sábado, 30 de mayo de 2009
Finsemanario/2
Qué tal amigos, la propuesta de este finsemanario es una versión para la escena del danzón Nereidas, de la excepcional maestra Gloria Contreras, directora del Taller Coreográfico de la UNAM.
viernes, 29 de mayo de 2009
Leonel Godoy
Leonel Godoy y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) supieron esta semana lo que significa "pactar con el diablo".
Además, se enteraron tardíamente que la izquierda bien portada y colaboracionista que representan sólo ha sido y será utilizada por la derecha en el poder para tratar de cerrar espacios, aislar y contrastar ante la opinión pública al "políticamente incorrecto" movimiento de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
El operativo de este martes, mediante el cual agentes federales capturaron a 10 presidentes municipales y a otros 17 funcionarios y ex funcionarios del gobierno michoacano, por su presunta participación en distintas redes de protección al narcotráfico dejó en ridículo al mandatario estatal.
Pasmado, sin saber de qué se trataba un asunto que le concernía directamente por la cercanía de los funcionarios involucrados --una de ellas era su asesora, otro el coordinador de asesores de la Procuraduría de Justicia del estado, así como el ex director y director de Seguridad Pública estatal-- Godoy fue exhibido públicamente como un mandatario desinformado e incapaz de saber lo que ocurre dentro de sus propias oficinas, lo que equivale a una contundente desautorización política.
El atropello sufrido por Godoy fue, en realidad, doble: por una parte se le exhibe como un gobernador sin el control de lo que ocurre en la política estatal y, por otro lado, o quizá a causa de lo primero, se le considera un político nada confiable, pues la coartada esgrimida para no avisarle del operativo, fue que no se quiso correr el riesgo de una filtración.
Ese es el verdadero sentido de su tardío reclamo. Aducen Godoy y el PRD la violación de la soberanía estatal. Pudo haber sido así. Y ello tendrá que elucidarse en los próximos días con las consecuencias jurídicas del caso. Pero el golpe mediático y político está dado.
También se queja el PRD del trato diferenciado que se otorgó al gobernador de Morelos, Antonio Adame, en un caso similar y deploran que la acción se haya realizado con la aviesa intensión de llevar agua al molino electoral del Partido Acción Nacional.
La sorpresa del perredismo nacional y del propio Godoy parece radicar en el pacto implícito de colaboración que suscribieron con la derecha desde que el gobernador reconoció como presidente al señor Felipe Calderón ("demente, quien no reconoce a Calderón", dijo en un arrebato que condujo a algún ingenioso a consignar su actitud entreguista modificando su nombre por el de Leonel Las-doy).
Semejante reconocimiento se formuló a contrapelo de lo que sostienen otras corrientes dentro de ese partido, señaladamente la que representa AMLO y su movimiento.
Aunque Godoy trabajó como secretario de Seguridad Pública del DF, cuando el tabasqueño gobernó la ciudad, nunca perdió su filiación cardenista. No de otra forma se explica su llegada a la gubernatura de un estado que parece escriturado a la familia del General.
La evidente, pero nunca reconocida ruptura Cárdenas-AMLO puso a Godoy del lado de Cuauhtémoc, como era natural, y en esa tesitura, ese grupo ha hecho una guerra soterrada al ex candidato presidencial, al grado de que para diferenciarse de aquél han resuelto reconocer la presidencia de Calderón.
Eso ya les redituó los primeros dividendos al quedarse al mando del PRD y esperan que ante la ciudadanía también les dejé alguna renta por su actitud "civilista". Lo que nunca esperaron fue semejante descontón como retribución de su colaboracionismo.
Por ello resulta enternecedora, por candorosa, la actitud de Jesús Ortega, el presidente del PRD y la del propio Godoy cuando exponen ante los medios su inconformidad por el que consideran ilegal operativo, pues de seguro se creen aliados del calderonismo y no subordinados, como en realidad se les cataloga en Los Pinos.
Se verá si la inusual redada de funcionarios y alcaldes tiene un real sustento jurídico o si después de algunos meses, que podría ser al cabo de las elecciones de julio, son liberados gradualmente por no encontrárseles elementos suficientes para dictarles sentencia condenatoria.
