Al instalarse, este sábado 29 de agosto, la 61 legislatura de la Cámara de diputados, Ifigenia Martínez, del Partido del Trabajo, llamó a "terminar con el ciclo neoliberal para implementar una política económica de desarrollo equitativo" a riesgo de provocar, "junto con la desigualdad imperante y la pérdida de ingresos y empleos, un estallido social de graves proporciones, en vísperas, precisamente, del segundo centenario de la guerra de Independencia y del primer centenario de la primera revolución social del siglo XX".
El llamado de la legisladora para "terminar con el ciclo neoliberal" no es una ocurrencia. De más en más, y desde muy diversos sectores, proliferan las voces que demandan un giro a la política económica por considerar "agotado" el esquema imperante.
Apenas el lunes 24 de agosto se presentaron las conclusiones de política económica del seminario El agotamiento del modelo de desarrollo ¿hacia dónde va México? organizado en la Escuela de Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal.
Entre los analistas y expertos participantes figuraron Fausto Hernández Trillo (CIDE), Ricardo Samaniego (ITAM), Sergio Cervantes (Canacintra), Arturo Mendicuti (Concanaco), Carlos Tello Macías (UNAM), Jesús Silva Herzog (ex secretario de Hacienda), Francisco Suárez Dávila (ex diputado y ex subsecretario de Hacienda), Rolando Cordera (UNAM), Rogelio Ramírez de la O (Ecanal), así como Mario Delgado y Marcelo Ebrard (GDF).
Provenientes de muy diversas instituciones académicas y de diferentes áreas de los sectores público y privado, los expertos concluyeron que el actual modelo de desarrollo económico se ha agotado, y coincidieron en la necesidad de establecer, en el corto plazo, un Plan de emergencia económica que proteja al empleo y la planta productiva.
Pero ¿cuál es el modelo del que se habla? Al presentar la relatoría de las conclusiones, el profesor-investigador del Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México, Gerardo Esquivel, explicó que los economistas no se refieren al capitalismo, sino que la crítica se refiere a dos aspectos de la versión mexicana de ese sistema:
1. El modelo económico mexicano ha privilegiado la estabilización macroeconómica por encima del crecimiento, el desarrollo económico y la generación de empleos; y
2. El muy limitado papel del Estado en una doble dimensión: la económica y la social. En la primera, porque se ha optado por un modelo económico en el cual el Estado no desempeña el papel de rector y guía del desarrollo y, en la segunda, porque el Estado no ha cumplido con los derechos sociales establecidos en la Constitución.
El más claro indicio de la inoperancia de ese modelo es, de acuerdo, con los expertos, el pobre crecimiento de las últimas tres décadas. En efecto, el crecimiento promedio del ingreso per cápita en ese periodo ha sido demasiado bajo (cercano a 1 por ciento al año) y, con la caída de este año, el ingreso per cápita en México regresará al nivel de hace una década.
Las carencias son demasiadas, la pobreza es rampante (la mitad de los mexicanos) y la desigualdad de oportunidades es ya irremontable, señalan.
Con respecto al papel del Estado, los economistas coinciden en su debilidad e incapacidad para cumplir y satisfacer las garantías sociales consagradas en la Carta Magna, ello debido a que existe una disociación importante entre las políticas social y económica.
La política social --acusaron los participantes en el seminario-- ha sido subordinada a los criterios de la política económica, la cual está dominada por criterior de estabilización y de corto plazo. Esto último ha convertido a la política social en una especie de "ambulancia que va recogiendo los heridos que deja la política económica".
Lo anterior, concluyen los analistas, ya no es sostenible y ahora se debe replantear el papel del Estado para que vuelva a ser un Estado fuerte, no obeso, pero tampoco grande y débil (fofo), como el que tenemos ahora.
Se debe buscar que el Estado intervenga en la economía en forma activa y decidida, mediante la provisión de infraestructura, pero también como promotor y rector de la economía y, sobre todo, como garante de los derechos sociales de los mexicanos.
Esto último es una cuestión capital que incluso fue puesta sobre la mesa por Barack Obama, cuando en su discurso de toma de posesión como presidente de Estados Unidos dijo: "La cuestión que debemos plantearnos hoy no es si el gobierno es demasiado grande o demasiado pequeño, sino si funciona".
Apenas el viernes pasado, al reconocer el riesgo de que se produzcan estallidos sociales, el secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero Arroyo declaro: "No hay ninguna política social que pueda compensar una recesión económica como la que sufre el mundo".
La afirmación muestra cómo en los círculos del poder, todo se sigue atribuyendo a la "crisis que nos vino de fuera". Los expertos que participaron en el seminario que aquí comentamos, documentaron lo contrario: todo se debe al modelo económico seguido por los gobiernos mexicanos.
Está ahí dibujado, en esas dos posturas, el debate ideológico que es preciso emprender.
