miércoles, 11 de mayo de 2011

Pacto por la paz con justicia y dignidad (Síntesis)

Foto: Yadin Xolalpa/El Universal
 I. RAZONES Y URGENCIA

Ante la emergencia nacional, hoy más que nunca resulta necesario tomar medidas urgentes para detener esta guerra con su escalada de violencia y regenerar el tejido social y comunitario.

Este momento histórico adverso y profundamente violento es resultado de estructuras económicas y sociales que generan desigualdad y exclusión Aquí impera la muerte lenta causada por la miseria la pobreza el desempleo la falta de oportunidades para el desarrollo pleno de nuestras vidas y por la destrucción del ambiente.

La guerra contra el narcotráfico es una manifestación de políticas y acuerdos internacionales que sitúan a México como el campo de batalla donde a los pobres de este país y Centroamérica les toca pagar una alta cuota de vidas humanas para que las drogas lleguen a su destino y consoliden grandes negocios.

Frente a este escenario el Estado ha optado por una estrategia militar para enfrentar al crimen organizado y la protesta social privilegiando un proceso de militarización intensivo y extensivo de la seguridad pública no sólo por el amplio despliegue de las fuerzas militares en territorio nacional sino también por la creciente presencia de los mandos castrenses en la dirección de las policías civiles.

Resultado de esta estrategia que pone en el centro la confrontación violenta es una guerra civil donde mexicanos matan mexicanos generando 40 mil ejecuciones en lo que va del sexenio.

Sólo en el mes pasado en abril se contabilizaron mil 427 asesinatos considerando los cuerpos hallados en las narcofosas Las víctimas civiles se cuentan ya por miles en todo el país más de 230 mil personas desplazadas 10 mil huérfanos la Redim calcula 30 mil aunque no es una cifra oficial 10 mil secuestros de migrantes más de 30 alcaldes asesinados.

Un componente fundamental que explica esta escalada de violencia y guerra es la enorme corrupción y su infiltración en el Estado en todos sus niveles.

La impunidad es otro de los factores que determinan lo que hoy sucede en el país 98 3 de los delitos quedan impunes Tenemos un sistema de procuración e impartición de justicia incapaz de investigar y sancionar a quienes cometen los delitos y la violación de derechos.

II. VISIÓN COMÚN CON EXIGENCIAS MÍNIMAS Y COMPROMISOS

1. Exigimos esclarecer asesinatos y desapariciones y nombrar a las víctimas

Proponemos a la sociedad y planteamos la exigencia y mandato a las autoridades acciones de corto y mediano plazo que inicien un nuevo camino de paz con justicia y dignidad.

A.- Se deben esclarecer y resolver los asesinatos las desapariciones los secuestros las fosas clandestinas la trata de personas y el conjunto de delitos que han agraviado a la sociedad Determinar la identidad de todas las víctimas de homicidio es un requisito indispensable para generar confianza.

B.- Exigimos a las autoridades estatales y federal la resolución pública que presente a los autores intelectuales y materia les de algunos de los casos emblemáticos que han agraviado a la sociedad entre ellos la familia Reyes Marisela Escobedo y su hija Rubí Bety Cariño y Jirí Jaakola las niñas y niños de la guardería ABC la familia Le Barón los jóvenes de Villas de Salvárcar los jóvenes de Morelos.

C.- Convocamos a la sociedad civil a rescatar la memoria de las víctimas de la violencia a no olvidar y exigir justicia colocando en cada plaza o espacio público placas con los nombres de las víctimas.

2. Exigimos poner fin a la estrategia de guerra y asumir un enfoque de seguridad ciudadana

A.- Se debe cambiar el enfoque militarista y la estrategia de guerra de la seguridad pública y asumir una nueva estrategia de seguridad ciudadana con enfoque en los derechos humanos.

B(I).- Exigimos que antes de dos meses los Congresos locales aprueben la reforma constitucional en derechos humanos y sea publicada para darle plena efectividad y que en el mismo plazo se instituya el mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos.

B(II).- Exigimos que no se aprueben leyes o normas que conculquen los derechos humanos y las garantías individuales bajo el concepto de seguridad nacional y que no se aprueben las modificaciones propuestas al dictamen de la Ley de Seguridad Nacional.

