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miércoles, 2 de junio de 2010

Guardería ABC, Calderón y el Estado paralelo

Hoy miércoles, Felipe Calderón recibirá en Los Pinos a un grupo --no a todos-- de padres de los niños fallecidos en el incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, tragedia que este 5 de junio cumplirá un año sin que hasta el momento se haya juzgado y mucho menos condenado a los responsables.

El hecho de que la oficina de quien ocupa la casa presidencial sólo invitara a alguno de los afectados y que haya excluido de esa lista a quienes figuran entre los más activos demandantes de justicia, pinta claraamente el modo en que el "gobierno" panista "dirige" el país.

Se ha acusado a Calderón de encabezar un gobierno no sólo de facto, sino también faccioso, es decir, de actuar en favor de los intereses de un grupo político-económico y en perjuicio del resto de la población.

Así, la actual descomposición social que se manifiesta en las actuales crisis social, económica, de seguridad, de justicia, de derechos humanos y laboral, entre otras, no es más que la expresión o el resultado acumulado de la acción de grupos que, dentro del bloque hegemónico, se disputan el poder político mediante reacomodos que incluyen la violencia --ahí está el secuestro de Diego Fernández de Cevallos-- y hasta el crimen.

En esa lucha intestina figura desde luego el llamado crimen organizado, mediante una de sus vertientes más influyentes por su poder económico y de fuego: el narcotráfico.

En ese contexto, Calderón actúa ya sin el menor recato por las formas y desembozadamente se declara enemigo, incluso militante, de quienes no comulgan con su ideología conservadora o con los intereses del bando que representa dentro del bloque hegemónico.

En el caso de la Guardería ABC, hay por lo menos dos personajes del bando de Calderón implicados: la dueña de la propia guardería, Marcia Gómez del Campo, quien resultó prima de la esposa del michoacano, Margarita Zavala, y el ex director del IMSS y hoy secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, como se desprende de la rigurosa investigación llevada a cabo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los padres de los niños muertos en Hermosillo que se han organizado en el Movimiento 5 de junio, que han seguido de cerca las investigaciones, que han cuestionado, denunciado y reclamado al propio Calderón los modos oficiales de hacer o no hacer las cosas, y que han presionado en busca de justicia, son a quienes el panista no recibirá.

Se reunirá en cambio, con aquellos progenitores igualmente agraviados, pero que han decidido marcharse en silencio a casa con su dolor a cuestas. Ese es el prototipo de ciudadanos con los que Calderón se siente a gusto y a los que, digamos de paso, están dirigidas las arengas patrioteras, como la que Javier Aguirre protagoniza por estos días y horas por los canales de radio y televisión.

La sociedad que se organiza, que exige sus derechos y que adopta iniciativas para incidir en sus propios problemas, que es paradógicamente a lo que se invita en aquellos mensajes sensibleros, resulta, ya en la realidad, molesta, incómoda, inatendible y, en una de esas, hasta objetivos criminalizables por atreverse a levantar la voz.

Sobre todo cuando resolver demandas de justicia implique, como en el caso de la guardería incendiada, atentar contra los intereses del grupo en el poder o desproteger a alguno de sus miembros.

No es nuevo. En el caso de los jóvenes asesinados en Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, Calderón no pudo evitar enfrentar a los indignados padres, en su primer viaje a esa ciudad, empujado por la presión social creada tras su desliz de considerar a esos estudiantes como delincuentes. En su segunda visita, ya sólo se reunió con algunos de esos padres, señaladamente los menos beligerantes.

Aunque es algo que ya se sabía, este episodio de recibir y tomarse la foto sólo con los padres resignados, vuelve a desnudar a Calderón haciendo evidente de qué lado están sus intereses. Pero sobre todo, vuelve a poner de manifiesto el hecho de fondo: el poder político y económico en México está secuestrado por poderes fácticos y organizaciones que ya conforman lo que se conoce como Estado paralelo con ramificaciones e intereses internacionales.

Rescatar al país de ese estado de cosas representa el tipo de independencia que hoy se requiere volver a ganar.

¡Hasta la próxima!

martes, 2 de marzo de 2010

Guarderías: el Informe SCJN

Es difícil encontrar un documento tan contundente por la pertinencia de su metodología, lo inequívoco de las pruebas y por la claridad de sus conclusiones como el Informe preeliminar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en la que perdieron la vida 49 niños y otros 75 resultaron dañados.

Y sin embargo, los principales responsables de la tragedia, el ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Juan Molinar Horcasitas y el ex gobernador de la entidad, Eduardo Bours Castello, siguen ahí, impunes y defendiéndose, en el caso del hoy secretario de Comunicaciones y Transportes, con las justificaciones más insólitas.

