Acaso algún lector pueda acordarse del título de una cinta holywoodense en que un grupo de abogados, convencidos de que "alguien secuestró la justicia y la ocultó en la ley", se ocupaban de hacer juicios y dictar condenas paralelas a acusados a los cuales no habían podido llevar a prisión, a pesar de su manifiesta culpabilidad, debido a los recovecos de la ley.
En la escena inicial un sujeto es perseguido por la policía tras asesinar a una víctima. En su desesperada carrera deposita el arma criminal en un camión de basura. Los agentes se percatan de ese movimiento, hurgan en los desechos y encuentran el arma homicida. Capturado y llevado a juicio, el malhechor es, sin embargo, absuelto por un detalle legal: los policías que encontraron el arma no tenían jurisdicción para buscar en el camión de la basura porque éste es considerado territorio federal.
Así, aunque la evidencia era fehaciente --el arma homicida con las huellas del criminal-- había sido obtenida ilegalmente, lo cual permitió que el sujeto quedara en libertad.
Algo similar ha ocurrido con el caso Acteal, en el que la Sala Primera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decididió amparar y decretar la libertad inmediata de 20 indígenas que han permanecido 11 años en prisión acusados de asesinar a 45 tzotziles de Acteal que oraban en una mezquita de madera el 22 de diciembre de 1997.
Sin juzgar acerca de la culpabilidad de los detenidos, los ministros de la Corte determinaron ordenar su libertad por haber encontrado que la Procuraduría General de la República torció el "Debido proceso judicial". Esto es, incurrió en fallas en los procedimientos judiciales mínimos que debe cumplir para respetar las garantías de los acusados, amén de iniciar los procesos partiendo de la presunción de inocencia.
De todo ello concluyó que el caso fue mal conducido, mal juzgado y mal castigado. Familiares y las propias víctimas sobrevivientes, cuyo testimonio fue crucial en la captura y condena de los acusados por haberlos reconocido claramente, han deplorado la resolución de la Corte, a cuyos ministros responsabilizan de eventuales nuevos ataques que, tras el fallo de ayer, puedan sufrir miembros de la organización Las Abejas, a la que pertenecían los indígenas inmolados.
Este episodio ilustra uno de los capítulos más oscuros de la justicia mexicana. Como en los asesinatos de Luis Donaldo Colosio o de José Francisco Ruiz Massieu, las autoridades han empleado la ley para desvirtuar tanto los hechos, el escenario y los protagonistas que acaso nunca se llegue a determinar con exactitud lo que ocurrió en cada caso.
Acteal constituye una vergüenza, un crimen de lesa humanidad que quedará impune por la voluntad política de las autoridades encabezadas por el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León.
Y sin embargo, la resolución de la Corte pudo tener otro derrotero. Como lo señala el Bufete jurídico Tierra y Libertad A.C. Bárbara Zamora y Santos García, "los errores procesales nunca han sido sustento para que los jueces concedan un amparo liso y llano, por el contrario, en ese tipo de violaciones procesales, que se dan en todos los casos, se otorga amparo de los llamados `para efectos` mediante el cual se ordena reponer el procedimiento para subsanar dichos yerros".
De ese modo, lo que procede, decía ayer el Bufete en una carta dirigida a los ministros de la Corte, es que ustedes resuelvan ordenando reponer el procedimiento para subsanar las fallas y asimismo para el efecto de que comparezcan todos los implicados materiales e intelectuales, funcionarios con altos cargos en el gobierno de Ernesto Zedillo, incluido él mismo.
No se hizo así. Los magistrados se atuvieron a la técnica jurídica sin considerar la alevosía de los hechos. Es decir, sin considerar que los "errores" procesales de la PGR pudieron ser intencionales con el propósito de encubrir a los autores intelectuales del crimen.
Si de justicia se tratara, los ministerios públicos que incurrieron en torcer el "procedimiento debido" fabricando pruebas y testimonios deberían ser sujetos a juicio y, en su caso, a una condena corporal. Y no obstante, la PGR, mediante el vocero Ricardo Nájera, se ha apresurado a aclarar que no se procederá contra los ministerios públicos implicados porque "en su momento la PGR consideró que había los elementos suficientes para ejercitar la acción penal".