3. Exigimos combatir la corrupción y la impunidad

A.- Se requiere una amplia reforma en la procuración y administración de justicia que dote de verdadera autonomía al Ministerio Público y al Poder Judicial que establezca el control ciudadano sobre las policías y los cuerpos de seguridad avance en la reforma de los juicios orales y establezca sistemas más efectivos de control judicial que reduzcan la discrecionalidad en los procedimientos y resoluciones de fondo La justicia no puede seguir al servicio de intereses y cálculos políticos También se requiere legislar para generar la capacidad y atribuciones de investigación y consignación de funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno en casos de corrupción.

B.- Exigimos que en máximo 6 meses el Congreso elimine el fuero de legisladores y funcionarios de los tres órdenes de gobierno en materia de actos de corrupción delitos del orden común y de crimen organizado.

4 Exigimos combatir la raíz económica y las ganancias del crimen

A.- La criminalidad y su violencia tiene como su motor las ganancias derivadas del narcotráfico los secuestros la trata de personas la extorsión la venta de protección y demás delitos que después reinyectan los recursos en la economía mediante el lavado de dinero Exigimos un combate frontal al lavado de dinero y activos de los delincuentes mediante la creación de unidades autónomas de investigación patrimonial en coordinación con fa Unidad Federal de Inteligencia Financiera que permitan reunir material probatorio para formular acusaciones y dictar sentencias por los actos de negocios ilegales.

B.- Exigimos la presentación de un Informe a la Nación sobre los resultados de la investigación patrimonial y el lavado de dinero que muestre los casos más notorios que se han sancionado en este sexenio y sobre el avance en la integración de las Unidades de investigación sobre lavado de dinero de las 32 entidades federativas y la federal.

5. Exigimos la atención de emergencia a la juventud y acciones efectivas de recuperación del tejido social

A.- La seguridad ciudadana no se resolverá con armas y violencia Exigimos una política económica y social que genere oportunidades reales de educación salud cultura y empleo para jóvenes porque son las y los principales víctimas de esta estrategia Exigimos la recuperación del carácter público de la educación y romper el control corporativo que ejerce la cúpula del SNTE sobre la política educativa así como el incremento inmediato en los recursos destinados a las acciones sociales de seguridad ciudadana al menos en la misma proporción de los destinados a las fuerzas armadas y de seguridad pública.

B.- Exigimos que en los próximos 3 meses se establezca un programa especial de emergencia nacional para y de jóvenes que invierta las prioridades del presupuesto garantizando al menos lo mismo que se destina a seguridad para la construcción de escuelas y el aumento de la matrícula en educación secundaria media superior y superior un sistema universal de becas para estudiantes de secundaria EMS y superior de escuelas públicas así como recursos para proyectos culturales deportivos productivos y sociales realizados por los propios Jóvenes y sus organizaciones como actores de reconstrucción del tejido social en sus barrios comunidades y unidades habitacionales.

6 Exigimos democracia participativa

Mejor democracia representativa y democratización en los medios de comunicación. La seguridad requiere democracia y nuevos medios de participación ciudadana Exigimos que se amplíen los medios e instrumentos de participación ciudadana en los asuntos públicos mediante el reconocimiento institucional de la consulta popular las candidaturas independientes la revocación de mandato, la contraloría social y las acciones colectivas.

Se requiere una política de Estado en materia de telecomunicaciones que rompa en el menor tiempo posible los monopolios y genere una amplia democratización y apertura no sólo a la competencia sino al fortalecimiento de los medios públicos.

Exigimos a la Cámara de Diputados que en un periodo extraordinario a más tardar en dos meses apruebe la minuta de reforma política constitucional aprobada por el Senado que establece la consulta popular la iniciativa legislativa las candidaturas independientes y la reelección inmediata de legisladores y alcaldes.

III PARA INICIAR EL CAMINO

Proponemos dos momentos para lograr esto:

-Un pacto ciudadano entre los miembros de la sociedad civil y;

-En un segundo momento, una serie de planteamientos y de mandatos de exigencias a los gobernantes a los líderes de los partidos políticos y a los factores de poder.