Mañana nos referiremos a las Propuestas del seminario.
¡Hasta entonces...!
lunes, 31 de agosto de 2009
jueves, 27 de agosto de 2009
III Informe: propaganda y exaltación
El III Informe de gobierno de Felipe Calderón ha sido convertido por sus "estrategas" en una oportunidad más para la propaganda con el añadido de que por esa vía se violan las disposiciones constitucionales en la materia y se gasta una cuantiosa suma de dinero en una campaña de imagen en momentos de apremio económico para la población.
En efecto, desde este lunes 24 inició una campaña en radio y televisión en la que el protagonista, más que el informe, es el propio Calderón. El político michoacano aparece a cuadro y con un abierto tono de exaltación, promociona su imagen mientras recita una serie de "datos" que según eso darían cuenta de lo mucho que su administración ha hecho en favor del país.
Con ese proceder Calderón viola flagrantemente el artículo 134 constitucional, el cual dispone que:
Con esa habilidad que los políticos creen tener para eludir compromisos o disposiciones legales, se dirá que la tal maniobra no implica promoción personalizada, como condiciona el referido artículo, pues sólo se cumple con la disposición del 69 constitucional que establece la obligación del Presidente de informar cada año del estado general que guarda la administración pública del país.
Sólo que ese artículo dice que el tal informe deberá ser por escrito y ante el Congreso de la Unión.
Lo que priva aquí no es el afán o el celo democrático por informar y preservar el derecho a la información de los ciudadanos. Lo que está en marcha es una intensa y costosa ofensiva propagandística encaminada a engañar y manipular a la población mediante "logros" reseñados por un hombre --Calderón-- que se presenta a sí mismo como el político eficaz que no es, pero que ha logrado contener la debacle económica en la que en realidad aún se encuentra el país, entre otras cosas, por la tardía, ineficaz y falta de planeación de su equipo económico.
Los anuncios de Calderón no se limitan a exponer los hechos o las acciones de gobierno, cuyo cumplimiento es una obligación que se realiza con dinero de los propios contribuyentes, sino que se exalta la figura de un hombre mediante información que no puede ser contrastada o verificada fácilmente por el auditorio que así queda a merced del mensaje optimista.
La receta no es nueva. Los nazis, en cuyas técnicas de propaganda parece abrevar el equipo de comunicación calderonista, creaban en la gente una opinión favorable hacia ellos difundiendo insistentemente mensajes que hablaban de la supremacía y prosperidad de su país, como ahora lo hace Calderón, sólo que éste habla en medio de las ruinas que ha dejado su política económica.
Otra muestra del talante propagandista y despilfarrador --claro, a cuenta del dinero público-- del calderonismo, lo muestra el montaje que ya se prepara con miras al primero de septiembre. Están corriendo ya las invitaciones para el "Informe de gobierno" que tendrá lugar a las nueve de la mañana de ese día en el Patio Central de Palacio Nacional.
A contracorriente del acuerdo camaral para que el Presidente se ciñera al texto constitucional y sólo entregara el informe por escrito, sin leerlo desde la tribuna del Congreso, para que aquello no siguiera siendo el pretexto para ensalzar la figura presidencial, el equipo de Calderón ha instaurado su propio besamanos.
Como se ve, insiste Calderón en hacer su fiesta. A despecho de las prácticas democráticas y republicanas, él insiste en regresar al pasado --no en balde la derecha es sinónimo de regresión-- acaso porque en su yo interno sea un secreto admirador y añore el autoritarismo priísta que hacía de la fecha del Informe "el día del Presidente".
¡Hasta la próxima!
En efecto, desde este lunes 24 inició una campaña en radio y televisión en la que el protagonista, más que el informe, es el propio Calderón. El político michoacano aparece a cuadro y con un abierto tono de exaltación, promociona su imagen mientras recita una serie de "datos" que según eso darían cuenta de lo mucho que su administración ha hecho en favor del país.
Con ese proceder Calderón viola flagrantemente el artículo 134 constitucional, el cual dispone que:
La propaganda, bajo cualquier denominación de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la Administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso, esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces y símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público (el subrayado es nuestro).Quien haya visto o escuchado tales anuncios habrá de reconocer que ni informan --pues presentan hechos parciales e incompletos-- ni educan ni orientan a la sociedad sobre algún tema particular. Con el agravante de que el texto constitucional prohíbe que el servidor público de que se trate --en este caso Calderón-- aparezca con voz e imagen en pantalla o en radio.
Con esa habilidad que los políticos creen tener para eludir compromisos o disposiciones legales, se dirá que la tal maniobra no implica promoción personalizada, como condiciona el referido artículo, pues sólo se cumple con la disposición del 69 constitucional que establece la obligación del Presidente de informar cada año del estado general que guarda la administración pública del país.