Lo dicho, alguien secuestró la justicia y la ocultó en la ley.
¡Hasta la próxima!
jueves, 13 de agosto de 2009
martes, 11 de agosto de 2009
Latinoamérica: el Norte y el Sur
En política, dicen los que saben, no hay coincidencias. Y hoy, coincidentemente, los periódicos muestran dos fotografías contrastantes: por un lado, los "líderes" de América del Norte y su minicumbre (más por los resultados que por su duración) y por otro lado los presidentes del cono Sur participantes en la cumbre de la Unión de Naciones de Sudamérica (Unasur).
Ambos hechos parecen confirmar la actual ubicación de México en el continente. Su adscripción como parte de América del Norte no sólo es, en esta hora, un accidente geográfico, sino una elección ideológica. No es la primera vez, sin embargo, que esta circunstancia se muestra simbólicamente.
Este mismo año, en febrero, mientras los presidentes de Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay y Venezuela se encontraron en el Foro Social Mundial, el de México acudió al Foro Económico de Davos, Suiza, en lo que constituyó una muestra, más de fondo que de forma, que exhibe de qué lado se adscribe México en la geopolítica del continente.
Aunque separadas por miles de kilómetros, las dos cumbres que terminaron ayer en Guadalajara y en Quito, intercambiaron mensajes.
Acaso en respuesta a los dichos del depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, que ha calificado como "tibia" la actuación de Estados Unidos ante el golpe militar en ese país, Barack Obama calificó como "hipócrita" la visión de quienes hoy le exigen intervenir en la región, pero que en otros momentos han criticado y repudiado esas intervenciones.
La hipocrecía no está, en todo caso, de un sólo lado. Obama ha dicho que durante su administración Estados Unidos ya no será el policía del mundo. Sin embargo, mantiene la intervención militar de la OTAN en Afganistan y recién firmó un plan para ampliar la fuerza militar estadounidense en siete bases militares que mantiene en Colombia (pasaría de 250 a 800 soldados en un país con el segundo ejército más grande de la región).
Se trata de algo que, en opinión de los presidentes latinoamericanos, trasciende la relación bilateral Bogotá-Washington, pues, como lo señaló la mandataria argentina Cristina Kichner, "se crea en la región un estado de beligerancia inaceptable e inédito."
Otro punto que pareció poner distancia entre el Norte y el Sur fue el tema Honduras: los tres líderes norteños insistieron en remitir todo a la entrampada mediación de la OEA y en mantener un apoyo abstracto, subrayado por el dicho del señor Calderón al señalar que no se trata de abogar por una persona en particular, sino de defender la institucionalidad democrática.
En el Sur, en cambio, se expresaron claras condenas a los golpistas hondureños y se exigió el regreso del presidente Manuel Zelaya a su cargo constitucional.
Esos son los contrastes y asimetrías que pueblan hoy la correlación de fuerzas en el continente.
En lo que concierne en particular con la cumbre de América del Norte, no se puede decir sino que se trató de una reunión protocolaria organizada sólo para cumplir con el calendario, es decir, con el requisito.
No se resolvió nada: Canadá insistió en mantener el requisito de visas para mexicanos que viajan a ese país y Obama no destrabó los recursos prometidos para la asistencia contra el narcotráfico en el marco de la Iniciativa Mérida, debido a las dudas del congreso estadounidense en cuanto a que en México se respeten los derechos humanos.
Más llamativo fue lo que ocurrió en el entorno de la cumbre. Hoy el New York Times publica en primera plana un reportaje titulado: "Los traficantes de droga en México continúan su comercio desde prisión".
Se describe ahí el video que muestra cómo se fugaron de una cárcel de Zacatecas 53 presos vinculados con los principales cárteles de las drogas, en lo que constituye una nueva desautorización o por lo menos cuestionamiento a la eficacia de la lucha del gobierno mexicano contra el tráfico de estupefacientes.
