Un homenaje a esta formidable pareja cinematográfica (Bergman-Bogard) en la más acabada de sus interpretaciones: Casablanca
sábado, 6 de junio de 2009
viernes, 5 de junio de 2009
Y...¿dónde está el dinero?
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló ayer que el gobierno --o de lo que se trate-- del señor Felipe Calderón no ejerció 120 mil millones de pesos del gasto público correspondientes al presupuesto de 2007, primer año de esa administración.
No se trata de encomiables ahorros, como algún lector pudiera pensar, sino de una violación a la Ley del Presupuesto de Egresos de la Federación, pues tales recursos dejaron de invertirse en áreas tan prioritarias como seguridad pública, desarrollo social e infraestructura.
En vez de eso se desviaron a fideicomisos, fondos, mandatos de la Federación y contratos, instrumentos que impiden conocer el destino y uso que se dio a ese dinero y menos exigir su devolución.
El Pliego de Observaciones a la Cuenta Pública 2007 --entregado ayer por el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, al presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados-- documenta 28 transferencias multimillonarías "a distintos fideicomisos que no nos han explicado".
"Esta manera de transferir recursos es una forma de evitar el cumplimiento de las normas en materia de ejercicio del gasto público, señaló el auditor.
Aparte la transgresión legal en que incurre el gobierno, se coloca en una situación sospechosa, puesto que los recursos transferidos a esos fideicomisos quedan fuera de la supervisión y pueden ejercerse con una muy alta discresionalidad. Es decir, pueden gastarse en lo que sea o incluso ir a parar a la cuenta personal de alguien.
Porque ¿con qué propósito se transfieren recursos no gastados a instrumentos que no están sujetos a ningún tipo de fiscalización?
El "sospechosismo" se incrementa cuando se advierte la forma en que esos recursos se hacen pasar como ya ejercidos. Aquí el mecanismo explicado por la ASF:
"Se expiden cuentas por liquidar certificadas para dar por gastados los recursos, cuando lo único que están haciendo es realizar una transferencia de un renglón presupuestal al patrimonio de los fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos..."
En esta quincena de junio vence el plazo de 45 días que tuvo el gobierno, a partir de que conoció estas observaciones, para explicar el uso que dio a ese dinero.
Este tipo de transferencias no es nueva. En un artículo anterior (Impuestos), Contadero señaló que en distintos fondos y fideicomisos, el gobierno federal tiene 376 mil millones de pesos, sobre los que existe una gran opacidad, pues no se ha informado para qué son.
Recordábamos entonces (25 de mayo) que con esa cantidad se podía resarcir el "boquete" presupuestal de 300 mil millones de pesos que faltarán este año al gobierno como resultado de lo que el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, calificó como una "caída" en la recaudación.
De modo que en esos fondos y fideicomisos --ahora se sabe que son alimentados con lo que se desvía del presupuesto-- existen suficientes recursos para tapar boquetes sin recurrir al fácil expediente de incrementar los impuestos a los ciudadanos. Veremos.
¡Hasta la próxima!
No se trata de encomiables ahorros, como algún lector pudiera pensar, sino de una violación a la Ley del Presupuesto de Egresos de la Federación, pues tales recursos dejaron de invertirse en áreas tan prioritarias como seguridad pública, desarrollo social e infraestructura.
En vez de eso se desviaron a fideicomisos, fondos, mandatos de la Federación y contratos, instrumentos que impiden conocer el destino y uso que se dio a ese dinero y menos exigir su devolución.
El Pliego de Observaciones a la Cuenta Pública 2007 --entregado ayer por el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, al presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados-- documenta 28 transferencias multimillonarías "a distintos fideicomisos que no nos han explicado".
"Esta manera de transferir recursos es una forma de evitar el cumplimiento de las normas en materia de ejercicio del gasto público, señaló el auditor.
Aparte la transgresión legal en que incurre el gobierno, se coloca en una situación sospechosa, puesto que los recursos transferidos a esos fideicomisos quedan fuera de la supervisión y pueden ejercerse con una muy alta discresionalidad. Es decir, pueden gastarse en lo que sea o incluso ir a parar a la cuenta personal de alguien.
Porque ¿con qué propósito se transfieren recursos no gastados a instrumentos que no están sujetos a ningún tipo de fiscalización?