Sólo que ese artículo dice que el tal informe deberá ser por escrito y ante el Congreso de la Unión.
Lo que priva aquí no es el afán o el celo democrático por informar y preservar el derecho a la información de los ciudadanos. Lo que está en marcha es una intensa y costosa ofensiva propagandística encaminada a engañar y manipular a la población mediante "logros" reseñados por un hombre --Calderón-- que se presenta a sí mismo como el político eficaz que no es, pero que ha logrado contener la debacle económica en la que en realidad aún se encuentra el país, entre otras cosas, por la tardía, ineficaz y falta de planeación de su equipo económico.
Los anuncios de Calderón no se limitan a exponer los hechos o las acciones de gobierno, cuyo cumplimiento es una obligación que se realiza con dinero de los propios contribuyentes, sino que se exalta la figura de un hombre mediante información que no puede ser contrastada o verificada fácilmente por el auditorio que así queda a merced del mensaje optimista.
La receta no es nueva. Los nazis, en cuyas técnicas de propaganda parece abrevar el equipo de comunicación calderonista, creaban en la gente una opinión favorable hacia ellos difundiendo insistentemente mensajes que hablaban de la supremacía y prosperidad de su país, como ahora lo hace Calderón, sólo que éste habla en medio de las ruinas que ha dejado su política económica.
Otra muestra del talante propagandista y despilfarrador --claro, a cuenta del dinero público-- del calderonismo, lo muestra el montaje que ya se prepara con miras al primero de septiembre. Están corriendo ya las invitaciones para el "Informe de gobierno" que tendrá lugar a las nueve de la mañana de ese día en el Patio Central de Palacio Nacional.
A contracorriente del acuerdo camaral para que el Presidente se ciñera al texto constitucional y sólo entregara el informe por escrito, sin leerlo desde la tribuna del Congreso, para que aquello no siguiera siendo el pretexto para ensalzar la figura presidencial, el equipo de Calderón ha instaurado su propio besamanos.
Como se ve, insiste Calderón en hacer su fiesta. A despecho de las prácticas democráticas y republicanas, él insiste en regresar al pasado --no en balde la derecha es sinónimo de regresión-- acaso porque en su yo interno sea un secreto admirador y añore el autoritarismo priísta que hacía de la fecha del Informe "el día del Presidente".
¡Hasta la próxima!
jueves, 20 de agosto de 2009
Crisis: errores y oportunidades
Se multiplican las evidencias de cómo la crisis "que nos vino de fuera" se acentuó en México debido a la pésima conducción del equipo económico de Felipe Calderón.
Al menos tres fuentes en los últimos días han exhibido los errores que ahora se quieren remediar mediante el fácil expediente de aumentar impuestos a la población y recortar presupuestos en rubros prioritarios, como el de educación.
Nadie podría acusar de izquierdistas al gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, al ex secretario de Hacienda Jesús Silva Herzog o a los investigadores José Luis de la Cruz y Carlos Canfield, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), quienes han señalado puntualmente las insuficiencias de la estrategia económica gubernamental.
Los académicos del Tec de Monterrey señalan que la menor recaudación fiscal de que se queja el gobierno y el recorte al gasto fueron consecuencia de los errores en la proyección del crecimiento económico formulada por la Secretaría de Hacienda.
Señalan que, como siempre, se recurre a medidas inmediatistas como los cambios fiscales, pero se olvida que al país le urge una reforma en sus finanzas públicas, en la cual se establecen las bases para alcanzar niveles de desarrollo superiores.
"La reforma a las finanzas públicas es necesaria, aunque el debate debe alcanzar a todos los sectores de la sociedad y el gobierno debe ser más autocrítico, ya que gran parte de los problemas actuales son por los yerros históricos que cometieron ellos mismos".
Durante una conferencia de prensa en la que presentaron las perspectivas económicas para el segundo semestre de 2009, De la Cruz comentó que si las autoridades sólo ven la salida a la crisis resolviendo el problema que hay en los ingresos del erario federal, se están negando a reconocer que también hay un problema en el ejercicio del gasto (es decir, agregamos nosotros, la ineficiencia y el derroche con que el gobierno gasta los recursos públicos).
Una muestra de lo mal distribuido que está el presupuesto la proporciona el hecho de que 74 por ciento se destina al gasto corriente y sólo 26 por ciento al gasto en infraestructura. De acuerdo con los investigadores, ese indicador muestra claramente que el gobierno no sabe gastar en proyectos productivos.
Es muy avezado, en cambio, en gastar en rubros que no tienen ningún impacto en el desarrollo económico, como compensaciones, asignaciones adicionales al sueldo, servicios de asesoría y consulta, subcontratación a terceros, seguros de vida personal para los altos funcionarios, seguros de gastos médicos, servicios de comunicación social y publicidad, pasajes y viáticos para "trabajos de campo", donativos a entidades sin fines de lucro, a entidades federativas y fideicomisos.
