miércoles, 2 de junio de 2010

Guardería ABC, Calderón y el Estado paralelo

Hoy miércoles, Felipe Calderón recibirá en Los Pinos a un grupo --no a todos-- de padres de los niños fallecidos en el incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, tragedia que este 5 de junio cumplirá un año sin que hasta el momento se haya juzgado y mucho menos condenado a los responsables.

El hecho de que la oficina de quien ocupa la casa presidencial sólo invitara a alguno de los afectados y que haya excluido de esa lista a quienes figuran entre los más activos demandantes de justicia, pinta claraamente el modo en que el "gobierno" panista "dirige" el país.

Se ha acusado a Calderón de encabezar un gobierno no sólo de facto, sino también faccioso, es decir, de actuar en favor de los intereses de un grupo político-económico y en perjuicio del resto de la población.

Así, la actual descomposición social que se manifiesta en las actuales crisis social, económica, de seguridad, de justicia, de derechos humanos y laboral, entre otras, no es más que la expresión o el resultado acumulado de la acción de grupos que, dentro del bloque hegemónico, se disputan el poder político mediante reacomodos que incluyen la violencia --ahí está el secuestro de Diego Fernández de Cevallos-- y hasta el crimen.

En esa lucha intestina figura desde luego el llamado crimen organizado, mediante una de sus vertientes más influyentes por su poder económico y de fuego: el narcotráfico.

En ese contexto, Calderón actúa ya sin el menor recato por las formas y desembozadamente se declara enemigo, incluso militante, de quienes no comulgan con su ideología conservadora o con los intereses del bando que representa dentro del bloque hegemónico.

En el caso de la Guardería ABC, hay por lo menos dos personajes del bando de Calderón implicados: la dueña de la propia guardería, Marcia Gómez del Campo, quien resultó prima de la esposa del michoacano, Margarita Zavala, y el ex director del IMSS y hoy secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, como se desprende de la rigurosa investigación llevada a cabo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los padres de los niños muertos en Hermosillo que se han organizado en el Movimiento 5 de junio, que han seguido de cerca las investigaciones, que han cuestionado, denunciado y reclamado al propio Calderón los modos oficiales de hacer o no hacer las cosas, y que han presionado en busca de justicia, son a quienes el panista no recibirá.

Se reunirá en cambio, con aquellos progenitores igualmente agraviados, pero que han decidido marcharse en silencio a casa con su dolor a cuestas. Ese es el prototipo de ciudadanos con los que Calderón se siente a gusto y a los que, digamos de paso, están dirigidas las arengas patrioteras, como la que Javier Aguirre protagoniza por estos días y horas por los canales de radio y televisión.

La sociedad que se organiza, que exige sus derechos y que adopta iniciativas para incidir en sus propios problemas, que es paradógicamente a lo que se invita en aquellos mensajes sensibleros, resulta, ya en la realidad, molesta, incómoda, inatendible y, en una de esas, hasta objetivos criminalizables por atreverse a levantar la voz.

Sobre todo cuando resolver demandas de justicia implique, como en el caso de la guardería incendiada, atentar contra los intereses del grupo en el poder o desproteger a alguno de sus miembros.

No es nuevo. En el caso de los jóvenes asesinados en Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, Calderón no pudo evitar enfrentar a los indignados padres, en su primer viaje a esa ciudad, empujado por la presión social creada tras su desliz de considerar a esos estudiantes como delincuentes. En su segunda visita, ya sólo se reunió con algunos de esos padres, señaladamente los menos beligerantes.

Aunque es algo que ya se sabía, este episodio de recibir y tomarse la foto sólo con los padres resignados, vuelve a desnudar a Calderón haciendo evidente de qué lado están sus intereses. Pero sobre todo, vuelve a poner de manifiesto el hecho de fondo: el poder político y económico en México está secuestrado por poderes fácticos y organizaciones que ya conforman lo que se conoce como Estado paralelo con ramificaciones e intereses internacionales.

Rescatar al país de ese estado de cosas representa el tipo de independencia que hoy se requiere volver a ganar.

