Si sólo se juzgara por las formas elegidas para "informar" el resultado de las "investigaciones" realizadas por las procuradurías de Justicia Militar y General de la República, en relación con las muertes de los menores Bryan y Martín Almanza Salazar, el pasado 3 de abril en Ciudad Mier, Tamaulipas; y de los estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, acaecidas el 19 de marzo, podría afirmarse que las autoridades mienten.
Pero no sólo fueron los modos empleados sino los contenidos lo que hace presumir que el gobierno decidió manipular los datos, ignorar testimonios para confundir a la sociedad y encubrir y exonerar a los autores de esos crímenes.
En lo relativo a las formas, se eligió dar a conocer los informes oficiales el viernes 30 de abril (en el caso de los niños Almanza) y, todavía más inusual, en una caótica conferencia de prensa convocada a las 19:30 horas, imagínese usted, del sábado 1 de mayo, en lo que respecta al homicidio de los estudiantes.
La elección de esos días y horas no parece casual. Los estrategas gubernamentales seguramente buscaron aprovechar la desatención de una ciudadanía ocupada en celebraciones, protestas por el Día del Trabajo o, en la mayoría de los casos, preparándose para un larguísimo "puente" (1-5 de mayo) para que la exoneración de los militares pasara desapercibida a la mayoría por su escaso impacto mediático.
La conducta oficial ofrece los rasgos típicos de quien se sabe culpable, y en esa condición busca a toda costa acomodar evidencias y enredar los acontecimientos. Sin embargo, en su prisa por autoexculparse, las autoridades y el ejército han incurrido en actuaciones que los incriminan.
Primero, al despojar a los estudiantes fallecidos de sus credenciales, en un vano intento por dificultar su identificación e incluso relacionarlos con bandas criminales.
Y en el caso de los menores asesinados difundiendo, siete días después del hecho, una versión anticipada que --benditas coincidencias-- confirmaría la presunta investigación posterior.
El informe del procurador de Juticia Militar, José Luis Chávez García, concluye que "de acuerdo con las pruebas testimoniales, comparecencias, documentales y periciales" las muertes de los pequeños fueron causadas por granadas de los sicarios, pues la familia quedó atrapada en un enfrentamiento.
Hay un dato esencial en el que el procurador militar no creyó conveniente detenerse a considerar ni menos a explicar: la versión oficial de que la camioneta Tahoe en que viajaba la familia era parte de un convoy de siete vehículos desde los que se agredió a la tropa, contrasta con el relato de la madre de los menores asesinados, según el cual, al momento de la agresión, no había más vehículos circulando por el lugar y que, por tanto, no se registró ningún enfrentamiento entre sicarios y militares.
Para las autoridades civiles y militares se produjo un enfrentamiento y "háganle como quieran", parecería ser su autoritaria postura.
En cuanto a los estudiantes del Tec de Monterrey se concluye simplemente que "De acuerdo con los dictámenes periciales de balística, en el caso de José Antonio Mercado se encontraron en el cuerpo fragmentos de bala correspondientes al calibre 223 que es usado por la delincuencia".
Respecto de Javier Francisco Arredondo, los fragmentos de las ojivas no resultaron ser útiles para la comprobación balística y, por tanto, no se determinó el calibre. Según el vocero de la Procuraduría General de la República (PGR), Ricardo Nájera, no se sabría si las balas que lo mataron fueron del ejército o de los "violentos" (Gómez Mont dixit).
Así de errática e inconsistente la explicación oficial, la cual, según sostuvo Calderón en un encuentro con estudiantes regiomontanos la semana pasada, sería "muy rigurosa".
En ambos casos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos debería emprender una investigación exhaustiva e independiente, además de revisar la que realizaron el ejército y la PGR para esclarecer "la realidad de los hechos" y dar certidumbre a la sociedad sobre la actuación de esas instituciones.
Mientras ello no ocurra, el combate al narcotráfico seguirá siendo una zona de penumbra en la que la principal damnificada es una sociedad indefensa ante la degradación de las instituciones del Estado.
¡Hasta la próxima!
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