De ahí que en vez de gravar alimentos y medicinas, De la Cruz y Canfield señalan que debe eliminarse el gasto corriente ineficiente y mejorar el que se destina a inversiones productivas.
Casi en la misma línea de razonamiento, Jesús Silva Herzog afirmó (Excélsior, 14 de agosto) que
el gobierno necesita mejorar su capacidad de gasto. "No sabe gastar". Los recursos que decide ejercer se enfrentan a la burocracia, a la falta de proyectos productivos y de capacidad técnica para realizarlos.
Criticó que mientras el gobierno de Barack Obama se endeudará brutalmente al aumentar su déficit público en casi seis por ciento del PIB --en México apenas será de 1.8 por ciento-- para que sus ciudadanos salgan rápido de su situación económica difícil, en México ni siquiera hay capacidad para llevar a cabo los proyectos productivos a los que se aplicaría el gasto público.
La razón es porque no existen tales proyectos ni la capacidad técnica para llevarlos a cabo, dijo el ex embajador de México en España. Se requiere, agregó, una política gubernamental más agresiva, que sea promotora, aunque suba un poco el déficit. De lo contrario , "tendremos un déficit mayor, pero no por mayor gasto, sino por menor ingreso, completó.
"Con 11 por ciento de coeficiente tributario, y con la mayor parte de esos ingresos comprometido en gasto corriente, difícilmente podemos llevar a cabo una política realmente compensatoria y de promoción del desarrollo".
Guillermo Ortiz, el gobernador del Banco de México ha confirmado, además, que los enormes recursos adicionales por un mayor precio del petróleo se utilizaron en financiar el gasto corriente del gobierno, tanto a escala federal como estatal, en vez de destinarlos a proyectos productivos.
Por ello considera necesario, lo mismo que los investigadores del ITESM, que se revise a fondo en qué se está gastando y cómo se está gastando, así como los mecanismos de rendición de cuentas que aún son muy imperfectos a escala estatal.
También apunta como causantes del problema el tema de las finanzas públicas y la dependencia de los ingresos petroleros (que han disminuido por la caída del precio y de la producción). Esto último, según los economistas del ITESM, es algo que estaba en el horizonte y que debió estar programado.
Ahora que Calderón ha reconocido que el gobierno "no puede por sí solo" adoptar las medidas para salir del "hoyo" e hizo un llamado al dialogo a los partidos políticos, será necesario tomarle la palabra e introducir los cambios requeridos: disminuir el gasto gubernamental en salarios, prestaciones y gastos personales; en vez de afectar con más impuestos a una población ya golpeada por los efectos de la crisis, emprender una reforma fiscal que grave a los grandes capitales hasta ahora excentos de pago y emprender proyectos productivos y de infraestructura que apunten a un verdadero desarrollo económico.
En las próximas semanas se verá si la convocatoria de Calderón está presidida por un verdadero sentido de buscar ideas y nuevos consensos, o si sólo se trató de un disfrazado discurso que en realidad sólo quiera significar: "ayúdenme los partidos a aprobar nuevos impuestos y a compartir el costo político que ello signifique".
¡Hasta la próxima!
Al menos tres fuentes en los últimos días han exhibido los errores que ahora se quieren remediar mediante el fácil expediente de aumentar impuestos a la población y recortar presupuestos en rubros prioritarios, como el de educación.
Nadie podría acusar de izquierdistas al gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, al ex secretario de Hacienda Jesús Silva Herzog o a los investigadores José Luis de la Cruz y Carlos Canfield, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), quienes han señalado puntualmente las insuficiencias de la estrategia económica gubernamental.
Los académicos del Tec de Monterrey señalan que la menor recaudación fiscal de que se queja el gobierno y el recorte al gasto fueron consecuencia de los errores en la proyección del crecimiento económico formulada por la Secretaría de Hacienda.
Señalan que, como siempre, se recurre a medidas inmediatistas como los cambios fiscales, pero se olvida que al país le urge una reforma en sus finanzas públicas, en la cual se establecen las bases para alcanzar niveles de desarrollo superiores.
"La reforma a las finanzas públicas es necesaria, aunque el debate debe alcanzar a todos los sectores de la sociedad y el gobierno debe ser más autocrítico, ya que gran parte de los problemas actuales son por los yerros históricos que cometieron ellos mismos".
Durante una conferencia de prensa en la que presentaron las perspectivas económicas para el segundo semestre de 2009, De la Cruz comentó que si las autoridades sólo ven la salida a la crisis resolviendo el problema que hay en los ingresos del erario federal, se están negando a reconocer que también hay un problema en el ejercicio del gasto (es decir, agregamos nosotros, la ineficiencia y el derroche con que el gobierno gasta los recursos públicos).
