La imposición de Medina Mora: los significados

La designación de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el mayoriteo de PRI-PAN-PVEM constituye una nueva confirmación de como el grupo hegemónico en el poder se pertrecha y se prepara para mantener su guerra de contrainsurgencia contra los ciudadanos, mediante la cooptación de todos los resquicios posibles.

Si se mira con atención, se verá que la imposición de Medina Mora, pese al rechazo generalizado, viene a certificar la muerte en México de la llamada separación de poderes y a acreditar la ofensiva gubernamental contra la sociedad. Considerada como un valor de las democracias occidentales, la tal división se vendió como un mecanismo de pesos y contrapesos que serviría para mantener el equilibrio del sistema, de modo que ninguno de los tres poderes formales incurriera en excesos que condujeran al colapso del contrato o consenso social.

La realidad es otra. La división de poderes tiene una razón de ser distinta de la que plantea el formalismo legal: su razón es proteger el sistema económico prevaleciente y asegurar que ningún poder por si solo sea capaz de modificar --si llegara a caer bajo el control opositor-- el modo de producción que permite el dominio económico y político de unos pocos sobre el resto del conglomerado social.

Con la asunción del primer compadre del país a un sitial en la Corte termina por cerrarse la pinza del control social, pues el otro extremo se configuró con el sometimiento del Congreso --el otro Poder-- vía la compra y/o negociación, según fuera necesario, de los partidos pretendidamente opositores (PAN-PRD), que así se sumaron a los satélites naturales: Nueva Alianza y PVEM, en aquel desfiguro político, pero económicamente redituable, llamado Pacto por México.

Dadas las batallas que con buen cálculo prevé el peñanietismo que habrá de seguir librando contra la sociedad mexicana que se opone al proyecto desnacionalizador y antipopular que encabeza, desde ahora se ha hecho del control político de los tres poderes de la Unión, con lo que formalmente mantiene arrinconado al pueblo y a cualquier intento por romper con esa hegemonía: desde el Congreso podrán seguir legislando para legitimar las rapaces relaciones sociales de producción, y desde una Corte mayoritariamente conservadora, ahora apuntalada con el ex procurador, podrán seguir desechando cuanto recurso de inconstitucionalidad se presente y, lo más importante, podrán seguir criminalizando la protesta social y avalando los fraudes electorales por venir.

Sin embargo, ese ominoso diseño no lo es todo, pues qué eficacia tendría una autocracia como la que ya con descaro se ha configurado en este país, si al control social vía el formalismo legal no añadiera la fuerza real de las armas: el uso legítimo de la violencia, que le llaman.

Y en efecto, la pretendida guerra contra el crimen organizado ha dado la coartada perfecta --ya desde el calderonismo-- para ir construyendo por todo el país nuevos cuarteles y destacando batallones para que llegado el caso actúen contra la propia población eventualmente insurrecta. Ese es el verdadero diseño.

Por eso las impugnaciones contra el ex embajador en el Reino Unido y en Estados Unidos nunca iban a ser oídas ni a prosperar, porque el designio de llevarlo a la Corte para apuntalar el proyecto hegemónico estuvo claro desde que Peña Nieto conformó la terna donde lo incluyó a él y a los otros dos magistrados que, siempre se supo, incluso ellos mismos, no eran mas que simples comparsas.

Así, con la partidocracia en un puño, los poderes cooptados, el ejército diseminado por todos los puntos del país para lo que pueda ofrecerse contra la población y las instituciones de procuración de justicia cedidas a uno de los poderes fácticos más determinantes en este país (el poder de las televisión), el peñanietismo está listo para mantenerse al mando y entregar buenas cuentas a los centros de poder trasnacional que lo impusieron.

Ante eso, todo el desgaste que pueda seguir sufriendo mediante las redes sociales no será sino anecdótico, mientras no se organice una insurrección cívica verdaderamente articulada. Porque está claro que estamos ya bien encaminados hacia una auténtica autocracia en la que la vía electoral está, como se verá en junio próximo, virtualmente cancelada.





 

Pacto por la sobrevivencia política

El Pacto nacional por la seguridad a que convocará Enrique Peña Nieto a gobiernos, partidos políticos y a las organizaciones civiles es, en realidad, un pacto por la sobrevivencia política del sistema y sus usufructuarios encaminado no a "garantizar la plena vigencia del Estado de Derecho", sino a la conservación del poder de esas élites y de las condiciones que hacen posible el diario saqueo de los recursos públicos, a costa de los ciudadanos.