Otra coincidencia en torno de la reunión de presidentes, fue la muy conveniente captura, divulgada ayer, de un presunto sicario, Dimas Díaz Ramos, que --según se dijo sin ninguna prueba fehaciente-- habría sido encargado de planear y llevar a cabo un atentado contra Felipe Calderón.
Se trata de una clara maniobra escenográfica destinada a mostrar a los visitantes la dimensión y el "valor" de Calderón que así expone su vida en su lucha por salvar a México y en una de esas hasta al mundo del flagelo que representan las drogas.
¡Hasta la próxima!
Ambos hechos parecen confirmar la actual ubicación de México en el continente. Su adscripción como parte de América del Norte no sólo es, en esta hora, un accidente geográfico, sino una elección ideológica. No es la primera vez, sin embargo, que esta circunstancia se muestra simbólicamente.
Este mismo año, en febrero, mientras los presidentes de Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay y Venezuela se encontraron en el Foro Social Mundial, el de México acudió al Foro Económico de Davos, Suiza, en lo que constituyó una muestra, más de fondo que de forma, que exhibe de qué lado se adscribe México en la geopolítica del continente.
Aunque separadas por miles de kilómetros, las dos cumbres que terminaron ayer en Guadalajara y en Quito, intercambiaron mensajes.
Acaso en respuesta a los dichos del depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, que ha calificado como "tibia" la actuación de Estados Unidos ante el golpe militar en ese país, Barack Obama calificó como "hipócrita" la visión de quienes hoy le exigen intervenir en la región, pero que en otros momentos han criticado y repudiado esas intervenciones.
La hipocrecía no está, en todo caso, de un sólo lado. Obama ha dicho que durante su administración Estados Unidos ya no será el policía del mundo. Sin embargo, mantiene la intervención militar de la OTAN en Afganistan y recién firmó un plan para ampliar la fuerza militar estadounidense en siete bases militares que mantiene en Colombia (pasaría de 250 a 800 soldados en un país con el segundo ejército más grande de la región).
Se trata de algo que, en opinión de los presidentes latinoamericanos, trasciende la relación bilateral Bogotá-Washington, pues, como lo señaló la mandataria argentina Cristina Kichner, "se crea en la región un estado de beligerancia inaceptable e inédito."
Otro punto que pareció poner distancia entre el Norte y el Sur fue el tema Honduras: los tres líderes norteños insistieron en remitir todo a la entrampada mediación de la OEA y en mantener un apoyo abstracto, subrayado por el dicho del señor Calderón al señalar que no se trata de abogar por una persona en particular, sino de defender la institucionalidad democrática.
En el Sur, en cambio, se expresaron claras condenas a los golpistas hondureños y se exigió el regreso del presidente Manuel Zelaya a su cargo constitucional.
Esos son los contrastes y asimetrías que pueblan hoy la correlación de fuerzas en el continente.
En lo que concierne en particular con la cumbre de América del Norte, no se puede decir sino que se trató de una reunión protocolaria organizada sólo para cumplir con el calendario, es decir, con el requisito.
No se resolvió nada: Canadá insistió en mantener el requisito de visas para mexicanos que viajan a ese país y Obama no destrabó los recursos prometidos para la asistencia contra el narcotráfico en el marco de la Iniciativa Mérida, debido a las dudas del congreso estadounidense en cuanto a que en México se respeten los derechos humanos.
Más llamativo fue lo que ocurrió en el entorno de la cumbre. Hoy el New York Times publica en primera plana un reportaje titulado: "Los traficantes de droga en México continúan su comercio desde prisión".
Se describe ahí el video que muestra cómo se fugaron de una cárcel de Zacatecas 53 presos vinculados con los principales cárteles de las drogas, en lo que constituye una nueva desautorización o por lo menos cuestionamiento a la eficacia de la lucha del gobierno mexicano contra el tráfico de estupefacientes.
Otra coincidencia en torno de la reunión de presidentes, fue la muy conveniente captura, divulgada ayer, de un presunto sicario, Dimas Díaz Ramos, que --según se dijo sin ninguna prueba fehaciente-- habría sido encargado de planear y llevar a cabo un atentado contra Felipe Calderón.