Sabremos entonces si se trató de otro aparatoso montaje del que acaso el único que ya no pueda recuperarse sea el desde ahora damnificado gobernador.
¡Hasta la próxima!
Además, se enteraron tardíamente que la izquierda bien portada y colaboracionista que representan sólo ha sido y será utilizada por la derecha en el poder para tratar de cerrar espacios, aislar y contrastar ante la opinión pública al "políticamente incorrecto" movimiento de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
El operativo de este martes, mediante el cual agentes federales capturaron a 10 presidentes municipales y a otros 17 funcionarios y ex funcionarios del gobierno michoacano, por su presunta participación en distintas redes de protección al narcotráfico dejó en ridículo al mandatario estatal.
Pasmado, sin saber de qué se trataba un asunto que le concernía directamente por la cercanía de los funcionarios involucrados --una de ellas era su asesora, otro el coordinador de asesores de la Procuraduría de Justicia del estado, así como el ex director y director de Seguridad Pública estatal-- Godoy fue exhibido públicamente como un mandatario desinformado e incapaz de saber lo que ocurre dentro de sus propias oficinas, lo que equivale a una contundente desautorización política.
El atropello sufrido por Godoy fue, en realidad, doble: por una parte se le exhibe como un gobernador sin el control de lo que ocurre en la política estatal y, por otro lado, o quizá a causa de lo primero, se le considera un político nada confiable, pues la coartada esgrimida para no avisarle del operativo, fue que no se quiso correr el riesgo de una filtración.
Ese es el verdadero sentido de su tardío reclamo. Aducen Godoy y el PRD la violación de la soberanía estatal. Pudo haber sido así. Y ello tendrá que elucidarse en los próximos días con las consecuencias jurídicas del caso. Pero el golpe mediático y político está dado.
También se queja el PRD del trato diferenciado que se otorgó al gobernador de Morelos, Antonio Adame, en un caso similar y deploran que la acción se haya realizado con la aviesa intensión de llevar agua al molino electoral del Partido Acción Nacional.
La sorpresa del perredismo nacional y del propio Godoy parece radicar en el pacto implícito de colaboración que suscribieron con la derecha desde que el gobernador reconoció como presidente al señor Felipe Calderón ("demente, quien no reconoce a Calderón", dijo en un arrebato que condujo a algún ingenioso a consignar su actitud entreguista modificando su nombre por el de Leonel Las-doy).
Semejante reconocimiento se formuló a contrapelo de lo que sostienen otras corrientes dentro de ese partido, señaladamente la que representa AMLO y su movimiento.
Aunque Godoy trabajó como secretario de Seguridad Pública del DF, cuando el tabasqueño gobernó la ciudad, nunca perdió su filiación cardenista. No de otra forma se explica su llegada a la gubernatura de un estado que parece escriturado a la familia del General.
La evidente, pero nunca reconocida ruptura Cárdenas-AMLO puso a Godoy del lado de Cuauhtémoc, como era natural, y en esa tesitura, ese grupo ha hecho una guerra soterrada al ex candidato presidencial, al grado de que para diferenciarse de aquél han resuelto reconocer la presidencia de Calderón.
Eso ya les redituó los primeros dividendos al quedarse al mando del PRD y esperan que ante la ciudadanía también les dejé alguna renta por su actitud "civilista". Lo que nunca esperaron fue semejante descontón como retribución de su colaboracionismo.
Por ello resulta enternecedora, por candorosa, la actitud de Jesús Ortega, el presidente del PRD y la del propio Godoy cuando exponen ante los medios su inconformidad por el que consideran ilegal operativo, pues de seguro se creen aliados del calderonismo y no subordinados, como en realidad se les cataloga en Los Pinos.
Se verá si la inusual redada de funcionarios y alcaldes tiene un real sustento jurídico o si después de algunos meses, que podría ser al cabo de las elecciones de julio, son liberados gradualmente por no encontrárseles elementos suficientes para dictarles sentencia condenatoria.