Este momento requiere la participación de todas y todos el Pacto de la sociedad civil implica un esfuerzo de unidad y organización de la sociedad civil nacional para que tengamos una voz y acciones con el fin de parar esta guerra y la violencia social corrupción e impunidad que nos está destruyendo como personas y como nación.

El 10 de junio nos reuniremos en Ciudad Juárez con las Comisiones de Verificación y Sanción que la sociedad civil nacional establecerá en este tiempo con especialistas y gente honorable para cada uno de los 6 puntos.

Durante este periodo hasta el 10 de junio las Comisiones con las aportaciones del resto de la sociedad civil irán especifican do con más detalle las acciones correspondientes a cada exigencia.

Invitamos a toda la ciudadanía en las comunidades barrios colonias lugares de trabajo a aportar en esta discusión y construir espacios de reflexión y acción colectiva nacional permanentes.

Hacemos además un llamado a nuestros compatriotas que radican allá y al pueblo de los Estados Unidos de América para que apoyen nuestra movilización y exijan al gobierno y al Congreso de ese país que detengan el flujo de armas hacia México y el lavado de dinero.

lunes, 9 de mayo de 2011

Nuevo pacto o fractura nacional


(Texto leído por Javier Sicilia en el zócalo de la ciudad de México, el domingo 8 de mayo de 2011, al concluir la Marcha por la paz con dignidad y justicia que encabezó desde Cuernavaca, Morelos).

Hemos llegado a pie, como lo hicieron los antiguos mexicanos, hasta este sitio en donde ellos por vez primera contemplaron el lago, el águila, la serpiente, el nopal y la piedra, ese emblema que fundó a la nación y que ha acompañado a los pueblos de México a lo largo de los siglos.

Hemos llegado hasta esta esquina donde alguna vez habitó Tenochtitlan -a esta esquina donde el Estado y la Iglesia se asientan sobre los basamentos de un pasado rico en enseñanzas y donde los caminos se encuentran y se bifurcan-; hemos llegado aquí para volver a hacer visibles las raíces de nuestra nación, para que su desnudez, que acompañan la desnudez de la palabra, que es el silencio, y la dolorosa desnudez de nuestros muertos, nos ayuden a alumbrar el camino.

Si hemos caminado y hemos llegado así, en silencio, es porque nuestro dolor es tan grande y tan profundo, y el horror del que proviene tan inmenso, que ya no tienen palabras con qué decirse. Es también porque a través de ese silencio nos decimos, y les decimos a quienes tienen la responsabilidad de la seguridad de este país, que no queremos un muerto más a causa de esta confusión creciente que sólo busca asfixiarnos, como asfixiaron el aliento y la vida de mi hijo Juan Francisco, de Luis Antonio, de Julio César, de Gabo, de María del Socorro, del comandante Jaime y de tantos miles de hombres, mujeres, niños y ancianos asesinados con un desprecio y una vileza que pertenecen a mundos que no son ni serán nunca los nuestros; estamos aquí para decirnos y decirles que este dolor del alma en los cuerpos no lo convertiremos en odio ni en más violencia, sino en una palanca que nos ayude a restaurar el amor, la paz, la justicia, la dignidad y la balbuciente democracia que estamos perdiendo; para decirnos y decirles que aún creemos que es posible que la nación vuelva a renacer y a salir de sus ruinas, para mostrarles a los señores de la muerte que estamos de pie y que no cejaremos de defender la vida de todos los hijos y las hijas de este país, que aún creemos que es posible rescatar y reconstruir el tejido social de nuestros pueblos, barrios y ciudades.

Si no hacemos esto solamente podremos heredar a nuestros muchachos, a nuestras muchachas y a nuestros niños una casa llena de desamparo, de temor, de indolencia, de cinismo, de brutalidad y engaño, donde reinan los señores de la muerte, de la ambición, del poder desmedido y de la complacencia y la complicidad con el crimen.