El desbordamiento de una porción de la sociedad tras el eufemísticamente llamado caso Iguala (en realidad un crimen de Estado contra seis jóvenes estudiantes y la desaparición de otros 43 pertenecientes a la normal rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa), ha conducido a esa otra porción del crimen organizado conocida comúnmente como clase política, ha lanzarse un nuevo llamado a cerrar filas entre ellos, a reorganizarse mediante un pacto cosmético cuya difusión propagandística --esa sí-- esté dirigida al gran público para que éste aprecie los esfuerzos "serios" y "responsables" que esa élite empoderada hace para rescatar al país de la "descomposición" en que está naufragando.

En realidad quienes están en riesgo son esos grupos hegemónicos ante una reacción social que seguramente ya han calibrado como potencialmente peligrosa para el esquema de dominación política que les permite enriquecerse sin medida vía la corrupción, los negocios y las complicidades mutuas (incluido el regenteo del narcotráfico), esas que ahora  se dicen dispuestos a erradicar mediante el tal acuerdo nacional aderezado con calificativos que se pretenden rimbombantes y autolegitimadores como los de "acuerdo con visión de Estado y de largo plazo".

Se trata de una puesta en escena demasiado vista con el mismo deplorable reparto cuya actuación condujo precisamente a lo que ahora se pretende cambiar a punta de declaraciones y de aparentes actos de contricción. Un cambio para remover estructuras, levantar polvo, vender humo y hacer ruido mediático el tiempo suficiente que permita atemperar los ánimos inconformes, sofocar las rebeliones en ciernes y "fortalecer las instituciones", vale decir: para afinarlas de modo que pueda continuar funcionando mejor aceitada la misma maquinaria política delictiva.

Un auténtico pacto transformador tendría que empezar por una reducción inmediata de los sueldos de la alta burocracia enquistada en los tres órdenes de gobierno y en los tres poderes de la Unión, y de sus elevadas y desiguales prestaciones respecto del resto de la clase trabajadora del país; otro tanto debiera ocurrir con el financiamiento público a los partidos políticos, así como una revisión inmediata de las concesiones otorgadas para los grandes proyectos de infraestructura pública del sexenio incluidos el nuevo aeropuerto y el tren rápido México-Querétaro, asignado según eso a la única empresa que presentó una propuesta: un consorcio chino-mexicano, cuya parte nacional está en manos de empresarios cercanos al propio Peña Nieto y de Hipólito Gerard, cuñado de Carlos Salinas de Gortari, quien así se harán de un negocio de más de 50 mil millones de pesos.

Un pacto en serio tendría que desmantelar las estructuras del Estado organizadas para la corrupción, el saqueo y el control social de la población vía la colusión entre la clase política y el llamado crimen organizado, pero eso --se considera-- sería entregar las bases con las que la actual clase política mantiene  el control y el dominio que ejerce sobre la sociedad mexicana.

Una viñeta ilustra de manera involuntaria el carácter cosmético y falso del pacto a que convocará el peñanietismo a la sociedad mexicana: el anuncio fue formulado durante el acto en que se presentaron los reglamentos de la reforma energética, el acto por el que se ha entregado la riqueza del país a la depredación económica del extranjero y en cuyos negocios participará seguramente la clase política de izquierda y derecha que tramó esa entrega.

Argentina, México y el capitalismo buitre

Por estos días resulta inevitable comparar el patriotismo y el valor de la presidenta argentina Cristina Fernández para defender los intereses de su país, con el entreguismo y la alevosía de Enrique Peña Nieto para traicionar y vender el suyo.

Puesta ante la tesitura de pagar a especuladores financieros a cambio de la ruina económica del país, Fernández de Kirchner busca una negociación justa, pues “no estoy dispuesta a rifar la patria…porque nuestros hijos y nietos no dependen de este gobierno, sino de que haya patria con soberanía, igualdad y posibilidades de crecimiento”.

Como se sabe, esta semana la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos emitió un fallo que obliga a Argentina a pagar al contado y en una sola exhibición unos mil 500 millones de dólares a los llamados fondos buitre.

Esta denominación carroñera se aviene bien con la naturaleza especultiva consustancial al capitalismo financierista que se ha enseñoreado en el mundo. Se trata de agencias que aprovechando las crisis económicas adquieren bonos de deuda de países en problemas –como Argentina en 2001—a precios bajísimos y mediante movimientos especulativos obtienen ganancias muy por encima de lo invertido.