En cualquier democracia que lo fuera realmente, Molinar sería a esta hora un secretario cesado fulminantemente primero, por la responsabilidad política que le corresponde en las omisiones e irregularidades que condujeron a aquella tragedia y, segundo, para enfrentar la acción penal correspondiente.

Pero estamos en México, donde es seguro que ninguno de las dos consecuencias mencionadas ocurran. Como tampoco ocurrió nada en otros casos igualmente documentados. En efecto, con ser una investigación rigurosa la que ha presentado la Corte en relación con las guarderías, no ha sido la única.

Similares textos se produjeron tras la investigación de los hechos en los casos de Lydia Cacho, el gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz y en el caso de las violaciones de derechos en Atenco, en el que se mencionó expresamente la responsabilidad del gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto.

Y sin embargo nada pasó entonces ni ocurrirá ahora, entre otras razones por lo que dijo Miguel De la Madrid a Carmen Aristegui en aquella entrevista ya legendaria: la impunidad es el aceite que alimenta nuestro sistema político.

Este episodio, sin embargo, añadirá a Felipe Calderón otra descalificación política. A su impugnado origen ha ido sumando la ilegitimidad que deviene de un quehacer político desaseado, mentiroso e ineficaz. Su bandera de la transparencia y rendición de cuentas quedará también hecha jirones al cabo de este episodio.

En todo caso sigue perdiendo oportunidades para legitimarse en función de un compromiso con la legalidad. En vez de eso, cada día se forma en las filas de la ilegalidad y la impunidad. El suyo será, desde ya puede afirmarse, no sólo un gobierno ilegítimo y fallido, también uno de los más corruptos de que se tenga memoria.

¡Hasta la próxima! 

jueves, 2 de julio de 2009

La "justicia" de Calderón

Resulta ya inocultable el manejo político-electoral que quienes ejercen el poder desde Los Pinos han decidido darle al caso de la Guardería ABC de Hermosillo, en cuyo incendio perdieron la vida, hasta ahora, 48 niños.

La tardía atracción de la investigación por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), las maniobras para que el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Daniel Karam, comparezca ante diputados hasta después de las elecciones (para no generar más ruido por los datos y denuncias que de esa presentación puedan derivarse), el incumplimiento del ofrecimiento que el propio Karam formuló hace casi tres semanas de dar a conocer las listas con los nombres de los beneficiarios con las concesiones de guarderías en todo el país.

Y, en fin, el anuncio hecho ayer de que la PGR solicitó hace tres días órdenes de aprehensión por delitos no graves en contra de nueve personas, entre ellas Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, prima de la esposa del señor Felipe Calderón, Margarita Zavala.

Éste último anuncio ocurre sólo dos días después de que Calderón ofreciera desde Panamá que los responsables de la tragedia serían llevados ante la justicia "caiga quien caiga, tope donde tope", sin distingos de relaciones políticas, parentescos o filiaciones partidistas.

En el críptico lenguaje a que está acostumbrada nuestra clase política (que tiene todo, menos clase, como alguien ha dicho con tino), Calderón aludía sin duda a la prima de su esposa. Como para "demostrar" a una ciudadanía que está a punto de acudir a las urnas que la palabra presidencial tiene inmediato reflejo en los hechos, se hace este anuncio a cuatro días de esas elecciones.

Calderón podrá así decir que cumplió su palabra de llevar a los implicados ante los tribunales. Formalmente eso habrá sido cierto, pero habrá faltado a su compromiso de hacer justicia. Veamos por qué:

Sus abogados encontraron una salida jurídica muy conveniente, pues las órdenes de aprehención hablan del delito por homicidio culposo, es decir, un delito considerado no grave por la legislación penal federal, lo que permitirá a los acusados (léase a su prima política) librar la cárcel con una fianza o mediante un amparo y, al cabo de un juicio seguramente a modo, quedar libre de responsabilidad por no contar en su guardería con puertas principal y de emergencia de dimensiones adecuadas, ni con los extintores suficientes.

Aunque más que el propio incendio, esos incumplimientos habrían sido la causa de que tantos niños perecieran quemados en el lugar, no fueron considerados para hacer a los implicados una imputación por homicidio doloso.

Se manipula de ese modo la justicia, pese a que, según expuso ayer el procurador Eduardo Medina Mora, la Procuraduría encontró que

El dictamen pericial de referencia concluye que las instalaciones de la Guardería ABC...no cumplían con las condiciones de seguridad industrial de la normatividad de la materia, tanto federal, como local y municipal, así como en materia de protección civil, conforme a lo establecido en la Ley de Protección Civil y su Reglamento para el estado de Sonora y la normatividad municipal aplicable.
Ninguna de esas consideraciones habrían servido para investigar por qué o de qué manera los dueños de la guardería consiguieron que su negocio funcionara con tantas irregularidades. ¿o no es doloso realizar maniobras fraudulentas destinadas a engañar, en este caso para transgredir la normatividad vigente?

