Después de todos los "sacrificios" y "recortes" al gasto anunciados por el gobierno federal como coartada para aumentar "sin rubor" (Carstens dixit) los impuestos que debe pagar la población luego del "catarrito" que se nos volvió pulmonía, va quedando claro que esa supuesta astringencia de recursos es otra mentira.
Pese a la supresión de tres secretarías de Estado el gasto gubernamental será en 2010 prácticamente el mismo que en 2009. Ello así porque el ahorro derivado de la cancelación de esas dependencias equivale a 0.5 por ciento del gasto programable de 2009.
El presupuesto de Egresos de la Federación prevé un gasto público total de tres billones 172 mil 359 millones de pesos, sólo 0.6 por ciento menor al de este año en términos reales (tres billones 45 mil 478 millones de pesos).
Además, 77.2 por ciento de ese presupuesto corresponde a gasto corriente, que incluye el gasto en servicios personales, para el cual se propone un aumento de 664 mil millones de pesos (mmdp) a 674 mmdp. El gasto de inversión en capital, en tanto, se reducirá de 591 mmdp a 536 mmdp.
Lo anterior significa que, contra lo dicho, el presupuesto seguirá privilegiando el gasto gubernamental improductivo.
Al parecer, los ahorros en un sector se han transferido a otras áreas del propio gobierno. Así, si bien los gastos de la presidencia se reducen sólo en 70 millones de pesos (de 1,798 millones en 2009 a 1,727 millones en 2010), la Oficina de la Presidencia gozará un increemento de 72 millones 418 mil 647 pesos al pasar de 73 millones 472 mil 289 pesos en 2009, a 145 millones, 890 mil 936 pesos en 2010.
La Secretaría Particular tendrá cinco millones 602 mil 170 pesos más; Comunicación Social disfrutará un incremento de cinco milllones 808 mil pesos; la Coordinación de Opinión Pública (desde la que se aceitan las estadísticas que hacen ver a Calderón con elevados índices de aceptación popular) dispondrá de un incremento de tres millones 485 mil pesos.
De igual forma, la Coordinación de gabinete y Proyectos Especiales ejercerá 13 millones 560 mil pesos más en relación con 2009 y la Coordinación de Estrategia y Mensaje Gubernamental (desde la que se opera para posicionar en la opinión pública los dichos del señor Calderón) recibiría un aumento de siete millones 256 mil pesos.
De lo anterior se deduce que la Cámara de Diputados deberá equilibrar la distribución del "esfuerzo" mediante una mayor reducción del gasto corriente gubernamental, que incluya una reducción de prestaciones; incrementar el gasto en inversión y menor gasto de operación para las dependencias públicas.
Su trabajo será modificar el perfil del proyecto de Ley de Ingresos presentado para reorientarlo verdaderamente hacia el combate a la pobreza vía la reactivación del crecimiento económico, la generación de empleos, la inversión en infraestructura, en educación, salud y vivienda.
Secuestros
Hace unas décadas solía recomendarse a los gobernantes priistas asomarse a la sección "Cartas al director" de los periódicos para tener una idea más precisa de lo que la gente pensaba de su actuación. Hoy la recomendación sigue vigente, sólo que la opinión de los ciudadanos se expresa ahora en los espacios que los medios on line disponen para sus lectores.
Si Calderón se asomara a esos textos vería como su credibilidad y la de quienes ostentan el poder público nomás no levanta. Así como un vasto sector de ciudadanos descreyó en su momento de la desproporcionada reacción de las autoridades ante el virus de la Influenza, atribuyéndola a un invento para aterrorizar a la población, así se ha sospechado del secuestro del avión de Mexicana a manos de un predicador boliviano.
El confuso episodio fue considerado como un montaje de Genaro García Luna, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, similar al que perpetró para mostrar la captura de la secuestradora francesa Florence Cassez.
Las facilidades dadas a las televisoras para la transmisión en vivo y desde un sitio preferente, impensable en una situación de verdadera emergencia, así como el momento en que se presentó (un día después del polémico paquete económico para 2010) levantaron de inmediato suspicacias acerca de la veracidad del hecho.
Todo pareció parte de la estrategia perpetrada desde el martes pasado, cuando el secretario de Hacienda entregó al Congreso el paquete económico para 2010. En esa oportunidad no distribuyó copias del documento a las fracciones parlamentarias de los partidos, como es lo usual, de modo que nadie pudiera emitir juicios sobre el tema y que al día siguiente sólo el discurso oficial tuviera difusión.
Luego la atención pudo mantenerse buena parte del día en el fallido secuestro. Todo para seguir desviando el foco de atención sobre lo principal. La maniobra fue tan burda que la intención quedó pronto en evidencia y la credibilidad gubernamental en su nivel más bajo.
viernes, 11 de septiembre de 2009
miércoles, 9 de septiembre de 2009
Impuestos: la manipulación
Detengámonos en las formas. Ayer el señor Felipe Calderón, primero, y el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, después, fraguaron una estrategia de comunicación para manipular a los habitantes de este país de modo que se crea que ellos, "el gobierno", se sacrificará el próximo año con un presupuesto austero, cuando en realidad, de nuevo, los verdaderamente esquilmados seremos los ciudadanos por la vía de nuevos y mayores impuestos.
