La crisis hondureña entró en una zona de penumbra para la democracia latinoamericana.
La postura de Washington de aceptar el resultado de las elecciones del 29 de noviembre que organiza el golpista Roberto Micheletti constituye una tácita convalidación del golpe militar perpetrado en junio pasado.
Eso fue lo que siempre argumentaron los golpistas: que llegaban al poder para organizar las elecciones y que se irían tras corregir las presuntas violaciones constitucionales del presidente Manuel Zelaya.
La semana pasada una misión estadounidense encabezada por el subsecretario de Estado Thomas Shannon consiguió un nuevo acuerdo: el Congreso hondureño decidiría la restitución del presidente legítimo. Se conformaría, además un gobierno de "unidad nacional".
¿Cabe suponer mayor ingenuidad? Quienes votarán o no el regreso de Zelaya son los diputados que aprobaron su defenestración hace cinco meses. Como era previsible el presidente depuesto perdió la votación. Respecto del nuevo gabinete de "Unidad", éste excluyó a los zelayistas.
El derrocado mandatario reprochó a la secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton que pretendan reconocer las elecciones "sin revertir el golpe de Estado ni resolver la profunda crisis en que se encuentra nuestro país".
Las representaciones de Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua ante la OEA advirtieron que no reconocerían las elecciones si el presidente no es restituido.
Este viernes 13 Zelaya criticó a Barack Obama por cambiar su postura, en tanto que Micheletti se mostró esperanzado en que Washington reconozca el resultado de las elecciones. Sobre todo tras la visita que realizó a Honduras el martes y miércoles últimos el subsecretario adjunto de Estado para América Latina, Craig Kelly.
Al final de su visita de dos días Kelly confirmó el viraje de Washington al declarar que para el gobierno del presidente Obama las elecciones en Honduras son "parte de la solución" a la crisis.
La retracción estadounidense no puede leerse como el fin de su intervencionismo en la región, como aseguró Obama en agosto pasado durante su estancia en México al reprochar a quienes desde entonces le exigían una postura más dura ante los golpistas hondureños.
Más bien es la confirmación de que se encuentra atado por la burocracia reaccionaria y conservadora que controla la Agencia Central de Inteligencia, el Pentágono y al Departamento de Estado.
Al respecto la periodista Amy Goodman (Democracy Now!) ha recordado que ese entramado de intereses nunca vio con buenos ojos el vuelco de Zelaya hacia políticas más populares, como la determinación de que Honduras forme parte del bloque comercial Alternativa Bolivariana para las Américas, conformado por naciones como Venezuela y Bolivia para contrarrestar el dominio económico estadounidense.
Especialistas como Carlos Fazio han documentado que el golpe militar obedeció a la pretensión de Zelaya de no renovar el contrato para la permanencia de Estados Unidos en la base militar que esa nación mantiene en Soto Cano, la cual sería convertida por Honduras en un aeropuerto comercial. Algo como lo que hizo el presidente de Ecuador Rafael Cordera, quien tampoco renovó el acuerdo para la permanencia de EU en Manta, sobre el Pacífico ecuatoriano.
La pérdida de ambas bases, según Fazio, debilitaría una red del Pentágono denominada Centros Operativos de Avanzada (FOL, por sus siglas en inglés) encargada de la guerra de contrainsurgencia que Estados Unidos desarrolla en la región.
Tales las coordenadas en que se mueve el conflicto. Es claro que con la renuncia de los zelayistas y los candidatos independientes a participar en unas elecciones organizadas por los golpistas, quienes resulten ganadores no serán sino los aliados de Micheletti, quien así podrá retirarse alegando que devuelve el país a la democracia, pero dejándolo, en realidad, en manos de sus incondicionales.
La asonada militar adquirirá así una fachada de legitimidad electoral, pero ello no significará más que la prolongación de la crisis, aunque los intereses del Departamento de Estado y de la derecha estadounidense que liderea Hillary quedarán bien servidos.
Veremos.
sábado, 14 de noviembre de 2009
viernes, 13 de noviembre de 2009
Denunciar a Calderón
Margarita Zavala, a quien algunos medios siguen calificando con el oficioso mote de "primera dama" por ser esposa de Felipe Calderón, anunció el 9 de noviembre pasado en Veracruz el lanzamiento de una página web de denuncia ciudadana anónima denominada No te dejes. Somos más (www.notedejes.mx/).