¡Hasta la próxima!

lunes, 31 de mayo de 2010

Aguirre, el bicentenario y la manipulación colectiva

Vamos acercándonos a una temporada de distracciones mediáticas que permitirán al grupo en el poder desplegar diversas formas de manipulación colectiva encaminadas a aseguir moldeando el imaginario colectivo de acuerdo con ciertas pautas de comportamiento que luego se expresarán inconscientemente en acciones específicas, como votar por ciertos candidatos, compras de temporada mundialista y en un patriotismo emparentado con las ideas de orden y respeto hacia los gobernantes y el estado de cosas imperante.

Con el telón de fondo de la cada vez más próxima justa mundialista, el gobierno federal y los poderes fácticos (la televisión y los intereses comerciales)iniciaron una campaña encaminada a ensalzar el "orgullo de ser mexicanos", montados en tres acontecimientos: el mundial, el spot de Javier Aguirre suscrito por un membrete de ocasión denominado Iniciativa México y el virtual inicio de los festejos oficiales por el bicentenario.

Casualmente, la arenga patriotera del seleccionador nacional de fútbol --que apenas en febrero llamó a este un "país jodido"-- se presentó en cadena nacional la noche del mismo domingo en que con gran despliegue publicitario se invitó a la población a la "solemnísima" ceremonia de traslado de los restos de los caudillos de la Independencia, del Angel al Castillo de Chapultepec.

El pretendidamente encendido y emotivo discurso que dice un hombre que, como Aguirre, ni siquiera vive en México por la inseguridad que priva aquí, tiene el mismo eje que todos los discursos motivacionales que el conservadurismo panista nos ha recetado antes: la población es corrupta, transa, floja e incrédula y por ello no somos el gran país que podemos ser.

Como si todas esas actitudes no hubieran sido inoculadas a partir del comportamiento poco ético de los gobernantes: el arribismo de los políticos, el amiguismo que por encima de la ley priva en la asignación de millonarios contratos, en la obtención de franquicias y en los cientos de historias de enriquecimiento ilícito al amparo del poder.

Un sistema de justicia que protege a los poderosos y se ensaña con quienes nada tienen; un sistema político diseñado para burlar la ley y la voluntad popular; una industria del entretenimiento concesionada ad perpetum a dos influyentes familias que han puesto esos medios al servicio de la ignorancia.

La lista de ilícitos perpetrados por quienes controlan el poder político y económico en México tendría que incluir además el atropello a los derechos laborales, económicos y humanos de la población, los desaparecidos políticos, la evasión de impuestos solapada en favor de los grandes consorcios, mientras se hace pagar más a la mayoría asalariada.

La lista de atropellos no es, desde luego, exhaustiva, pero ha generado lo que podría denominarse una subcultura de la sobrevivencia resumida en el apotegma: "el que no transa no avanza".

Cualquier ciudadano que haya intentado realizar un trámite oficial por vías legales se enfrenta en México a una maraña de intereses creados y corruptelas que sencillamente impiden transitar por los caminos de la ley.

Hasta la "informalidad" --ese fenómeno de sobrevivencia cotidiana a que han sido orillados millones ente la inoperancia y corrupción de un modelo económico que los excluye del mercado laboral-- tan vituperado en el discurso oficial, está convertido en una mina de oro explotada por una cauda de lidercillos e inspectores controlados a su vez por funcionarios de más alto rango.

Ello ha configurado un país en el que, en efecto, predomina la cultura de la ilegalidad, la cual no será desterrada por discursos sensibleros dichos por figuras públicas de dudoso prestigio, como el señor Aguirre.

"Pasar del país del sí se puede al del ya se pudo", como reza una de las frases del mencionado spot, requiere desterrar la corrupción en las cúpulas del poder. Y de ahí para abajo, no al revés.

Eso que aparece ante los ojos de todos como una tarea asaz imposible como titánica es en realidad muy simple. El gobierno tiene todos los días múltiples oportunidades para modificar ese estado de cosas sin necesidad de pagar por sí o a través de membretes como Iniciativa México, costosos comerciales lava-cerebros.

Ahí está, por citar sólo un caso, el asunto de los 49 niños muertos en el incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora. A casi un año de esa tragedia ningún responsable ha sido juzgado y los padres de las víctimas siguen su lucha personal en busca de algo que en cualquier otro país sería una cuestión de trámite: la justicia.