La administradora NML compró en 2008 títulos vencidos de deuda argentina por 48 millones de dólares y ahora pretende cobrar 832 millones lo que equivale a una ganancia de mil 608 por ciento.

Ese es el modo –no la actividad productiva—en que los grandes capitales hacen negocio y obtienen ganancias fáciles en la era de la globalización. Un dato ilustra lo ilustra mejor: a fines de la década de 1990 se movían en los mercados financieros globales unos 25 billones de dólares al día, comparado con un comercio mundial de solo 10 mil millones de dólares diarios. Es decir, el comercio real (bienes y servicios producidos por trabajadores) fue de solo uno por ciento del comercio ficticio (movimientos financieros especulativos).

Por esa y otras vías (los Swaps) los fondos buitre han contribuido a la ruina de países como Grecia, España y Portugal que luego son sometidos a rigurosos programas de ajuste económico en detrimento de la población.

En el caso argentino el desembolso que se exige equivale a más de 50 por ciento de sus reservas lo que implicaría ingresar en una espiral de endeudamiento-pobreza-más endeudamiento con la consecuente reducción de programas sociales, desempleo, hambre y empobrecimiento generalizados.

Lo perverso del caso es que cuando el país austral renegoció su deuda para evitar incurrir en el impago, pues siempre reconoció su deuda, 92 por ciento de sus acreedores aceptaron el trato; los fondos buitre fueron los únicos que se negaron a ello.

El fallo de la Corte estadunidense empuja a un país como Argentina a caer contra su voluntad en el incumplimiento de pagos, pues se exige que antes que al resto de los acreedores primero se liquide la deuda con los fondos buitre antes del próximo 30 de junio. Incluso estos fondos podrían obtener órdenes de embargo sobre los fondos que Argentina transfiere a Nueva York para el pago a los acreedores que sí aceptaron reestructurar su deuda, lo que la colocaría en default técnico (cese de pagos).

La mandataria argentina recordó el viernes 20 de junio que su país ha descubierto la segunda reserva de gas y petróleo no convencional más importante del mundo, así que los que revolotean no lo hacen sólo por las finanzas sino por los recursos naturales.

Lo dicho: mientras en México entregamos el petróleo a las trasnacionales con la ventaja incluso de expropiar en su favor terrenos comunales y ejidales donde encuentren yacimientos, cuando los dueños originales no quieran vender o no les convenga el precio de venta, Argentina nos ofrece otra lección de dignidad latinoamericana.

Oportunidades y pobreza

Una de las razones por las que en México falla la política social --como el programa Oportunidades-- con la que, según eso, se intenta sacar a la gente de la pobreza, radica en que se parte de un falso supuesto: que esa condición es resultado de circunstancias fortuitas y que, por tanto, puede superarse apoyando a las familias empobrecidas para que sus nuevas generaciones puedan labrarse un futuro mejor.

Nacer o no en una familia miserable puede ser, en efecto, cuestión de mala suerte, lo que no lo es, es la existencia de la miseria. Esta es resultado de un sistema en que la riqueza y el poder son acumulados en la estructura de producción mediante la explotación de algunos grupos sociales por parte de otros.

Debido a que esos programas sociales no están orientados a modificar este sistema de acumulación, jamás podrán acabar con las condiciones estructurales que permiten la reproducción de la pobreza de generación en generación. Por eso se critica su carácter asistencialista, es decir, que asisten, ayudan a sobrellevar una situación extrema, pero no aspiran --aunque la propaganda gubernamental y la manipulación televisiva lo afirmen-- a erradicarla.

Por si la evidencia empìrica no fuera suficiente a demostrar lo anterior, un análisis conjunto entre la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) revelan que programas como oportunidades no mejoró en más de dos décadas las condiciones que permitirían a las familias salir de pobres.

La Cepal y la OIT recuerdan que esos programas de apoyo económico parten del supuesto de que con esas ayudas los hijos de los hogares así favorecidos tendrían mejor educación, salud y nutrición, lo que les permitiría insertarse mejor en el mercado laboral y salir de la pobreza por sus propios medios.

La mala noticia es que el sistema de acumulación imperante (la causa estructural del problema) ha determinado reducir las oportunidades laborales, pues sus mayores ganancias las obtiene con la especulación financiera y así, casi no requiere de mano de obra, y a la que emplea le ofrece salarios miserables.