Se trata de una clara maniobra escenográfica destinada a mostrar a los visitantes la dimensión y el "valor" de Calderón que así expone su vida en su lucha por salvar a México y en una de esas hasta al mundo del flagelo que representan las drogas.
¡Hasta la próxima!
jueves, 6 de agosto de 2009
Zelaya en la casa del ahorcado
Mentar uno la zoga en la casa del ahorcado suele tenerse por gran desconsideración. Eso fue lo que le pasó ayer al depuesto, vía un golpe de Estado, presidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, quien concluyó su visita oficial a nuestro país.
Reunido en el Teatro de la Ciudad con simpatizantes de izquierda, quienes le ofrecieron apoyo en su lucha por volver a la presidencia de su país tras la defenestración que le impuso la oligarquía y los militares hondureños, a Zelaya se le ocurrió decir que en este continente "Es mejor sentirse presidente que serlo, y se lo digo a López Obrador que me escucha en muchos lados".
La aseveración fue un guiño al movimiento que encabeza el tabasqueño, pero no solo. De inmediato ha sido utilizada por un sector de la prensa, señaladamente el periódico Milenio, un seguidor encubierto del señor Felipe Calderón, a través de su alianza con Televisa, para "amarrar navajas", como dice la Rayuela del diario La Jornada, en su edición de hoy.
El presidente hondureño incurrió ciertamente en una virtual descalificación a un gobierno al que se acercó en busca de apoyo, pero al que --con la frase que dedicó a AMLO-- golpeó en lo que más le duele: su cuestionada fuente de legitimidad.
Hablar en México de legitimidad, de ser o sentirse Presidente, es ciertamente, algo así como mentar la soga en la casa del ahorcado. El grupo en el poder acusó el efecto de inmediato y la prensa gubernamental le ha dado el cariz de una afrenta personal.
En el ámbito latinoamericano se sabe ciertamente de qué lado juegan los gobiernos de cada país. En esa geopolítica, México es identificado por su proclividad al conservadurismo militarista de Estados Unidos.
En esa lógica, su papel en la actual crisis hondureña ha sido más formal que eficaz. Se ha limitado a condenar el golpe de Estado, como algo políticamente incorrecto, pero hasta ahí. Su papel en los foros multilaterales latinoamericanos se parece más al de una comparsa de Washington, como lo muestra el acrítico apoyo al Acuerdo de San José, un mecanismo que no constituye una verdadera salida al golpe militar.
En su afán por hacer que los apoyos se traduzcan en algo más que simples condenas diplomáticas, Zelaya vino a México a sabiendas que no conseguiría más de lo mismo, como en realidad ocurrió.
En en fondo, su desliz declarativo es aprovechado para cobrarle que haya programado reuniones con agrupaciones de izquierda que impugnan la legitimidad de Calderón. Quienes eso hacen insisten en exacerbar la polarización de la sociedad mexicana que tanto dicen lamentar.
Reunido en el Teatro de la Ciudad con simpatizantes de izquierda, quienes le ofrecieron apoyo en su lucha por volver a la presidencia de su país tras la defenestración que le impuso la oligarquía y los militares hondureños, a Zelaya se le ocurrió decir que en este continente "Es mejor sentirse presidente que serlo, y se lo digo a López Obrador que me escucha en muchos lados".
La aseveración fue un guiño al movimiento que encabeza el tabasqueño, pero no solo. De inmediato ha sido utilizada por un sector de la prensa, señaladamente el periódico Milenio, un seguidor encubierto del señor Felipe Calderón, a través de su alianza con Televisa, para "amarrar navajas", como dice la Rayuela del diario La Jornada, en su edición de hoy.
El presidente hondureño incurrió ciertamente en una virtual descalificación a un gobierno al que se acercó en busca de apoyo, pero al que --con la frase que dedicó a AMLO-- golpeó en lo que más le duele: su cuestionada fuente de legitimidad.
Hablar en México de legitimidad, de ser o sentirse Presidente, es ciertamente, algo así como mentar la soga en la casa del ahorcado. El grupo en el poder acusó el efecto de inmediato y la prensa gubernamental le ha dado el cariz de una afrenta personal.