Sabremos entonces si se trató de otro aparatoso montaje del que acaso el único que ya no pueda recuperarse sea el desde ahora damnificado gobernador.
¡Hasta la próxima!
lunes, 25 de mayo de 2009
Impuestos
Agustín Carsten delineó ya la estrategia gubernamental ante la recesión: aumentar la deuda, recortar el gasto (más despidos y menos inversión), elevar impuestos (IVA a medicinas y alimentos) o una combinación de las tres.
El anuncio es una declaración inequívoca de que el gobierno ha decidido, de nuevo, rescatar al sector financiero y abandonar a la población. Muestra, asimismo, la ortodoxia hacendaria con que se conduce, tras el fracaso de la tardía --y además incumplida-- aplicación de medidas anticíclicas (una masiva intervención del Estado en la economía, mediante el fomento a la inversión, la obra pública, el crédito y el consumo).
Como casi siempre que se emprende un nuevo intento por aumentar los impuestos, ya empezaron a difundirse estadísticas que colocan a México como el país con la peor recaudación de los que conforman la Organización para Crecimiento y el Desarrollo Económico, y con una de las más bajas de América Latina.
La urgencia de una reforma fiscal es evidente, pero ninguno de los cuatro últimos gobiernos --casi un cuarto de siglo-- han podido ir más allá de parches y pegotes porque ampliar la base de contribuyentes implica gravar a las grandes empresas y corporaciones, cuyos favores políticos son ampliamente retribuidos por la vía fiscal en detrimento del desarrollo nacional.
Y en eso los gobiernos panistas han sido particularmente generosos. De acuerdo con el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 2005, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), entre 2001 y 2006 se devolvió a los grandes contribuyentes impuestos por 604 mil millones 100 mil pesos.
En contraste, la inversión de esos grandes contribuyentes --cuyos ingresos anuales brutos son superiores a 500 millones de pesos-- ascendió a 279 mil 832 millones 900 mil pesos, es decir, 216 por ciento menos de lo que les reintegraron vía devoluciones y deducciones.
Además, ese año (2005), 50 empresas de las consideradas grandes contribuyentes, hicieron pagos individuales de Impuesto sobre la Renta (ISR) menores a 74 pesos, en tanto que otros 50 pagaron hasta 67 pesos por concepto de IVA, siempre de acuerdo con el Informe de la ASF.
Durante la presente administración, el asunto sigue el mismo camino. El informe de resultados de la cuenta pública del primer año de Felipe Calderón mostró, según la ASF, que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) sigue beneficiando a los grandes contribuyentes.
En efecto, durante 2007 el SAT condonó 8 mil 30 millones 156 mil 100 pesos a 59 empresas, lo que equivale casi a la recaudación por concepto de impuesto al activo que fue de 7 mil 597.1 millones de pesos.
Véase también esta otra desproporción en materia fiscal. Las empresas generan 60 por ciento del ingreso nacional, pero su contribución fiscal (ISR) como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) es de apenas 2.7 por ciento.
En contraparte, los asalariados contribuyen con 25 por ciento en la generación del ingreso nacional, pero su contribución fiscal al PIB es de 2.4 por ciento. Es decir, quienes generan más riqueza pagan casi lo mismo que quienes son asalariados.
El doctor Horacio Enrique Sobarzo señala otra causa que explica la bajísima recaudación de impuestos en México. En su estudio Reforma fiscal en México, un modelo de equilibrio general, publicado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, indica que en los últimos 25 años la economía creció en promedio un raquítico 2.6 por ciento, tasa similar a la del crecimiento poblacional durante ese periodo.
Lo anterior muestra un gobierno empeñado en salvarse a sí mismo mientras obliga al grueso de la población a financiar sus dispendios e invirtiéndo los recursos en mantener una red clientelar de grandes empresarios a quienes o paga favores ya recibidos o por recibir.
El recorte al gasto anunciado como posible medida contra la recesión por nuestro inefable secretario de Hacienda implica reducción del gasto y la inversión gubernamentales, con lo que prácticamente se renuncia a la aplicación de las llamadas medidas anticíclicas.