De modo que los beneficiarios de Oportunidades, si bien aumentaron su nivel educativo, de poco les sirvió porque ahora de lo que carecen es de oportunidades laborales y productivas, y así siguen sin salir de pobres.

Las mediciones Cepal-OIT mostraron que de los jóvenes registrados en Oportunidades en la década pasada, 40.2 por ciento de las mujeres y 74.1 por ciento de hombres "permanecían en una categoría ocupacional igual o inferior a la de sus padres". Esos porcentajes eran similares a los reportados para jóvenes que no fueron beneficiarios del programa: 43.6 por ciento en mujeres y 71.7 por ciento en hombres.

Ambos organismos señalan que si bien esas ayudas aliviaron en alguna medida la pobreza, no contribuyeron a una ruptura de los factores que la producen de generación en generación.

Ya podrán venir cruzadas o mafufadas contra el hambre (con su correspondiente cauda de corrupción y compra de votos), pues mientras el modelo de acumulación no cambie, los pobres seguirán siéndolo y en México infancia seguirá siendo destino.

El efecto Aristegui

Carmen Aristegui se ha convertido, quizá a despecho de ella misma, en un fenómeno mediático de alcances masivos. Es, para decirlo en términos farandulescos, un imán de taquilla que abarrota cualquier escenario en el que se presenta.

Debe su celebridad a una ya persistente independencia editorial que le permite ejercer lo que Chomsky llama la primera obligación del periodista: presentar a su auditorio los temas que verdaderamente importan, lo cual no es poca cosa en un país en que la mayoría de las voces están constreñidas por compromisos comerciales o políticos.

Otros factores que han contribuido a su arrastre público son los polémicos despidos (Televisa en dos ocasiones y hasta de MVS) de que ha sido objeto y las ominosas maniobras de quienes por diversos medios intentan socavar su credibilidad.

Y sin embargo, alrededor de su figura se produce un sesgo pernicioso que es preciso advertir porque tiene que ver con el desarrollo político de las audiencias.

El pasado 23 de mayo Aristegui acudió al coloquio Los grandes problemas nacionales organizado en la UNAM. Las sesiones de lo que resultó un espléndido ciclo de conferencias transcurrían con regular entrada hasta ese viernes en el que, al influjo de su nombre, el lugar se colmó con sus seguidores. Concluida la participación de la periodista, la sala volvió a vaciarse, no obstante que enseguida otros reconocidos analistas examinarían el tema de la reforma del Estado.

El tumulto que se formó alrededor de la comunicadora se extendió hasta el lobby de la sala donde decenas de asistentes buscaron saludarla o tomarse una foto con ella, al cabo de lo cual abandonaron el lugar desentendiéndose del resto del coloquio.

El episodio llama la atención porque revela la persistencia, en ese público que se supone de otro nivel, de comportamientos fetichistas como los que se dice que Televisa induce entre el público para asegurar el culto acrítico hacia sus estrellas. En tales casos la imagen queda a cargo del escenario para ser consumida por una masa desatendida del contenido, si es que alguno hay.

Sorprende que un público que seguramente se considera a sí mismo consciente y politizado incurra en prácticas propias de fans de estrellas insustanciales. Es como corroborar que las estructuras de dominación, latentes en los medios de comunicación, están ya tan arraigadas que se expresan aunque no se ejerzan de forma deliberada o consciente, y que todas las relaciones que tienen lugar dentro de esas estructuras están indefectiblemente afectadas por éstas.

La hipótesis de trabajo al calce sería que con independencia de si se trata de personajes progresistas o no, la mediatización de que son objeto anula el mensaje reflexivo y crítico y sólo deja lo más a la mano: el culto a la personalidad propio del star system.

En un coloquio en el que se insistió --la propia Aristegui lo hizo-- en que la solución a los graves problemas que padecemos radica en la participación consciente, y en el empuje y rebeldía de que sea capaz la sociedad, resulta paradójico constatar que en la franja de población que se supone con mayor desarrollo político persistan prácticas y pulsiones propias de las masas despolitizadas a las que con frecuencia se critica.  

En este caso el mensaje crítico, reflexivo e informado que Aristegui pretende hacer llegar a sus audiencias para que cuenten con elementos de análisis y participen en el debate democrático de las cuestiones públicas queda anulado o al menos diluido por la imagen mediática que se ha construido la propia Aristegui.