viernes, 17 de febrero de 2012

¿Capitalismo en crisis?



Se ha vuelto casi un lugar común hablar de la "crisis del capitalismo", sobre todo a raíz del desastre financiero ocurrido en 2008, cuando la quiebra de Lehman Brothers condujo al mundo a lo que fue calificado como la peor recesión conocida por Occidente desde 1929.

Diversos análisis, incluso de grupos que reinvindican la opción socialista, insisten en referirse a "la crisis del capitalismo", lo cual no parece sino un buen deseo, más cercano al voluntarismo --Wikipedia lo define como la afirmación de que algo es cierto o falso basándose simplemente en el deseo de que lo sea-- que a una realidad verificable empíricamente.

Los problemas económicos de la Eurozona --una continuación de la burbuja que estalló hace casi cuatro años-- son aducidos como una prueba de la pretendida crisis. No hay tal.

Los fundamentos económicos de ese sistema y la legitimidad de que lo revisten los intereses mediáticos que controlan y dictan los cánones de cómo ser y estar en el mundo permanecen intocados, intactos, de modo que a sus enterradores puede aplicárseles aquella frase atribuida falsamente al Don Juan, de José Zorilla: "Los muertos que vos matáis, gozan de cabal salud".

Es posible que el modo de acumulación capitalista haya conducido a los actuales problemas de deuda soberana que afecta a los países de aquella región, pero ello no implica que el sistema esté en crisis. Quienes lo están, en cambio, son los ciudadanos de esas naciones que con su sacrificio económico producto de la aplicación de los eufemísticamente denominados Planes de ajuste, tendrán que pagar los platos rotos.

Es decir, el capitalismo financiero trasnacional no perderá las ganancias obtenidas mediante los instrumentos especulativos que han conducido a casi la insolvencia a países como Grecia, Italia y España. Aunque sea a largo plazo, pero no perderán ese dinero, de ahí los planes que han obligado a firmar a esos países. ¿Dónde está la crisis de un sistema de producción cuyos organismos multilaterales tienen la fuerza para obligar a países supuestamente soberanos a casi autoinmolarse para cumplir con el pago de esos capitales?

El diseño capitalista previsto tras el desmantelamiento del llamado Estado de bienestar y encaminado básicamente a incrementar la rentabilidad del capital mediante lo que se conoce como el Consenso de Washington, está en marcha sin enemigo al frente.

Es cierto, existen movimientos globales opuestos al capitalismo, que denuncian la dominación de los pocos sobre los muchos, o el altermundista Foro Social Mundial, reputado como el mayor espacio de debate, ideas y propuestas de movimientos sociales, redes y ONG que se oponen al actual modelo de desarrollo y buscan alternativas.

Con todo lo prometedor que resultan esos esfuerzos, todavía no es posible afirmar que hayan hecho tambalear al sistema. Acaso se deba a lo que el filósofo Adolfo Sánchez Vázquez --fallecido a los 95 años en julio del año pasado-- denominaba el desdén del socialismo como opción.

Aunque existen movimientos anticapitalistas y se incrementan en años recientes, ninguno de ellos --lamentaba-- se pronuncia abiertamente  por la necesidad de esta alternativa que a mi juicio continua siendo el socialismo.

Sánchez Vázquez alertaba que la idea de esa opción social ha desaparecido incluso de las reivindicaciones y de los programas de los grupos políticos de izquierda en gran parte del mundo.

A mi juicio --observaba-- una de las características de la izquierda no sólo en América Latina sino también en Europa es haber abandonado esta reivindicación y tratar de situarse en los cambios posibles dentro del sistema, pero perdiendo la perspectiva de que la alternativa verdaderamente emancipadora tiene que venir de un sistema que destruya las bases fundamentales del capitalismo. (La Jornada, 9 de julio/2011, p. 6).

 El problema de catalogar como "crisis del capitalismo" los recurrentes o cíclicos (para emplear un término caro a los economistas) desajustes que causa en la economía real, esa que afecta al hombre de la calle, consiste en que distorciona el análisis de las llamadas condiciones objetivas, conduce a un falso triunfalismo, y resta rigor a la acción colectiva al pretender que el fin está cerca cuando aún falta mucho trabajo para empezar si quiera a minar sus fundamentos.