Una muestra de lo mal distribuido que está el presupuesto la proporciona el hecho de que 74 por ciento se destina al gasto corriente y sólo 26 por ciento al gasto en infraestructura. De acuerdo con los investigadores, ese indicador muestra claramente que el gobierno no sabe gastar en proyectos productivos.
Es muy avezado, en cambio, en gastar en rubros que no tienen ningún impacto en el desarrollo económico, como compensaciones, asignaciones adicionales al sueldo, servicios de asesoría y consulta, subcontratación a terceros, seguros de vida personal para los altos funcionarios, seguros de gastos médicos, servicios de comunicación social y publicidad, pasajes y viáticos para "trabajos de campo", donativos a entidades sin fines de lucro, a entidades federativas y fideicomisos.
De ahí que en vez de gravar alimentos y medicinas, De la Cruz y Canfield señalan que debe eliminarse el gasto corriente ineficiente y mejorar el que se destina a inversiones productivas.
Casi en la misma línea de razonamiento, Jesús Silva Herzog afirmó (Excélsior, 14 de agosto) que
el gobierno necesita mejorar su capacidad de gasto. "No sabe gastar". Los recursos que decide ejercer se enfrentan a la burocracia, a la falta de proyectos productivos y de capacidad técnica para realizarlos.
Criticó que mientras el gobierno de Barack Obama se endeudará brutalmente al aumentar su déficit público en casi seis por ciento del PIB --en México apenas será de 1.8 por ciento-- para que sus ciudadanos salgan rápido de su situación económica difícil, en México ni siquiera hay capacidad para llevar a cabo los proyectos productivos a los que se aplicaría el gasto público.
La razón es porque no existen tales proyectos ni la capacidad técnica para llevarlos a cabo, dijo el ex embajador de México en España. Se requiere, agregó, una política gubernamental más agresiva, que sea promotora, aunque suba un poco el déficit. De lo contrario , "tendremos un déficit mayor, pero no por mayor gasto, sino por menor ingreso, completó.
"Con 11 por ciento de coeficiente tributario, y con la mayor parte de esos ingresos comprometido en gasto corriente, difícilmente podemos llevar a cabo una política realmente compensatoria y de promoción del desarrollo".
Guillermo Ortiz, el gobernador del Banco de México ha confirmado, además, que los enormes recursos adicionales por un mayor precio del petróleo se utilizaron en financiar el gasto corriente del gobierno, tanto a escala federal como estatal, en vez de destinarlos a proyectos productivos.
Por ello considera necesario, lo mismo que los investigadores del ITESM, que se revise a fondo en qué se está gastando y cómo se está gastando, así como los mecanismos de rendición de cuentas que aún son muy imperfectos a escala estatal.
También apunta como causantes del problema el tema de las finanzas públicas y la dependencia de los ingresos petroleros (que han disminuido por la caída del precio y de la producción). Esto último, según los economistas del ITESM, es algo que estaba en el horizonte y que debió estar programado.
Ahora que Calderón ha reconocido que el gobierno "no puede por sí solo" adoptar las medidas para salir del "hoyo" e hizo un llamado al dialogo a los partidos políticos, será necesario tomarle la palabra e introducir los cambios requeridos: disminuir el gasto gubernamental en salarios, prestaciones y gastos personales; en vez de afectar con más impuestos a una población ya golpeada por los efectos de la crisis, emprender una reforma fiscal que grave a los grandes capitales hasta ahora excentos de pago y emprender proyectos productivos y de infraestructura que apunten a un verdadero desarrollo económico.
En las próximas semanas se verá si la convocatoria de Calderón está presidida por un verdadero sentido de buscar ideas y nuevos consensos, o si sólo se trató de un disfrazado discurso que en realidad sólo quiera significar: "ayúdenme los partidos a aprobar nuevos impuestos y a compartir el costo político que ello signifique".
¡Hasta la próxima!
miércoles, 19 de agosto de 2009
Empresarios y reforma del Estado
Se queja Raúl Picard del Prado, presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), de la elevada y costosa burocracia electoral.
Tiene razón. El Instituto Federal Electoral (IFE) debería trabajar sólo unos pocos meses, suficientes para organizar una elección, contar los votos y desaparecer hasta los siguientes comicios. Una actuación semejante no requeriría un organigrama tan abultado.
El problema es que, dentro de la propia Iniciativa Privada, hay actores tan tramposos (Televisa, TV Azteca, el Consejo Coordinador Empresarial, entre otros) que para no perder el poder ni el control social que ejercen de facto, incurren en violaciones a la ley.
Entonces se hace necesario que haya una burocracia que vigile a esos tramposos. Y luego se crea un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) --otra burocracia costosísima-- para revisar las controversias originadas por las trampas en que incurrieron los partidos políticos.