Por principio de cuentas, la propuesta de Ley de Ingresos entregada ayer a la Cámara de Diputados incluye el cobro del IVA ( 2 por ciento) a medicinas y alimentos, tal como lo propuso hace unos días el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios.
El Impuesto sobre la Renta (ISR) --el impuesto al salario-- pasa de 28 a 30 por ciento, excepto a quienes ganen cuatro salarios mínimos o menos. El impuesto a los depósitos en efectivo aumenta de 2 a 3 por ciento, pero ahora se gravará a partir de 15 mil pesos y no de 25 mil como hasta ahora.
En el intento por atenuar estos anuncios, Calderón informó a las dos de la tarde la supresión de tres secretarías de Estado (Turismo, Reforma Agraria y Función Pública). En la misma línea de demostrar el sacrificio gubernamental, por la noche Carstens anunció una reducción en el gasto público programable de 218 mil millones de pesos (1.8 por ciento del PIB).
Dijo además que el déficit público será de 60 mil millones de pesos (1.5 por ciento del PIB), que se reducirá 5 por ciento la estructura de mandos superiores; 10 por ciento menos en gastos en oficinas del exterior; 10 por ciento menos en delegaciones de dependencias federales en los estados.
Anunció que habrá menos gastos en comunicación social, en servicios personales, en asesorías, en viáticos, pasajes y telefonía; que no se remodelarán oficinas ni se gastará en nuevo mobiliario.
Hay en todo ello una gran mentira. Ésta consiste en hacer creer que la clase política se sacrificará lo mismo que la población, a la cual se le merman sus menguados ingresos vía esta cascada de nuevos impuestos.
En la esfera gubernamental el tal sacrificio es aparente, pues los recortes al gasto afectarán a instituciones, en tanto que el mayor cobro de impuestos y el aumento en tarifas de servicios afectarán a personas concretas.
Así que no existe la tal solidaridad del gobierno con los gobernados. Así sea en menor cantidad, pero el señor Calderón y su gabinete seguirán disfrutando de elevados sueldos, de viáticos, alimentos, transporte, celulares, asistentes personales y medicinas sin que les cueste un centavo.
La insistencia de Calderón y Carstens de presentar por delante "el sacrificio" gubernamental para revestirse de una falsa autoridad moral al momento de anunciar los nuevos impuestos, quedó de manifiesto en una frase del secretario de Hacienda: "Una vez que el gobierno pone la muestra en el gasto, puede solicitar sin rubor la contribución de la ciudadanía".
La estrategia manipuladora de los genios en el poder llegó al extremo de presentar --en efecto, sin "rubor" alguno-- el impuesto al consumo (medicinas y alimentos), no como un gravámen sino como una ¡¡¡Contribución para el combate a la pobreza!!!!!
Véase la trampa semántica: el término contribución tiene una connotación positiva. Contribuir es "ayudar" y "cooperar", términos ambos que, a su vez, tienen un significado amable, pues evocan en el subconsciente una acción casi voluntaria para un fin que se considera valioso y, en este caso, hasta humanitario: combatir la pobreza.
El problema del esquema es que a los propios pobres también se les obliga a "contribuir" para combatir su condición, pues al comprar, así sea una raquítica e insuficiente dotación de alimentos y medicinas, también serán sujetos del mentado gravamen. ¿dónde queda entonces la famosa política social?
En realidad el gobierno esquilma a todos, pero pretende hacer pasar el nuevo impuesto como un combate a la pobreza, del cual nunca pasarán los más pobres, ya que al encarecerse los productos, se les alejan sus posibilidades de adquisición de alimentos o el acceso a la salud.
El paquete económico presentado ayer no apunta a ninguno de los "cambios de fondo" que se comprometió a impulsar Calderón en su ejercicio retórico del miércoles 2 de septiembre y en su root show posterior con entrevistadores a modo. Del eslogan "Vivir mejor" ni hablemos.
Adviértase, de nuevo, como estas medidas económicas anunciadas no aspiran a cambiar nada ni a mejorar la calidad de vida de la población. Dice Carstens que el incremento de 4 por ciento a los servicios de telecomunicación es progresivo porque, reconoce, sólo los utilizan 20 por ciento de los hogares más ricos.
En vez de aspirar a ampliar a más mexicanos esos servicios para cerrar la brecha tecnológica que existe, el gobierno tácitamente admite que esta desproporción en el uso de las telecomunicaciones así seguirá fatalmente.
"A confesión de parte, relevo de pruebas", reza un principio general del Derecho. Es decir, por un lado el decálogo calderoniano afirma su determinación de combatir la pobreza, dar atención médica universal y educación de calidad, y por otro lado, actúa como lo que verdaramente sabe: que los mexicanos más pobres así seguirán y que jamás aspirarán, por ejemplo, a contar con televisión de paga o Internet.
En el mismo sentido apunta la cínica y manida frase con que el secretario de Hacienda justifica, según él, los impuestos al consumo: "Quien más consuma más pagará". O sea ¿se trata de castigar el consumo? ¿se trata de castigar el mercado interno? ¿cómo piensan crecer a tasas de 5 por ciento para 2012 con un mercado deprimido?
¿Se trata, otra vez, de una descarada admisión de que los pobres no serán afectados por los nuevos impuestos porque ni dinero tienen para consumir?
