Molestan, a quien ocupa Los Pinos, la presencia y actuación del contador público Arturo González de Aragón al frente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Y lo manda decir a través de César Nava, el recién impuesto presidente del Partido Acción Nacional (PAN), quien así empieza a cumplir su función como mero ejecutor y correa de transmisión de las órdenes de su jefe, Felipe Calderón.
Nava ha hecho saber que una de las primeras tareas de su bancada en la LXI legislatura, será cambiar al auditor, es decir, impedir su eventual reelección por otro periodo de siete años, prevista para este 2009.
Digamos de paso que los modos de Nava no anuncian un estilo diferente de hacer política respecto de las desaseadas maneras de su antecesor, Germán Martínez.
Entrevistado en Cuernavaca por el enviado de La Jornada, Roberto Garduño, acerca de si Arturo González de Aragón ya no garantiza la transparencia, el político michoacano respondió lacónico, pero significativamente: "Buscaremos a alguien honorable, profesional e imparcial".
A menos que, como lo hizo Calderón respecto de sus declaraciones en Bogotá, Nava afirme hoy que no dijo lo que dijo, su declaración resulta hasta una ofensa personal hacia el Auditor a quien tácitamente considera carente de honor, de profesionalismo y además lo acusa de parcial.
Es una mala señal que la actual administración panista empiece a cuestionar e intervenir en los órganos encargados del escrutinio de la cuestión pública. Ya se ha asomado su intención de colocar en la Comisión Nacional de Derechos Humanos a Mariano Azuela, un abogado conservador que no tiene ningún antecedente como defensor de esos derechos, pero eso sí, está muy identificado con las posiciones de Los Pinos.
Pareciera que también en la ASF el gobierno desea una persona a modo y que, en efecto, carezca de las prendas que hoy se reclaman a González de Aragón.
Queda la impresión que la actual administración panista, al tanto de su frágil situación política, trata, a toda costa, de colocar en los órganos de supervisión a funcionarios que puedan ser controlados por el poder presidencial, para de ese modo transitar sin demasiados cuestionamientos los largos tres años que le restan, aun a riesgo de eliminar los necesarios contrapesos esenciales en un régimen que se quiere democrático.
Y son precisamente cuestionamientos los que han salido de la ASF en los últimos meses:
El 12 de marzo de este año, al presentar el Informe de resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2007 (primer año de Calderón), González de Aragón reveló irregularidades en el gasto por 60 mil millones de pesos, así como la existencia de subejercicios (recursos autorizados, pero no gastados) por 300 mil millones de pesos, los cuales fueron transferidos a fideicomisos,que son un "motivo de preocupación porque sigue siendo un área de opacidad y riesgo que debemos resolver y transparentar de manera definitiva".
Dijo ademas el auditor: "El círculo vicioso (en el uso del gasto) se complementa con la discrecionalidad existente en el manejo de los recursos, como los casos de excedentes petroleros, otorgamiento de donativos y préstamos, estímulos fiscales, permisos y concesiones, enajenación de bienes, remuneraciones a servidores públicos, recuperación de créditos fiscales y fondos y fideicomisos, entre otros".
Resaltó que cada vez más el Estado delega actividades sustantivas a particulares mediante concesiones, permisos, contratos y licencias y que en este rubro se observa una insuficiente regulación y supervisión". ( Esto lo dijo el auditor en marzo y en junio esas insuficiencias resultaron fatales en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora).
Reveló, asimismo, que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) continuó beneficiando a grandes contribuyentes, pues a 59 empresas se les condonaron 8 mil 30 millones 150 mil 100 pesos.
Un año antes, el 17 de julio de 2008, durante su intervención en el debate sobre la reforma energética, González de Aragón recordó que entre 200 y 2005 (durante la administración de Vicente Fox) las devoluciones de impuestos a grandes contribuyentes ascendieron a 680 mil millones de pesos y sólo en 2005 esas devoluciones alcanzaron los 150 mil millones de pesos, el doble de lo registrado en 2000.
Señaló que las devoluciones de impuestos se encuentran altamente concentradas en el país (se beneficia a los grandes contribuyentes), lo que contraviene el principio de equidad fiscal. Todavía más: denunció que en 2005 cincuenta grandes contribuyentes (con ganancias anuales por encima de 500 millones de pesos) pagaron sólo ¡74 pesos! por concepto de Impuesto sobre la Renta.
En esa ocasión expuso que esas ventajas discrecionales a unas cuantas empresas son la causa de la debilidad tributaria que padece el país ( ocupa el último lugar en recaudación entre las 30 naciones que integran la OCDE) y que obligan a que el gobierno exprima a Pemex para resarcir esa falta de dinero. Señaló que la petrolera transfiere recursos por cerca de 60 por ciento de sus ingresos brutos.
De ese modo desnudó la verdadera causa de la quiebra de Pemex, que Calderón adujo en ese entonces para justificar su privatización.
En el Informe sobre la cuenta pública del primer año de Calderón, González de Aragón pidió a la Cámara de Diputados otorgar autonomía constitucional al órgano fiscalizador para imponer sanciones a servidores públicos que incurran en irregularidades en el manejo del gasto, independientes de las que aplica la Secretaría de la Función Pública.
Acaso la administración de Calderón cree llegado el momento de cobrarle al auditor todas esas denuncias impidiendo su reelección. Apenas el miércoles de la semana pasada, el michoacano se ufanaba ante un público infantil de sus "esfuerzos" en aras de la transparencia.
No hay tal. Y la embestida anunciada contra el auditor corrobora la distancia que hay entre el discurso y la práctica gubernamental panista.
¡Hasta la próxima!
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lunes, 17 de agosto de 2009
sábado, 15 de agosto de 2009
Calderón, La Jornada y Wilde
El escozor del señor Felipe Calderón frente a la crítica empieza a acentuarse conforme las cosas para su gobierno y lo que resulta peor, para los mexicanos, se descomponen cada día. La desesperación del grupo gobernante lo está conduciendo ha mostrar signos de intolerancia y autoritarismo ante las crecientes expresiones que no se avienen con su percepción de la realidad.
Dos hechos dan cuenta de esa intolerancia que acaso sólo haya estado soterrada, pero que ahora, empieza a emerger ante la multiplicidad de los cuestionamientos: su reacción de ayer contra el periódico La Jornada y la intensión --expresada por el recién impuesto líder de su partido, César Nava-- de relevar en el cargo al presidente de la Auditoría Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, por no garantizar "honorabilidad, profesionalismo e imparcialidad" en la revisión de los recursos públicos.
En el primer caso, el señor Calderón cuestionó el encabezado de primera plana que el diario publicó el viernes 14, a propósito de su visita oficial a varios países sudamericanos: "Apoya el ejecutivo mexicano bases militares en Colombia". Negó haberlo hecho. En efecto, no lo hizo abiertamente ni utilizó el término "apoyo".
Lo hizo en cambio, de manera sesgada, deshaciéndose en expresiones cuyo sentido inequívoco era mostrar su adhesión al acuerdo de que Washington incremente el número de efectivos en las bases militares de Colombia.