En el ámbito latinoamericano se sabe ciertamente de qué lado juegan los gobiernos de cada país. En esa geopolítica, México es identificado por su proclividad al conservadurismo militarista de Estados Unidos.
En esa lógica, su papel en la actual crisis hondureña ha sido más formal que eficaz. Se ha limitado a condenar el golpe de Estado, como algo políticamente incorrecto, pero hasta ahí. Su papel en los foros multilaterales latinoamericanos se parece más al de una comparsa de Washington, como lo muestra el acrítico apoyo al Acuerdo de San José, un mecanismo que no constituye una verdadera salida al golpe militar.
En su afán por hacer que los apoyos se traduzcan en algo más que simples condenas diplomáticas, Zelaya vino a México a sabiendas que no conseguiría más de lo mismo, como en realidad ocurrió.
En en fondo, su desliz declarativo es aprovechado para cobrarle que haya programado reuniones con agrupaciones de izquierda que impugnan la legitimidad de Calderón. Quienes eso hacen insisten en exacerbar la polarización de la sociedad mexicana que tanto dicen lamentar.
miércoles, 5 de agosto de 2009
Zelaya en México: las manos vacías
El depuesto presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, emprendió un periplo latinoamericano que inició ayer en México y que continuará en Brasil, con miras a impulsar acciones que revitalicen la presión continental sobre la asonada oligárquico-militar que lo derrocó y que impuso en el gobierno de su país a Roberto Micheletti.
El presidente Zelaya fue recibido ayer en Los Pinos por el señor Felipe Calderón y este miércoles estará en el Senado de la república y con el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard.
Más allá de las formas y la corrección diplomáticas y de los discursos protocolarios, Zelaya se irá de México con las manos vacías.
En su discurso de ayer, Calderón insistió en que todo el asunto debe resolverse con base en el Acuerdo de San José para la Reconciliación Nacional y el Fortalecimiento de la Democracia en Honduras, propuesto por el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, en su calidad de mediador oficial en el conflicto.
Si se considera que ese Acuerdo ha sido desestimado por diversos analistas y por el propio presidente Zelaya, quienes lo consideran ambiguo y complaciente con los golpistas, y si se añade a lo anterior que la actuación de Arias ha empezado a ser vista con recelo por lo que ya se considera una traición y defección de los principios democráticos que inspiraron su misión, entonces tenemos que el pronunciamiento de Calderón equivale a nada.
En vez de pronunciarse por una rectificación del llamado Acuerdo de San José --el cual ofrece a los golpistas ventajas y concesiones, como su participación en un gobierno de unidad nacional y la suspensión de la consulta que el manadatario hondureño pretendía organizar sobre la reelección-- el gobierno de México se adscribe a la formalidad de un documento que, se sabe, no será eficaz, por inaceptable para una de las partes, para que Honduras retorne a la normalidad democrática.
En lugar de asumir una clara e inequívoca postura encaminada a la resolución del conflicto, la diplomacia mexicana se adscribe al bando de quienes tienen secuestrada la negociación: Washington, a través de su parapeto Oscar Arias.
No en balde el presidente Zelaya ha dicho que si hubiera voluntad política, la presión estadounidense --retirar de Honduras a su embajador y suspender todos los programas de asistencia-- podría acabar con el problema en unas horas.
Pero la secretaria de Estado Hillary Clinton y el ala dura del aparato institucional de ese país parecen ver en este episodio golpista una oportunidad de intervención contra los procesos de integración latinoamericana.
Acaso por ello, en una declaración que excede sus atribuciones y revela su inclinación hacia el stablishment estadounidense, el supuesto mediador neutral, Oscar Arias, criticó la adscripción de Honduras a la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba).
Así, en Honduras asistimos a una simulación internacional que condena el golpe de Estado en abstracto --como algo políticamente incorrecto en un mundo global al que la democracia le es más funcional-- pero que en el fondo se tolera por haberse dado en un país --Honduras-- al que se ve más cerca de mecanismos de integración latinoamericana, como el Alba y más lejos del polo conservador del Plan Puebla-Panamá/Iniciativa Mérida, al cual está adscrito el derechista gobierno mexicano.