Tal es la lógica subyacente en el paquete económico enviado al Congreso. Éste tiene hasta el 15 de noviembre para debatir, modificar o aceptar estos aberrantes postulados que ahí se plantean. Hay la versión de que la mayoría priista habría negociado la aprobación de este paquete a cambio de los nombramientos en Pemex y en la Sagarpa.
A la paraestatal llegó Juan José Suárez Coppel, identificado con el salinista ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz y con Manlio Fabio Beltrones; en tanto que el nuevo titular de la Sagarpa también representaría una concesión al PRI a cambio de su apoyo en estas reformas.
Veremos...
Por principio de cuentas, la propuesta de Ley de Ingresos entregada ayer a la Cámara de Diputados incluye el cobro del IVA ( 2 por ciento) a medicinas y alimentos, tal como lo propuso hace unos días el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios.
El Impuesto sobre la Renta (ISR) --el impuesto al salario-- pasa de 28 a 30 por ciento, excepto a quienes ganen cuatro salarios mínimos o menos. El impuesto a los depósitos en efectivo aumenta de 2 a 3 por ciento, pero ahora se gravará a partir de 15 mil pesos y no de 25 mil como hasta ahora.
En el intento por atenuar estos anuncios, Calderón informó a las dos de la tarde la supresión de tres secretarías de Estado (Turismo, Reforma Agraria y Función Pública). En la misma línea de demostrar el sacrificio gubernamental, por la noche Carstens anunció una reducción en el gasto público programable de 218 mil millones de pesos (1.8 por ciento del PIB).
Dijo además que el déficit público será de 60 mil millones de pesos (1.5 por ciento del PIB), que se reducirá 5 por ciento la estructura de mandos superiores; 10 por ciento menos en gastos en oficinas del exterior; 10 por ciento menos en delegaciones de dependencias federales en los estados.
Anunció que habrá menos gastos en comunicación social, en servicios personales, en asesorías, en viáticos, pasajes y telefonía; que no se remodelarán oficinas ni se gastará en nuevo mobiliario.
Hay en todo ello una gran mentira. Ésta consiste en hacer creer que la clase política se sacrificará lo mismo que la población, a la cual se le merman sus menguados ingresos vía esta cascada de nuevos impuestos.
En la esfera gubernamental el tal sacrificio es aparente, pues los recortes al gasto afectarán a instituciones, en tanto que el mayor cobro de impuestos y el aumento en tarifas de servicios afectarán a personas concretas.
Así que no existe la tal solidaridad del gobierno con los gobernados. Así sea en menor cantidad, pero el señor Calderón y su gabinete seguirán disfrutando de elevados sueldos, de viáticos, alimentos, transporte, celulares, asistentes personales y medicinas sin que les cueste un centavo.
La insistencia de Calderón y Carstens de presentar por delante "el sacrificio" gubernamental para revestirse de una falsa autoridad moral al momento de anunciar los nuevos impuestos, quedó de manifiesto en una frase del secretario de Hacienda: "Una vez que el gobierno pone la muestra en el gasto, puede solicitar sin rubor la contribución de la ciudadanía".
La estrategia manipuladora de los genios en el poder llegó al extremo de presentar --en efecto, sin "rubor" alguno-- el impuesto al consumo (medicinas y alimentos), no como un gravámen sino como una ¡¡¡Contribución para el combate a la pobreza!!!!!
Véase la trampa semántica: el término contribución tiene una connotación positiva. Contribuir es "ayudar" y "cooperar", términos ambos que, a su vez, tienen un significado amable, pues evocan en el subconsciente una acción casi voluntaria para un fin que se considera valioso y, en este caso, hasta humanitario: combatir la pobreza.
El problema del esquema es que a los propios pobres también se les obliga a "contribuir" para combatir su condición, pues al comprar, así sea una raquítica e insuficiente dotación de alimentos y medicinas, también serán sujetos del mentado gravamen. ¿dónde queda entonces la famosa política social?
En realidad el gobierno esquilma a todos, pero pretende hacer pasar el nuevo impuesto como un combate a la pobreza, del cual nunca pasarán los más pobres, ya que al encarecerse los productos, se les alejan sus posibilidades de adquisición de alimentos o el acceso a la salud.
El paquete económico presentado ayer no apunta a ninguno de los "cambios de fondo" que se comprometió a impulsar Calderón en su ejercicio retórico del miércoles 2 de septiembre y en su root show posterior con entrevistadores a modo. Del eslogan "Vivir mejor" ni hablemos.
Adviértase, de nuevo, como estas medidas económicas anunciadas no aspiran a cambiar nada ni a mejorar la calidad de vida de la población. Dice Carstens que el incremento de 4 por ciento a los servicios de telecomunicación es progresivo porque, reconoce, sólo los utilizan 20 por ciento de los hogares más ricos.
En vez de aspirar a ampliar a más mexicanos esos servicios para cerrar la brecha tecnológica que existe, el gobierno tácitamente admite que esta desproporción en el uso de las telecomunicaciones así seguirá fatalmente.
"A confesión de parte, relevo de pruebas", reza un principio general del Derecho. Es decir, por un lado el decálogo calderoniano afirma su determinación de combatir la pobreza, dar atención médica universal y educación de calidad, y por otro lado, actúa como lo que verdaramente sabe: que los mexicanos más pobres así seguirán y que jamás aspirarán, por ejemplo, a contar con televisión de paga o Internet.