Se trata, justificó Calderón, de "un acuerdo que data de muchos años y que periódicamente se revisa y se actualiza conforme a las ocupaciones y preocupaciones en materia de seguridad que tienen ambos países". Se hizo eco, además, de las explicaciones que ha dado la diplomacia estadounidense en cuanto a que esas bases militares sirven para el combate al narcotráfico y al terrorismo:
"No conozco en detalle esta circunstancia, pero obviamente el crimen organizado debe ser combatido también de manera organizada y comprometida a nivel internacional".
Se trata, como revelan las citas, de un apoyo que, parafraseando a Wilde, "no se atreve a decir su nombre".
Resulta obvio que no está en el interés del panista ponerse --aunque en los hechos lo esté-- declaradamente en contra de los países sudamericanos, como con sus impertinencias lo consiguió Vicente Fox. Por eso se acoge ahora en su reclamo a la literalidad de sus expresiones.
Esa es la ventaja del lenguaje críptico: manifiesta significados encubiertos en términos imprecisos. Así, como en este caso, siempre quedará el recurso de apegarse a lo literal. Lo que Calderón olvida es que, como afirma Alex Grijelmo, "las palabras no sólo significan, evocan".
La estrategia de Calderón es, además, negar algo que no se ha dicho. Y en eso sí tiene absoluta razón. El tema del acuerdo Obama-Uribe (presidente de Colombia) no es, como le explicó el estadounidense en Guadalajara, instalar más bases militares en ese país, sino incrementar el número de efectivos que ya existen en esas bases. Eso es lo que están cuestionando los países miembros de la Unión de Naciones Sudamericans (Unasur).
Por otro lado, al responder a la reportera del mencionado diario, Calderón le atribuyó --esta vez de manera directísima, lo que comprueba que cuando quieren no se andan por las ramas eligiendo sinónimos-- un sesgo partidario en su trabajo.
Preguntado el michoacano acerca de la derrota de su partido en las elecciones legislativas del 5 de julio, respondió: "...más bien el fenómeno significativo es la caída de otro partido, no sé si sea el suyo, el PRD, que es lo que marca una enorme composición diferente en la Cámara de Diputados".
La respuesta del panista desnuda la torcida percepción, clásica en todo régimen autoritario e intolerante, que se tiene acerca de quienes no comparten sus puntos de vista. Ante ello, la estrategia de Los Pinos, que anuncia la respuesta del gobernante, será estigmatizar como partidario todo cuestionamiento, para de ese modo restarle valor, anularlo o disminuirlo atribuyéndole una intencionalidad oculta.
Preocupa, asimismo, que desde el poder se atribuya a un medio de comunicación o a sus representantes, alguna adscripción partidaria, pues el siguiente paso es la tentación de intentar destruirlo o desacreditarlo, con medios y recursos que la ciudadanía pone en manos de los gobernantes, no para que lleven a cabo sus venganzas personales.
Calderón está tomando el mismo camino que condujo al ex presidente Vicente Fox a emplear toda la influencia y fuerza del Estado en el empeño de destruir a un periodista y su medio de comunicación: José Gutiérrez Vivó, sólo porque le irritaba la postura crítica del comunicador. Para ello recurrió al mismo expediente que hoy desempolva Calderón: atribuirle una adscripción militante al PRD.
La sociedad habrá de estar atenta a los mandoblez que en su desesperación (recuerdan las patadas de ahogado) lance el actual grupo en el poder, más cuando estén dirigidas a coartar la libertad de expresión, de opinión y hasta de pensamiento de medios y personas que, con base estrictamente en los hechos de la realidad, se nieguen a compartir la, esa sí, torcida visión oficial.
De la Auditoría Superior de la Federación hablaremos mañana.
Dos hechos dan cuenta de esa intolerancia que acaso sólo haya estado soterrada, pero que ahora, empieza a emerger ante la multiplicidad de los cuestionamientos: su reacción de ayer contra el periódico La Jornada y la intensión --expresada por el recién impuesto líder de su partido, César Nava-- de relevar en el cargo al presidente de la Auditoría Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, por no garantizar "honorabilidad, profesionalismo e imparcialidad" en la revisión de los recursos públicos.
En el primer caso, el señor Calderón cuestionó el encabezado de primera plana que el diario publicó el viernes 14, a propósito de su visita oficial a varios países sudamericanos: "Apoya el ejecutivo mexicano bases militares en Colombia". Negó haberlo hecho. En efecto, no lo hizo abiertamente ni utilizó el término "apoyo".
Lo hizo en cambio, de manera sesgada, deshaciéndose en expresiones cuyo sentido inequívoco era mostrar su adhesión al acuerdo de que Washington incremente el número de efectivos en las bases militares de Colombia.
Se trata, justificó Calderón, de "un acuerdo que data de muchos años y que periódicamente se revisa y se actualiza conforme a las ocupaciones y preocupaciones en materia de seguridad que tienen ambos países". Se hizo eco, además, de las explicaciones que ha dado la diplomacia estadounidense en cuanto a que esas bases militares sirven para el combate al narcotráfico y al terrorismo:
"No conozco en detalle esta circunstancia, pero obviamente el crimen organizado debe ser combatido también de manera organizada y comprometida a nivel internacional".
Se trata, como revelan las citas, de un apoyo que, parafraseando a Wilde, "no se atreve a decir su nombre".
Resulta obvio que no está en el interés del panista ponerse --aunque en los hechos lo esté-- declaradamente en contra de los países sudamericanos, como con sus impertinencias lo consiguió Vicente Fox. Por eso se acoge ahora en su reclamo a la literalidad de sus expresiones.
Esa es la ventaja del lenguaje críptico: manifiesta significados encubiertos en términos imprecisos. Así, como en este caso, siempre quedará el recurso de apegarse a lo literal. Lo que Calderón olvida es que, como afirma Alex Grijelmo, "las palabras no sólo significan, evocan".
La estrategia de Calderón es, además, negar algo que no se ha dicho. Y en eso sí tiene absoluta razón. El tema del acuerdo Obama-Uribe (presidente de Colombia) no es, como le explicó el estadounidense en Guadalajara, instalar más bases militares en ese país, sino incrementar el número de efectivos que ya existen en esas bases. Eso es lo que están cuestionando los países miembros de la Unión de Naciones Sudamericans (Unasur).
Por otro lado, al responder a la reportera del mencionado diario, Calderón le atribuyó --esta vez de manera directísima, lo que comprueba que cuando quieren no se andan por las ramas eligiendo sinónimos-- un sesgo partidario en su trabajo.
Preguntado el michoacano acerca de la derrota de su partido en las elecciones legislativas del 5 de julio, respondió: "...más bien el fenómeno significativo es la caída de otro partido, no sé si sea el suyo, el PRD, que es lo que marca una enorme composición diferente en la Cámara de Diputados".
La respuesta del panista desnuda la torcida percepción, clásica en todo régimen autoritario e intolerante, que se tiene acerca de quienes no comparten sus puntos de vista. Ante ello, la estrategia de Los Pinos, que anuncia la respuesta del gobernante, será estigmatizar como partidario todo cuestionamiento, para de ese modo restarle valor, anularlo o disminuirlo atribuyéndole una intencionalidad oculta.