Sólo que el recorte al gasto tendrá lugar en reducir la plantilla de base, lo cual, a su vez, acarreará mayor desempleo, menos consumo y un mercado interno cada vez más deprimido, cuando lo que se necesita es su urgente reactivación.
El gobierno tiene un amplio margen de ahorro en su gasto corriente, además existen 376 mil millones de pesos en fondos y fideicomisos sobre los que existe una gran opacidad, pues no se ha informado para qué son. Esa cantidad es superior a los 300 mil millones de pesos que faltarán al presupuesto del gobierno para este año debido a que, como dijo Carstens "se nos cayó la recaudación".
Y adelantó que con dos o tres reformas de carácter fiscal se podrá recuperar el gasto gubernamental del próximo año. Lo malo es que esas reformas implicarían impuestos, ahora sí a IVA y medicinas o algún otro igualmente absurdo como el del 2 por ciento a los depósitos en efectivo superiores a 25 mil pesos o aquél otro del 2 por ciento a la nómina, el cual constituye un verdadero despropósito para un gobierno que se autodenomina "del empleo".
Es decir, por un lado se afirma que se trata de incentivar la generación de empleos y por otro lado se cobra a los patrones un impuesto que se incrementa conforme aumenten su número de empleados. He ahí la forma en que el gobierno conspira contra sus propios propósitos con tal de incrementar sus finanzas.
O a menos que en realidad tales propósitos, como parece, no hayan sido más que una estrategia de campaña del señor Calderón.
¡Hasta la próxima!
El anuncio es una declaración inequívoca de que el gobierno ha decidido, de nuevo, rescatar al sector financiero y abandonar a la población. Muestra, asimismo, la ortodoxia hacendaria con que se conduce, tras el fracaso de la tardía --y además incumplida-- aplicación de medidas anticíclicas (una masiva intervención del Estado en la economía, mediante el fomento a la inversión, la obra pública, el crédito y el consumo).
Como casi siempre que se emprende un nuevo intento por aumentar los impuestos, ya empezaron a difundirse estadísticas que colocan a México como el país con la peor recaudación de los que conforman la Organización para Crecimiento y el Desarrollo Económico, y con una de las más bajas de América Latina.
La urgencia de una reforma fiscal es evidente, pero ninguno de los cuatro últimos gobiernos --casi un cuarto de siglo-- han podido ir más allá de parches y pegotes porque ampliar la base de contribuyentes implica gravar a las grandes empresas y corporaciones, cuyos favores políticos son ampliamente retribuidos por la vía fiscal en detrimento del desarrollo nacional.
Y en eso los gobiernos panistas han sido particularmente generosos. De acuerdo con el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 2005, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), entre 2001 y 2006 se devolvió a los grandes contribuyentes impuestos por 604 mil millones 100 mil pesos.
En contraste, la inversión de esos grandes contribuyentes --cuyos ingresos anuales brutos son superiores a 500 millones de pesos-- ascendió a 279 mil 832 millones 900 mil pesos, es decir, 216 por ciento menos de lo que les reintegraron vía devoluciones y deducciones.
Además, ese año (2005), 50 empresas de las consideradas grandes contribuyentes, hicieron pagos individuales de Impuesto sobre la Renta (ISR) menores a 74 pesos, en tanto que otros 50 pagaron hasta 67 pesos por concepto de IVA, siempre de acuerdo con el Informe de la ASF.
Durante la presente administración, el asunto sigue el mismo camino. El informe de resultados de la cuenta pública del primer año de Felipe Calderón mostró, según la ASF, que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) sigue beneficiando a los grandes contribuyentes.
En efecto, durante 2007 el SAT condonó 8 mil 30 millones 156 mil 100 pesos a 59 empresas, lo que equivale casi a la recaudación por concepto de impuesto al activo que fue de 7 mil 597.1 millones de pesos.
Véase también esta otra desproporción en materia fiscal. Las empresas generan 60 por ciento del ingreso nacional, pero su contribución fiscal (ISR) como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) es de apenas 2.7 por ciento.
En contraparte, los asalariados contribuyen con 25 por ciento en la generación del ingreso nacional, pero su contribución fiscal al PIB es de 2.4 por ciento. Es decir, quienes generan más riqueza pagan casi lo mismo que quienes son asalariados.