En el mismo sentido apunta la cínica y manida frase con que el secretario de Hacienda justifica, según él, los impuestos al consumo: "Quien más consuma más pagará". O sea ¿se trata de castigar el consumo? ¿se trata de castigar el mercado interno? ¿cómo piensan crecer a tasas de 5 por ciento para 2012 con un mercado deprimido?
¿Se trata, otra vez, de una descarada admisión de que los pobres no serán afectados por los nuevos impuestos porque ni dinero tienen para consumir?
Tal es la lógica subyacente en el paquete económico enviado al Congreso. Éste tiene hasta el 15 de noviembre para debatir, modificar o aceptar estos aberrantes postulados que ahí se plantean. Hay la versión de que la mayoría priista habría negociado la aprobación de este paquete a cambio de los nombramientos en Pemex y en la Sagarpa.
A la paraestatal llegó Juan José Suárez Coppel, identificado con el salinista ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz y con Manlio Fabio Beltrones; en tanto que el nuevo titular de la Sagarpa también representaría una concesión al PRI a cambio de su apoyo en estas reformas.
Veremos...
lunes, 7 de septiembre de 2009
El presupuesto
Los partidos políticos (PRI, PAN, PRD) han declarado su oposición a la aplicación de IVA en medicinas y alimentos, como una de las medidas que se prevé estarán incluidas en la Ley de Ingresos del año próximo, para subsanar el "boquete" financiero de 300 mil millones de pesos que padecen las finanzas públicas.
Veremos qué tanto se sostienen en esa postura o si, a partir de mañana --plazo límite marcado por la ley para recibir el mencionado proyecto-- empiezan a introducir matices en su discurso hasta terminar aceptando el gravamen, mediante un galimatías argumentativo que los ponga a salvo del reclamo popular.
El sector privado, en cambio, ha insistido en aplicar ese impuesto: el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN) propone tasas iniciales de 2 por ciento para aumentarlo gradualmente, pero el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) de plano se pronuncia por cobrar desde ya 15 por ciento a medicinas y alimentos. Todo, con tal de que no se graven sus utilidades.
El gobierno, por su parte, promete reducir el gasto corriente, apretarse el cinturón, suprimir secretarías de Estado, pero amenaza con proponer un IVA generalizado e incrementos a los precios de productos y servicios, como la gasolina, gas y electricidad.
Como el lector puede apreciarlo, la discusión nuevamente se circunscribe a encontrar la forma más eficaz y políticamente menos costosa de pasar la factura de la crisis a los ciudadanos. Que éstos sigan financiando el improductivo gasto gubernamental y los privilegios fiscales de las grandes empresas.
Se trata de medidas que asombran por su estrechez de miras, pues de nuevo, se diseñan sólo pensando (es un decir) en el corto plazo y nos conducen al síndrome de la serpiente que se muerde la cola:
1. Se restringe el consumo por la vía de aumentos de precios (el incremento a gasolina, gas y electricidad, que son insumos utilizados en procesos productivos, provocará un aumento de precios casi generalizado)
2. Estas alzas de precios y el pago de mayores y nuevos impuestos disminuyen el ingreso de las familias (Los primeros dos deciles en que se sitúan las personas con menores ingresos destinan 40 por ciento de su consumo a alimentos y bebidas, por lo que un aumento de impuestos en esos rubros mermará sus recursos en un contexto de agudo desempleo)
3. Por lo tanto, al haber menos ingresos hay menor consumo, se desestimula la inversión, se reduce la producción, hay nuevos despidos, aumenta el desempleo y la economía permanece estancada.
En este esquema, el único que gana es el gobierno. Solventa su problema económico, pero a costa del empobrecimiento de la población.
Esto tiene un efecto pernicioso adicional porque estos nuevos ingresos no le permitirán impulsar la reactivación económica, como sería lo deseable, ya que 80 por ciento del presupuesto se destina al gasto corriente (automóviles, aviones, helicópteros, choferes, asistentes, guardaespaldas, fiestas, servicios personales, pagos a sindicatos), y esto no genera ningún beneficio económico.
Menos aceptable resulta un esquema como el que se propondrá en la Ley de Ingresos, cuando la falta de recursos se debe a la imprevisión del propio gobierno. A diferencia de países como Chile, aquí los recursos excedentes que se captaron durante los pasados ocho años por concepto del petróleo se despilfarraron en mantener los gastos suntuarios de nuestra ínclita clase política y en sus corruptelas.
Lo anterior lo ha venido a confirmar un reporte del grupo financiero Banamex: El boquete fiscal de 300 mil millones de pesos esperado para 2010 tiene su origen en una dinámica creciente del gasto y, por tanto, es consecuencia de una "falta de prudencia en la administración fiscal".
En cambio, el país andino conservó esos excedentes --en su caso debidos a la industria del cobre-- y los aplicó en auténticas políticas anticíclicas que le han permitido superar la crisis y estar en posibilidad de participar de la incipiente recuperación económica global prevista para 2010.
Aquí, para compensar esa "falta de prudencia" (léase irresponsabilidad) de nuestros gobernantes, se pretende aumentar los ingresos del gobierno en 2.5 por ciento del PIB (equivalentes a los 300 mil millones de pesos que harán falta). Ello sólo resolverá el problema el año próximo mientras no se considere modificaciones en la dinámica del gasto y, sobre todo, aumentar la base de personas que pagan impuestos.