Preocupa, asimismo, que desde el poder se atribuya a un medio de comunicación o a sus representantes, alguna adscripción partidaria, pues el siguiente paso es la tentación de intentar destruirlo o desacreditarlo, con medios y recursos que la ciudadanía pone en manos de los gobernantes, no para que lleven a cabo sus venganzas personales.
Calderón está tomando el mismo camino que condujo al ex presidente Vicente Fox a emplear toda la influencia y fuerza del Estado en el empeño de destruir a un periodista y su medio de comunicación: José Gutiérrez Vivó, sólo porque le irritaba la postura crítica del comunicador. Para ello recurrió al mismo expediente que hoy desempolva Calderón: atribuirle una adscripción militante al PRD.
La sociedad habrá de estar atenta a los mandoblez que en su desesperación (recuerdan las patadas de ahogado) lance el actual grupo en el poder, más cuando estén dirigidas a coartar la libertad de expresión, de opinión y hasta de pensamiento de medios y personas que, con base estrictamente en los hechos de la realidad, se nieguen a compartir la, esa sí, torcida visión oficial.
De la Auditoría Superior de la Federación hablaremos mañana.
martes, 11 de agosto de 2009
Latinoamérica: el Norte y el Sur
En política, dicen los que saben, no hay coincidencias. Y hoy, coincidentemente, los periódicos muestran dos fotografías contrastantes: por un lado, los "líderes" de América del Norte y su minicumbre (más por los resultados que por su duración) y por otro lado los presidentes del cono Sur participantes en la cumbre de la Unión de Naciones de Sudamérica (Unasur).
Ambos hechos parecen confirmar la actual ubicación de México en el continente. Su adscripción como parte de América del Norte no sólo es, en esta hora, un accidente geográfico, sino una elección ideológica. No es la primera vez, sin embargo, que esta circunstancia se muestra simbólicamente.
Este mismo año, en febrero, mientras los presidentes de Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay y Venezuela se encontraron en el Foro Social Mundial, el de México acudió al Foro Económico de Davos, Suiza, en lo que constituyó una muestra, más de fondo que de forma, que exhibe de qué lado se adscribe México en la geopolítica del continente.
Aunque separadas por miles de kilómetros, las dos cumbres que terminaron ayer en Guadalajara y en Quito, intercambiaron mensajes.
Acaso en respuesta a los dichos del depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, que ha calificado como "tibia" la actuación de Estados Unidos ante el golpe militar en ese país, Barack Obama calificó como "hipócrita" la visión de quienes hoy le exigen intervenir en la región, pero que en otros momentos han criticado y repudiado esas intervenciones.
La hipocrecía no está, en todo caso, de un sólo lado. Obama ha dicho que durante su administración Estados Unidos ya no será el policía del mundo. Sin embargo, mantiene la intervención militar de la OTAN en Afganistan y recién firmó un plan para ampliar la fuerza militar estadounidense en siete bases militares que mantiene en Colombia (pasaría de 250 a 800 soldados en un país con el segundo ejército más grande de la región).
Se trata de algo que, en opinión de los presidentes latinoamericanos, trasciende la relación bilateral Bogotá-Washington, pues, como lo señaló la mandataria argentina Cristina Kichner, "se crea en la región un estado de beligerancia inaceptable e inédito."
Otro punto que pareció poner distancia entre el Norte y el Sur fue el tema Honduras: los tres líderes norteños insistieron en remitir todo a la entrampada mediación de la OEA y en mantener un apoyo abstracto, subrayado por el dicho del señor Calderón al señalar que no se trata de abogar por una persona en particular, sino de defender la institucionalidad democrática.
En el Sur, en cambio, se expresaron claras condenas a los golpistas hondureños y se exigió el regreso del presidente Manuel Zelaya a su cargo constitucional.
Esos son los contrastes y asimetrías que pueblan hoy la correlación de fuerzas en el continente.
En lo que concierne en particular con la cumbre de América del Norte, no se puede decir sino que se trató de una reunión protocolaria organizada sólo para cumplir con el calendario, es decir, con el requisito.
No se resolvió nada: Canadá insistió en mantener el requisito de visas para mexicanos que viajan a ese país y Obama no destrabó los recursos prometidos para la asistencia contra el narcotráfico en el marco de la Iniciativa Mérida, debido a las dudas del congreso estadounidense en cuanto a que en México se respeten los derechos humanos.
Más llamativo fue lo que ocurrió en el entorno de la cumbre. Hoy el New York Times publica en primera plana un reportaje titulado: "Los traficantes de droga en México continúan su comercio desde prisión".
Se describe ahí el video que muestra cómo se fugaron de una cárcel de Zacatecas 53 presos vinculados con los principales cárteles de las drogas, en lo que constituye una nueva desautorización o por lo menos cuestionamiento a la eficacia de la lucha del gobierno mexicano contra el tráfico de estupefacientes.
Otra coincidencia en torno de la reunión de presidentes, fue la muy conveniente captura, divulgada ayer, de un presunto sicario, Dimas Díaz Ramos, que --según se dijo sin ninguna prueba fehaciente-- habría sido encargado de planear y llevar a cabo un atentado contra Felipe Calderón.
Se trata de una clara maniobra escenográfica destinada a mostrar a los visitantes la dimensión y el "valor" de Calderón que así expone su vida en su lucha por salvar a México y en una de esas hasta al mundo del flagelo que representan las drogas.
¡Hasta la próxima!
Ambos hechos parecen confirmar la actual ubicación de México en el continente. Su adscripción como parte de América del Norte no sólo es, en esta hora, un accidente geográfico, sino una elección ideológica. No es la primera vez, sin embargo, que esta circunstancia se muestra simbólicamente.
Este mismo año, en febrero, mientras los presidentes de Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay y Venezuela se encontraron en el Foro Social Mundial, el de México acudió al Foro Económico de Davos, Suiza, en lo que constituyó una muestra, más de fondo que de forma, que exhibe de qué lado se adscribe México en la geopolítica del continente.
Aunque separadas por miles de kilómetros, las dos cumbres que terminaron ayer en Guadalajara y en Quito, intercambiaron mensajes.
Acaso en respuesta a los dichos del depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, que ha calificado como "tibia" la actuación de Estados Unidos ante el golpe militar en ese país, Barack Obama calificó como "hipócrita" la visión de quienes hoy le exigen intervenir en la región, pero que en otros momentos han criticado y repudiado esas intervenciones.
La hipocrecía no está, en todo caso, de un sólo lado. Obama ha dicho que durante su administración Estados Unidos ya no será el policía del mundo. Sin embargo, mantiene la intervención militar de la OTAN en Afganistan y recién firmó un plan para ampliar la fuerza militar estadounidense en siete bases militares que mantiene en Colombia (pasaría de 250 a 800 soldados en un país con el segundo ejército más grande de la región).
Se trata de algo que, en opinión de los presidentes latinoamericanos, trasciende la relación bilateral Bogotá-Washington, pues, como lo señaló la mandataria argentina Cristina Kichner, "se crea en la región un estado de beligerancia inaceptable e inédito."