El "sospechosismo" se incrementa cuando se advierte la forma en que esos recursos se hacen pasar como ya ejercidos. Aquí el mecanismo explicado por la ASF:
"Se expiden cuentas por liquidar certificadas para dar por gastados los recursos, cuando lo único que están haciendo es realizar una transferencia de un renglón presupuestal al patrimonio de los fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos..."
En esta quincena de junio vence el plazo de 45 días que tuvo el gobierno, a partir de que conoció estas observaciones, para explicar el uso que dio a ese dinero.
Este tipo de transferencias no es nueva. En un artículo anterior (Impuestos), Contadero señaló que en distintos fondos y fideicomisos, el gobierno federal tiene 376 mil millones de pesos, sobre los que existe una gran opacidad, pues no se ha informado para qué son.
Recordábamos entonces (25 de mayo) que con esa cantidad se podía resarcir el "boquete" presupuestal de 300 mil millones de pesos que faltarán este año al gobierno como resultado de lo que el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, calificó como una "caída" en la recaudación.
De modo que en esos fondos y fideicomisos --ahora se sabe que son alimentados con lo que se desvía del presupuesto-- existen suficientes recursos para tapar boquetes sin recurrir al fácil expediente de incrementar los impuestos a los ciudadanos. Veremos.
¡Hasta la próxima!
jueves, 4 de junio de 2009
Campañas: El PAN
Hábilmente --porque sabe que en casi todos los demás frentes sus resultados son deficitarios o francamente regresivos-- el Partido Acción Nacional (PAN) ha centrado su campaña electoral, de cara a los comicios federales del 5 de julio, en destacar el combate al narcotráfico.
A despecho de la economía --donde un pésimo cálculo inicial acerca de las proporciones de la crisis tiene al país sumido en el desempleo y en la parálisis del aparato productivo-- el gobierno panista del señor Felipe Calderón ha hecho de esa guerra su bandera de gobierno. En ese nicho es donde más cómodo parece sentirse. Casi no hay acto público en el que no se refiera a la lucha contra el trasiego de estupefacientes y las bandas que lo organizan.
Ha logrado posicionar el tema del narcotráfico como el principal en el imaginario colectivo, y a ello se juega todas sus cartas, como lo muestra el hecho de haber diseñado la campaña electoral de su partido con ese asunto como eje rector.
No es un mal cálculo. Como se trata de una acción bien valorada socialmente, por la amenaza que representa el narcotráfico en términos de violencia, delincuencia y adicciones, su combate le ha ganado al señor Felipe Calderón la simpatía de vastos sectores de la población que ven en él --no a un salvador de la humanidad, como sin rubor recientemente se autoproclamó-- sino a un político empeñado en luchar contra ese flagelo.
La estrategia tiene dos puntas: posicionar a Calderón como el único que le ha entrado a ese toro y por añadidura acusar y desprestigiar a quienes le precedieron de haber permitido que el problema creciera. Así, la figura de Felipe queda realzada por contraste.
El otro aspecto consiste en acusar al Partido Revolucionario Institucional (PRI), su principal oponente en la contienda, de haberse coludido con narcotraficantes y hacerlo aparecer ante la opinión pública como renuente a apoyar la cruzada del "presidente". En esa lógica, el tricolor es colocado del lado de los enemigos y opuesto a los deseos y mandato de las mayorías.
Lo insólito fue la incapacidad del PRI para desmarcarse de esas acusaciones. Fue, además, paradójico verlo contra las cuerdas víctima de una operación ideológica que el propio partido aplicó por décadas y que consistía en hacerse pasar como la encarnación de los "más altos intereses de la nación".
Pero vengamos de nuevo a la campaña blanquiazul. En el plano discursivo, el mensaje manipula uno de los valores más preciados de una familia: los hijos. El eslogan: "para que la droga no llegue a tus hijos" conquista de inmediato corazones.
No se trata de una guerra para salvar al país, un ente abstracto y lejano en el corazón de la gente. Tampoco se trata de garantizar tu seguridad ("Al cabo que yo, bien o mal, pues ya viví"). No, aquí lo que tenemos es a alguien --el presidente-- luchando por algo más cercano y sagrado para una familia tradicional: "tus hijos". ¿Se puede regatear el apoyo a alguien así?
Montados en esa manipulación sentimental, los espots del PAN hacen parecer que un voto por sus siglas es un voto de apoyo para que el así llamado presidente siga combatiendo al narcotráfico y "que la droga no llegue a tus hijos".