Pero eso no depende de que la vendedora ambulante no estorbe el paso en alguna acera, o del empleado que se hace tonto para trabajar poco y salir más temprano, como lo sugieren los spots previos al rollo de Aguirre.

Eso depende de que terminen la corrupción y la impunidad en las cúpulas del poder. En un país donde los méritos no pagan, como se han empeñado en demostrarnos por años los dueños del dinero y del poder político, cualquier arenga proveniente de quienes han propalado esos comportamientos sólo serán ganas de seguir manipulando y lucrando con situaciones que se dice combatir.

¡Hasta la próxima!

viernes, 28 de mayo de 2010

Diego, Paulette y Peña Nieto

No se requieren muchas luces para establecer que el vínculo entre estos tres personajes es uno y el mismo: la impunidad.

Diego Fernández de Cevallos hizo una fortuna mediante negocios tejidos a la sombra (en más de un sentido) del poder. Nada nuevo. En realidad ha sido un usufructuario de lo que en México se convirtió en un modus operandi y en un modus vivendi de la clase política.

Reputado por propios y extraños como "hombre clave en la transición democrática en México", acaso lo sea en el peor sentido de esa afirmación, pues la tal transición ha sido una engañifa. Una escenografía con la que se entretiene a los espectadores mientras detrás del telón continúan el saqueo, el tráfico de influencias, el entramado de intereses y las impunidades mutuas.

Quienes afirman que la transición a la mexicana no puede entenderse sin el panista queretano hoy secuestrado dicen verdad, porque los claroscuros de su quehacer político ilustran lo que ha sido esa transición: Un proceso que ha mantenido intactas las estructuras institucionales que hacen del país no un Estado fallido, sino un Estado cleptómano, es decir, organizado para robar.

El ex candidato presidencial panista es una figura paradigmática en tanto producto y reproductor de ese estado de cosas.

Enrique Peña Nieto y el caso Paulette resulta una variación del mismo tema. La reacción de las nanas de la niña asesinada al conocer el veredicto del procurador de Justicia del Estado de México, el hoy renunciado Alberto Bazbaz, fue reveladora.

Encargadas de tender la cama, al menos en dos ocasiones tras la desaparición de la menor, según su propia declaración, ellas saben que la niña no estaba allí. Por eso lloraron al escuchar la inaudita versión de Bazbaz.

Lo notable del asunto es la caradura del gobernador y su procurador para mentir en forma tan alevosa. Y lo hacen porque se saben impunes. Y desde esa posición pueden, a su vez, ofrecer impunidad.

El descreimiento de la gente es un riesgo calculado. Total, han de pensar, al rato la sociedad se olvidará del asunto. Como se olvidó del enriquecimiento ilícito del ex gobernador mexiquense Arturo Montiel, que para eso fue impuesto en el Palacio de gobierno de Toluca Enrique Peña Nieto: para cubrir las trapacerías financieras de su padrino político.

¿En este caso a quien se encubre? ¿cómo se fraguó este complot para asesinar a una niña haciendo del hecho un asunto mediático? ¿pretendían que al abrirlo a la sociedad más fácilmente se alejarían las sospechas siguiendo la teoría de que el mejor lugar para ocultar algo es mantenerlo siempre a la vista?

Ante tales interrogantes, hay lugar para conjeturar que Peña Nieto y su aparato apostaron a la teoría de la confusión, según la cual lo más conveniente para ocultar la verdad es confundir haciendo que cada ciudadano tenga una teoría
propia.

Sea de ello lo que fuere, el gran tema sigue siendo la impunidad.

¡Hasta la próxima!

lunes, 10 de mayo de 2010

Entre el oficio y el desmadre/II

No time to stop and think, the only hope is the next drink
Malcom Lowry


Allá en Mexicali, o sea, en la "antesala del Infierno" trabajé como corrector de galeras en dos diarios "cachanillas": La voz de la frontera y El Centinela. Corregí rollos enteros de papel de las 8:00 a las 12:00 y de las cuatro de la tarde hasta las dos de la mañana.

Terminar los trabajos en un periódico hasta altas horas de la noche o, si se quiere, hasta las primeras horas del día siguiente era cosa normal. No sólo en la "provincia", también en la Ciudad de México.