La página fue presentada durante el congreso nacional Ciudadanía y medios: acción conjunta, y con ella se pretende alentar la participación ciudadana en el combate a los delitos.
Lo curioso del asunto radica en que varios ciudadanos han escrito a medios de comunicación informando que, en efecto, han decidido aprovechar ese medio para denunciar a ¡Felipe Calderón!
Y lo han hecho por delitos como asociación delictuosa, por delitos contra el patrimonio de las personas, por delitos contra la democracia electoral, por atentar contra la economía pública, pero sobre todo, por usurpación de funciones.
El sistema otorga un folio y una contraseña para que el denunciante haga un seguimiento posterior del curso y trámite que se da a su denuncia. Será bueno saber qué respuesta da la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica, quien promovió esa página, al cúmulo de denuncias que ya ha recibido en contra de Calderón.
Lloriqueos de Ortega
Otro que ha denunciado, o mejor, se ha quejado, es Jesús Ortega. El presidente formal del PRD acudió con el secretario de Hacienda, Agustín Carsten a acusar a los diputados del PRI y del PAN de querer dejar sin dinero a su partido en la repartición del Presupuesto de Egresos del próximo año.
El suyo es un caso patético: hizo todo lo que estuvo a su alcance (alquimia incluida) para quedarse con el cascarón en que está convertido el PRD. Lo dividió, obtuvo una pobre representación en el Congreso (eso sí, no violenta, sino "moderna" y "civilizada").
Se opuso al aumento de impuestos. Pero con un partido aniquilado y entregado a Calderón mediante pactos inconfesos, no consiguió nada. Ahora la dupla derechista PRI-PAN amenazan con no asignar recursos a los gobernadores perredistas por no aprobar su partido la cascada de aumentos a los impuestos.
Y Ortega acude a "los buenos oficios" (así lo dijo) de Carstens para que no los dejen sin recursos. La izquierda moderna y bien portada se topa con la realidad: es utilizada para golpear al movimiento cívico que encabeza Andrés Manuel López Obrador y ahora hasta le regatean las 30 monedas que le corresponderían por su labor de zapa.
¡Hasta la próxima!
La página fue presentada durante el congreso nacional Ciudadanía y medios: acción conjunta, y con ella se pretende alentar la participación ciudadana en el combate a los delitos.
Lo curioso del asunto radica en que varios ciudadanos han escrito a medios de comunicación informando que, en efecto, han decidido aprovechar ese medio para denunciar a ¡Felipe Calderón!
Y lo han hecho por delitos como asociación delictuosa, por delitos contra el patrimonio de las personas, por delitos contra la democracia electoral, por atentar contra la economía pública, pero sobre todo, por usurpación de funciones.
El sistema otorga un folio y una contraseña para que el denunciante haga un seguimiento posterior del curso y trámite que se da a su denuncia. Será bueno saber qué respuesta da la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica, quien promovió esa página, al cúmulo de denuncias que ya ha recibido en contra de Calderón.
Lloriqueos de Ortega
Otro que ha denunciado, o mejor, se ha quejado, es Jesús Ortega. El presidente formal del PRD acudió con el secretario de Hacienda, Agustín Carsten a acusar a los diputados del PRI y del PAN de querer dejar sin dinero a su partido en la repartición del Presupuesto de Egresos del próximo año.
El suyo es un caso patético: hizo todo lo que estuvo a su alcance (alquimia incluida) para quedarse con el cascarón en que está convertido el PRD. Lo dividió, obtuvo una pobre representación en el Congreso (eso sí, no violenta, sino "moderna" y "civilizada").
Se opuso al aumento de impuestos. Pero con un partido aniquilado y entregado a Calderón mediante pactos inconfesos, no consiguió nada. Ahora la dupla derechista PRI-PAN amenazan con no asignar recursos a los gobernadores perredistas por no aprobar su partido la cascada de aumentos a los impuestos.
Y Ortega acude a "los buenos oficios" (así lo dijo) de Carstens para que no los dejen sin recursos. La izquierda moderna y bien portada se topa con la realidad: es utilizada para golpear al movimiento cívico que encabeza Andrés Manuel López Obrador y ahora hasta le regatean las 30 monedas que le corresponderían por su labor de zapa.