Todos los días escuchamos historias terribles que nos hieren y nos hacen preguntarnos: ¿Cuándo y en dónde perdimos nuestra dignidad? Los claroscuros se entremezclan a lo largo del tiempo para advertirnos que esta casa donde habita el horror no es la de nuestros padres, pero sí lo es; no es el México de nuestros maestros, pero sí lo es; no es el de aquellos que ofrecieron lo mejor de sus vidas para construir un país más justo y democrático, pero sí lo es; esta casa donde habita el horror no es el México de Salvador Nava, de Heberto Castillo, de Manuel Clouthier, de los hombres y mujeres de las montañas del sur -de esos pueblos mayas que engarzan su palabra a la nación- y de tantos otros que nos han recordado la dignidad, pero sí lo es; no es el de los hombres y mujeres que cada amanecer se levantan para ir a trabajar y con honestidad sostenerse y sostener a sus familias, pero sí lo es; no es el de los poetas, de los músicos, de los pintores, de los bailarines, de todos los artistas que nos revelan el corazón del ser humano y nos conmueven y nos unen, pero sí lo es.

Nuestro México, nuestra casa, está rodeada de grandezas, pero también de grietas y de abismos que al expandirse por descuido, complacencia y complicidad nos han conducido a esta espantosa desolación.
Son esas grietas, esas heridas abiertas, y no las grandezas de nuestra casa, las que también nos han obligado a caminar hasta aquí, entrelazando nuestro silencio con nuestros dolores, para decirles directamente a la cara que tienen que aprender a mirar y a escuchar, que deben nombrar a todos nuestros muertos -a esos que la maldad del crimen ha asesinado de tres maneras: privándolos de la vida, criminalizándolos y enterrándolos en las fosas comunes de un silencio ominoso que no es el nuestro-; para decirles que con nuestra presencia estamos nombrando esta infame realidad que ustedes, la clase política, los llamados poderes fácticos y sus siniestros monopolios, las jerarquías de los poderes económicos y religiosos, los gobiernos y las fuerzas policiacas han negado y quieren continuar negando. Una realidad que los criminales, en su demencia, buscan imponernos aliados con las omisiones de los que detentan alguna forma de poder.

Queremos afirmar aquí que no aceptaremos más una elección si antes los partidos políticos no limpian sus filas de esos que, enmascarados en la legalidad, están coludidos con el crimen y tienen al Estado maniatado y cooptado al usar los instrumentos de éste para erosionar las mismas esperanzas de cambio de los ciudadanos. O ¿dónde estaban los partidos, los alcaldes, los gobernadores, las autoridades federales, el ejército, la armada, las Iglesias, los congresos, los empresarios; dónde estábamos todos cuando los caminos y carreteras que llevan a Tamaulipas se convirtieron en trampas mortales para hombres y mujeres indefensos, para nuestros hermanos migrantes de Centroamérica?

¿Por qué nuestras autoridades y los partidos han aceptado que en Morelos y en muchos estados de la República gobernadores señalados públicamente como cómplices del crimen organizado permanezcan impunes y continúen en las filas de los partidos y a veces en puestos de gobierno? ¿Por qué se permitió que diputados del Congreso de la Unión se organizaran para ocultar a un prófugo de la justicia, acusado de tener vínculos con el crimen organizado y lo introdujeron al recinto que debería ser el más honorable de la patria porque en él reside la representación plural del pueblo y terminaran dándole fuero y después aceptando su realidad criminal en dos vergonzosos sainetes? ¿Por qué se permitió al presidente de la República y por qué decidió éste lanzar al ejército a las calles en una guerra absurda que nos ha costado 40 mil víctimas y millones de mexicanos abandonados al miedo y a la incertidumbre? ¿Por qué se trató de hacer pasar, a espaldas de la ciudadanía, una ley de seguridad que exige hoy, más que nunca una amplia reflexión, discusión y consenso ciudadano?

La Ley de Seguridad Nacional no puede reducirse a un asunto militar. Asumida así es y será siempre un absurdo. La ciudadanía no tiene por qué seguir pagando el costo de la inercia e inoperancia del Congreso y sus tiempos convertido en chantaje administrativo y banal cálculo político. ¿Por qué los partidos enajenan su visión, impiden la reforma política y bloquean los instrumentos legales que permitan a la ciudadanía una representación digna y eficiente que controle todo tipo de abusos? ¿Por qué en ella no se ha incluido la revocación del mandato ni el plebiscito?