Pero además, esos mensajes incluyen su necesaria dosis de miedo y de coacción para el desprevenido elector. Y en eso es posible advertir la mano del estratega de cabecera de Calderón, el español Antonio Solá.
Se sugiere en la propaganda panista que si no hay votos por el PAN, el combate al narcotráfico se acabaría y, otra vez, tus hijos quedarían desamparados y a merced de quienes distribuyen drogas "hasta en las escuelas".
El uso de figuras públicas populares para transmitir el mensaje, como la taekwandoín Iridia Salazar (que vino como anillo al dedo en eso de exaltar la protección de los hijos por su condición de mujer embarazada) y del luchador El Místico (la metáfora del combate) es un recurso antiguo, pero aún eficaz para influir en audiencias de bajos ingresos y con poca preparación académica, que aún siguen siendo una mayoría redituable y manipulable a la hora de hacerlos ir a votar.
La estrategia ha sido aderezada con golpes mediáticos sobre el mismo asunto, como los operativos en Michoacán y Nuevo León, que consisten en hacer ver a la población que ahora se atacará la impunidad de quienes desde los gobiernos han sido comprados por el narco.
Se trata de reiterar y hacer creer que en ese tema el gobierno irá a fondo. No se sabe si los detenidos saldrán pasadas las elecciones por falta de pruebas, pero en tal caso lo harán uno a uno y sin los reflectores ni la espectacularidad con que fueron detenidos. Para entonces el efecto buscado --impresionar al respetable-- se habrá cumplido cabalmente.
Saben los estrategas gubernamentales que, como escribió Juan José Arreola, "el público, inocente por naturaleza, no se da cuenta de nada y pierde los pormenores que saltan a la vista del observador destacado...se atiene simplemente a los resultados y, cuando se le da gusto, no escatima su aplauso".
Más aún, ese público, en la metáfora de Arreola, "paga por ver una pulga vestida; y no tanto por la belleza del traje, sino por el trabajo que ha costado ponérselo".
Lo que llama la atención en la propaganda panista no son los recursos que utiliza para manipular al electorado, sino su focalización. No hay un solo anuncio que aluda a algún compromiso con otros problemas que afronta el país y que lo tienen caracterizado como una sociedad atrasada: economía en recesión, desempleo, corrupción, impunidad, salud, alimentación, campo, ciencia y tecnología, educación, corporativismo, oligarquías y monopolios.
Todo es una y la misma cosa: narcotráfico. Lo demás desapareció del horizonte nacional. La presidencia convertida en barandilla de MP. No hay nada más qué ofrecer.
Es cierto que en una campaña política de lo que se trata es de atraerse los más votos posibles. De inducir en mi favor la preferencia del electorado, mediante el uso de recursos de diversa índole. No es eso lo que se critica aquí. Lo cuestionable es la abierta manipulación que se hace del interés de la gente.
Es decir, en realidad lo que está en juego en estas elecciones no es la continuidad o no de la lucha contra el narcotráfico (por cierto, las demás modalidades del crimen organizado no son importunadas y gozan de cabal salud).
Lo que Calderón necesita es una mayoría en el Congreso que le permita imponer a su modo, las reformas que faltan al proyecto de la derecha: la fiscal y la laboral. Una mayoría que le ayude a emprender todas las modificaciones constitucionales, incluso aquellas que estén contra del interés de las mayorías, todo sin tener que negociar con las otras fuerzas políticas.
Eso es lo que está detrás de una campaña que pone por delante el miedo y la amenaza, como sus principales recursos para llevar a las urnas, como en 2006, a un electorado coaccionado de antemano por el temor.
¡Hasta la próxima!
miércoles, 3 de junio de 2009
Pobreza y manipulación
Aunque es una verdad de Perogrullo, vale la pena recordarla: Una sociedad o una persona menos preparada es más fácil de manipular, es decir, de engañar o asustar con trampas.
Por extensión, la manipulación electoral es posible sólo en función del atraso político de la población.
En cada periodo de elecciones es común escuchar en México a los partidos acusarse mutuamente o atribuir al gobierno en turno el uso electoral (ilegal) de los programas sociales o de las principales políticas públicas.