¡Hasta la próxima!
jueves, 12 de noviembre de 2009
El papel de los medios en el conflicto de Luz y Fuerza
La marcha y el paro nacional realizados ayer por el Sindicato Mexicano de Electricistas y otras agrupaciones obreras, populares y estudiantiles, en favor de la reapertura de Luz y Fuerza del Centro --liquidada por el grupo en el poder mediante un decreto cuya legalidad ha sido cuestionada por los principales constitucionalistas del país-- mostró la estrategia de contrainsurgencia desinformativa que el gobierno aplica no sólo en contra del SME, sino de toda la población, para garantizar el control social de la disidencia.
La receta no es nueva, pero sigue en uso: consiste en destacar los perjuicios que la movilización causaría a peatones, automovilistas y comerciantes, con el evidente propósito de exacerbar el enojo de los afectados. Un vocero de los comerciantes aseguró que la marcha causaría pérdidas por 20 millones de pesos, pero no se tomó la molestia de explicar cómo llegó a ese cálculo.
Y aun hubo medios, como el salinista La Razón que dirige Pablo Hiriart, que en obvia consonancia con el discurso gubernamental y violando todos los códigos periodísticos que prohiben deslizar opiniones o condenas en los encabezados de notas informativas, insistió en descalificar la lucha de los electricistas: "El SME sale hoy a la calle en defensa de privilegios", fue el encabezado principal.
Concluida la protesta, la defenestración siguió que dio un contento. Se trataba ahora de desvalorar sus efectos: ("marcha desdibujada", "Acudieron sólo 30 mil") y de continuar con la labor de desprestigio: "día caótico", "violencia callejera", "insultos a transeúntes" "protesta desquiciada y extremadamente violenta"; otro locutor se escandalizaba por las "pintas en monumentos históricos".
El inefable Pedro Ferriz de Con presentó en Canal 28 un "Pulso ciudadano" en que "ciudadanos" condenaban la movilización y conminaban a los electricistas a aceptar la decisión gubernamental: "Es una orden del gobierno que tienen que acatar", dijo una señora; "Ya es imposible que cambien lo que está sucediendo", señaló otro con la resignación que a los medios les gusta destacar.
Era tan evidente la maniobra que, asaltado por un rubor de último minuto, Ferriz se vio precisado a aclarar que los sondeos callejeron son aleatorios y que las tales entrevistas se presentaban sin edición ni sesgo informativo. Ya saben: "Explicación no pedida...".
La condena mediática fue completada por TV Azteca con un desgarramiento de vestiduras ante el "atentado a la libertad de expresión" que significaron las pintas que los manifestantes hicieron en una camioneta de esa empresa, en protesta por la evidente desinformación que la televisora pone en práctica en su cobertura del conflicto.
Todo lo anterior puede resultar anecdótico. No lo es, sin embargo. Forma parte de una estrategia global --que localmente se aplica de manera pedestre-- encaminada a combatir todo lo que se oponga al actual modelo de dominación impuesto por Estados Unidos, y que en México es defendido por la derecha en el poder (PRI-PAN).
Esa ofensiva se expresa en México en la aplicación de un modelo que --como lo demostró la Ley de Ingresos recién aprobada por el Congreso-- insiste en mantener vigente el Consenso de Washington, un conjunto de medidas económicas dictadas por el stablishment estadounidense que desembocó en la actual crisis mundial.
Carlos Slim, considerado ayer por la revista Forbes como el sexto hombre más poderoso del planeta, denunció apenas el domingo pasado la aplicación aquí de ese modelo: "Hemos vivido con ajustes económicos que nos han impuesto desde afuera el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, en vez de elaborar planes de desarrollo".
Los representantes en México de esos intereses son el PRI y el PAN. Y para seguir aplicando el neoliberalismo que les dictan desde fuera, necesitan garantizar las condiciones que permitan asegurar y ampliar las ganancias de los grandes capitales.
De ahí que voten leyes que liberan de impuestos a los empresarios, o les regalan la explotación de recursos de la nación, como las minas, la petroquímica básica o el espectro radioeléctrico, o creando falsos organismos reguladores, como la Comisión Federal de Telecomunicaciones controlada por Televisa.
En el caso de Luz y Fuerza, su pretendida eliminación responde al interés del bipartido en el poder de abrir el negocio de la fibra óptica (1,100 kilómetros de red pertenecientes a LyF) a los empresarios cercanos al régimen (La empresa hispana WL entre cuyos accionistas figuran los ex secretarios de Energía panistas Ernesto Martens y Fernando Canales Clariond).