Para ello hay que suprimir exenciones fiscales y eliminar privilegios. Y en este punto bien podríamos afirmar, con Don Quijote, que: "Con la Iglesia hemos topado, Sancho", pues ahí está el quid del asunto, se trata de uno de esos cambios que se comprometió impulsar y promover el desgastado Felipe Calderón.
En todo caso, como se ve, no se está planteando ningún giro en el actual modelo económico neoliberal seguido por la derecha en el poder. Han elegido la vía más ortodoxa, según la cual el gobierno debe salvarse, no los gobernados, aunque éstos constituyan la razón de ser de aquél.
¡Hasta la próxima!
Veremos qué tanto se sostienen en esa postura o si, a partir de mañana --plazo límite marcado por la ley para recibir el mencionado proyecto-- empiezan a introducir matices en su discurso hasta terminar aceptando el gravamen, mediante un galimatías argumentativo que los ponga a salvo del reclamo popular.
El sector privado, en cambio, ha insistido en aplicar ese impuesto: el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN) propone tasas iniciales de 2 por ciento para aumentarlo gradualmente, pero el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) de plano se pronuncia por cobrar desde ya 15 por ciento a medicinas y alimentos. Todo, con tal de que no se graven sus utilidades.
El gobierno, por su parte, promete reducir el gasto corriente, apretarse el cinturón, suprimir secretarías de Estado, pero amenaza con proponer un IVA generalizado e incrementos a los precios de productos y servicios, como la gasolina, gas y electricidad.
Como el lector puede apreciarlo, la discusión nuevamente se circunscribe a encontrar la forma más eficaz y políticamente menos costosa de pasar la factura de la crisis a los ciudadanos. Que éstos sigan financiando el improductivo gasto gubernamental y los privilegios fiscales de las grandes empresas.
Se trata de medidas que asombran por su estrechez de miras, pues de nuevo, se diseñan sólo pensando (es un decir) en el corto plazo y nos conducen al síndrome de la serpiente que se muerde la cola:
1. Se restringe el consumo por la vía de aumentos de precios (el incremento a gasolina, gas y electricidad, que son insumos utilizados en procesos productivos, provocará un aumento de precios casi generalizado)
2. Estas alzas de precios y el pago de mayores y nuevos impuestos disminuyen el ingreso de las familias (Los primeros dos deciles en que se sitúan las personas con menores ingresos destinan 40 por ciento de su consumo a alimentos y bebidas, por lo que un aumento de impuestos en esos rubros mermará sus recursos en un contexto de agudo desempleo)
3. Por lo tanto, al haber menos ingresos hay menor consumo, se desestimula la inversión, se reduce la producción, hay nuevos despidos, aumenta el desempleo y la economía permanece estancada.
En este esquema, el único que gana es el gobierno. Solventa su problema económico, pero a costa del empobrecimiento de la población.
Esto tiene un efecto pernicioso adicional porque estos nuevos ingresos no le permitirán impulsar la reactivación económica, como sería lo deseable, ya que 80 por ciento del presupuesto se destina al gasto corriente (automóviles, aviones, helicópteros, choferes, asistentes, guardaespaldas, fiestas, servicios personales, pagos a sindicatos), y esto no genera ningún beneficio económico.
Menos aceptable resulta un esquema como el que se propondrá en la Ley de Ingresos, cuando la falta de recursos se debe a la imprevisión del propio gobierno. A diferencia de países como Chile, aquí los recursos excedentes que se captaron durante los pasados ocho años por concepto del petróleo se despilfarraron en mantener los gastos suntuarios de nuestra ínclita clase política y en sus corruptelas.
Lo anterior lo ha venido a confirmar un reporte del grupo financiero Banamex: El boquete fiscal de 300 mil millones de pesos esperado para 2010 tiene su origen en una dinámica creciente del gasto y, por tanto, es consecuencia de una "falta de prudencia en la administración fiscal".
En cambio, el país andino conservó esos excedentes --en su caso debidos a la industria del cobre-- y los aplicó en auténticas políticas anticíclicas que le han permitido superar la crisis y estar en posibilidad de participar de la incipiente recuperación económica global prevista para 2010.
Aquí, para compensar esa "falta de prudencia" (léase irresponsabilidad) de nuestros gobernantes, se pretende aumentar los ingresos del gobierno en 2.5 por ciento del PIB (equivalentes a los 300 mil millones de pesos que harán falta). Ello sólo resolverá el problema el año próximo mientras no se considere modificaciones en la dinámica del gasto y, sobre todo, aumentar la base de personas que pagan impuestos.
Para ello hay que suprimir exenciones fiscales y eliminar privilegios. Y en este punto bien podríamos afirmar, con Don Quijote, que: "Con la Iglesia hemos topado, Sancho", pues ahí está el quid del asunto, se trata de uno de esos cambios que se comprometió impulsar y promover el desgastado Felipe Calderón.
En todo caso, como se ve, no se está planteando ningún giro en el actual modelo económico neoliberal seguido por la derecha en el poder. Han elegido la vía más ortodoxa, según la cual el gobierno debe salvarse, no los gobernados, aunque éstos constituyan la razón de ser de aquél.