Pero Calderón, ya podrá decir que hizo justicia, pues "haiga sido como haiga sido" la prima de su esposa, dirán, fue juzgada y encontrada inocente de la muerte de esos sí, 48 inocentes.

¡Hasta la próxima!

sábado, 27 de junio de 2009

Guarderías: impunidad y simulación

La tragedia de Hermosillo, que ya cobró la vida de 47 infantes, refleja crudamente el desmoronamiento del sistema político mexicano.

Es, además, una prueba incontrastable de cómo aquí no hubo ni podrá haber, mientras persistan las actuales instituciones, una auténtica transición a la democracia.

Se trata de un caso paradigmático que ilustra con suficiencia cómo en México la ley --esa abstracción-- llega hasta donde lo permiten los intereses --esos sí de carne y hueso-- de políticos venales.

El espectáculo ofrecido esta semana por el gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, y las autoridades federales encabezadas por el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, caracterizado por el abierto intercambio de imputaciones, lo único que revela son las tensiones entre los gobiernos estatal y federal para encubrir y mantener en la impunidad a sus respectivos protegidos, entre quienes figura, de modo principal, la señora Marcia Gómez del Campo, dueña de la guardería siniestrada y prima de la esposa de Felipe Calderón.

De paso develó el talante autoritario del gobierno blanquiazul, pues el lenguaje utilizado por Gómez Mont contra Bours, no sólo resultó anacrónico sino ominoso. "Lo que no acepté ni le acepto al señor gobernador es el tono altanero con que se refiere al Presidente de la República.", dijo el secretario de Gobernación.

Esa declaración nos reinstaló de pronto en la prehistoria política, de la que en realidad no hemos salido, cuando resultaba casi un delito contradecir, o aun mostrarle críticas al Presidente, pues éste era una figura intocada y sacrosanta que encarnaba "los más altos intereses de la nación". Gómez Mont nos ha hecho saber ahora que esa concepción retrógrada es la que priva en el grupo gobernante.

El propio Calderón había ya dado muestras de ello, cuando dijo el martes, en clara alusión a los tibios reclamos del zarandeado Leonel Godoy, gobernador de Michoacán, que él no necesitaba pedir permiso a ninguna autoridad para combatir la delincuencia.

Ese combate se ha convertido, pues, en la coartada perfecta que el gobierno blande contra sus críticos cada vez que viola garantías individuales, atropella soberanías y transgrede el pacto federal, o para avanzar hacia un Estado de excepción con el ejército en las calles como amenaza velada ante quien ose siquiera levantarle la voz al Presidente.

Pero vengamos de nuevo al caso de la guardería que enlutó a decenas de familias en Hermosillo. En un auténtico Estado de derecho, el director del IMSS, Daniel Karam y el ex director del organismo, Juan Molinar Horcasitas estarían en esta hora fuera de sus puestos y enfrentando procesos judiciales por su evidente responsabilidad en la tragedia.

En vez de eso, Karam todavía se da el lujo de reconocer que no tiene en orden una documentación que, por ordinaria, tiene la obligación de mantener al día: la lista con los nombres de quienes tienen concesionado el negocio de las guarderías en todo el país.

A pesar de que prometió hacer público el documento hace dos semanas, el jueves admitió que aún no hay fecha para esa entrega porque están "en la recopilación de datos". O sea ¿cómo hace el Seguro Social para pagar cada mes el dinero que corresponde a los tenedores de esas concesiones si ni incluso sabe a quien debe acreditar dichos pagos?

Y sin embargo, no es la primera vez que un funcionario calderonista aduce una justificación tan vil para evadir su responsabilidad. En enero, el propio Gómez Mont dedicó varias semanas a "estudiar" si la secretaría a su cargo tenía facultades para intervenir en el caso en que el duopolio televisivo transgredió abiertamente la ley al interrumpir el Súper Bowl para transmitir quince minutos continuos de propaganda electoral.

Si cada vez que se presenta un problema, el funcionario en cuestión debe "estudiar" si tiene facultades y cuál es el alcance de éstas, bien vale preguntar ¿qué hace entonces cobrando jugosos sueldos y comisiones a cuenta de un trabajo que desconoce?

De lo que se trata en realidad es de "rasurar" y acomodar esa relación de concesionarios para que en ella no figuren --como se presupone-- apellidos que revelarían como esas subrogaciones se han hecho de manera irregular y mediante licitaciones simuladas en favor de amigos, parientes y protegidos; es decir, de la high society, o en terminos llanos, de las oligarquías regionales que se reparten los negocios en este país.