Estos casos -hay cientos de la misma o de mayor gravedad- ponen en evidencia que los partidos políticos, el PAN, el PRI, el PRD, el PT, Convergencia, Nueva Alianza, el Panal, el Verde, se han convertido en una partidocracia de cuyas filas emanan los dirigentes de la nación. En todos ellos hay vínculos con el crimen y sus mafias a lo largo y ancho de la nación. Sin una limpieza honorable de sus filas y un compromiso total con la ética política, los ciudadanos tendremos que preguntarnos en las próximas elecciones ¿por qué cártel y por qué poder fáctico tendremos que votar? ¿No se dan cuenta de que con ello están horadando y humillando lo más sagrado de nuestras instituciones republicanas, que están destruyendo la voluntad popular que mal que bien los llevó a donde hoy se encuentran?

Los partidos políticos debilitan nuestras instituciones republicanas, las vuelven vulnerables ante el crimen organizado y sumisas ante los grandes monopolios; hacen de la impunidad un modus vivendi y convierten a la ciudadanía en rehén de la violencia imperante.

Ante el avance del hampa vinculada con el narcotráfico, el Poder Ejecutivo asume, junto con la mayoría de la mal llamada clase política, que hay sólo dos formas de enfrentar esa amenaza: administrándola ilegalmente como solía hacerse y se hace en muchos lugares o haciéndole la guerra con el ejército en las calles como sucede hoy. Se ignora que la droga es un fenómeno histórico que, descontextualizado del mundo religioso al que servía, y sometido ahora al mercado y sus consumos, debió y debe ser tratado como un problema de sociología urbana y de salud pública, y no como un asunto criminal que debe enfrentarse con la violencia. Con ello se suma más sufrimiento a una sociedad donde se exalta el éxito, el dinero y el poder como premisas absolutas que deben conquistarse por cualquier medio y a cualquier precio.

Este clima ha sido tierra fértil para el crimen que se ha convertido en cobros de piso, secuestros, robos, tráfico de personas y en complejas empresas para delinquir y apropiarse del absurdo modelo económico de tener siempre más a costa de todos.

A esto, ya de por sí terrible, se agrega la política norteamericana. Su mercado millonario del consumo de la droga, sus bancos y empresas que lavan dinero, con la complicidad de los nuestros, y su industria armamentista -más letal, por contundente y expansiva, que las drogas-, cuyas armas llegan a nuestras tierras, no sólo fortalecen el crecimiento de los grupos criminales, sino que también los proveen de una capacidad inmensa de muerte. Los Estados Unidos han diseñado una política de seguridad cuya lógica responde fundamentalmente a sus intereses globales donde México ha quedado atrapado.

¿Como reestructurar esta realidad que nos ha puesto en un estado de emergencia nacional? Es un desafío más que complejo. Pero México no puede seguir simplificándolo y menos permitir que esto ahonde más sus divisiones internas y nos fracture hasta hacer casi inaudibles el latido de nuestros corazones que es el latido de la nación. Por eso les decimos que es urgente que los ciudadanos, los gobiernos de los tres órdenes, los partidos políticos, los campesinos, los obreros, los indios, los académicos, los intelectuales, los artistas, las Iglesias, los empresarios, las organizaciones civiles, hagamos un pacto, es decir, un compromiso fundamental de paz con justicia y dignidad, que le permita a la nación rehacer su suelo, un pacto en el que reconozcamos y asumamos nuestras diversas responsabilidades, un pacto que le permita a nuestros muchachos, a nuestras muchachas y a nuestros niños recuperar su presente y su futuro, para que dejen de ser las víctimas de esta guerra o el ejército de reserva de la delincuencia.

Por ello, es necesario que todos los gobernantes y las fuerzas políticas de este país se den cuenta que están perdiendo la representación de la nación que emana del pueblo, es decir, de los ciudadanos como los que hoy estamos reunidos en el zócalo de la Ciudad de México y en otras ciudades del país.
Si no lo hacen, y se empeñan en su ceguera, no sólo las instituciones quedarán vacías de sentido y de dignidad, sino que las elecciones de 2012 serán las de la ignominia, una ignominia que hará más profundas las fosas en donde, como en Tamaulipas y Durango, están enterrando la vida del país.