Otro punto que pareció poner distancia entre el Norte y el Sur fue el tema Honduras: los tres líderes norteños insistieron en remitir todo a la entrampada mediación de la OEA y en mantener un apoyo abstracto, subrayado por el dicho del señor Calderón al señalar que no se trata de abogar por una persona en particular, sino de defender la institucionalidad democrática.
En el Sur, en cambio, se expresaron claras condenas a los golpistas hondureños y se exigió el regreso del presidente Manuel Zelaya a su cargo constitucional.
Esos son los contrastes y asimetrías que pueblan hoy la correlación de fuerzas en el continente.
En lo que concierne en particular con la cumbre de América del Norte, no se puede decir sino que se trató de una reunión protocolaria organizada sólo para cumplir con el calendario, es decir, con el requisito.
No se resolvió nada: Canadá insistió en mantener el requisito de visas para mexicanos que viajan a ese país y Obama no destrabó los recursos prometidos para la asistencia contra el narcotráfico en el marco de la Iniciativa Mérida, debido a las dudas del congreso estadounidense en cuanto a que en México se respeten los derechos humanos.
Más llamativo fue lo que ocurrió en el entorno de la cumbre. Hoy el New York Times publica en primera plana un reportaje titulado: "Los traficantes de droga en México continúan su comercio desde prisión".
Se describe ahí el video que muestra cómo se fugaron de una cárcel de Zacatecas 53 presos vinculados con los principales cárteles de las drogas, en lo que constituye una nueva desautorización o por lo menos cuestionamiento a la eficacia de la lucha del gobierno mexicano contra el tráfico de estupefacientes.
Otra coincidencia en torno de la reunión de presidentes, fue la muy conveniente captura, divulgada ayer, de un presunto sicario, Dimas Díaz Ramos, que --según se dijo sin ninguna prueba fehaciente-- habría sido encargado de planear y llevar a cabo un atentado contra Felipe Calderón.
Se trata de una clara maniobra escenográfica destinada a mostrar a los visitantes la dimensión y el "valor" de Calderón que así expone su vida en su lucha por salvar a México y en una de esas hasta al mundo del flagelo que representan las drogas.
¡Hasta la próxima!
lunes, 3 de agosto de 2009
Inoperancia económica
Los signos de la debacle económica de México están por todos lados. Los de la inacción gubernamental, también.
Resulta increíble --aunque explicable por la pobre preparación, a la que ahora se une la debilidad política del gabinete y del propio Felipe Calderón-- que mientras se multiplican los índices que documentan con cifras y datos la miserable situación de las principales variables económicas, el ocupante de Los Pinos (dése al término ocupación su acepción de instalarse alguien en un sitio por la fuerza) se entretenga en bromitas (la crisis fue "casi una tormenta perfecta") o en proyectos inocuos (la cédula de identidad ciudadana).
Los incumplimientos y la ineficacia presidencial son ya alarmantes. Veamos: el 7 de enero se anunció en cadena nacional y con la rimbombancia del caso, el Acuerdo Nacional en favor de la Economía Familiar y el Empleo, el cual incluía 25 medidas contra la crisis.
El impulso al empleo, incluido en el acuerdo --tal como ocurrió con la promesa de campaña-- resultó un fiasco. El permitir, contraviniendo la ley laboral por supuesto, los llamados paros técnicos, no evitó, como se dijo, que este año se vayan a perder en total 730 mil plazas.
El apoyo a la economía familiar, que se dio al frenar los aumentos semanales al precio de la gasolina y el diesel --aunque anunciada a nivel nacional la medida no aplicó en los estados fronterizos-- y la rebaja en el precio del gas LP, ahora están a punto de compensarse, en favor del gobierno, claro.
En efecto, el gabinete económico ha sugerido que ante el boquete financiero de las finanzas públicas, podría retirarse el subsidio a las tarifas eléctricas y podría volverse al esquema de incrementos periódicos al precio de los combustibles, amén del intento que se hará de adosarle el IVA a medicinas y alimentos.
O el gobierno no cree en sus propios planes, o los sabe fallidos de antemano o carece de la capacidad operativa para llevarlos a cabo, todo lo cual no habla sino de ineficiencia que, en las actuales circunstancias del país, debiera ser hasta punible.
No de otra cosa nos habla el dato de los subejercicios gubernamentales en materia de gasto público autorizado en el presupuesto de este año, el cual asciende a cuatro mil 341.4 millones de pesos sólo en el primer trimestre de este año, cuando se dijo que el gasto se ejercería de inmediato como una forma de operar las famosas medidas contracíclicas para la recuperación de la economía.
El referido Acuerdo de enero postulaba, como una de sus líneas estratégicas, mayor inversión en infraestructura y un ejercicio oportuno del gasto. Veamos como se incumplió con esto:
De acuerdo con el Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el mayor subejercicio (dinero que el gobierno no gastó, pese a tenerlo autorizado) se concentró en la Secretaría de Comunicaciones yTransportes (SCT), encargada de obras de infraestructura, principal rubro que se supone se impulsa en un programa contracíclico.
El subejercicio en la SCT fue de 61 por ciento (2,662 millones de pesos). El resto de los recursos no ejercidos se concentró en rubros que son prioritarios en un país como el nuestro: salud (165 millones), desarrollo social (424.1 millones), medio ambiente y recursos naturales (500 millones), en energía 27.2 millones y la Procuraduría General de la República, embarcada en una guerra contra el crimen organizado dejó, sin embargo, de ejercer 20 millones de pesos.
Véase otro ejemplo de cómo los dichos gubernamentales no se acompañan con la acción. En su análisis semanal del 15 de junio, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), del cual no se puede decir que sea un organismo que profese una ideología contraria al actual grupo en el poder, documentó que incluso el programa de Primer empleo con el que Calderón hizo un balbuceante intento por dar algún contenido a su principal promesa de campaña, era un completo fracaso.
El CEESP recordó que de un presupuesto inicial de tres mil millones de pesos (2007) sólo se habían utilizado 63 millones a marzo de 2009, lo cual significa que a ese programa estrella no se han aplicado 98 por ciento de los recursos originalmente presupuestados.
Los subejercicios no son, como pudiera pensarse, ahorros. Es dinero que no se aplica a programas que se supone lo requieren porque fueron presupuestados con base en estudios técnicos en relación con las necesidades de la población que atiende cada sector de la administración pública.
Así, un subejercicio es una muestra cuantitativa, documentada e inequívoca de cómo el gobierno es incapaz de cumplir con sus propias metas expresadas en sus planes de trabajo. ¿Se requieren mayores pruebas para medir la ineficacia de este gobierno?
¡Hasta la próxima!
Resulta increíble --aunque explicable por la pobre preparación, a la que ahora se une la debilidad política del gabinete y del propio Felipe Calderón-- que mientras se multiplican los índices que documentan con cifras y datos la miserable situación de las principales variables económicas, el ocupante de Los Pinos (dése al término ocupación su acepción de instalarse alguien en un sitio por la fuerza) se entretenga en bromitas (la crisis fue "casi una tormenta perfecta") o en proyectos inocuos (la cédula de identidad ciudadana).