El doctor Horacio Enrique Sobarzo señala otra causa que explica la bajísima recaudación de impuestos en México. En su estudio Reforma fiscal en México, un modelo de equilibrio general, publicado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, indica que en los últimos 25 años la economía creció en promedio un raquítico 2.6 por ciento, tasa similar a la del crecimiento poblacional durante ese periodo.
Lo anterior muestra un gobierno empeñado en salvarse a sí mismo mientras obliga al grueso de la población a financiar sus dispendios e invirtiéndo los recursos en mantener una red clientelar de grandes empresarios a quienes o paga favores ya recibidos o por recibir.
El recorte al gasto anunciado como posible medida contra la recesión por nuestro inefable secretario de Hacienda implica reducción del gasto y la inversión gubernamentales, con lo que prácticamente se renuncia a la aplicación de las llamadas medidas anticíclicas.
Sólo que el recorte al gasto tendrá lugar en reducir la plantilla de base, lo cual, a su vez, acarreará mayor desempleo, menos consumo y un mercado interno cada vez más deprimido, cuando lo que se necesita es su urgente reactivación.
El gobierno tiene un amplio margen de ahorro en su gasto corriente, además existen 376 mil millones de pesos en fondos y fideicomisos sobre los que existe una gran opacidad, pues no se ha informado para qué son. Esa cantidad es superior a los 300 mil millones de pesos que faltarán al presupuesto del gobierno para este año debido a que, como dijo Carstens "se nos cayó la recaudación".
Y adelantó que con dos o tres reformas de carácter fiscal se podrá recuperar el gasto gubernamental del próximo año. Lo malo es que esas reformas implicarían impuestos, ahora sí a IVA y medicinas o algún otro igualmente absurdo como el del 2 por ciento a los depósitos en efectivo superiores a 25 mil pesos o aquél otro del 2 por ciento a la nómina, el cual constituye un verdadero despropósito para un gobierno que se autodenomina "del empleo".
Es decir, por un lado se afirma que se trata de incentivar la generación de empleos y por otro lado se cobra a los patrones un impuesto que se incrementa conforme aumenten su número de empleados. He ahí la forma en que el gobierno conspira contra sus propios propósitos con tal de incrementar sus finanzas.
O a menos que en realidad tales propósitos, como parece, no hayan sido más que una estrategia de campaña del señor Calderón.
¡Hasta la próxima!
sábado, 23 de mayo de 2009
Finsemanario
Air de la Reine de la Nuit (MOZART)
Inauguramos esta sección con una magistral interpretación de la joven soprano francesa Patricia Petibon. Se trata de la famosa aria "La reina de la noche", de la ópera La flauta mágica (La flute enchantée), de Mozart.
¡Que la disfruten!
jueves, 21 de mayo de 2009
Seguridad pública : armas de papel
Un convoy de falsas camionetas de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) llega al penal de Cieneguillas (Zacatecas) y en pocos minutos saca de ahí a 53 reos de alta peligrosidad, relacionados con el narcotráfico, sin que ninguna autoridad acierte a impedirlo.
Como pocos, el peliculesco operativo desnudó, una vez más, la debilidad estructural con que el gobierno (es un decir) del señor Felipe Calderón enfrenta la llamada guerra contra la delincuencia.
Se trata de una guerra a la que se asiste con armas de papel.
Y no es una frase retórica. Los pertrechos de esta administración están hechos, en más de un sentido, de planes de papel. Veamos:
Del Sistema Nacional de Planeación Democrática (SNPD) se desprende el Programa Nacional de Seguridad Pública (PNSP), el cual se diseñó siguiendo los lineamientos de más papeles (documentos):
--El Plan Nacional de Desarrollo (PND)
--Visión México 2030
--Programa Sectorial de Seguridad Pública (PSSP)
--Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad (ANSJL)
--Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia (ENPDyCD)
--Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGEBC-SNSP)
No acaba ahí la maraña de siglas, de corrupción y de simulación institucional. Sigamos:
Todo lo anterior forma parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) que para coordinar tanta burocracia creó un Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), el cual pretende ser un órgano superior de coordinación nacional para coordinar --la cacofonía no es de quien esto escribe, sino de tanto órgano coordinador-- a otras instancias de los tres niveles de gobierno (federación, estados y municipios).