¡Hasta la próxima!
miércoles, 2 de septiembre de 2009
Calderón: la hora del cambio
Este miércoles el señor Felipe Calderón convocó a la nación a emprender un "cambio sustancial con todos los costos y riesgos". Aún más: proclamó que es llegada la hora de cambiar y cambiar a fondo, lo cual significa no sólo dar pequeños pasos.
Desatado, pidió pasar "de la lógica de los cambios posibles, a la lógica de los cambios de fondo para superar inercias y construir el futuro". Y para ello llamó a "ponernos de acuerdo en cómo cambiar al país".
La inusual arenga tuvo lugar durante el mensaje que pronunció este 2 de septiembre en Palacio Nacional con motivo de su Tercer Informe de Gobierno.
En una primera lectura, digamos que el llamado a modificar todo el estado de cosas que prevalece en el país, para casi casi emprender una refundación de la nación mexicana, constituye un intento de Calderón por reposicionarse como interlocutor válido en el debate público.
En efecto, tras la derrota electoral que sufrió en las legislativas del 5 de julio, con las variables económicas fuera de control, con resultados desastrozos en los índices de competitividad internacional y con la cuestión social a punto de conducir a estallidos sociales, como lo han reconocido desde el propio gabinete, al michoacano no le quedaba otra que tratar de relanzar su administración o ser definitivamente rebasado políticamente desde todos los ámbitos lo que resta del sexenio.
Su margen de maniobra --y lo sabe muy bien-- ha quedado muy acotado tras perder la mayoría legislativa y en medio de una catástrofe económica profundizada por las pifias, omisiones y titubeos de su equipo económico.
Debía pues, recurrir a un golpe de timón que lo colocara al frente de una discusión que, como lo comentamos en una entrega reciente, de todos modos ya se ha iniciado en diversos ámbitos de la administración pública, la academia, y del sector privado y que ya amenazaba con rebasarlo.
El diagnóstico de esos círculos de opinión y de poder coincide en la urgencia de emprender una reforma política de fondo que reposicione al Estado como rector y guía del desarrollo económico y en modificar el modelo económico neoliberal (reforma fiscal incluida), cuyo agotamiento es evidente por el retroceso en los de por sí magros índices de crecimiento.
Aunque convocó a todos los sectores a fijar las agendas "para definir el México que queremos", Calderón delineó 10 elementos para iniciar la transformación proclamada:
1. Frenar la pobreza en que ha caído la mitad de la población y la pobreza extrema en que vive uno de cada cinco mexicanos.
2. Alcanzar la cobertura universal en materia de salud
3. Educación de calidad superando el marasmo de intereses e inercias
4. Reforma profunda de las finanzas públicas
5. Nueva generación de reformas en empresas del sector energético
6. Reforma en telecomunicaciones para que responda a las necesidades del desarrollo
7. Transformar el sector laboral con pleno respecto a los derechos de huelga y contratación colectiva
8. Reforma regulatoria de fondo
9. Profundizar y ampliar la lucha contra el crimen organizado y por la seguridad de los ciudadanos.
10. Reforma política
Se trata de una agenda política cuyos contenidos y alcances deberán ser precisados y, en efecto discutidos cabalmente con todos los sectores de opinión del país. En buena hora que Calderón haya convocado a todos a definir una agenda común, pues como lo reconoció, ya no queda otra alternativa más que darle un giro completo al curso de la nación.
Pronto se verá si en el grupo gobernante hay voluntad política para discutir un cambio en la actual política económica de corte neoliberal, o para analizar las alternativas al sistema presidencialista y el papel del Estado en la conducción del desarrollo, o para rediseñar la política social de modo que deje de ser mero paliativo a los daños causados por las medidas económicas, o para acabar con las corruptas, pero políticamente redituables estructuras del sindicalismo corporativo, como el que prevalece en el ámbito de la educación.
Se verá si hay voluntad política para terminar con los monopolios y con los excesivos cobros y pobre calidad en el ámbito de las telecomunicaciones; si se simplifican los trámites fiscales y se termina con la evasión, devolución y condonación de impuestos a los grandes contribuyentes o si la reforma energética se orienta a satisfacer las necesidades del desarrollo y no a enajenar a extranjeros los bienes del país.
El margen de maniobra y credibilidad del panismo son, sin embargo, muy reducidos, de modo que si se advierte que su encendido llamado a cambiar no es sino un mero afán por ganar tiempo para no morir de inanición los próximos tres años, incurrirá en una irresponsabilidad histórica cuyos costos habrá de pagar incluso antes de terminado el trienio.
Una muestra de la autenticidad de su voluntad de cambio la veremos pronto materializada en la Ley de Ingresos y en el presupuesto de egresos que habrá de presentar al Congreso en los próximos días. Allí sabremos si su acto de contricción empieza a traducirse en hechos.
¡Hasta la próxima!
Desatado, pidió pasar "de la lógica de los cambios posibles, a la lógica de los cambios de fondo para superar inercias y construir el futuro". Y para ello llamó a "ponernos de acuerdo en cómo cambiar al país".
La inusual arenga tuvo lugar durante el mensaje que pronunció este 2 de septiembre en Palacio Nacional con motivo de su Tercer Informe de Gobierno.
En una primera lectura, digamos que el llamado a modificar todo el estado de cosas que prevalece en el país, para casi casi emprender una refundación de la nación mexicana, constituye un intento de Calderón por reposicionarse como interlocutor válido en el debate público.