Los incumplimientos y la ineficacia presidencial son ya alarmantes. Veamos: el 7 de enero se anunció en cadena nacional y con la rimbombancia del caso, el Acuerdo Nacional en favor de la Economía Familiar y el Empleo, el cual incluía 25 medidas contra la crisis.
El impulso al empleo, incluido en el acuerdo --tal como ocurrió con la promesa de campaña-- resultó un fiasco. El permitir, contraviniendo la ley laboral por supuesto, los llamados paros técnicos, no evitó, como se dijo, que este año se vayan a perder en total 730 mil plazas.
El apoyo a la economía familiar, que se dio al frenar los aumentos semanales al precio de la gasolina y el diesel --aunque anunciada a nivel nacional la medida no aplicó en los estados fronterizos-- y la rebaja en el precio del gas LP, ahora están a punto de compensarse, en favor del gobierno, claro.
En efecto, el gabinete económico ha sugerido que ante el boquete financiero de las finanzas públicas, podría retirarse el subsidio a las tarifas eléctricas y podría volverse al esquema de incrementos periódicos al precio de los combustibles, amén del intento que se hará de adosarle el IVA a medicinas y alimentos.
O el gobierno no cree en sus propios planes, o los sabe fallidos de antemano o carece de la capacidad operativa para llevarlos a cabo, todo lo cual no habla sino de ineficiencia que, en las actuales circunstancias del país, debiera ser hasta punible.
No de otra cosa nos habla el dato de los subejercicios gubernamentales en materia de gasto público autorizado en el presupuesto de este año, el cual asciende a cuatro mil 341.4 millones de pesos sólo en el primer trimestre de este año, cuando se dijo que el gasto se ejercería de inmediato como una forma de operar las famosas medidas contracíclicas para la recuperación de la economía.
El referido Acuerdo de enero postulaba, como una de sus líneas estratégicas, mayor inversión en infraestructura y un ejercicio oportuno del gasto. Veamos como se incumplió con esto:
De acuerdo con el Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el mayor subejercicio (dinero que el gobierno no gastó, pese a tenerlo autorizado) se concentró en la Secretaría de Comunicaciones yTransportes (SCT), encargada de obras de infraestructura, principal rubro que se supone se impulsa en un programa contracíclico.
El subejercicio en la SCT fue de 61 por ciento (2,662 millones de pesos). El resto de los recursos no ejercidos se concentró en rubros que son prioritarios en un país como el nuestro: salud (165 millones), desarrollo social (424.1 millones), medio ambiente y recursos naturales (500 millones), en energía 27.2 millones y la Procuraduría General de la República, embarcada en una guerra contra el crimen organizado dejó, sin embargo, de ejercer 20 millones de pesos.
Véase otro ejemplo de cómo los dichos gubernamentales no se acompañan con la acción. En su análisis semanal del 15 de junio, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), del cual no se puede decir que sea un organismo que profese una ideología contraria al actual grupo en el poder, documentó que incluso el programa de Primer empleo con el que Calderón hizo un balbuceante intento por dar algún contenido a su principal promesa de campaña, era un completo fracaso.
El CEESP recordó que de un presupuesto inicial de tres mil millones de pesos (2007) sólo se habían utilizado 63 millones a marzo de 2009, lo cual significa que a ese programa estrella no se han aplicado 98 por ciento de los recursos originalmente presupuestados.
Los subejercicios no son, como pudiera pensarse, ahorros. Es dinero que no se aplica a programas que se supone lo requieren porque fueron presupuestados con base en estudios técnicos en relación con las necesidades de la población que atiende cada sector de la administración pública.
Así, un subejercicio es una muestra cuantitativa, documentada e inequívoca de cómo el gobierno es incapaz de cumplir con sus propias metas expresadas en sus planes de trabajo. ¿Se requieren mayores pruebas para medir la ineficacia de este gobierno?
¡Hasta la próxima!
jueves, 16 de julio de 2009
"Vamos ganando"
De qué lado está el caos y el descontrol en la guerra del señor Calderón contra el llamado crimen organizado, en su modalidadde narcotráfico, lo muestra el siguiente dato:
Mientras el Ejecutivo insistió el martes pasado en una comida con industriales de la vivienda que los ataques de las bandas criminales no lograrán intimidar al gobierno, ese mismo día la Secretaría de Seguridad Pública Federal ordenó que se restrinjan los patrullajes carreteros en el país, ante la ola de ataques contra la policía Federal que, en los últimos días, ha dejado un saldo de 15 agentes muertos en los estados de Guerrero, Guanajuato, Michoacán y Veracruz.
La contradicción entre lo que se dice y lo que se hace es en cualquier caso, pero sobre todo en el tema y la circunstancia presentes, una demostración palmaria de que en la guerra contra el narcotráfico, como en el resto de los asuntos públicos que afectan al país en esta hora, no hay ni estrategia, ni idea ni conducción.
Desde la madrugada del sábado pasado las fuerzas del gobierno han estado bajo fuego. A la violencia desatada en los estados señalados, han de añadirse 41 asesinatos en 10 estados, todos ellos atribuidos a la delincuencia organizada, que así ha mostrado su resolución y creciente poder de fuego.
Más allá de las afirmaciones de Calderón, según las cuales los recientes ataques obedecen al "caos" en que su administración ha metido a la delincuencia al capturar a presuntos cabecillas, la realidad es que sus resultados son más bien propagandísticos.
Cada vez que el gobierno federal captura a un miembro de algún cartel, se presenta al presunto delincuente como "uno de los principales" miembros de tal o cual organización. Se le presenta ya como el cerebro financiero, ya como el coordinador operativo y de logística o ya como el hombre clave en las relaciones internacionales de su grupo.
Han sido tantos "hombres clave" capturados que las tales organizaciones criminales deberían estar a punto de desaparecer y, en cambio, vemos que, como en el drama de José Zorrilla, "los muertos que vos matáis, gozan de cabal salud" y hasta logran replegar la acción federal, como lo muestra el recién anunciado cese de los patrullajes carreteros que, como en el viejo chiste, no se sabe si se hace por miedo o por precaución.
En cambio, sigue ausente de la acción gubernamental un auténtico e integral plan contra las adicciones que incluya aspectos sociales, económicos y de salud para debilitar el eslabón más débil de la cadena que hace posible el trasiego de estupefacientes: el flanco de los consumidores que han caído en las manos de ese flagelo.
Mientras esos planes no se presenten, seguiremos con la guerra en los centros históricos de nuestras ciudades (Michoacán y Veracruz), en nuestras carreteras y calles. La droga, desde luego, seguirá llegando a "tus hijos".
¡Hasta la próxima!
Mientras el Ejecutivo insistió el martes pasado en una comida con industriales de la vivienda que los ataques de las bandas criminales no lograrán intimidar al gobierno, ese mismo día la Secretaría de Seguridad Pública Federal ordenó que se restrinjan los patrullajes carreteros en el país, ante la ola de ataques contra la policía Federal que, en los últimos días, ha dejado un saldo de 15 agentes muertos en los estados de Guerrero, Guanajuato, Michoacán y Veracruz.
La contradicción entre lo que se dice y lo que se hace es en cualquier caso, pero sobre todo en el tema y la circunstancia presentes, una demostración palmaria de que en la guerra contra el narcotráfico, como en el resto de los asuntos públicos que afectan al país en esta hora, no hay ni estrategia, ni idea ni conducción.