Por eso, la visita a México no podía tener para Zelaya efectos políticos concretos para el pueblo hondureño que lucha en su país contra la imposición, como quedó acreditado en el discurso de Calderón. Veremos cómo le va en Brasil.
El presidente Zelaya fue recibido ayer en Los Pinos por el señor Felipe Calderón y este miércoles estará en el Senado de la república y con el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard.
Más allá de las formas y la corrección diplomáticas y de los discursos protocolarios, Zelaya se irá de México con las manos vacías.
En su discurso de ayer, Calderón insistió en que todo el asunto debe resolverse con base en el Acuerdo de San José para la Reconciliación Nacional y el Fortalecimiento de la Democracia en Honduras, propuesto por el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, en su calidad de mediador oficial en el conflicto.
Si se considera que ese Acuerdo ha sido desestimado por diversos analistas y por el propio presidente Zelaya, quienes lo consideran ambiguo y complaciente con los golpistas, y si se añade a lo anterior que la actuación de Arias ha empezado a ser vista con recelo por lo que ya se considera una traición y defección de los principios democráticos que inspiraron su misión, entonces tenemos que el pronunciamiento de Calderón equivale a nada.
En vez de pronunciarse por una rectificación del llamado Acuerdo de San José --el cual ofrece a los golpistas ventajas y concesiones, como su participación en un gobierno de unidad nacional y la suspensión de la consulta que el manadatario hondureño pretendía organizar sobre la reelección-- el gobierno de México se adscribe a la formalidad de un documento que, se sabe, no será eficaz, por inaceptable para una de las partes, para que Honduras retorne a la normalidad democrática.
En lugar de asumir una clara e inequívoca postura encaminada a la resolución del conflicto, la diplomacia mexicana se adscribe al bando de quienes tienen secuestrada la negociación: Washington, a través de su parapeto Oscar Arias.
No en balde el presidente Zelaya ha dicho que si hubiera voluntad política, la presión estadounidense --retirar de Honduras a su embajador y suspender todos los programas de asistencia-- podría acabar con el problema en unas horas.
Pero la secretaria de Estado Hillary Clinton y el ala dura del aparato institucional de ese país parecen ver en este episodio golpista una oportunidad de intervención contra los procesos de integración latinoamericana.
Acaso por ello, en una declaración que excede sus atribuciones y revela su inclinación hacia el stablishment estadounidense, el supuesto mediador neutral, Oscar Arias, criticó la adscripción de Honduras a la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba).
Así, en Honduras asistimos a una simulación internacional que condena el golpe de Estado en abstracto --como algo políticamente incorrecto en un mundo global al que la democracia le es más funcional-- pero que en el fondo se tolera por haberse dado en un país --Honduras-- al que se ve más cerca de mecanismos de integración latinoamericana, como el Alba y más lejos del polo conservador del Plan Puebla-Panamá/Iniciativa Mérida, al cual está adscrito el derechista gobierno mexicano.
Por eso, la visita a México no podía tener para Zelaya efectos políticos concretos para el pueblo hondureño que lucha en su país contra la imposición, como quedó acreditado en el discurso de Calderón. Veremos cómo le va en Brasil.
lunes, 3 de agosto de 2009
Inoperancia económica
Los signos de la debacle económica de México están por todos lados. Los de la inacción gubernamental, también.
Resulta increíble --aunque explicable por la pobre preparación, a la que ahora se une la debilidad política del gabinete y del propio Felipe Calderón-- que mientras se multiplican los índices que documentan con cifras y datos la miserable situación de las principales variables económicas, el ocupante de Los Pinos (dése al término ocupación su acepción de instalarse alguien en un sitio por la fuerza) se entretenga en bromitas (la crisis fue "casi una tormenta perfecta") o en proyectos inocuos (la cédula de identidad ciudadana).