Esa tentación de manipular no es, sin embargo, privativa de México. Pero tiene mayor o menor eficacia en tanto se trate de practicar en una democracia madura o en una como la nuestra, acotada por la corrupción, la impunidad y la falta de preparación e información de amplios sectores de la población.
En suma, lo que nuestros políticos quieren evitar al excluir la participación del gobierno de las elecciones --lo que en muchas partes del mundo es perfectamente legal-- es que se manipule a las masas empobrecidas e impreparadas que, paradójicamente, suelen ser las más conservadoras.
No es que los partidos de oposición no busquen esa misma manipulación para atraerse votos, lo que pretenden impedir es la ventaja que otorga al gobierno el hecho de ser identificado como el dador de las dádivas convertidas en programas sociales, y que las simpatías así ganadas le signifiquen votos a su partido.
En una sociedad con suficiente preparación y desarrollo político eso no ocurriría. La gente dispondría de información y del criterio suficiente para evaluar a sus políticos y tendría claro que los recursos que un gobierno invierte en paliar la pobreza son públicos, producto del trabajo de toda la sociedad (otra perogrullada).
Pero ese no es el caso de México. Aunque no lo parezca, aquí mucha gente sigue creyendo que los subsidios que recibe se deben a la buena voluntad del gobernante y que si éste no es apoyado en las elecciones, esas ayudas desaparecerán.
En la manipulación de esas creencias se basa la impugnada propaganda electoral del Partido Acción Nacional (PAN).
Los partidos y el gobierno tienen bien estudiada la sociedad. Saben qué resortes activar para lograr una conducta más o menos deseada. También saben que entre las masas de este país la figura presidencial conserva el halo de poder que adquirió durante el sistema de partido único y que lo convierte en una figura a la que hay que seguir y obedecer.
De ahí que se considere una ventaja indebida el convertir la elección en un referéndum de apoyo al presidente, particularmente en el reducido ámbito de la lucha contra el narco, como pretende la estrategia panista, cuando se sabe que el país no es sólo eso y en cambio enfrenta escenarios muy críticos en otros temas, como el económico.
No lo reconocen, porque se ganarían una rechifla, pero en el fondo los políticos saben que esta es una sociedad políticamente atrasada, así que tratan de evitar que unos y otros saquen provecho de esa circunstancia y la capitalicen en su favor.
Lo malo que ese atraso social es el factor que marca el tono tramposo, pobre y manipulador de las campañas electorales que padecemos. Hasta podría decirse que los espots y el deplorable espectáculo que se ofrece no van sino dirigido a los estratos más pobres, pues de acuerdo con encuestas, como la de la revista Nexos (febrero, 2009), la población menos crítica es la de un nivel socioeconómico más bajo.
¡Hasta la próxima!
Por extensión, la manipulación electoral es posible sólo en función del atraso político de la población.
En cada periodo de elecciones es común escuchar en México a los partidos acusarse mutuamente o atribuir al gobierno en turno el uso electoral (ilegal) de los programas sociales o de las principales políticas públicas.
Esa tentación de manipular no es, sin embargo, privativa de México. Pero tiene mayor o menor eficacia en tanto se trate de practicar en una democracia madura o en una como la nuestra, acotada por la corrupción, la impunidad y la falta de preparación e información de amplios sectores de la población.
En suma, lo que nuestros políticos quieren evitar al excluir la participación del gobierno de las elecciones --lo que en muchas partes del mundo es perfectamente legal-- es que se manipule a las masas empobrecidas e impreparadas que, paradójicamente, suelen ser las más conservadoras.
No es que los partidos de oposición no busquen esa misma manipulación para atraerse votos, lo que pretenden impedir es la ventaja que otorga al gobierno el hecho de ser identificado como el dador de las dádivas convertidas en programas sociales, y que las simpatías así ganadas le signifiquen votos a su partido.
En una sociedad con suficiente preparación y desarrollo político eso no ocurriría. La gente dispondría de información y del criterio suficiente para evaluar a sus políticos y tendría claro que los recursos que un gobierno invierte en paliar la pobreza son públicos, producto del trabajo de toda la sociedad (otra perogrullada).
Pero ese no es el caso de México. Aunque no lo parezca, aquí mucha gente sigue creyendo que los subsidios que recibe se deben a la buena voluntad del gobernante y que si éste no es apoyado en las elecciones, esas ayudas desaparecerán.
En la manipulación de esas creencias se basa la impugnada propaganda electoral del Partido Acción Nacional (PAN).