 


martes, 10 de enero de 2012

2012: crisis económica y crisis de legitimidad

En el plano internacional 2012 inició con las mismas oscuras previsiones con las que concluyó 2011: con una recesión económica mundial tocando a la puerta como efecto de la crisis de la eurozona.

Según The Economist, la mayor austeridad fiscal traerá consigo menos empleo y más presión sobre los servicios públicos, en lo que, decimos nosotros, constituye la mayor paradoja creada por la actual fase del capitalismo globalizado: reducir gastos e inversión gubernamental en momentos en que las economías requieren mayor estímulo.

Nada nuevo dentro de un modelo que --lo hemos dicho ya-- se impuso desde mediados de la séptima década del siglo XX para responder a la caída en la tasa de ganancia.


El nuevo modelo globalizador se manifestó en toda su crudeza durante estos años, pues entre sus efectos pueden señalarse un retroceso mundial de los sistemas de seguridad social, una reducción de las conquistas laborales de la población asalariada y la agudización del desempleo estructural que, según reportó en octubre del año pasado la Organización Internacional del Trabajo, afecta ya a unas 700 millones de personas en el mundo.

Como correlato a este contexto económico, la población de diversas partes del globo ha empezado a manifestar su repudio a un sistema económico mundial que los condena al atraso, la marginación y la desigualdad y que los excluye incluso de las decisiones políticas más elementales.

La llamada Primavera árabe, que condujo al derrocamiento de Hosni Mubarak en Egipto y de Muammar Kadafi en Libia, se completó con revueltas en Yemen, Siria y Túnez durante los primeros meses de 2011.

Si bien aún es pronto para prever las consecuencias finales de estos levantamientos en la región del Magreb, lo visible hasta ahora es que los nuevos gobiernos provisionales no han cumplido con las demandas de democratización que impulsaron los cambios en el amanecer del año pasado.

En Occidente la rebelión ha tenido un cariz menos sangriento, aunque no ha estado exenta de hechos violentos como los disturbios ocurridos en Inglaterra o las ofensivas de la policía española contra los integrantes del movimiento 15M, después llamados Indignados, que en mayo ocuparon la Plaza del Sol en Madrid y que extendieron sus protestas contra la visita del Papa Benedicto XVI quien a mediados de año llegó a España para encabezar el Encuentro Mundial de la Juventud, un evento que costó millones de euros al gobierno del socialista Rodríguez Zapatero, en momentos en que el país era azotado por la crisis de la deuda que amenaza destruir toda la zona euro.

La crisis de legitimidad que estos años afecta a los gobiernos constituidos –y que también se ha manifestado en las movilizaciones de los estudiantes chilenos en demanda de una educación gratuita y que ha costado ya al gobierno del derechista Sebastián Piñera, la cabeza de dos ministros de educación y la caída en su nivel de aceptación pública; así como en los movimientos de Ocupación de Wall Street y de otras ciudades de Estados Unidos, e incluso del mundo—tiene un denominador común: la idea de recuperar para los ciudadanos el gobierno del mundo más allá del que detentan las élites políticas.

La consigna: somos el 99 por ciento, describe de manera muy ilustrativa el sentimiento de que resulta inadmisible que una minoría --el 1 por cieto-- imponga sus criterios económicos y políticos y mantenga sojuzgada a la mayoría.

La crisis de legitimidad de las llamadas democracias occidentales se caracteriza por la cada vez más clara conciencia de que no es en las urnas, mediante el voto de las mayorías donde se decide el destino de los pueblos. Sino que éste se encuentra regido por los intereses económicos de las grandes corporaciones, por los centros de especulación financiera y por los cada vez más poderosos y omnipresentes intereses mediáticos.

En suma, que la suerte de millones en el mundo no depende de los órganos de representación política elegidos por los ciudadanos mediante el sufragio universal, sino de los poderes fácticos, los cuales gobiernan el planeta sin necesidad de aparecer en las boletas electorales, porque no lo necesitan para implantar su poder y decisiones.