Estamos, pues, ante una encrucijada sin salidas fáciles, porque el suelo en el que una nación florece y el tejido en el que su alma se expresa están deshechos. Por ello, el pacto al que convocamos después de recoger muchas propuestas de la sociedad civil, y que en unos momentos leerá Olga Reyes, que ha sufrido el asesinato de 6 familiares, es un pacto que contiene seis puntos fundamentales que permitirán a la sociedad civil hacer un seguimiento puntual de su cumplimiento y, en el caso de traicionarse, penalizar a quienes sean responsables de esas traiciones; un pacto que se firmará en el Centro de Ciudad Juárez -el rostro más visible de la destrucción nacional- de cara a los nombres de nuestros muertos y lleno de un profundo sentido de lo que una paz digna significa.

Antes de darlo a conocer, hagamos un silencio más de 5 minutos en memoria de nuestros muertos, de la sociedad cercada por la delincuencia y un Estado omiso, y como una señal de la unidad y de la dignidad de nuestros corazones que llama a todos a refundar la Nación. Hagámoslo así porque el silencio es el lugar en donde se recoge y brota la palabra verdadera, es la hondura profunda del sentido, es lo que nos hermana en medio de nuestros dolores, es esa tierra interior y común que nadie tiene en propiedad y de la que, si sabemos escuchar, puede nacer la palabra que nos permita decir otra vez con dignidad y una paz justa el nombre de nuestra casa: México.

sábado, 7 de mayo de 2011

La marcha y sus perspectivas


La marcha por la paz con justicia y dignidad, convocada por el poeta Javier Sicilia y que culminará este domingo 8 de mayo en el Zócalo de la ciudad de México, tras haber iniciado en Cuernavaca, Morelos el pasado jueves 5 de mayo, podría convertirse en el movimiento ciudadano que estaba faltando para inducir cambios en la estructura política del país.

Como la gran movilización ciudadana que tuvo lugar tras los sismos de 1985 en México, y que hizo a la población advertir las posibilidades de su acción organizada, este nuevo movimiento parece la gran oportunidad para que la ciudadanía recupere el protagonismo que debe tener en la conducción de los asuntos públicos del país.

Ese y no otro parece ser el sentido de las afirmaciones de Javier Sicilia cuando dice que no se trata de un movimiento contra el gobierno, sino de establecer un pacto ciudadano para iniciar la reconstrucción del tejido social roto por la violencia; para rehacer las instituciones públicas, reformarlas y refundar la nación.

No es poca cosa. Se trata de afirmaciones, cuyo contenido encierra el germen de un nuevo sistema político, diferente al que ha prohijado las actuales condiciones de violencia incluida la institucional.

Ese gran pacto ciudadano será seguramente el eje del discurso de Sicilia este domingo, pero deberá estar acompañado de las propuestas programáticas que permitan, a partir del día siguiente, convertirlo en un hecho y que hagan viable la confluencia, sin exclusiones con cargo a una disputa por radicalismos ideológicos, de todos los movimientos y organizaciones que plantean, así sea con diferentes grados, plataformas, ideologías y ritmos, la transformación de esta nación.

Esa gran unidad resulta urgente, dada la gran tarea por venir. Y es que cuando se habla de reconstruir el tejido social, no se trata sólo de erigir campos deportivos o áreas verdes o escuelas técnicas, como pretende el gobierno (véase al efecto el programa gubernamental Todos somos Juárez), sino de convocar a un gran debate nacional sobre educación, cultura, economía, política, salud, del cual deba emerger un nuevo pacto social sobre el que construir el futuro.

¿Pues no que se trataba sólo de marchar contra la violencia? Se preguntarán algunos. En efecto, por lo pronto, es preciso presionar al grupo en el poder, cuya cabeza visible es Felipe Calderón, para que modifique la a todas luces fallida, cuando no simulada, estrategia con la que se dice combatir al crimen organizado.

Pero existe una violencia anterior a la generada por el crimen organizado y que contribuye a crear las condiciones que lo hacen florecer: la violencia institucional. Aquella que no necesita de balas, ni de pistolas ni de sicarios a sueldo (aunque los funcionarios de alto nivel serían sus homólogos), pero que igual mata, viola, atropella, y cancela silenciosamente, bajo el ropaje de las leyes, las posibilidades de sobrevivencia, trabajo, justicia, igualdad, salud, casa, alimentación y educación de las mayorías.