Y dados los antecedentes, en rigor también habría que poner un vigilante a este tribunal de dudosa reputación en tan corta vida. Como se ve, lo que sale caro es la corrupción y el ánimo de trampear presente en casi todos los actores políticos.
Criticar o quejarse sólo de lo costoso de nuestros procesos electorales sin atender la estructura que está en el fondo del problema es como criticar la materialización del mundo, sin atender la naturaleza del sistema capitalista que la origina.
Y lo que está en el fondo, lo que se requiere es una reforma del Estado, que venga a imponer nuevas reglas, consensos y prácticas políticas. Mientras los poderes fácticos --entre los cuales se encuentran los quejosos de la Concamin-- no se avengan al juego democrático en que el poder se pierde y se gana de acuerdo con el voto popular, seguiremos inviertiendo crecientes sumas de dinero para cuidarle las manos al de junto.
Esa reforma deberá incluir temas como el sistema de partidos, el acceso a medios de comunicación, la forma de gobierno (revisar si el presidencialismo sigue siendo funcional o si se exploran otras opciones, como el sistema parlamentario o semiparlamentario), el modelo económico, entre otros.
En tanto los empresarios no se comprometan a una reforma de esos vuelos, todo lo que digan no dejarán de ser sino críticas coyunturales encaminadas a "llevar agua a su molino".
¡Hasta la próxima!
Tiene razón. El Instituto Federal Electoral (IFE) debería trabajar sólo unos pocos meses, suficientes para organizar una elección, contar los votos y desaparecer hasta los siguientes comicios. Una actuación semejante no requeriría un organigrama tan abultado.
El problema es que, dentro de la propia Iniciativa Privada, hay actores tan tramposos (Televisa, TV Azteca, el Consejo Coordinador Empresarial, entre otros) que para no perder el poder ni el control social que ejercen de facto, incurren en violaciones a la ley.
Entonces se hace necesario que haya una burocracia que vigile a esos tramposos. Y luego se crea un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) --otra burocracia costosísima-- para revisar las controversias originadas por las trampas en que incurrieron los partidos políticos.
Y dados los antecedentes, en rigor también habría que poner un vigilante a este tribunal de dudosa reputación en tan corta vida. Como se ve, lo que sale caro es la corrupción y el ánimo de trampear presente en casi todos los actores políticos.
Criticar o quejarse sólo de lo costoso de nuestros procesos electorales sin atender la estructura que está en el fondo del problema es como criticar la materialización del mundo, sin atender la naturaleza del sistema capitalista que la origina.
Y lo que está en el fondo, lo que se requiere es una reforma del Estado, que venga a imponer nuevas reglas, consensos y prácticas políticas. Mientras los poderes fácticos --entre los cuales se encuentran los quejosos de la Concamin-- no se avengan al juego democrático en que el poder se pierde y se gana de acuerdo con el voto popular, seguiremos inviertiendo crecientes sumas de dinero para cuidarle las manos al de junto.
Esa reforma deberá incluir temas como el sistema de partidos, el acceso a medios de comunicación, la forma de gobierno (revisar si el presidencialismo sigue siendo funcional o si se exploran otras opciones, como el sistema parlamentario o semiparlamentario), el modelo económico, entre otros.
En tanto los empresarios no se comprometan a una reforma de esos vuelos, todo lo que digan no dejarán de ser sino críticas coyunturales encaminadas a "llevar agua a su molino".
¡Hasta la próxima!
lunes, 17 de agosto de 2009
PAN vs ASF, la opaca transparencia
Molestan, a quien ocupa Los Pinos, la presencia y actuación del contador público Arturo González de Aragón al frente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Y lo manda decir a través de César Nava, el recién impuesto presidente del Partido Acción Nacional (PAN), quien así empieza a cumplir su función como mero ejecutor y correa de transmisión de las órdenes de su jefe, Felipe Calderón.
Nava ha hecho saber que una de las primeras tareas de su bancada en la LXI legislatura, será cambiar al auditor, es decir, impedir su eventual reelección por otro periodo de siete años, prevista para este 2009.
Digamos de paso que los modos de Nava no anuncian un estilo diferente de hacer política respecto de las desaseadas maneras de su antecesor, Germán Martínez.
Entrevistado en Cuernavaca por el enviado de La Jornada, Roberto Garduño, acerca de si Arturo González de Aragón ya no garantiza la transparencia, el político michoacano respondió lacónico, pero significativamente: "Buscaremos a alguien honorable, profesional e imparcial".
A menos que, como lo hizo Calderón respecto de sus declaraciones en Bogotá, Nava afirme hoy que no dijo lo que dijo, su declaración resulta hasta una ofensa personal hacia el Auditor a quien tácitamente considera carente de honor, de profesionalismo y además lo acusa de parcial.