Así pues, la violencia mediática contra la defensa que los trabajadores hacen de esa empresa no es otra cosa que la forma en que el imperio de las comunicaciones defiende sus negocios en puerta ante lo que considera un obstáculo para la reproducción del sistema neoliberal, sus ventajas y privilegios.
Mediante los recursos y triquiñuelas televisivas y radiofónicas reseñadas al principio, los medios de comunicación hacen su papel: manipulan la conciencia de la población de modo que ésta acepte y vea sólo "la verdad" del poder.
Aplican puntualmente aquel principio de la dominación según el cual la conciencia de los poderosos debe introducirse en la conciencia de los dominados. Que éstos piensen y crean que sus intereses son similares a los que los sojuzgan para que una vez engañados, se conviertan incluso en sus defensores.
En eso consiste toda la labor de los medios de comunicación. Y el resultado rinde frutos, pues es obvio que la mayoría de la población cree, en efecto, que los medios denuncian el caos provocado por las protestas movidos por un genuino interés en el bienestar de los afectados.
Su interés está en otra parte: en el desprestigio de los movimientos sociales que pueden ser un obstáculo para sus ganancias.
Addenda: Una muestra más de las prácticas de manipulación y censura de las televisoras: ayer, durante la inauguración del estadio Territorio Santos Modelo, Felipe Calderón escuchó abucheos y rechiflas cuando fue presentado y en el momento en que leyó su discurso.
De inmediato, el sonido ambiental de la transmisión fue aminorado para que la repulsa a Calderón no se escuchara en la televisión.
¡Hasta la próxima!
La receta no es nueva, pero sigue en uso: consiste en destacar los perjuicios que la movilización causaría a peatones, automovilistas y comerciantes, con el evidente propósito de exacerbar el enojo de los afectados. Un vocero de los comerciantes aseguró que la marcha causaría pérdidas por 20 millones de pesos, pero no se tomó la molestia de explicar cómo llegó a ese cálculo.
Y aun hubo medios, como el salinista La Razón que dirige Pablo Hiriart, que en obvia consonancia con el discurso gubernamental y violando todos los códigos periodísticos que prohiben deslizar opiniones o condenas en los encabezados de notas informativas, insistió en descalificar la lucha de los electricistas: "El SME sale hoy a la calle en defensa de privilegios", fue el encabezado principal.
Concluida la protesta, la defenestración siguió que dio un contento. Se trataba ahora de desvalorar sus efectos: ("marcha desdibujada", "Acudieron sólo 30 mil") y de continuar con la labor de desprestigio: "día caótico", "violencia callejera", "insultos a transeúntes" "protesta desquiciada y extremadamente violenta"; otro locutor se escandalizaba por las "pintas en monumentos históricos".
El inefable Pedro Ferriz de Con presentó en Canal 28 un "Pulso ciudadano" en que "ciudadanos" condenaban la movilización y conminaban a los electricistas a aceptar la decisión gubernamental: "Es una orden del gobierno que tienen que acatar", dijo una señora; "Ya es imposible que cambien lo que está sucediendo", señaló otro con la resignación que a los medios les gusta destacar.
Era tan evidente la maniobra que, asaltado por un rubor de último minuto, Ferriz se vio precisado a aclarar que los sondeos callejeron son aleatorios y que las tales entrevistas se presentaban sin edición ni sesgo informativo. Ya saben: "Explicación no pedida...".
La condena mediática fue completada por TV Azteca con un desgarramiento de vestiduras ante el "atentado a la libertad de expresión" que significaron las pintas que los manifestantes hicieron en una camioneta de esa empresa, en protesta por la evidente desinformación que la televisora pone en práctica en su cobertura del conflicto.
Todo lo anterior puede resultar anecdótico. No lo es, sin embargo. Forma parte de una estrategia global --que localmente se aplica de manera pedestre-- encaminada a combatir todo lo que se oponga al actual modelo de dominación impuesto por Estados Unidos, y que en México es defendido por la derecha en el poder (PRI-PAN).
Esa ofensiva se expresa en México en la aplicación de un modelo que --como lo demostró la Ley de Ingresos recién aprobada por el Congreso-- insiste en mantener vigente el Consenso de Washington, un conjunto de medidas económicas dictadas por el stablishment estadounidense que desembocó en la actual crisis mundial.