La crisis de la deuda que tiene en jaque a la eurozona y que supuso la imposición de drásticos programas de ajuste en países como Portugal, Grecia, Irlanda, Italia y España, ha conducido a los ciudadanos a preguntarse por el sentido que tiene votar por gobiernos de izquierda o de derecha, si al final las decisiones importantes terminan por ser impuestas desde el extrerior.

España es un caso paradigmático. En elecciones adelantadas, el pasado 20 de noviembre los electores echaron de la Moncloa al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que gobernó con José Luis Rodríguez Zapatero.
Los malos resultados económicos de los socialistas, que en muchos casos aplicaron medidas económicas antipopulares más propias de gobiernos de derecha, condujeron a los españoles a votar por el derechista Partido Popular y su candidato Mariano Rajoy.

Como era de esperarse, en su primera intervención pública como gobernante electo anunció recortes al gasto público y mayores impuestos. Es decir, la profundización de las políticas por las cuales los votantes se deshicieron del PSOE. ¿Tenían opción los españoles?

La respuesta a la cuestión muestra además otro rasgo de la crisis de legitimidad de esta hora: la difuminación de las fronteras ideológicas que permitían como el fundamento económico se ha impuesto sobre las definiciones ideológicas haciendo valer aquella consigna del fin de la historia y de las ideologías preconizada con la caída del inexactamente llamado socialismo real. Consigna que significaba precisamente la preeminencia del capitalismo y sus recetas aceptadas universalmente.

Hoy los gobiernos de izquierda han  abandonado sus fundamentos ideológicos en nombre de un pragmatismo que, una vez en el poder, les impide diferenciar sus políticas para acogerse a las muy limitadas posibilidades de sólo los cambios posibles. De ahí que los electores se encuentren ante simulacros de democracia dentro de los que los únicos gananciosos son los miembros de las élites, algo que empiezan a rechazar abiertamente.

Estas son las coordenadas por las que ha discurrido el mundo y que seguramente continuará marcando la agenda de los acontecimientos y los debates durante los próximos 12 meses.

miércoles, 14 de diciembre de 2011

Calderón: cinco años; gobierno sin sociedad

En el siglo de las tecnologías de la información y la comunicación una verdad política sigue vigente: sin base social ningún gobierno puede ir muy lejos.

Eso le ha sucedido a Felipe Calderón. Al cumplirse el 5o año desde que se hizo de la presidencia de la República, lo único claro es que ha sido una administración aislada de la sociedad y sin consenso dentro de ésta.

Más allá de las encuestas según las cuales conserva una aceptación por encima del 50 por ciento, está el hecho palmariamente incontrastable de que Calderón no ganó ninguna elección importante desde que fue encumbrado en el poder.

Los ciudadanos lo han rechazado a él, a su partido y a sus candidatos cada vez que en estos años han sido convocados a las urnas. Y todo indica que se aprestan a hacerlo de nuevo en 2012.

Sólo pudo rescatar algo en 2010 en aquellas entidades en que compitió aliado con el PRD, mediante alianzas encaminadas únicamente a ganar posiciones de poder político, no a mejorar las condiciones de vida de la población.

Lo que el michoacano nunca entendió es el hecho político capital, sabido por todos los dictadores, de que para cumplir sus designios deben contar con una mínima base social que los apoye y sostenga. Salvo los grupos de poder y el entramado de intereses económico-corporativo-empresarial que favoreció su ascenso, el panista nunca contó con bases sociales capaces de producir la sinergia necesaria para cumplir con un programa de gobierno o cuando menos para apoyar sus acciones bélicas.

Este aislamiento fue tempranamente identificado por los partidarios de Andrés Manuel López Obrador, quienes resumieron el hecho en aquella consigna coreada durante las protestas por el fraude electoral de 2006. Decían:

"¡Este es el pueblo
de López Obrador;
cuál es el tuyo, espurio Calderón!"

Parapetado desde el principio detrás de los generales del ejército y la marina, y acaso él mismo consciente del déficit de ilegitimidad que lo acuciaba, Calderón optó por una estrategia que le garantizara la permanencia en el poder mediante la disuasión de cualquier intento de rebelión por parte de la amplia franja social convencida de que se robó la presidencia.