Es una mala señal que la actual administración panista empiece a cuestionar e intervenir en los órganos encargados del escrutinio de la cuestión pública. Ya se ha asomado su intención de colocar en la Comisión Nacional de Derechos Humanos a Mariano Azuela, un abogado conservador que no tiene ningún antecedente como defensor de esos derechos, pero eso sí, está muy identificado con las posiciones de Los Pinos.
Pareciera que también en la ASF el gobierno desea una persona a modo y que, en efecto, carezca de las prendas que hoy se reclaman a González de Aragón.
Queda la impresión que la actual administración panista, al tanto de su frágil situación política, trata, a toda costa, de colocar en los órganos de supervisión a funcionarios que puedan ser controlados por el poder presidencial, para de ese modo transitar sin demasiados cuestionamientos los largos tres años que le restan, aun a riesgo de eliminar los necesarios contrapesos esenciales en un régimen que se quiere democrático.
Y son precisamente cuestionamientos los que han salido de la ASF en los últimos meses:
El 12 de marzo de este año, al presentar el Informe de resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2007 (primer año de Calderón), González de Aragón reveló irregularidades en el gasto por 60 mil millones de pesos, así como la existencia de subejercicios (recursos autorizados, pero no gastados) por 300 mil millones de pesos, los cuales fueron transferidos a fideicomisos,que son un "motivo de preocupación porque sigue siendo un área de opacidad y riesgo que debemos resolver y transparentar de manera definitiva".
Dijo ademas el auditor: "El círculo vicioso (en el uso del gasto) se complementa con la discrecionalidad existente en el manejo de los recursos, como los casos de excedentes petroleros, otorgamiento de donativos y préstamos, estímulos fiscales, permisos y concesiones, enajenación de bienes, remuneraciones a servidores públicos, recuperación de créditos fiscales y fondos y fideicomisos, entre otros".
Resaltó que cada vez más el Estado delega actividades sustantivas a particulares mediante concesiones, permisos, contratos y licencias y que en este rubro se observa una insuficiente regulación y supervisión". ( Esto lo dijo el auditor en marzo y en junio esas insuficiencias resultaron fatales en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora).
Reveló, asimismo, que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) continuó beneficiando a grandes contribuyentes, pues a 59 empresas se les condonaron 8 mil 30 millones 150 mil 100 pesos.
Un año antes, el 17 de julio de 2008, durante su intervención en el debate sobre la reforma energética, González de Aragón recordó que entre 200 y 2005 (durante la administración de Vicente Fox) las devoluciones de impuestos a grandes contribuyentes ascendieron a 680 mil millones de pesos y sólo en 2005 esas devoluciones alcanzaron los 150 mil millones de pesos, el doble de lo registrado en 2000.
Señaló que las devoluciones de impuestos se encuentran altamente concentradas en el país (se beneficia a los grandes contribuyentes), lo que contraviene el principio de equidad fiscal. Todavía más: denunció que en 2005 cincuenta grandes contribuyentes (con ganancias anuales por encima de 500 millones de pesos) pagaron sólo ¡74 pesos! por concepto de Impuesto sobre la Renta.
En esa ocasión expuso que esas ventajas discrecionales a unas cuantas empresas son la causa de la debilidad tributaria que padece el país ( ocupa el último lugar en recaudación entre las 30 naciones que integran la OCDE) y que obligan a que el gobierno exprima a Pemex para resarcir esa falta de dinero. Señaló que la petrolera transfiere recursos por cerca de 60 por ciento de sus ingresos brutos.
De ese modo desnudó la verdadera causa de la quiebra de Pemex, que Calderón adujo en ese entonces para justificar su privatización.
En el Informe sobre la cuenta pública del primer año de Calderón, González de Aragón pidió a la Cámara de Diputados otorgar autonomía constitucional al órgano fiscalizador para imponer sanciones a servidores públicos que incurran en irregularidades en el manejo del gasto, independientes de las que aplica la Secretaría de la Función Pública.
Acaso la administración de Calderón cree llegado el momento de cobrarle al auditor todas esas denuncias impidiendo su reelección. Apenas el miércoles de la semana pasada, el michoacano se ufanaba ante un público infantil de sus "esfuerzos" en aras de la transparencia.
No hay tal. Y la embestida anunciada contra el auditor corrobora la distancia que hay entre el discurso y la práctica gubernamental panista.
¡Hasta la próxima!
Nava ha hecho saber que una de las primeras tareas de su bancada en la LXI legislatura, será cambiar al auditor, es decir, impedir su eventual reelección por otro periodo de siete años, prevista para este 2009.
Digamos de paso que los modos de Nava no anuncian un estilo diferente de hacer política respecto de las desaseadas maneras de su antecesor, Germán Martínez.