Carlos Slim, considerado ayer por la revista Forbes como el sexto hombre más poderoso del planeta, denunció apenas el domingo pasado la aplicación aquí de ese modelo: "Hemos vivido con ajustes económicos que nos han impuesto desde afuera el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, en vez de elaborar planes de desarrollo".
Los representantes en México de esos intereses son el PRI y el PAN. Y para seguir aplicando el neoliberalismo que les dictan desde fuera, necesitan garantizar las condiciones que permitan asegurar y ampliar las ganancias de los grandes capitales.
De ahí que voten leyes que liberan de impuestos a los empresarios, o les regalan la explotación de recursos de la nación, como las minas, la petroquímica básica o el espectro radioeléctrico, o creando falsos organismos reguladores, como la Comisión Federal de Telecomunicaciones controlada por Televisa.
En el caso de Luz y Fuerza, su pretendida eliminación responde al interés del bipartido en el poder de abrir el negocio de la fibra óptica (1,100 kilómetros de red pertenecientes a LyF) a los empresarios cercanos al régimen (La empresa hispana WL entre cuyos accionistas figuran los ex secretarios de Energía panistas Ernesto Martens y Fernando Canales Clariond).
Así pues, la violencia mediática contra la defensa que los trabajadores hacen de esa empresa no es otra cosa que la forma en que el imperio de las comunicaciones defiende sus negocios en puerta ante lo que considera un obstáculo para la reproducción del sistema neoliberal, sus ventajas y privilegios.
Mediante los recursos y triquiñuelas televisivas y radiofónicas reseñadas al principio, los medios de comunicación hacen su papel: manipulan la conciencia de la población de modo que ésta acepte y vea sólo "la verdad" del poder.
Aplican puntualmente aquel principio de la dominación según el cual la conciencia de los poderosos debe introducirse en la conciencia de los dominados. Que éstos piensen y crean que sus intereses son similares a los que los sojuzgan para que una vez engañados, se conviertan incluso en sus defensores.
En eso consiste toda la labor de los medios de comunicación. Y el resultado rinde frutos, pues es obvio que la mayoría de la población cree, en efecto, que los medios denuncian el caos provocado por las protestas movidos por un genuino interés en el bienestar de los afectados.
Su interés está en otra parte: en el desprestigio de los movimientos sociales que pueden ser un obstáculo para sus ganancias.
Addenda: Una muestra más de las prácticas de manipulación y censura de las televisoras: ayer, durante la inauguración del estadio Territorio Santos Modelo, Felipe Calderón escuchó abucheos y rechiflas cuando fue presentado y en el momento en que leyó su discurso.
De inmediato, el sonido ambiental de la transmisión fue aminorado para que la repulsa a Calderón no se escuchara en la televisión.
¡Hasta la próxima!
lunes, 9 de noviembre de 2009
Copenhague, muerto desde ahora
La cumbre sobre cambio climático que tendrá lugar el próximo mes de diciembre en Copenhague ha fracasado antes de iniciada.
Convocada para establecer un nuevo acuerdo vinculante (obligatorio) para sustituir al Protocolo de Kyoto sobre reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera, es probable que termine sin acuerdos cuantificables lo que en esta materia equivale a nada.
La reunión previa efectuada en Barcelona, España, del 2 al 6 de noviembre --que convocó a más de 180 naciones-- prefiguró lo que veremos en Holanda: la reticencia de Estados Unidos a fijar un porcentaje que esté dispuesto a cumplir sobre la reducción de emisiones de CO2 y la resistencia de países como India y China, dos de los mayores productores de gases contaminantes, a adoptar metas para el recorte de emisiones.
Pese a los encendidos discursos de Barack Obama respecto de la urgencia de alcanzar un acuerdo en la materia, parece que en este terreno de nuevo se encuentra con las manos atadas e incapacitado para asumir compromisos, atrapado como está por la intrincada red de intereses económicos y políticos que se mueven en Washington.
Con la renuencia de USA a fijar una posición, los países en desarrollo sostienen que las negociaciones carecen de sentido. En Barcelona 50 naciones africanas abandonaron las negociaciones en protesta por el hecho de que los países ricos rehusan disminuir sus emisiones al menos 40 por ciento para el año 2020, en relación con los niveles de 1990, la más agresiva cifra sugerida por el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático.