Por eso sacó al ejèrcito a las calles. La maniobra fue favorecida por una coyuntura internacional impuesta por Estados Unidos, consistente en un hipócrita combate al terrorismo y al crimen organizado (que incluía las bandas de narcotraficantes).

Puede decirse que Calderón se mantuvo en el poder del mismo modo como llegó: de facto. Porque en realidad, como han sugerido varios analistas, su gobierno terminó en 2009 cuando perdió la mayoría en el Congreso.

La derrota electoral de ese año resultó estrepitosa no sólo por el resultado, sino por su carácter simbólico. Recuérdese como desde entonces la campaña del panismo dictada por Calderón y aplicada por el presidente formal de ese partido, Germán Martínez, se basó en el lema "para que la droga no llegue a tus hijos" y en pretender que quienes no apoyaran esa guerra, estaban del lado de los delincuentes. Insistió además en asociar la imagen del PRI como favorecedor de acuerdos con el crimen organizado.

El mensaje de las urnas fue claro: nadie creyó esas patrañas y constituyó un tácito rechazo a esa política guerrera que cada vez fue mostrando su debilidad, su falta de estrategia, su ineficacia, lo que se tradujo en un país ensangrentado por asesinatos, levantones, secuestros, narcofosas, ejecusiones extrajudiciales, desapariciones forzadas y violación de garantías y derechos humanos de la población.

La más reciente manifestación de rechazo a su gobierno fue la derrota de su hermana Luisa María Calderón en su intento por ganar la gubernatura de su natal Michoacán. Allí los electores volvieron a decirle ¡NO! a Calderón.

Todo ello ha configurado una curiosa paradoja: el panista militarizó al país, lo cubrió de violencia y de sangre para mantenerse en el poder, pero la asonada que lo ha derrocado gradualmente se produjo en las urnas, de manera pacífica.

Hoy se le ve recorriendo el país defendiendo él solo su estrategia. No hay día en que no se le escuche repetir que los violentos son los otros, que su estrategia es la correcta, que pudo haber cometido errores,. pero que seguirá combatiendo. Que el problema fue que se dejó crecer al crimen por la complacencia de los priistas.

Pero su discurso es refutado, también cada día, por los hechos y por sus "aliados". Revelaciones recientes dan cuenta de cómo ese combate es en realidad una impostura por parte de Estados Unidos, pues detrás de ello se realizan jugosos negocios como la venta de armas (Operación rápido y furioso) a los propios grupos que se dice combatir e incluso operaciones de lavado de dinero favorecidas por la propia DEA, como reveló hace unas semanas The New York Times.

Todo ello aderezado por la creciente sospecha de que se combate a los cárteles con excepción del de Sinaloa comandado por Joaquín el chapo Guzmán, un poderoso narcotraficante fugado de las cárceles mexicanas durante la administración del también panista Vicente Fox.

Sin bases sociales que sirvan de caja de resonancia a sus tesis discursivas, Calderón insiste ahora en alertar que, como ocurrió en las elecciones de Michoacán, el narcotráfico controlador de vastas regiones del país puede influir en el resultado de los comicios.

Esa nueva estrategia discursiva muestra a un Calderón tan desesperado que parece no advertir que es un reconocimiento explícito de que nunca logró rescatar de los criminales el control que ejercen sobre vastas regiones del país, como hasta hace poco insistía en afirmar la --ahora se sabe-- falsamente triunfalista propaganda gubernamental.

"Estamos debilitando las estructuras del crimen organizado", dicen los espots del gobierno ahora desautorizados por el propio gobernante. Todavía ahora se insiste en que se sigue capturando a los 37 capos más buscados. El mensaje que envía ahora Calderón es que ya pueden capturar a todos, pero eso no significa ningún triunfo mientras esas bandas puedan controlar regiones e influir en el curso de los comicios.

No sin razón, muchos analistas han visto ese discurso como un peligroso intento por socavar desde ahora las elecciones presidenciales de 2012 o, en un caso de extrema temeridad, evitarlas y así mantener a su partido en el poder ante la inminencia de perderlo, dada la debilidad de los candidatos de casa, afectados adicionalmente por el rechazo popular al gobierno calderonista.