Los partidos y el gobierno tienen bien estudiada la sociedad. Saben qué resortes activar para lograr una conducta más o menos deseada. También saben que entre las masas de este país la figura presidencial conserva el halo de poder que adquirió durante el sistema de partido único y que lo convierte en una figura a la que hay que seguir y obedecer.
De ahí que se considere una ventaja indebida el convertir la elección en un referéndum de apoyo al presidente, particularmente en el reducido ámbito de la lucha contra el narco, como pretende la estrategia panista, cuando se sabe que el país no es sólo eso y en cambio enfrenta escenarios muy críticos en otros temas, como el económico.
No lo reconocen, porque se ganarían una rechifla, pero en el fondo los políticos saben que esta es una sociedad políticamente atrasada, así que tratan de evitar que unos y otros saquen provecho de esa circunstancia y la capitalicen en su favor.
Lo malo que ese atraso social es el factor que marca el tono tramposo, pobre y manipulador de las campañas electorales que padecemos. Hasta podría decirse que los espots y el deplorable espectáculo que se ofrece no van sino dirigido a los estratos más pobres, pues de acuerdo con encuestas, como la de la revista Nexos (febrero, 2009), la población menos crítica es la de un nivel socioeconómico más bajo.
¡Hasta la próxima!
lunes, 1 de junio de 2009
Bono demográfico, oportunidad fallida
"En el largo plazo todos estaremos muertos" suele decirse --citando a John Maynard Keynes-- para apremiar a que algo se haga hoy que se requiere y no para cuando quizá ya ni sea necesario.
En la vida de un país, sin embargo, el largo plazo existe, y lo que se haga o se omita hoy afectará indefectiblemente ese horizonte.
Lo anterior viene a cuento porque si no se actúa con urgencia para atender las causas estructurales de las pavorosas estadísticas de desempleo que conocemos a diario, la ironía keynesiana podría ser una realidad para este país al cabo de unos años.
A diferencia de nuestros políticos, tomemos distancia de la coyuntura para otear el futuro. Podría entonces decirse que los mexicanos de esta época estamos a punto de ser testigos --o cómplices, según se quiera ver-- de una nueva oportunidad perdida para el país.
Esa oportunidad es el cambio en la estructura de edad de la población (menos nacimientos y mayor esperanza de vida), en el cual ya nos encontramos y no estamos preparados para aprovechar sus ventajas.
Ese cambio, conocido como bono demográfico, ocurre cuando la mayoría de la población se encuentra en edad de trabajar y una porción menor es dependiente, es decir, hay menos niños y ancianos a quienes mantener.
Con más gente productiva es posible generar mayor riqueza, pues al haber pocas personas en edad escolar o en retiro, la presión sobre los gastos en educación y salud también se reduce y se elevan las posibilidades de ahorro e inversión.
Como puede verse, se trata de un factor clave para el crecimiento y desarrollo económico sostenido. El economista Miguel Székely (Este país, número 181, abril 2006, p. 29) ha señalado que el sudeste asiático --Hong Kong, Corea del Sur, Taiwán y Singapur-- fue la región que mayor crecimiento económico generó durante la segunda mitad del siglo XX.
Pues bien, se ha atribuido al bono demográfico entre 15 y 40 por ciento del crecimiento económico observado entre 1965 y 1990 para esa región. El investigador señala que al parecer esas naciones ya han materializado su oportunidad demográfica, pues su tasa de ahorro interno en el año 2000 era de 28 por ciento, prácticamente el doble del 15 por ciento registrado en México ese año.
Nuestro país, sin embargo, parece encaminarse a desperdiciar esa oportunidad histórica, pues para capitalizarla en su favor necesitaría cumplir dos condiciones: brindar educación de calidad y generar las oportunidades de empleo para atender a los jóvenes que se incorporan a la población económicamente activa (PEA). Aquí esas condiciones no existen.
Aunque suene a lugar común, puede decirse que "el futuro ya nos alcanzó", pues entre 1950 y 2000 la población entre 0 y 14 años (población dependiente) representó más de 45 por ciento del total. Pero debido a la menor tasa de crecimiento poblacional desde los años 70 del siglo pasado, este grupo se ha ido reduciendo gradualmente y la población en edad de trabajar se ha incrementado.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo), 65.5 por ciento de la población actual está en edad laboral (15-64 años); 28.7 por ciento tiene entre 0 y 14 años, y sólo 5.8 por ciento (unas seis millones de personas son adultos de 65 años o más).