Y lo era porque ni capturistas ni correctores trabajábamos con la hoy muy cómoda computadora. Una nota daba vueltas y vueltas y uno, como corrector, la llegaba a leer hasta cinco veces, y si se trataba de un Editorial, hasta más.

Y si se publicaba con algún error o con alguna errata llegaba la notificación: "Suspendido" por tres días. En mi caso aprovechaba la suspensión para largarme a embriagar y asolearme en la playa de San Felipe, que en 1986 era un pueblo pesquero. Una hermosura. Ya no lo es más. O me paseaba por ese paisaje extraterrestre que es La Rumorosa, que ya había cobrado muchas vidas.

Pues bien, de leer y corregir estupideces me llegaba a aburrir tanto y me quitaba tanto el sueño que al final de la jornada acudía a la "casa del periodista", o sea, al Gato negro, un bar con putas enclavado en la zona de tolerancia, algo así como el Paraíso Perdido de los hastiados.

Para mí no era un salón de baile nada más. Era la pista donde todos nos quitábamos la máscara de intelectual, o de "ciudadano bien informado", o de editorialista, o de analista, o de reportero, o de periodista gráfico, o de capturista o de corrector.

Allí entrábamos en iguales condiciones y salíamos en las peores condiciones posibles. Cual debe ser.

Como el poeta francés Arthur Rimbaud, yo me arrastraba por entre los callejones y "saludaba al Sol, rey de fuego". Bueno, en realidad lo maldecía. ¿Sabe alguien lo que es vivir con 50 grados de temperatura encima? ¿Y crudo? ¿Y tremendamente desvelado? ¿Y así, comenzar a corregir notas a las 8 de la mañana?

Y aunque uno jura y perjura cosas como: "no lo vuelvo a hacer, ya me voy a portar bien, voy a sentar cabeza", vuelve uno a caer en la telaraña del Eterno Retorno de las Cosas Todas.

Supongo que esas recaídas se deben a que, eso sí, se conoce a mucha gente interesante. De todo hay en la Alameda de la Desolación, como cantaba Bob Dylan. Por ejemplo, cuando fui corrector de galeras en el desaparecido periódico El Nacional, allá en la colonia Tabacalera de la ciudad de México (donde hoy está Milenio Diario), la "casa del periodista" era el Salón Palacio, que ahí sigue, y al que rinde homenaje Carlos Martínez Rentería en La Jornada, pues así bautizó su columna semanal.

Allí, en esa cantina, conocí y "conbebí" con don Manuel Blanco, alcohólico él, quien desde su columna titulada "Ciudad perdida" presagiaba la decadencia del oficio periodístico. Muchas veces criticó, de manera oral y escrita, "la figura de aquellos que se presentan como periodistas y son únicamente simuladores, no obstante que anden con traje, sean recibidos en oficinas de prensa, les hagan llegar el boletín, los inviten a foros, congresos y a universidades, usen los medios para sentirse importantes y tener aduladores a su lado.

Ese viejo cronista sabía lo que escribía.

Para mi fortuna, nunca he tenido que disfrazarme de traje y corbata. Me parece una ridiculez. Vengo de un ambiente más semejante a aquel en el que "los periodistas iban por la vida con su libreta y su pluma, para luego meterse a un café o a una cantina a discutir cosas de su trabajo, a platicar sobre sus limitaciones económicas siempre presentes, de los cambios sociales que debieran producirse o de los libros que leían".

No me acuerdo quien escribió ese entrecomillado. Fue Víctor Roura o Jorge Meléndez, quienes también tomaron clases de periodismo en el Salón Palacio, con Manuel Blanco.

Uno de ellos, tampoco me acuerdo quien o cual, escribió que, a diferencia de los periodistas "chick" de hoy en día, "aquellos entregaban en la mesa de redacción trabajos impecables, notas que le apostaban a una gran precisión en el lenguaje escrito".

Y eso es cierto. Me consta. Hasta me hicieron menos aburrida la labor de corregir "galeras".