Ahora bien, con el fin de asegurar que todo eso funcione, el señor Calderón promulgó el pasado 2 de enero la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual, a su vez, prevé la creación de cinco órganos facultados para establecer otros tantos "mecanismos de coordinación para la ejecusión de políticas y programas..." y bla, bla, bla, bla.
Tales órganos son la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia, la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Nacional, así como Consejos locales e Instancias regionales.
Se crearon además el Sistema Nacional de Acreditación y Control de Confianza y el Sistema único de Información Criminal.
De acuerdo con el gobierno la cosa está más o menos así: el PNSP está alineado con el PND y con el SNPD y todo ello converge en el SNSP y su CNSP. Además, el PNSP también incorpora ideas del PSSP, del ANSJL, de la ENPDyCD y de la LGEBC-SNSP. ¿Se enredó usted? No se preocupe, los funcionarios que pertenecen a toda esa esquizofrénica red lo están aún más, como lo muestran sus pobres resultados.
Pues bien, con todo ese entramado burocrático encima, un grupo de malhechores --seguramente no más listos que los metodólogos gubernamentales que han organizado toda esta maraña de papeles-- diseña una estrategia simple, compra algunas voluntades y rescata en minutos a sus secuaces. ¿Qué les parece? Patético, ¿no?
¡Hasta la próxima!
Como pocos, el peliculesco operativo desnudó, una vez más, la debilidad estructural con que el gobierno (es un decir) del señor Felipe Calderón enfrenta la llamada guerra contra la delincuencia.
Se trata de una guerra a la que se asiste con armas de papel.
Y no es una frase retórica. Los pertrechos de esta administración están hechos, en más de un sentido, de planes de papel. Veamos:
Del Sistema Nacional de Planeación Democrática (SNPD) se desprende el Programa Nacional de Seguridad Pública (PNSP), el cual se diseñó siguiendo los lineamientos de más papeles (documentos):
--El Plan Nacional de Desarrollo (PND)
--Visión México 2030
--Programa Sectorial de Seguridad Pública (PSSP)
--Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad (ANSJL)
--Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia (ENPDyCD)
--Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGEBC-SNSP)
No acaba ahí la maraña de siglas, de corrupción y de simulación institucional. Sigamos:
Todo lo anterior forma parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) que para coordinar tanta burocracia creó un Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), el cual pretende ser un órgano superior de coordinación nacional para coordinar --la cacofonía no es de quien esto escribe, sino de tanto órgano coordinador-- a otras instancias de los tres niveles de gobierno (federación, estados y municipios).
Ahora bien, con el fin de asegurar que todo eso funcione, el señor Calderón promulgó el pasado 2 de enero la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual, a su vez, prevé la creación de cinco órganos facultados para establecer otros tantos "mecanismos de coordinación para la ejecusión de políticas y programas..." y bla, bla, bla, bla.
Tales órganos son la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia, la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Nacional, así como Consejos locales e Instancias regionales.
Se crearon además el Sistema Nacional de Acreditación y Control de Confianza y el Sistema único de Información Criminal.
De acuerdo con el gobierno la cosa está más o menos así: el PNSP está alineado con el PND y con el SNPD y todo ello converge en el SNSP y su CNSP. Además, el PNSP también incorpora ideas del PSSP, del ANSJL, de la ENPDyCD y de la LGEBC-SNSP. ¿Se enredó usted? No se preocupe, los funcionarios que pertenecen a toda esa esquizofrénica red lo están aún más, como lo muestran sus pobres resultados.
Pues bien, con todo ese entramado burocrático encima, un grupo de malhechores --seguramente no más listos que los metodólogos gubernamentales que han organizado toda esta maraña de papeles-- diseña una estrategia simple, compra algunas voluntades y rescata en minutos a sus secuaces. ¿Qué les parece? Patético, ¿no?
¡Hasta la próxima!
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