Según la misma fuente, en 2008 había 45 menores de 15 años y 8.6 individuos mayores de 64 por cada 100 personas en edad laboral, lo que representa una razón de dependencia de 53.7. El Conapo estima que esa razón de dependencia disminuirá aún más hasta alcanzar su mínimo en el año 2020, con un valor de 45 dependientes por cada 100 individuos en edad laboral.
Es decir, dentro de sólo 11 años estaremos viviendo el apogeo del bono demográfico y, sin embargo, no se están generando las oportunidades de empleo que toda esa gente va a requerir.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revelan que desde 2006 --año en que se impuso en Los Pinos el autodenominado "presidente del empleo"-- ningún joven de los que se incorporaron a la PEA encontró trabajo ni en el sector formal o informal de la economía.
Y lo anterior no es sólo atribuible a la crisis "que nos vino de fuera". Durante el gobierno de Vicente Fox, con los mayores excedentes petroleros de que haya dispuesto el país para reactivar la economía, la desocupación se incrementó de 915 mil 418 personas a un millón 600 mil 891. Es decir, un crecimiento de 74.8 por ciento en seis años.
En 28 meses de Felipe Calderón el número de personas desocupadas creció en 799 mil 109 hasta afectar a los actuales 2 millones 400 mil, o sea, 49.91 por ciento más respecto de 2006.
El asunto es grave porque después del periodo de bono demográfico lo que se prevé, como es natural, es un repunte en la dependencia poblacional del lado de las personas de la tercera edad.
El estudio del Conapo, La situación demográfica Nacional 2008, señala que a partir de 2012 el número de adolescentes comenzará a disminuir de manera constante, mientras que la población entre 20 y 24 años comenzará a descender a partir del año 2015, aproximadamente. En contraparte, en 2012 se estima que 6.3 por ciento de la población (6.9 millones de individuos) tendrá al menos 65 años de edad.
Se calcula, además, que el envejecimiento de la población mexicana está a la vuelta de sólo 25 años, pues se consolidará en 2035, cuando la población en edad avanzada supere a la infantil. Así que desaprovechar el bono demográfico no sólo implicará dejar sin empleo a quienes lo soliciten cuando sean jóvenes sino que luego no habrá riqueza para atenderlos cuando sean viejos.
En un escenario como ese habrá mucha presión sobre los sistemas de pensiones, además de que, debido a la precariedad del trabajo, la mayoría habrá trabajado en el sector informal por lo que llegará a la edad del retiro sin una pensión que le asegure un ingreso.
Actualmente, con una población ocupada de 43 millones 255 mil 217 personas, sólo 15 millones 931 mil 880 (37 por ciento del total) tiene acceso a la seguridad social, según registros del INEGI. El resto --27 millones 323 mil 737 trabajadores-- carece de esa prestación.
El panorama no es muy halagüeño, pues los propios documentos oficiales revelan que será difícil crear las condiciones para que la economía mexicana sea capaz de generar los empleos necesarios en los próximos años.
El estudio Proyecciones de la Población Económicamente Activa de México y las entidades federativas 2005-2050, elaborado para el Conapo por Virgilio Partida Bush, admite que "Mientras se espera que la demanda de empleos continúe creciendo en el futuro, no se vislumbra aún el momento en que se revierta el relativo estancamiento del aparato productivo de México y un crecimiento económico sostenido haga plausible el equilibrio entre oferta y demanda de puestos de trabajo".
El documento asienta que la "ventana de oportunidad" llamada bono o dividendo demográfico permanecerá abierta transitoriamente en México, por primera y única vez de 2012 a 2033.
Pero también señala que, de acuerdo con escenarios de prospectiva económica, se requeriría de una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) constante de 4.6 por ciento entre el año 2000 y 2030, para que el número de empleos formales, productivos, bien remunerados y con prestaciones pueda absorber casi 85 por ciento de la PEA en 2030.
Calcule el lector la posibilidad de que eso ocurra cuando en un periodo casi similar (1981-2006) el PIB creció en promedio sólo 2.6 por ciento.