Los incumplimientos y la ineficacia presidencial son ya alarmantes. Veamos: el 7 de enero se anunció en cadena nacional y con la rimbombancia del caso, el Acuerdo Nacional en favor de la Economía Familiar y el Empleo, el cual incluía 25 medidas contra la crisis.
El impulso al empleo, incluido en el acuerdo --tal como ocurrió con la promesa de campaña-- resultó un fiasco. El permitir, contraviniendo la ley laboral por supuesto, los llamados paros técnicos, no evitó, como se dijo, que este año se vayan a perder en total 730 mil plazas.
El apoyo a la economía familiar, que se dio al frenar los aumentos semanales al precio de la gasolina y el diesel --aunque anunciada a nivel nacional la medida no aplicó en los estados fronterizos-- y la rebaja en el precio del gas LP, ahora están a punto de compensarse, en favor del gobierno, claro.
En efecto, el gabinete económico ha sugerido que ante el boquete financiero de las finanzas públicas, podría retirarse el subsidio a las tarifas eléctricas y podría volverse al esquema de incrementos periódicos al precio de los combustibles, amén del intento que se hará de adosarle el IVA a medicinas y alimentos.
O el gobierno no cree en sus propios planes, o los sabe fallidos de antemano o carece de la capacidad operativa para llevarlos a cabo, todo lo cual no habla sino de ineficiencia que, en las actuales circunstancias del país, debiera ser hasta punible.
No de otra cosa nos habla el dato de los subejercicios gubernamentales en materia de gasto público autorizado en el presupuesto de este año, el cual asciende a cuatro mil 341.4 millones de pesos sólo en el primer trimestre de este año, cuando se dijo que el gasto se ejercería de inmediato como una forma de operar las famosas medidas contracíclicas para la recuperación de la economía.
El referido Acuerdo de enero postulaba, como una de sus líneas estratégicas, mayor inversión en infraestructura y un ejercicio oportuno del gasto. Veamos como se incumplió con esto:
De acuerdo con el Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el mayor subejercicio (dinero que el gobierno no gastó, pese a tenerlo autorizado) se concentró en la Secretaría de Comunicaciones yTransportes (SCT), encargada de obras de infraestructura, principal rubro que se supone se impulsa en un programa contracíclico.
El subejercicio en la SCT fue de 61 por ciento (2,662 millones de pesos). El resto de los recursos no ejercidos se concentró en rubros que son prioritarios en un país como el nuestro: salud (165 millones), desarrollo social (424.1 millones), medio ambiente y recursos naturales (500 millones), en energía 27.2 millones y la Procuraduría General de la República, embarcada en una guerra contra el crimen organizado dejó, sin embargo, de ejercer 20 millones de pesos.
Véase otro ejemplo de cómo los dichos gubernamentales no se acompañan con la acción. En su análisis semanal del 15 de junio, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), del cual no se puede decir que sea un organismo que profese una ideología contraria al actual grupo en el poder, documentó que incluso el programa de Primer empleo con el que Calderón hizo un balbuceante intento por dar algún contenido a su principal promesa de campaña, era un completo fracaso.
El CEESP recordó que de un presupuesto inicial de tres mil millones de pesos (2007) sólo se habían utilizado 63 millones a marzo de 2009, lo cual significa que a ese programa estrella no se han aplicado 98 por ciento de los recursos originalmente presupuestados.
Los subejercicios no son, como pudiera pensarse, ahorros. Es dinero que no se aplica a programas que se supone lo requieren porque fueron presupuestados con base en estudios técnicos en relación con las necesidades de la población que atiende cada sector de la administración pública.
Así, un subejercicio es una muestra cuantitativa, documentada e inequívoca de cómo el gobierno es incapaz de cumplir con sus propias metas expresadas en sus planes de trabajo. ¿Se requieren mayores pruebas para medir la ineficacia de este gobierno?
¡Hasta la próxima!
Resulta increíble --aunque explicable por la pobre preparación, a la que ahora se une la debilidad política del gabinete y del propio Felipe Calderón-- que mientras se multiplican los índices que documentan con cifras y datos la miserable situación de las principales variables económicas, el ocupante de Los Pinos (dése al término ocupación su acepción de instalarse alguien en un sitio por la fuerza) se entretenga en bromitas (la crisis fue "casi una tormenta perfecta") o en proyectos inocuos (la cédula de identidad ciudadana).