De ahí la necesidad de la refundación a que ha convocado Javier Sicilia. Y la marcha de este domingo 8 de mayo –sin ánimo de cargarle responsabilidades mayores a las que se ha propuesto—deberá delinear los causes políticos, los contenidos programáticos y las formas organizativas que adoptará el gran pacto ciudadano, pues no será sólo con exigencias y consignas como se alcanzará la transformación deseada.

Así lo hace ver la postura de Felipe Calderón reiterada desde la noche anterior al inicio de la marcha en un mensaje televisivo, y durante la conmemoración de la batalla de Puebla: la estrategia no se modificará, “eso no ocurrirá”; el retiro de la guerra contra el narcotráfico “no es opción” porque tenemos de nuestro lado “la ley, la razón y la fuerza”.

Como muy pocas ocasiones en el pasado inmediato, las posturas están claras: más allá de la retórica política y de la manipulación de los medios de comunicación, lo que hay y resulta ya inocultable es un pueblo enfrentado contra la clase política y contra quien detenta el cargo más elevado dentro de esa clase: la presidencia de la república.

Un pueblo en abierto desacuerdo con la conducción del país y un gobierno que con autoritarismo insiste en las políticas que producen ese desacuerdo configuran lo que no puede ser catalogado sino como una dictadura.

A eso hemos llegado en México. De ahí que la marcha puede representar el inicio de la organización ciudadana pacífica contra ese engendro.

miércoles, 4 de mayo de 2011

Tortura condujo a Bin Laden

José Morales, un ex jefe del Centro de  Antiterrorismo de la CIA reveló a la revista Time que los interrogatorios con tortura a sospechosos de terrorismo condujeron eventualmente a la localización y asesinato de Osama Bin Laden.

Rodríguez trabajó para la CIA entre 2002 y 2005, periodo en que los líderes de Al Qaeda, Khalid Sheikh Mohammad (KSM) y Abu Faraj al-Libbi fueron tomados en custodia y sometidos a "Técnicas Especiales de Interrogación" (EIT's, por sus siglas en inglès) en prisiones secretas del extranjero.

La información proporcionada por KSM y Abu Faraj al Libbi acerca del mensajero de Bin Laden fue la principal información que condujo a su localización y posterior ejecusión. La afirmación de Rodríguez produjo críticas de la Casa Blanca.

"No hay evidencia de que la información obtenida mediante EIT's fue el principal elemento de inteligencia que nos condujo al líder de Al Qaeda", dijo Tommy Vietor, vocero del Consejo de Seguridad Nacional. "Tomó años de colección y análisis de muy diversas fuentes para desarrollar el caso que nos permitió identificar sus componentes y formarnos la idea de que Bin Laden estaba probablemente viviendo allí".

Rodríguez concuerda en que otros elementos de inteligencia tuvieron un rol en la ubicación del paradero del terrorista, la información de KSM y Abu Faraj fue la más importante. Este último "no fue sometido a la tortura del submarino (hundir su cabeza en agua durante varios minutos), pero su información sobre el mensajero fue clave".

Faraj dijo a los interrogadores que el mensajero llevaría comunicados de Bin Laden al mundo exterior cada dos meses o más. "Me di cuenta de que el líder no estaba realmente al frente de su organización. Tú no puedes liderear una organización si tienes un mensajero que lleva comunicados cada dos meses", dijo Rodríguez.

"Así fue como me convencí de que esta persona era sólo una figura decorativa que no estaba al frente de los golpes tácticos de la organización".

Mientras que algunos reportes sugieren que la información que proporcionó KSM vino semanas o meses después de que fuera sometido a las EIT's, Rodríguez dijo que los tips aportados por Libbi se produjeron sólo una semana después de que fuera sometido a los violentos interrogatorios.

El uso de EIT's fue un escándalo durante el gobierno de Georges W. Bush. Sin embargo, John McLaughlin, subdirector de la Agencia Central de Inteligencia durante la época en la que se utilizó la técnica del submarino, dijo que era un programa deliberado para alentar la docilidad de los testigos, pero "nunca fue concebido como un programa de tortura".

Ninguno de los oficiales del gobierno de Bush hizo, sin embargo, una clara distinción entre "inducir docilidad o deseos de cooperar" (inducing compliance) y tortura.

(Traducido por Contadero de Time on line)