Desde la madrugada del sábado pasado las fuerzas del gobierno han estado bajo fuego. A la violencia desatada en los estados señalados, han de añadirse 41 asesinatos en 10 estados, todos ellos atribuidos a la delincuencia organizada, que así ha mostrado su resolución y creciente poder de fuego.
Más allá de las afirmaciones de Calderón, según las cuales los recientes ataques obedecen al "caos" en que su administración ha metido a la delincuencia al capturar a presuntos cabecillas, la realidad es que sus resultados son más bien propagandísticos.
Cada vez que el gobierno federal captura a un miembro de algún cartel, se presenta al presunto delincuente como "uno de los principales" miembros de tal o cual organización. Se le presenta ya como el cerebro financiero, ya como el coordinador operativo y de logística o ya como el hombre clave en las relaciones internacionales de su grupo.
Han sido tantos "hombres clave" capturados que las tales organizaciones criminales deberían estar a punto de desaparecer y, en cambio, vemos que, como en el drama de José Zorrilla, "los muertos que vos matáis, gozan de cabal salud" y hasta logran replegar la acción federal, como lo muestra el recién anunciado cese de los patrullajes carreteros que, como en el viejo chiste, no se sabe si se hace por miedo o por precaución.
En cambio, sigue ausente de la acción gubernamental un auténtico e integral plan contra las adicciones que incluya aspectos sociales, económicos y de salud para debilitar el eslabón más débil de la cadena que hace posible el trasiego de estupefacientes: el flanco de los consumidores que han caído en las manos de ese flagelo.
Mientras esos planes no se presenten, seguiremos con la guerra en los centros históricos de nuestras ciudades (Michoacán y Veracruz), en nuestras carreteras y calles. La droga, desde luego, seguirá llegando a "tus hijos".
¡Hasta la próxima!
miércoles, 8 de julio de 2009
Saldos y retos electorales
Los gobiernos panistas sólo duran tres años en el cargo. El resto del sexenio es un periodo perdido porque luego de cada elección intermedia el presidente queda en "calidad de bulto" o, si se quiere una expresión menos coloquial, como cadáver político.
Tal aconteció con el pedestre Vicente Fox --la sucesión inició al contarse el último voto de las legislativas de 2003-- y la historia se ha repetido con Felipe Calderón.
A una nunca superada condición espuria (principal motivación de su "guerra" contra el narcotráfico) que lo mantuvo apocado el pasado trienio, ahora se añade la pérdida del Congreso y de sus amigos inmolados poco a poco (Mouriño, Germán Martínez, Ignacio Zavala, César Nava), así como el inequívoco rechazo de la población a su gobierno.
Los próximos tres años aparecen así ante Calderón como un inhóspito desierto que tendrá que atravesar políticamente aislado, debilitado y atorado por un PRI que, en el mejor de los casos, lo acompañará en algunas iniciativas para no parecer demasiado intransigente, pero en otras aprovechará para apuñalarlo hasta que llegue al 2012 políticamente desangrado útil sólo para entregarles la banda presidencial.
La dimisión ayer del presidente del PAN, Germán Martínez, es sólo una formalidad y acaso no sirva ni como gesto amistoso hacia el PRI, pues resulta obvio que la actitud pendenciera adoptada durante la campaña electoral por el así llamado germancito, fue ordenada y autorizada por el propio Calderón y diseñada por su experto en campañas sucias, el español naturalizado mexicano, Antonio Solá.
Así que el "gobierno" de Calderón pudo haber terminado el domingo pasado. El PRI, aliado con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y por extensión con Televisa constituyen una variante de la derecha (en México la otra es el PAN) que en lo sucesivo se encargará de fijar la agenda y administrar el conflicto político dejándole a Calderón el trabajo sucio mientras ellos arremeterán hacia el 2012 con Enrique Peña Nieto quien seguirá dilapidando el dinero público en la construcción de su candidatura presidencial, tras recuperar el corredor blanquiazul del Estado de México: Toluca, Ecatepec, Naucalpan. Huixquilucan.
El panorama no podría ser mejor para la clase dirigente, para el verdadero poder (el capital financiero nacional y trasnacional), pues dos de sus expresiones políticas (PRI-PAN) están conformando un bipartidismo que va resultando ideal para mantener sin sobresaltos la ilusión de que ya estamos instalados en la normalidad democrática, el sistema que permite la alternancia civilizada en el poder, eso mientras quienes se disputen esa alternancia no representen un cambio real.
La izquierda, por lo pronto, está neutralizada. Sus contradicciones internas, un pragmatismo que la llevó a abdicar de sus reivindicaciones para no parecer violenta ni asustar al electorado con propuestas radicales, la condujo a mimetizarse con la derecha en aras de ser gobierno.Y aun en algún tiempo sus candidatos se asumieron como de centro en esa ansia por escapar de los radicalismos políticamente incorrectos en una época en la que la llamada razón instrumental se impuso sobre las ideologías.
Eso está en el fondo de la actual disputa entre el movimiento de Andrés Manuel López Obrador (Izquierda Unida) y la corriente que encabeza Jesús Ortega (Nueva Izquierda). La primera más contestataria y radical; la segunda cuidando las formas, taimada, colaborando incluso con el gobierno que le arrebató la presidencia mediante un fraude, y considerándose a sí misma como una izquierda moderna.
López Obrador se niega a dejar un partido al que los propios seguidores del tabasqueño consideran conformado por traidores a su movimiento y en el que si se quedan seguirán presentándose contradicciones como la ocurrida en la disputa por la delegación Iztapalapa.
Miles de esos seguidores están dispuestos a fundar un nuevo partido para combatir lo que su líder ha llamado la mafia en el poder que atenta contra los intereses del pueblo. Saben que dejando al PRD éste naufragará como la etiqueta de un membrete. López Obrador ha dicho que no se irá. Acaso pretende dar una batalla interna hasta echar a los chuchos de lo que considera su casa.
La cuestión está en que ese empeño puede seguir aislando a la izquierda mientras el país avanza hacia un bipartidismo de derecha. Así, el propio AMLO terminaría fortaleciendo lo que pretende combatir.
¡Hasta la próxima!
Tal aconteció con el pedestre Vicente Fox --la sucesión inició al contarse el último voto de las legislativas de 2003-- y la historia se ha repetido con Felipe Calderón.
A una nunca superada condición espuria (principal motivación de su "guerra" contra el narcotráfico) que lo mantuvo apocado el pasado trienio, ahora se añade la pérdida del Congreso y de sus amigos inmolados poco a poco (Mouriño, Germán Martínez, Ignacio Zavala, César Nava), así como el inequívoco rechazo de la población a su gobierno.
Los próximos tres años aparecen así ante Calderón como un inhóspito desierto que tendrá que atravesar políticamente aislado, debilitado y atorado por un PRI que, en el mejor de los casos, lo acompañará en algunas iniciativas para no parecer demasiado intransigente, pero en otras aprovechará para apuñalarlo hasta que llegue al 2012 políticamente desangrado útil sólo para entregarles la banda presidencial.