En efecto, tras la derrota electoral que sufrió en las legislativas del 5 de julio, con las variables económicas fuera de control, con resultados desastrozos en los índices de competitividad internacional y con la cuestión social a punto de conducir a estallidos sociales, como lo han reconocido desde el propio gabinete, al michoacano no le quedaba otra que tratar de relanzar su administración o ser definitivamente rebasado políticamente desde todos los ámbitos lo que resta del sexenio.
Su margen de maniobra --y lo sabe muy bien-- ha quedado muy acotado tras perder la mayoría legislativa y en medio de una catástrofe económica profundizada por las pifias, omisiones y titubeos de su equipo económico.
Debía pues, recurrir a un golpe de timón que lo colocara al frente de una discusión que, como lo comentamos en una entrega reciente, de todos modos ya se ha iniciado en diversos ámbitos de la administración pública, la academia, y del sector privado y que ya amenazaba con rebasarlo.
El diagnóstico de esos círculos de opinión y de poder coincide en la urgencia de emprender una reforma política de fondo que reposicione al Estado como rector y guía del desarrollo económico y en modificar el modelo económico neoliberal (reforma fiscal incluida), cuyo agotamiento es evidente por el retroceso en los de por sí magros índices de crecimiento.
Aunque convocó a todos los sectores a fijar las agendas "para definir el México que queremos", Calderón delineó 10 elementos para iniciar la transformación proclamada:
1. Frenar la pobreza en que ha caído la mitad de la población y la pobreza extrema en que vive uno de cada cinco mexicanos.
2. Alcanzar la cobertura universal en materia de salud
3. Educación de calidad superando el marasmo de intereses e inercias
4. Reforma profunda de las finanzas públicas
5. Nueva generación de reformas en empresas del sector energético
6. Reforma en telecomunicaciones para que responda a las necesidades del desarrollo
7. Transformar el sector laboral con pleno respecto a los derechos de huelga y contratación colectiva
8. Reforma regulatoria de fondo
9. Profundizar y ampliar la lucha contra el crimen organizado y por la seguridad de los ciudadanos.
10. Reforma política
Se trata de una agenda política cuyos contenidos y alcances deberán ser precisados y, en efecto discutidos cabalmente con todos los sectores de opinión del país. En buena hora que Calderón haya convocado a todos a definir una agenda común, pues como lo reconoció, ya no queda otra alternativa más que darle un giro completo al curso de la nación.
Pronto se verá si en el grupo gobernante hay voluntad política para discutir un cambio en la actual política económica de corte neoliberal, o para analizar las alternativas al sistema presidencialista y el papel del Estado en la conducción del desarrollo, o para rediseñar la política social de modo que deje de ser mero paliativo a los daños causados por las medidas económicas, o para acabar con las corruptas, pero políticamente redituables estructuras del sindicalismo corporativo, como el que prevalece en el ámbito de la educación.
Se verá si hay voluntad política para terminar con los monopolios y con los excesivos cobros y pobre calidad en el ámbito de las telecomunicaciones; si se simplifican los trámites fiscales y se termina con la evasión, devolución y condonación de impuestos a los grandes contribuyentes o si la reforma energética se orienta a satisfacer las necesidades del desarrollo y no a enajenar a extranjeros los bienes del país.
El margen de maniobra y credibilidad del panismo son, sin embargo, muy reducidos, de modo que si se advierte que su encendido llamado a cambiar no es sino un mero afán por ganar tiempo para no morir de inanición los próximos tres años, incurrirá en una irresponsabilidad histórica cuyos costos habrá de pagar incluso antes de terminado el trienio.
Una muestra de la autenticidad de su voluntad de cambio la veremos pronto materializada en la Ley de Ingresos y en el presupuesto de egresos que habrá de presentar al Congreso en los próximos días. Allí sabremos si su acto de contricción empieza a traducirse en hechos.
¡Hasta la próxima!
martes, 1 de septiembre de 2009
Modelo económico agotado (II)
El tercer Informe de gobierno de Felipe Calderón llega en medio de un descontrol en todos los órdenes de la vida pública, subrayado por la inoperancia gubernamental manifiesta hasta en las desaseadas maneras que tienen de operar incluso sus propios proyectos, como la pretendida fiesta personal que se habían organizado en Palacio Nacional, a despecho de las más elementales formas políticas y republicanas.
La emergencia nacional, evidente en casi todas las mediciones que se hacen de la economía, ha puesto en marcha a diversos sectores de la sociedad civil que ante la parálisis y el continuismo gubernamental han dado voces de alerta, construido consensos y formulado propuestas para tratar de enderezar el rumbo.
En ese contexto, economistas con diverso enfoque participantes en el seminario El agotamiento del modelo de desarrollo ¿Hacia dónde va México? coincidieron en tres propuestas básicas:
1. Plan de emergencia para protección del empleo y la planta productiva: Debe ser de carácter nacional y provenir de un gran acuerdo entre diversos grupos de la sociedad. Por ello, la propuesta plantea que sea en el Congreso donde se discuta y apruebe este Plan de Emergencia.
