdo con la OCDE las 30 economías más avanzadas del mundo tendrán una caída del PIB de 4.3 por ciento y en el que la economía, según el FMI, se reducirá 2.7 por ciento, la peor caída en 60 años.
Incluso países como Haití y Venezuela, registrarán un crecimiento de 0.5 y uno por ciento respectivamente. En esa lista de naciones superavitarias figuran Cuba, Venezuela y Bolivia, los cuales han salido de la órbita señalada por los organismos internacionales y que con frecuencia son fustigados por sus regímenes autoritarios o por su supuesta falta de democracia.
México se gana estrellitas de reconocimeinto por su "buena aplicación" a esos dictados, pero la realidad muestra que es el que a la postre obtiene los peores resultados económicos en su región y eso se expresa en la calidad de vida de la gente.
Ninguno de los países señalados ha necesitado blindajes especiales ni de créditos "para enfrentar posibles contingencias", ni acuden a cumbres mundiales. Hacen su trabajo y ya. Y lo hacen, al parecer, con eficiencia.
En cambio aquí, en una nueva demostración de su incapacidad e impericia técnica, las autoridades mexicanas reconocieron ayer que el escenario macroeconómico será distinto del que previeron el año pasado y con base en el cual se formularon las leyes de ingresos y egresos de la federación.
Véase, nuevamente, la distancia entre la realidad y los hechos: la Secretaría de Hacienda previó un crecimiento de 1.8 por ciento del PIB. Ahora reconoce que más bien habrá una contracción de -2.8 por ciento.
El consumo caerá 2.2 por ciento, ellos estimaron un crecimiento de 3.3 por ciento; la inversión registrará una baja de 8.4 cuando se estimó un crecimiento de 5.4; el ingreso de divisas por exportaciones se desplomará 18.4, pero se calculó un crecimiento de 6.3 por ciento.
En cuanto al tipo de cambio se prevé que en promedio sea de 14.5 pesos por dólar y se había calculado que sería de 11.7
Hay, como se ve, un abismo entre unos porcentajes y otros. Es la medida de la incapacidad de nuestras autoridades hacendarias o, si se quiere, la medida de sus mentiras, de su falta de previsión, de su afán por ocultar la magnitud de la crisis a la que Carstens, el inefable secretario de Hacienda, calificó el año pasado sólo como un "catarrito".
Por cierto, el celebrado préstamo del FMI a México al que nos referimos al principio se quiere hacer pasar como un logro en favor del país. En realidad no es así. El punto 18 del comunicado final de la cumbre del G-20 celebra el acuerdo, especifica que, entre otras cosas, ese dinero es para enfrentar "particularmente el retiro de flujos de capital externo a los bancos y a los sectores corporativos".
He ahí a quienes va dirigida esa ayuda.
¡Hasta la próxima!
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