Esta es la segunda entrega de las desmemorias, que desde Querétaro comparte con los lectores de Contadero el periodista Ramón Martínez de Velasco (ramavel@hotmail.com)

lunes, 3 de mayo de 2010

Militares exonerados

Si sólo se juzgara por las formas elegidas para "informar" el resultado de las "investigaciones" realizadas por las procuradurías de Justicia Militar y General de la República, en relación con las muertes de los menores Bryan y Martín Almanza Salazar, el pasado 3 de abril en Ciudad Mier, Tamaulipas; y de los estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, acaecidas el 19 de marzo, podría afirmarse que las autoridades mienten.

Pero no sólo fueron los modos empleados sino los contenidos lo que hace presumir que el gobierno decidió manipular los datos, ignorar testimonios para confundir a la sociedad y encubrir y exonerar a los autores de esos crímenes.

En lo relativo a las formas, se eligió dar a conocer los informes oficiales el viernes 30 de abril (en el caso de los niños Almanza) y, todavía más inusual, en una caótica conferencia de prensa convocada a las 19:30 horas, imagínese usted, del sábado 1 de mayo, en lo que respecta al homicidio de los estudiantes.

La elección de esos días y horas no parece casual. Los estrategas gubernamentales seguramente buscaron aprovechar la desatención de una ciudadanía ocupada en celebraciones, protestas por el Día del Trabajo o, en la mayoría de los casos, preparándose para un larguísimo "puente" (1-5 de mayo) para que la exoneración de los militares pasara desapercibida a la mayoría por su escaso impacto mediático.

La conducta oficial ofrece los rasgos típicos de quien se sabe culpable, y en esa condición busca a toda costa acomodar evidencias y enredar los acontecimientos. Sin embargo, en su prisa por autoexculparse, las autoridades y el ejército han incurrido en actuaciones que los incriminan.

Primero, al despojar a los estudiantes fallecidos de sus credenciales, en un vano intento por dificultar su identificación e incluso relacionarlos con bandas criminales.

Y en el caso de los menores asesinados difundiendo, siete días después del hecho, una versión anticipada que --benditas coincidencias-- confirmaría la presunta investigación posterior.

El informe del procurador de Juticia Militar, José Luis Chávez García, concluye que "de acuerdo con las pruebas testimoniales, comparecencias, documentales y periciales" las muertes de los pequeños fueron causadas por granadas de los sicarios, pues la familia quedó atrapada en un enfrentamiento.

Hay un dato esencial en el que el procurador militar no creyó conveniente detenerse a considerar ni menos a explicar: la versión oficial de que la camioneta Tahoe en que viajaba la familia era parte de un convoy de siete vehículos desde los que se agredió a la tropa, contrasta con el relato de la madre de los menores asesinados, según el cual, al momento de la agresión, no había más vehículos circulando por el lugar y que, por tanto, no se registró ningún enfrentamiento entre sicarios y militares.

Para las autoridades civiles y militares se produjo un enfrentamiento y "háganle como quieran", parecería ser su autoritaria postura.

En cuanto a los estudiantes del Tec de Monterrey se concluye simplemente que "De acuerdo con los dictámenes periciales de balística, en el caso de José Antonio Mercado se encontraron en el cuerpo fragmentos de bala correspondientes al calibre 223 que es usado por la delincuencia".

Respecto de Javier Francisco Arredondo, los fragmentos de las ojivas no resultaron ser útiles para la comprobación balística y, por tanto, no se determinó el calibre. Según el vocero de la Procuraduría General de la República (PGR), Ricardo Nájera, no se sabría si las balas que lo mataron fueron del ejército o de los "violentos" (Gómez Mont dixit).

Así de errática e inconsistente la explicación oficial, la cual, según sostuvo Calderón en un encuentro con estudiantes regiomontanos la semana pasada, sería "muy rigurosa".

En ambos casos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos debería emprender una investigación exhaustiva e independiente, además de revisar la que realizaron el ejército y la PGR para esclarecer "la realidad de los hechos" y dar certidumbre a la sociedad sobre la actuación de esas instituciones.

Mientras ello no ocurra, el combate al narcotráfico seguirá siendo una zona de penumbra en la que la principal damnificada es una sociedad indefensa ante la degradación de las instituciones del Estado.

¡Hasta la próxima!