La dimisión ayer del presidente del PAN, Germán Martínez, es sólo una formalidad y acaso no sirva ni como gesto amistoso hacia el PRI, pues resulta obvio que la actitud pendenciera adoptada durante la campaña electoral por el así llamado germancito, fue ordenada y autorizada por el propio Calderón y diseñada por su experto en campañas sucias, el español naturalizado mexicano, Antonio Solá.
Así que el "gobierno" de Calderón pudo haber terminado el domingo pasado. El PRI, aliado con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y por extensión con Televisa constituyen una variante de la derecha (en México la otra es el PAN) que en lo sucesivo se encargará de fijar la agenda y administrar el conflicto político dejándole a Calderón el trabajo sucio mientras ellos arremeterán hacia el 2012 con Enrique Peña Nieto quien seguirá dilapidando el dinero público en la construcción de su candidatura presidencial, tras recuperar el corredor blanquiazul del Estado de México: Toluca, Ecatepec, Naucalpan. Huixquilucan.
El panorama no podría ser mejor para la clase dirigente, para el verdadero poder (el capital financiero nacional y trasnacional), pues dos de sus expresiones políticas (PRI-PAN) están conformando un bipartidismo que va resultando ideal para mantener sin sobresaltos la ilusión de que ya estamos instalados en la normalidad democrática, el sistema que permite la alternancia civilizada en el poder, eso mientras quienes se disputen esa alternancia no representen un cambio real.
La izquierda, por lo pronto, está neutralizada. Sus contradicciones internas, un pragmatismo que la llevó a abdicar de sus reivindicaciones para no parecer violenta ni asustar al electorado con propuestas radicales, la condujo a mimetizarse con la derecha en aras de ser gobierno.Y aun en algún tiempo sus candidatos se asumieron como de centro en esa ansia por escapar de los radicalismos políticamente incorrectos en una época en la que la llamada razón instrumental se impuso sobre las ideologías.
Eso está en el fondo de la actual disputa entre el movimiento de Andrés Manuel López Obrador (Izquierda Unida) y la corriente que encabeza Jesús Ortega (Nueva Izquierda). La primera más contestataria y radical; la segunda cuidando las formas, taimada, colaborando incluso con el gobierno que le arrebató la presidencia mediante un fraude, y considerándose a sí misma como una izquierda moderna.
López Obrador se niega a dejar un partido al que los propios seguidores del tabasqueño consideran conformado por traidores a su movimiento y en el que si se quedan seguirán presentándose contradicciones como la ocurrida en la disputa por la delegación Iztapalapa.
Miles de esos seguidores están dispuestos a fundar un nuevo partido para combatir lo que su líder ha llamado la mafia en el poder que atenta contra los intereses del pueblo. Saben que dejando al PRD éste naufragará como la etiqueta de un membrete. López Obrador ha dicho que no se irá. Acaso pretende dar una batalla interna hasta echar a los chuchos de lo que considera su casa.
La cuestión está en que ese empeño puede seguir aislando a la izquierda mientras el país avanza hacia un bipartidismo de derecha. Así, el propio AMLO terminaría fortaleciendo lo que pretende combatir.
¡Hasta la próxima!
sábado, 27 de junio de 2009
Guarderías: impunidad y simulación
La tragedia de Hermosillo, que ya cobró la vida de 47 infantes, refleja crudamente el desmoronamiento del sistema político mexicano.
Es, además, una prueba incontrastable de cómo aquí no hubo ni podrá haber, mientras persistan las actuales instituciones, una auténtica transición a la democracia.
Se trata de un caso paradigmático que ilustra con suficiencia cómo en México la ley --esa abstracción-- llega hasta donde lo permiten los intereses --esos sí de carne y hueso-- de políticos venales.
El espectáculo ofrecido esta semana por el gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, y las autoridades federales encabezadas por el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, caracterizado por el abierto intercambio de imputaciones, lo único que revela son las tensiones entre los gobiernos estatal y federal para encubrir y mantener en la impunidad a sus respectivos protegidos, entre quienes figura, de modo principal, la señora Marcia Gómez del Campo, dueña de la guardería siniestrada y prima de la esposa de Felipe Calderón.
De paso develó el talante autoritario del gobierno blanquiazul, pues el lenguaje utilizado por Gómez Mont contra Bours, no sólo resultó anacrónico sino ominoso. "Lo que no acepté ni le acepto al señor gobernador es el tono altanero con que se refiere al Presidente de la República.", dijo el secretario de Gobernación.
Esa declaración nos reinstaló de pronto en la prehistoria política, de la que en realidad no hemos salido, cuando resultaba casi un delito contradecir, o aun mostrarle críticas al Presidente, pues éste era una figura intocada y sacrosanta que encarnaba "los más altos intereses de la nación". Gómez Mont nos ha hecho saber ahora que esa concepción retrógrada es la que priva en el grupo gobernante.
El propio Calderón había ya dado muestras de ello, cuando dijo el martes, en clara alusión a los tibios reclamos del zarandeado Leonel Godoy, gobernador de Michoacán, que él no necesitaba pedir permiso a ninguna autoridad para combatir la delincuencia.
Ese combate se ha convertido, pues, en la coartada perfecta que el gobierno blande contra sus críticos cada vez que viola garantías individuales, atropella soberanías y transgrede el pacto federal, o para avanzar hacia un Estado de excepción con el ejército en las calles como amenaza velada ante quien ose siquiera levantarle la voz al Presidente.
Pero vengamos de nuevo al caso de la guardería que enlutó a decenas de familias en Hermosillo. En un auténtico Estado de derecho, el director del IMSS, Daniel Karam y el ex director del organismo, Juan Molinar Horcasitas estarían en esta hora fuera de sus puestos y enfrentando procesos judiciales por su evidente responsabilidad en la tragedia.
En vez de eso, Karam todavía se da el lujo de reconocer que no tiene en orden una documentación que, por ordinaria, tiene la obligación de mantener al día: la lista con los nombres de quienes tienen concesionado el negocio de las guarderías en todo el país.
A pesar de que prometió hacer público el documento hace dos semanas, el jueves admitió que aún no hay fecha para esa entrega porque están "en la recopilación de datos". O sea ¿cómo hace el Seguro Social para pagar cada mes el dinero que corresponde a los tenedores de esas concesiones si ni incluso sabe a quien debe acreditar dichos pagos?
Y sin embargo, no es la primera vez que un funcionario calderonista aduce una justificación tan vil para evadir su responsabilidad. En enero, el propio Gómez Mont dedicó varias semanas a "estudiar" si la secretaría a su cargo tenía facultades para intervenir en el caso en que el duopolio televisivo transgredió abiertamente la ley al interrumpir el Súper Bowl para transmitir quince minutos continuos de propaganda electoral.
Si cada vez que se presenta un problema, el funcionario en cuestión debe "estudiar" si tiene facultades y cuál es el alcance de éstas, bien vale preguntar ¿qué hace entonces cobrando jugosos sueldos y comisiones a cuenta de un trabajo que desconoce?