Del lado de la educación --el otro gran factor del bono-- las cosas no están mejor. El rector de la UNAM, José Narro Robles, expuso la semana pasada que 7.5 millones de jóvenes entre 12 y 25 años no estudia ni trabaja; 10 millones de mexicanos carecen de estudios de primaria, 17 millones
no tienen la secundaria concluida y sólo uno de cuatro jóvenes tiene oportunidad de estudiar.
A mayor abundamiento, el director del Instituto Politécnico Nacional, Enrique Villa, estableció que de cada 100 niños que inician la primaria, sólo 13 llegan al nivel de licenciatura.
Tal es la magnitud del problema que enfrentará México en los próximos años y que incluso amenaza con poner en duda su viabilidad como país (un Estado fallido). Con ese telón de fondo, nuestra clase política sigue jugando a las guerritas contra el narcotráfico y entreteniéndose en campañitas sucias.
¡Hasta la próxima!
En la vida de un país, sin embargo, el largo plazo existe, y lo que se haga o se omita hoy afectará indefectiblemente ese horizonte.
Lo anterior viene a cuento porque si no se actúa con urgencia para atender las causas estructurales de las pavorosas estadísticas de desempleo que conocemos a diario, la ironía keynesiana podría ser una realidad para este país al cabo de unos años.
A diferencia de nuestros políticos, tomemos distancia de la coyuntura para otear el futuro. Podría entonces decirse que los mexicanos de esta época estamos a punto de ser testigos --o cómplices, según se quiera ver-- de una nueva oportunidad perdida para el país.
Esa oportunidad es el cambio en la estructura de edad de la población (menos nacimientos y mayor esperanza de vida), en el cual ya nos encontramos y no estamos preparados para aprovechar sus ventajas.
Ese cambio, conocido como bono demográfico, ocurre cuando la mayoría de la población se encuentra en edad de trabajar y una porción menor es dependiente, es decir, hay menos niños y ancianos a quienes mantener.
Con más gente productiva es posible generar mayor riqueza, pues al haber pocas personas en edad escolar o en retiro, la presión sobre los gastos en educación y salud también se reduce y se elevan las posibilidades de ahorro e inversión.
Como puede verse, se trata de un factor clave para el crecimiento y desarrollo económico sostenido. El economista Miguel Székely (Este país, número 181, abril 2006, p. 29) ha señalado que el sudeste asiático --Hong Kong, Corea del Sur, Taiwán y Singapur-- fue la región que mayor crecimiento económico generó durante la segunda mitad del siglo XX.
Pues bien, se ha atribuido al bono demográfico entre 15 y 40 por ciento del crecimiento económico observado entre 1965 y 1990 para esa región. El investigador señala que al parecer esas naciones ya han materializado su oportunidad demográfica, pues su tasa de ahorro interno en el año 2000 era de 28 por ciento, prácticamente el doble del 15 por ciento registrado en México ese año.
Nuestro país, sin embargo, parece encaminarse a desperdiciar esa oportunidad histórica, pues para capitalizarla en su favor necesitaría cumplir dos condiciones: brindar educación de calidad y generar las oportunidades de empleo para atender a los jóvenes que se incorporan a la población económicamente activa (PEA). Aquí esas condiciones no existen.
Aunque suene a lugar común, puede decirse que "el futuro ya nos alcanzó", pues entre 1950 y 2000 la población entre 0 y 14 años (población dependiente) representó más de 45 por ciento del total. Pero debido a la menor tasa de crecimiento poblacional desde los años 70 del siglo pasado, este grupo se ha ido reduciendo gradualmente y la población en edad de trabajar se ha incrementado.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo), 65.5 por ciento de la población actual está en edad laboral (15-64 años); 28.7 por ciento tiene entre 0 y 14 años, y sólo 5.8 por ciento (unas seis millones de personas son adultos de 65 años o más).
Según la misma fuente, en 2008 había 45 menores de 15 años y 8.6 individuos mayores de 64 por cada 100 personas en edad laboral, lo que representa una razón de dependencia de 53.7. El Conapo estima que esa razón de dependencia disminuirá aún más hasta alcanzar su mínimo en el año 2020, con un valor de 45 dependientes por cada 100 individuos en edad laboral.
Es decir, dentro de sólo 11 años estaremos viviendo el apogeo del bono demográfico y, sin embargo, no se están generando las oportunidades de empleo que toda esa gente va a requerir.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revelan que desde 2006 --año en que se impuso en Los Pinos el autodenominado "presidente del empleo"-- ningún joven de los que se incorporaron a la PEA encontró trabajo ni en el sector formal o informal de la economía.