Los incumplimientos y la ineficacia presidencial son ya alarmantes. Veamos: el 7 de enero se anunció en cadena nacional y con la rimbombancia del caso, el Acuerdo Nacional en favor de la Economía Familiar y el Empleo, el cual incluía 25 medidas contra la crisis.
El impulso al empleo, incluido en el acuerdo --tal como ocurrió con la promesa de campaña-- resultó un fiasco. El permitir, contraviniendo la ley laboral por supuesto, los llamados paros técnicos, no evitó, como se dijo, que este año se vayan a perder en total 730 mil plazas.
El apoyo a la economía familiar, que se dio al frenar los aumentos semanales al precio de la gasolina y el diesel --aunque anunciada a nivel nacional la medida no aplicó en los estados fronterizos-- y la rebaja en el precio del gas LP, ahora están a punto de compensarse, en favor del gobierno, claro.
En efecto, el gabinete económico ha sugerido que ante el boquete financiero de las finanzas públicas, podría retirarse el subsidio a las tarifas eléctricas y podría volverse al esquema de incrementos periódicos al precio de los combustibles, amén del intento que se hará de adosarle el IVA a medicinas y alimentos.
O el gobierno no cree en sus propios planes, o los sabe fallidos de antemano o carece de la capacidad operativa para llevarlos a cabo, todo lo cual no habla sino de ineficiencia que, en las actuales circunstancias del país, debiera ser hasta punible.
No de otra cosa nos habla el dato de los subejercicios gubernamentales en materia de gasto público autorizado en el presupuesto de este año, el cual asciende a cuatro mil 341.4 millones de pesos sólo en el primer trimestre de este año, cuando se dijo que el gasto se ejercería de inmediato como una forma de operar las famosas medidas contracíclicas para la recuperación de la economía.
El referido Acuerdo de enero postulaba, como una de sus líneas estratégicas, mayor inversión en infraestructura y un ejercicio oportuno del gasto. Veamos como se incumplió con esto:
De acuerdo con el Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el mayor subejercicio (dinero que el gobierno no gastó, pese a tenerlo autorizado) se concentró en la Secretaría de Comunicaciones yTransportes (SCT), encargada de obras de infraestructura, principal rubro que se supone se impulsa en un programa contracíclico.
El subejercicio en la SCT fue de 61 por ciento (2,662 millones de pesos). El resto de los recursos no ejercidos se concentró en rubros que son prioritarios en un país como el nuestro: salud (165 millones), desarrollo social (424.1 millones), medio ambiente y recursos naturales (500 millones), en energía 27.2 millones y la Procuraduría General de la República, embarcada en una guerra contra el crimen organizado dejó, sin embargo, de ejercer 20 millones de pesos.
Véase otro ejemplo de cómo los dichos gubernamentales no se acompañan con la acción. En su análisis semanal del 15 de junio, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), del cual no se puede decir que sea un organismo que profese una ideología contraria al actual grupo en el poder, documentó que incluso el programa de Primer empleo con el que Calderón hizo un balbuceante intento por dar algún contenido a su principal promesa de campaña, era un completo fracaso.
El CEESP recordó que de un presupuesto inicial de tres mil millones de pesos (2007) sólo se habían utilizado 63 millones a marzo de 2009, lo cual significa que a ese programa estrella no se han aplicado 98 por ciento de los recursos originalmente presupuestados.
Los subejercicios no son, como pudiera pensarse, ahorros. Es dinero que no se aplica a programas que se supone lo requieren porque fueron presupuestados con base en estudios técnicos en relación con las necesidades de la población que atiende cada sector de la administración pública.
Así, un subejercicio es una muestra cuantitativa, documentada e inequívoca de cómo el gobierno es incapaz de cumplir con sus propias metas expresadas en sus planes de trabajo. ¿Se requieren mayores pruebas para medir la ineficacia de este gobierno?
¡Hasta la próxima!
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