De lo que se trata en realidad es de "rasurar" y acomodar esa relación de concesionarios para que en ella no figuren --como se presupone-- apellidos que revelarían como esas subrogaciones se han hecho de manera irregular y mediante licitaciones simuladas en favor de amigos, parientes y protegidos; es decir, de la high society, o en terminos llanos, de las oligarquías regionales que se reparten los negocios en este país.
En otro acto escenográfico se anunció que la Procuraduría General de la República (PGR) atraerá el caso del asesinato de niños en Sonora. Por el modo y la circunstancia en que se hizo --con Gómez Mont lanzando admoniciones contra el gobernador de Sonora-- ese anuncio parece configurar más bien una amenaza contra Bours, en lo que constituye una muestra más de cómo Calderón utiliza las instituciones para sus venganzas personales.
Ya se sabe el modo faccioso en que la PGR y su titular, Eduardo Medina Mora, suelen fabricar culpables o montar shows televisivos en los que se atrapa a delincuentes ante las cámaras de la televisión convenientemente instaladas previamente en el lugar de los hechos.
Así, la intervención de la PGR será una forma más para seguir enredando el caso, para dejar que el tiempo siga su marcha, para manipular las pruebas hasta que un día salgan a decirnos que pasó tanto tiempo que ya no es posible desentrañar el caso y menos saber qué ocurrió realmente ni quienes fueron los responsables.
Habrá que estar atentos al curso de las indagaciones de la PGR, uno de cuyos primeros pasos deberá ser el citar a declarar a los dueños de la guardería que increíblemente, luego de tres semanas de la tragedia, aún no comparecen ante ninguna autoridad.
Acaso ello se deba a que una de esas dueñas lleva los apellidos Gómez del Campo, los mismos que ostenta Margarita Zavala de Calderón. Veremos.
¡Hasta la próxima!
Es, además, una prueba incontrastable de cómo aquí no hubo ni podrá haber, mientras persistan las actuales instituciones, una auténtica transición a la democracia.
Se trata de un caso paradigmático que ilustra con suficiencia cómo en México la ley --esa abstracción-- llega hasta donde lo permiten los intereses --esos sí de carne y hueso-- de políticos venales.
El espectáculo ofrecido esta semana por el gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, y las autoridades federales encabezadas por el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, caracterizado por el abierto intercambio de imputaciones, lo único que revela son las tensiones entre los gobiernos estatal y federal para encubrir y mantener en la impunidad a sus respectivos protegidos, entre quienes figura, de modo principal, la señora Marcia Gómez del Campo, dueña de la guardería siniestrada y prima de la esposa de Felipe Calderón.
De paso develó el talante autoritario del gobierno blanquiazul, pues el lenguaje utilizado por Gómez Mont contra Bours, no sólo resultó anacrónico sino ominoso. "Lo que no acepté ni le acepto al señor gobernador es el tono altanero con que se refiere al Presidente de la República.", dijo el secretario de Gobernación.
Esa declaración nos reinstaló de pronto en la prehistoria política, de la que en realidad no hemos salido, cuando resultaba casi un delito contradecir, o aun mostrarle críticas al Presidente, pues éste era una figura intocada y sacrosanta que encarnaba "los más altos intereses de la nación". Gómez Mont nos ha hecho saber ahora que esa concepción retrógrada es la que priva en el grupo gobernante.
El propio Calderón había ya dado muestras de ello, cuando dijo el martes, en clara alusión a los tibios reclamos del zarandeado Leonel Godoy, gobernador de Michoacán, que él no necesitaba pedir permiso a ninguna autoridad para combatir la delincuencia.
Ese combate se ha convertido, pues, en la coartada perfecta que el gobierno blande contra sus críticos cada vez que viola garantías individuales, atropella soberanías y transgrede el pacto federal, o para avanzar hacia un Estado de excepción con el ejército en las calles como amenaza velada ante quien ose siquiera levantarle la voz al Presidente.
Pero vengamos de nuevo al caso de la guardería que enlutó a decenas de familias en Hermosillo. En un auténtico Estado de derecho, el director del IMSS, Daniel Karam y el ex director del organismo, Juan Molinar Horcasitas estarían en esta hora fuera de sus puestos y enfrentando procesos judiciales por su evidente responsabilidad en la tragedia.
En vez de eso, Karam todavía se da el lujo de reconocer que no tiene en orden una documentación que, por ordinaria, tiene la obligación de mantener al día: la lista con los nombres de quienes tienen concesionado el negocio de las guarderías en todo el país.
A pesar de que prometió hacer público el documento hace dos semanas, el jueves admitió que aún no hay fecha para esa entrega porque están "en la recopilación de datos". O sea ¿cómo hace el Seguro Social para pagar cada mes el dinero que corresponde a los tenedores de esas concesiones si ni incluso sabe a quien debe acreditar dichos pagos?
Y sin embargo, no es la primera vez que un funcionario calderonista aduce una justificación tan vil para evadir su responsabilidad. En enero, el propio Gómez Mont dedicó varias semanas a "estudiar" si la secretaría a su cargo tenía facultades para intervenir en el caso en que el duopolio televisivo transgredió abiertamente la ley al interrumpir el Súper Bowl para transmitir quince minutos continuos de propaganda electoral.
Si cada vez que se presenta un problema, el funcionario en cuestión debe "estudiar" si tiene facultades y cuál es el alcance de éstas, bien vale preguntar ¿qué hace entonces cobrando jugosos sueldos y comisiones a cuenta de un trabajo que desconoce?
De lo que se trata en realidad es de "rasurar" y acomodar esa relación de concesionarios para que en ella no figuren --como se presupone-- apellidos que revelarían como esas subrogaciones se han hecho de manera irregular y mediante licitaciones simuladas en favor de amigos, parientes y protegidos; es decir, de la high society, o en terminos llanos, de las oligarquías regionales que se reparten los negocios en este país.
En otro acto escenográfico se anunció que la Procuraduría General de la República (PGR) atraerá el caso del asesinato de niños en Sonora. Por el modo y la circunstancia en que se hizo --con Gómez Mont lanzando admoniciones contra el gobernador de Sonora-- ese anuncio parece configurar más bien una amenaza contra Bours, en lo que constituye una muestra más de cómo Calderón utiliza las instituciones para sus venganzas personales.
Ya se sabe el modo faccioso en que la PGR y su titular, Eduardo Medina Mora, suelen fabricar culpables o montar shows televisivos en los que se atrapa a delincuentes ante las cámaras de la televisión convenientemente instaladas previamente en el lugar de los hechos.
Así, la intervención de la PGR será una forma más para seguir enredando el caso, para dejar que el tiempo siga su marcha, para manipular las pruebas hasta que un día salgan a decirnos que pasó tanto tiempo que ya no es posible desentrañar el caso y menos saber qué ocurrió realmente ni quienes fueron los responsables.
Habrá que estar atentos al curso de las indagaciones de la PGR, uno de cuyos primeros pasos deberá ser el citar a declarar a los dueños de la guardería que increíblemente, luego de tres semanas de la tragedia, aún no comparecen ante ninguna autoridad.
Acaso ello se deba a que una de esas dueñas lleva los apellidos Gómez del Campo, los mismos que ostenta Margarita Zavala de Calderón. Veremos.
¡Hasta la próxima!
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