Estados Unidos se ha comprometido a recortar 20 por ciento sus emisiones para 2020 (30 por ciento si otras naciones hacen similares promesas), pero la legislación que se discute aún en el Senado de ese país prevé sólo reducciones de 4 por ciento en relación con el nivel de 1990. Como se ve, son cifras muy lejanas del 40 por ciento que los científicos han fijado como necesario para reducir los riesgos que para el planeta representa el fenómeno.
Claves en cualquier acuerdo global en este tema son China e India, las mayores naciones en desarrollo cuyas emisiones nacionales están aumentando rápidamente. Pero ambas están esperando que Estados Unidos diga su palabra.
"Los países ricos están claramente usando a los EUA como una excusa para poner sus intereses nacionales por encima de la necesidad de aligerar el sufrimiento de millones de personas desconsoladas, hambrientas y sin hogar debido al cambio climático", ha expresado Antonio Hill, asesor ambiental de Oxfam. ¿Por qué querrían las naciones pobres firmar un acuerdo climático vacío de promesas?
¡Hasta la próxima!
martes, 3 de noviembre de 2009
Impuestos o el asalto institucional
Después de lo ocurrido el fin de semana con la aprobación del paquete fiscal 2010 y si este país fuera otro, el PRI y el PAN tendrían que despedirse de sus aspiraciones presidenciales para 2012, pues con el sólo voto de los empresarios a los que favorecen, les sería imposible alcanzar la presidencia en ese año.
Pero no. Estamos ante un país en el que casi un tercio de la población es analfabeta, en el que uno de cada cuatro jóvenes en edad de estudiar no lo hace y en el que más de la mitad de la población no entiende lo que lee.
Se trata, así, de una masa de ciudadanos manipulable a través de múltiples y minuciosos mecanismos (de los que ya nos ocuparemos) puestos en práctica por la industria de los medios de comunicación, encargada, entre otras cosas, de administrar la amnesia colectiva y de hacer pasar como actos patrióticos lo que en realidad son agravios para la población.
Este fin de semana llegó a su fin la comedia escenificada por panistas y priistas encaminada a aprobar impuestos que deberán pagar las clases populares y a evitárselos a los grandes empresarios. Veamos:
El binomio PRI-PAN en el poder no sólo incrementó el IVA de 15 a 16 por ciento y el Impuesto sobre la Renta (ISR) de 28 a 30 por ciento para la población en general, sino que mantuvo los privilegios fiscales para 422 grandes consorcios e incluso aseguraron que los nombres de éstos y de los que no pagan impuestos se mantengan en secreto.
Así, Televisa no pagará durante dos años los impuestos que le corresponderían (5 mil 800 millones de pesos) por explotar comercialmente un bien público que le dejará millonarias ganancias: los servicios de voz, datos e Internet (el apetecible triple play) de la banda de 1,700 megahercios.
Adicionalmente, los grandes desarrolladores inmobiliarios tampoco pagarán el aumento de dos puntos porcentuales del ISR, por ser "uno de los negocios más golpeados por la crisis", pero sí lo harán quienes compren una vivienda.
Se consumó uno de los peores atracos a la economía popular que además acentuará el desempleo, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y sumirá al país en una profunda recesión en momentos en que casi todo el resto del mundo se prepara para participar de una incipiente recuperación económica.
Con su actuación, el PRI ha confirmado lo que sólo algunos pretenden ignorar: que es el mismo partido entreguista de siempre, dispuesto a la transa, el chantaje y la manipulación, prendas a las que ahora ha agregado la cobardía, pues el sábado abandonó el salón de sesiones para no votar el aumento al IVA que previamente pactó con la Secretaría de Hacienda.
Formalmente podrá alegar que no votó ese gravamen, pero tampoco lo evitó como bien pudo hacerlo merced a la mayoría que los ciudadanos le entregaron en las urnas el pasado 5 de julio. En el colmo de la impostura publicó hoy un comunicado en el que niega haber hecho lo que exactamente hizo.
Es decir, acusa que la iniciativa de Ley de Ingresos de Calderón era "recaudatoria, cortoplacista y recesiva", pero así la dejaron; dicen que "privilegiaron el interés de México sobre el del partido aun por encima de costos políticos", pero huyeron del salón de plenos para no ser vistos sabiendo que se votarían medidas lesivas para la economía popular que con sus votos pudieron haber evitado.
Dice que actuó "como oposición responsable y en defensa de los intereses de la sociedad", pero lo que verdaderamente defendió fueron los intereses particulares de unos cuantos al justificar y aprobar que no se conózcan los nombres de las empresas privilegiadas fiscalmente.