En otro acto escenográfico se anunció que la Procuraduría General de la República (PGR) atraerá el caso del asesinato de niños en Sonora. Por el modo y la circunstancia en que se hizo --con Gómez Mont lanzando admoniciones contra el gobernador de Sonora-- ese anuncio parece configurar más bien una amenaza contra Bours, en lo que constituye una muestra más de cómo Calderón utiliza las instituciones para sus venganzas personales.

Ya se sabe el modo faccioso en que la PGR y su titular, Eduardo Medina Mora, suelen fabricar culpables o montar shows televisivos en los que se atrapa a delincuentes ante las cámaras de la televisión convenientemente instaladas previamente en el lugar de los hechos.

Así, la intervención de la PGR será una forma más para seguir enredando el caso, para dejar que el tiempo siga su marcha, para manipular las pruebas hasta que un día salgan a decirnos que pasó tanto tiempo que ya no es posible desentrañar el caso y menos saber qué ocurrió realmente ni quienes fueron los responsables.

Habrá que estar atentos al curso de las indagaciones de la PGR, uno de cuyos primeros pasos deberá ser el citar a declarar a los dueños de la guardería que increíblemente, luego de tres semanas de la tragedia, aún no comparecen ante ninguna autoridad.

Acaso ello se deba a que una de esas dueñas lleva los apellidos Gómez del Campo, los mismos que ostenta Margarita Zavala de Calderón. Veremos.

¡Hasta la próxima!

lunes, 8 de junio de 2009

Cadena de horrores

A Osvaldo, por tus
maravillosos 15

Es difícil saber si en esta hora de terrible dolor, los padres de los 43 niños fallecidos a causa del incendio ocurrido el viernes 5 en una guardería de Hermosillo, Sonora, se enteraron y se sintieron más reconfortados al escuchar al salvador de la humanidad (Claro, don Felipe Calderón) instruir para que se investigue la tragedia --sí, adivinó usted-- "hasta sus últimas consecuencias".

Así fuera por un mínimo pudor, nuestros gobernantes ya debieran abandonar esa frase tan desafortunada y ominosa. En este país las autoridades se pasan la mitad del tiempo investigando "hasta sus últimas consecuencias" tragedias que no hubieran ocurrido si invirtieran la otra mitad en simplemente hacer su trabajo.

Independientemente de las historias de corrupción infaltables siempre en casos como éste (el dueño que pagó al inspector para que aprobara el funcionamiento del local sin contar con las especificaciones requeridas, el dinero que el inspector compartió con el supervisor para que firmara el informe, los funcionarios del gobierno local que casualmente obtuvieron la concesión del IMSS, etcétera), lo verdaderamente central es cómo el gobierno ha abdicado de sus responsabilidades respecto de la salud de la población.

Lo mismo si se trata de los fondos de pensión --entregados a las administradoras privadas que con el jineteo de esos recursos obtienen más ganancias que los propios trabajadores-- que de la medicina barata con programas demagógicos como el Seguro Popular, esta administración y las anteriores han dado prioridad a la ganancia por sobre la atención a la persona humana.

Entre 200 y 2007, las administraciones panistas han entregado la operación de guarderías a los particulares en cantidades que dejan ver claramente el desinterés gubernamental por la seguridad social no sólo de los trabajadores sino de sus familias.

En ese periodo el número de guarderías del IMSS a cargo de particulares pasó de 757 a 1, 526 en tanto que las administradas por el propio IMSS siguen siendo 142 desde el principio de esta década.

En ese esquema del retiro del Estado de sus obligaciones asistenciales, para beneficiar el negocio de los particulares es donde se sitúa la actual tragedia y las que vendrán. El sistema de subrogación adoptado por el IMSS para deshacerse de una función que es su responsabilidad, es un sistema que favorece la corrupción y en el que los fines de lucro están muy por encima de la calidad en el servicio.

Con la idea rectora de abatir costos y maximizar las ganancias, los particulares que reciben esa especie de concesión se dedican a prestar un servicio en condiciones inadecuadas --como ha sido documentado en este caso-- con la complacencia, falta de supervisión y corrupción de la autoridad supuestamente encargada de regular estos servicios una vez entregados a los particulaes.

Estamos, qué duda cabe, ante otra manifestación de un Estado fallido por su incapacidad de garantizar la seguridad de la población, especialmente de un sector tan vulnerable, como el infantil.

Así que la cara de circunstancia con la que aparece el señor Calderón en las fotos durante su visita a hospitales donde convalecen aún niños al filo de la muerte por la intoxicación y las quemaduras, no deja de ser una pose. (por cierto, no se sabe que haya visitado a las familias que perdieron a sus hijos).

También resulta una impostura su instrucción de que se investigue "hasta sus últimas consecuencias", como si éstas no llegaran a Los Pinos y a las políticas de desatención social que desde allí se diseñan.

Con nuestras condolencias a las familias de los niños fallecidos