Y lo anterior no es sólo atribuible a la crisis "que nos vino de fuera". Durante el gobierno de Vicente Fox, con los mayores excedentes petroleros de que haya dispuesto el país para reactivar la economía, la desocupación se incrementó de 915 mil 418 personas a un millón 600 mil 891. Es decir, un crecimiento de 74.8 por ciento en seis años.
En 28 meses de Felipe Calderón el número de personas desocupadas creció en 799 mil 109 hasta afectar a los actuales 2 millones 400 mil, o sea, 49.91 por ciento más respecto de 2006.
El asunto es grave porque después del periodo de bono demográfico lo que se prevé, como es natural, es un repunte en la dependencia poblacional del lado de las personas de la tercera edad.
El estudio del Conapo, La situación demográfica Nacional 2008, señala que a partir de 2012 el número de adolescentes comenzará a disminuir de manera constante, mientras que la población entre 20 y 24 años comenzará a descender a partir del año 2015, aproximadamente. En contraparte, en 2012 se estima que 6.3 por ciento de la población (6.9 millones de individuos) tendrá al menos 65 años de edad.
Se calcula, además, que el envejecimiento de la población mexicana está a la vuelta de sólo 25 años, pues se consolidará en 2035, cuando la población en edad avanzada supere a la infantil. Así que desaprovechar el bono demográfico no sólo implicará dejar sin empleo a quienes lo soliciten cuando sean jóvenes sino que luego no habrá riqueza para atenderlos cuando sean viejos.
En un escenario como ese habrá mucha presión sobre los sistemas de pensiones, además de que, debido a la precariedad del trabajo, la mayoría habrá trabajado en el sector informal por lo que llegará a la edad del retiro sin una pensión que le asegure un ingreso.
Actualmente, con una población ocupada de 43 millones 255 mil 217 personas, sólo 15 millones 931 mil 880 (37 por ciento del total) tiene acceso a la seguridad social, según registros del INEGI. El resto --27 millones 323 mil 737 trabajadores-- carece de esa prestación.
El panorama no es muy halagüeño, pues los propios documentos oficiales revelan que será difícil crear las condiciones para que la economía mexicana sea capaz de generar los empleos necesarios en los próximos años.
El estudio Proyecciones de la Población Económicamente Activa de México y las entidades federativas 2005-2050, elaborado para el Conapo por Virgilio Partida Bush, admite que "Mientras se espera que la demanda de empleos continúe creciendo en el futuro, no se vislumbra aún el momento en que se revierta el relativo estancamiento del aparato productivo de México y un crecimiento económico sostenido haga plausible el equilibrio entre oferta y demanda de puestos de trabajo".
El documento asienta que la "ventana de oportunidad" llamada bono o dividendo demográfico permanecerá abierta transitoriamente en México, por primera y única vez de 2012 a 2033.
Pero también señala que, de acuerdo con escenarios de prospectiva económica, se requeriría de una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) constante de 4.6 por ciento entre el año 2000 y 2030, para que el número de empleos formales, productivos, bien remunerados y con prestaciones pueda absorber casi 85 por ciento de la PEA en 2030.
Calcule el lector la posibilidad de que eso ocurra cuando en un periodo casi similar (1981-2006) el PIB creció en promedio sólo 2.6 por ciento.
Del lado de la educación --el otro gran factor del bono-- las cosas no están mejor. El rector de la UNAM, José Narro Robles, expuso la semana pasada que 7.5 millones de jóvenes entre 12 y 25 años no estudia ni trabaja; 10 millones de mexicanos carecen de estudios de primaria, 17 millones
no tienen la secundaria concluida y sólo uno de cuatro jóvenes tiene oportunidad de estudiar.
A mayor abundamiento, el director del Instituto Politécnico Nacional, Enrique Villa, estableció que de cada 100 niños que inician la primaria, sólo 13 llegan al nivel de licenciatura.
Tal es la magnitud del problema que enfrentará México en los próximos años y que incluso amenaza con poner en duda su viabilidad como país (un Estado fallido). Con ese telón de fondo, nuestra clase política sigue jugando a las guerritas contra el narcotráfico y entreteniéndose en campañitas sucias.
¡Hasta la próxima!
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