Como se ve, el PRI miente descaradamente confiado seguramente en las condiciones de una ciudadanía como las que describimos al principio de esta entrega.
Lo que presenciamos en estos días, devela sin ambages, que este no es un país soberano cuyos ciudadanos están en pleno goce de sus derechos. Se trata, en cambio, de un país secuestrado por unos intereses económicos depredadores camuflajeados bajo un ropaje institucional (leyes, elecciones, partidos políticos, alternancia en el poder) que ocultan su verdadera condición: la de ser una banda organizada para esquilmar las riquezas nacionales y a su población.
¡Hasta la próxima!
Pero no. Estamos ante un país en el que casi un tercio de la población es analfabeta, en el que uno de cada cuatro jóvenes en edad de estudiar no lo hace y en el que más de la mitad de la población no entiende lo que lee.
Se trata, así, de una masa de ciudadanos manipulable a través de múltiples y minuciosos mecanismos (de los que ya nos ocuparemos) puestos en práctica por la industria de los medios de comunicación, encargada, entre otras cosas, de administrar la amnesia colectiva y de hacer pasar como actos patrióticos lo que en realidad son agravios para la población.
Este fin de semana llegó a su fin la comedia escenificada por panistas y priistas encaminada a aprobar impuestos que deberán pagar las clases populares y a evitárselos a los grandes empresarios. Veamos:
El binomio PRI-PAN en el poder no sólo incrementó el IVA de 15 a 16 por ciento y el Impuesto sobre la Renta (ISR) de 28 a 30 por ciento para la población en general, sino que mantuvo los privilegios fiscales para 422 grandes consorcios e incluso aseguraron que los nombres de éstos y de los que no pagan impuestos se mantengan en secreto.
Así, Televisa no pagará durante dos años los impuestos que le corresponderían (5 mil 800 millones de pesos) por explotar comercialmente un bien público que le dejará millonarias ganancias: los servicios de voz, datos e Internet (el apetecible triple play) de la banda de 1,700 megahercios.
Adicionalmente, los grandes desarrolladores inmobiliarios tampoco pagarán el aumento de dos puntos porcentuales del ISR, por ser "uno de los negocios más golpeados por la crisis", pero sí lo harán quienes compren una vivienda.
Se consumó uno de los peores atracos a la economía popular que además acentuará el desempleo, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y sumirá al país en una profunda recesión en momentos en que casi todo el resto del mundo se prepara para participar de una incipiente recuperación económica.
Con su actuación, el PRI ha confirmado lo que sólo algunos pretenden ignorar: que es el mismo partido entreguista de siempre, dispuesto a la transa, el chantaje y la manipulación, prendas a las que ahora ha agregado la cobardía, pues el sábado abandonó el salón de sesiones para no votar el aumento al IVA que previamente pactó con la Secretaría de Hacienda.
Formalmente podrá alegar que no votó ese gravamen, pero tampoco lo evitó como bien pudo hacerlo merced a la mayoría que los ciudadanos le entregaron en las urnas el pasado 5 de julio. En el colmo de la impostura publicó hoy un comunicado en el que niega haber hecho lo que exactamente hizo.
Es decir, acusa que la iniciativa de Ley de Ingresos de Calderón era "recaudatoria, cortoplacista y recesiva", pero así la dejaron; dicen que "privilegiaron el interés de México sobre el del partido aun por encima de costos políticos", pero huyeron del salón de plenos para no ser vistos sabiendo que se votarían medidas lesivas para la economía popular que con sus votos pudieron haber evitado.
Dice que actuó "como oposición responsable y en defensa de los intereses de la sociedad", pero lo que verdaderamente defendió fueron los intereses particulares de unos cuantos al justificar y aprobar que no se conózcan los nombres de las empresas privilegiadas fiscalmente.
Como se ve, el PRI miente descaradamente confiado seguramente en las condiciones de una ciudadanía como las que describimos al principio de esta entrega.
Lo que presenciamos en estos días, devela sin ambages, que este no es un país soberano cuyos ciudadanos están en pleno goce de sus derechos. Se trata, en cambio, de un país secuestrado por unos intereses económicos depredadores camuflajeados bajo un ropaje institucional (leyes, elecciones, partidos políticos, alternancia en el poder) que ocultan su verdadera condición: la de ser una banda organizada para esquilmar las riquezas nacionales y a su población.
¡Hasta la próxima!
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