Calderón puede jugar todavía esa última carta, pero, de nuevo, su problema es que no tiene apoyos sociales que le dén viabilidad. A menos que de plano se anime a romper el orden constitucional también en este terreno. Veremos.




martes, 13 de diciembre de 2011

Ayotzinapa y la emergencia nacional


El asesinato de dos estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrido el 12 de diciembre durante el violento desalojo de la Autopista del Sol México-Acapulco que bloqueaban alumnos de ese plantel en protesta por los incumplimientos del gobernador, Angel Aguirre Rivero, es una nueva y ominosa evidencia de la emergencia nacional que se vive en México.

Los miles de asesinatos extrajudiciales, las ejecusiones, las desapariciones forzadas y los levantones, perpetrados tanto por miembros del llamado crimen organizado como por las propias fuerzas armadas de los tres órdenes de gobierno y aun de grupos paramilitares creados al amparo de la guerra de Felipe Calderón contra las bandas de narcotraficantes, configuran un estado de emergencia que ya no admite tanto análisis y que debiera ser encarado de inmediato por la sociedad mexicana mediante al menos tres acciones urgentes:

1. La salida inmediata de Felipe Calderón de la presidencia de la República, y desde luego del gobernador de Guerrero, Angel Aguirre Rivero.

2. La conformación de un gobierno provisional vigente, conformado por un grupo plural donde estén representados todos los sectores de la sociedad mexicana.

3. Que esta junta conforme un programa de gobierno con medidas inmediatas tendientes a restablecer el orden constitucional en materia de desarrollo económico, derechos a la educación, la salud, el trabajo y la alimentación.

4.Que convoque a elecciones adelantadas para el próximo 15 de abril y que quien resulte electo asuma la presidencia el 1 de julio de 2012 y con el compromiso de aplicar el programa acordado.

Se dirá que se trata de un plan de acción que atenta contra la institucionalidad vigente y aun contra el orden constitucional y que trastocaría toda la vida del país. Es posible, pero la institucionalidad vigente está rota desde por lo menos la elección presidencial de 2006 y la vida del país está dislocada en todos los ámbitos.

Tenemos una nación atada a un modelo económico impuesto por los conductores de la globalización rampante, que ha destruido cadenas productivas y deprimido el mercado interno al aplicarse una política económica cuya prioridad es el combate a la inflación, pero que genera una elevada informalidad y nulo crecimiento.

Vivimos ya lo que el doctor Diego Valadez ha llamado un creciente proceso de desconstitucionalización del Estado mexicano, caracterizado por la pérdida de positividad de la Constitución. Como ha explicado, ello no se refiere sólo a que haya violaciones a la carta magna, sino "al abandono progresivo y deliberado, y a veces imperceptible, de principios democráticos, republicanos, representativos y seculares.

El investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM ha señalado que ese proceso puede constatarse con sólo "cotejar los principios que la Constitución enuncia, con lo que estamos viviendo en la realidad sociológica, cultural, política y económica de nuestra nación".

El asesinato de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, se suma a los 67 mil 700 asesinatos que de acuerdo con Javier Sicilia se han cometido en el marco de las acciones de guerra contra el narcotráfico emprendiddas por el gobierno federal.

Es una reiterada evidencia del grado de descomposición institucional que priva en el país, de cómo las pulsiones autoritarias y represivas de las autoridades en contra de la población civil están cada vez más prontas a expresarse. De cómo se criminaliza la protesta social en aras de mantener el esquema de dominación imperante.

De la incapacidad de los tres órdenes de gobierno para garantizar la vida y la seguridad de las personas, o lo que sería más grave, de su connivencia con quienes perpetran crímenes y secuestros contra luchadores sociales como los cometidos contra Nepomuceno Moreno, Trinidad de la Cruz, Pedro Leyva Domínguez, Norma Andrade, Marcial Bautista Valle y Eva Alarcón Ortiz, para citar sólo los más recientes.

Lo ocurrido en Guerrero no debiera circunscribirse a un asunto policial. Es obligado, desde luego, investigar y dar con los responsables intelectuales, materiales y políticos para que no queden impunes. Pero más allá, el trágico episodio debiera conducir a una modificación radical de las condiciones y circunstancias que lo incubaron y que, de no cambiar, seguirán produciendo hechos similares a la vuelta de los días y de los meses.