En ausencia del Plan, pero sólo de manera temporal, los expertos urgieron al Ejecutivo a promover
a) una reingeniería del presupuesto para ampliar los márgenes de política contracíclica
b) mejorar la instrumentación de los proyectos de gobierno
c) unir recursos y esfuerzos para defender empleos de la población vulnerable, así como a las pequeñas y medianas empresas; y
d) fortalecer el papel de la banca de desarrollo para ampliar el crédito destinado a vivienda, infraestructura y necesidades productivas.
2. Evitar reformas cosméticas o de mampara para mejor emprender reformas relevantes, como la Reforma del Estado de Derecho, una auténtica Reforma Fiscal integral y una Reforma a la Política Social.
Esta última con un enfoque de universalidad en materia de acceso a la educación y a los servicios de salud, basada en los principios de justicia social y de derechos humanos y sociales, no sólo en la eficiencia económica.
3. Reforma Fiscal integral: Para serlo debe mejorar la eficiencia del gasto, ser progresiva, no sólo recaudatoria y con efectos distributivos. Debe eliminar las exenciones del Impuesto sobre la Renta y no generalizar la aplicación del IVA.
Los especialistas alertaron sobre los costos sociales de una reforma que buscara aplicar impuestos a alimentos y medicinas. Asimismo, se plantearon críticas a la existencia del IETU, debido a sus propias características y por hacer aún más complejo el sistema impositivo.
Así, con una economía que no crece, con acentuadas desigualdades sociales y con una espiral de violencia que ya se nos volvió torbellino, los investigadores concuerdan en que no se puede salir adelante sólo con medidas como los anunciados recortes al gasto.
Lo que debe modificarse es el modelo económico y la agenda para ver al futuro con otra óptica. En ese contexto demandaron asimismo revisar la forma en que se adoptan las decisiones importantes en este país.
Ya no es posible decidir las principales políticas de gobierno de forma aislada o unilateral, sino mediante acuerdos que incluyan a servidores públicos, legisladores, académicos y sociedad civil, pues vivimos en una realidad política distinta.
Hay mucho que corregir y revisar en el corto plazo. No hacerlo será costosísimo. Y sin embargo, habrá que dar ese debate porque el actual grupo en el poder ha dado signos de que no está dispuesto ha emprender cambios estructurales ni a modificar la estructura de privilegios que aceita la actual maquinaria.
¡Hasta la próxima!
La emergencia nacional, evidente en casi todas las mediciones que se hacen de la economía, ha puesto en marcha a diversos sectores de la sociedad civil que ante la parálisis y el continuismo gubernamental han dado voces de alerta, construido consensos y formulado propuestas para tratar de enderezar el rumbo.
En ese contexto, economistas con diverso enfoque participantes en el seminario El agotamiento del modelo de desarrollo ¿Hacia dónde va México? coincidieron en tres propuestas básicas:
1. Plan de emergencia para protección del empleo y la planta productiva: Debe ser de carácter nacional y provenir de un gran acuerdo entre diversos grupos de la sociedad. Por ello, la propuesta plantea que sea en el Congreso donde se discuta y apruebe este Plan de Emergencia.
En ausencia del Plan, pero sólo de manera temporal, los expertos urgieron al Ejecutivo a promover
a) una reingeniería del presupuesto para ampliar los márgenes de política contracíclica
b) mejorar la instrumentación de los proyectos de gobierno
c) unir recursos y esfuerzos para defender empleos de la población vulnerable, así como a las pequeñas y medianas empresas; y
d) fortalecer el papel de la banca de desarrollo para ampliar el crédito destinado a vivienda, infraestructura y necesidades productivas.
2. Evitar reformas cosméticas o de mampara para mejor emprender reformas relevantes, como la Reforma del Estado de Derecho, una auténtica Reforma Fiscal integral y una Reforma a la Política Social.
Esta última con un enfoque de universalidad en materia de acceso a la educación y a los servicios de salud, basada en los principios de justicia social y de derechos humanos y sociales, no sólo en la eficiencia económica.
3. Reforma Fiscal integral: Para serlo debe mejorar la eficiencia del gasto, ser progresiva, no sólo recaudatoria y con efectos distributivos. Debe eliminar las exenciones del Impuesto sobre la Renta y no generalizar la aplicación del IVA.
Los especialistas alertaron sobre los costos sociales de una reforma que buscara aplicar impuestos a alimentos y medicinas. Asimismo, se plantearon críticas a la existencia del IETU, debido a sus propias características y por hacer aún más complejo el sistema impositivo.
Así, con una economía que no crece, con acentuadas desigualdades sociales y con una espiral de violencia que ya se nos volvió torbellino, los investigadores concuerdan en que no se puede salir adelante sólo con medidas como los anunciados recortes al gasto.
Lo que debe modificarse es el modelo económico y la agenda para ver al futuro con otra óptica. En ese contexto demandaron asimismo revisar la forma en que se adoptan las decisiones importantes en este país.
Ya no es posible decidir las principales políticas de gobierno de forma aislada o unilateral, sino mediante acuerdos que incluyan a servidores públicos, legisladores, académicos y sociedad civil, pues vivimos en una realidad política distinta.
Hay mucho que corregir y revisar en el corto plazo. No hacerlo será costosísimo. Y sin embargo, habrá que dar ese debate porque el actual grupo en el poder ha dado signos de que no está dispuesto ha emprender cambios estructurales ni a modificar la estructura de privilegios que aceita la actual maquinaria.
¡Hasta la próxima!
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