Entrevistado en Cuernavaca por el enviado de La Jornada, Roberto Garduño, acerca de si Arturo González de Aragón ya no garantiza la transparencia, el político michoacano respondió lacónico, pero significativamente: "Buscaremos a alguien honorable, profesional e imparcial".
A menos que, como lo hizo Calderón respecto de sus declaraciones en Bogotá, Nava afirme hoy que no dijo lo que dijo, su declaración resulta hasta una ofensa personal hacia el Auditor a quien tácitamente considera carente de honor, de profesionalismo y además lo acusa de parcial.
Es una mala señal que la actual administración panista empiece a cuestionar e intervenir en los órganos encargados del escrutinio de la cuestión pública. Ya se ha asomado su intención de colocar en la Comisión Nacional de Derechos Humanos a Mariano Azuela, un abogado conservador que no tiene ningún antecedente como defensor de esos derechos, pero eso sí, está muy identificado con las posiciones de Los Pinos.
Pareciera que también en la ASF el gobierno desea una persona a modo y que, en efecto, carezca de las prendas que hoy se reclaman a González de Aragón.
Queda la impresión que la actual administración panista, al tanto de su frágil situación política, trata, a toda costa, de colocar en los órganos de supervisión a funcionarios que puedan ser controlados por el poder presidencial, para de ese modo transitar sin demasiados cuestionamientos los largos tres años que le restan, aun a riesgo de eliminar los necesarios contrapesos esenciales en un régimen que se quiere democrático.
Y son precisamente cuestionamientos los que han salido de la ASF en los últimos meses:
El 12 de marzo de este año, al presentar el Informe de resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2007 (primer año de Calderón), González de Aragón reveló irregularidades en el gasto por 60 mil millones de pesos, así como la existencia de subejercicios (recursos autorizados, pero no gastados) por 300 mil millones de pesos, los cuales fueron transferidos a fideicomisos,que son un "motivo de preocupación porque sigue siendo un área de opacidad y riesgo que debemos resolver y transparentar de manera definitiva".
Dijo ademas el auditor: "El círculo vicioso (en el uso del gasto) se complementa con la discrecionalidad existente en el manejo de los recursos, como los casos de excedentes petroleros, otorgamiento de donativos y préstamos, estímulos fiscales, permisos y concesiones, enajenación de bienes, remuneraciones a servidores públicos, recuperación de créditos fiscales y fondos y fideicomisos, entre otros".
Resaltó que cada vez más el Estado delega actividades sustantivas a particulares mediante concesiones, permisos, contratos y licencias y que en este rubro se observa una insuficiente regulación y supervisión". ( Esto lo dijo el auditor en marzo y en junio esas insuficiencias resultaron fatales en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora).
Reveló, asimismo, que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) continuó beneficiando a grandes contribuyentes, pues a 59 empresas se les condonaron 8 mil 30 millones 150 mil 100 pesos.
Un año antes, el 17 de julio de 2008, durante su intervención en el debate sobre la reforma energética, González de Aragón recordó que entre 200 y 2005 (durante la administración de Vicente Fox) las devoluciones de impuestos a grandes contribuyentes ascendieron a 680 mil millones de pesos y sólo en 2005 esas devoluciones alcanzaron los 150 mil millones de pesos, el doble de lo registrado en 2000.
Señaló que las devoluciones de impuestos se encuentran altamente concentradas en el país (se beneficia a los grandes contribuyentes), lo que contraviene el principio de equidad fiscal. Todavía más: denunció que en 2005 cincuenta grandes contribuyentes (con ganancias anuales por encima de 500 millones de pesos) pagaron sólo ¡74 pesos! por concepto de Impuesto sobre la Renta.
En esa ocasión expuso que esas ventajas discrecionales a unas cuantas empresas son la causa de la debilidad tributaria que padece el país ( ocupa el último lugar en recaudación entre las 30 naciones que integran la OCDE) y que obligan a que el gobierno exprima a Pemex para resarcir esa falta de dinero. Señaló que la petrolera transfiere recursos por cerca de 60 por ciento de sus ingresos brutos.
De ese modo desnudó la verdadera causa de la quiebra de Pemex, que Calderón adujo en ese entonces para justificar su privatización.
En el Informe sobre la cuenta pública del primer año de Calderón, González de Aragón pidió a la Cámara de Diputados otorgar autonomía constitucional al órgano fiscalizador para imponer sanciones a servidores públicos que incurran en irregularidades en el manejo del gasto, independientes de las que aplica la Secretaría de la Función Pública.
Acaso la administración de Calderón cree llegado el momento de cobrarle al auditor todas esas denuncias impidiendo su reelección. Apenas el miércoles de la semana pasada, el michoacano se ufanaba ante un público infantil de sus "esfuerzos" en aras de la transparencia.
No hay tal. Y la embestida anunciada contra el auditor corrobora la distancia que hay entre el discurso y la práctica gubernamental panista.
¡Hasta la próxima!
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