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martes, 1 de mayo de 2012

Televisoras y debate

Televisa y TV Azteca han decidido  no transmitir en sus cadenas nacionales el debate entre candidatos presidenciales programado por el Instituto Federal Electoral (IFE)  para el próximo domingo 6 de mayo a las 8 de la noche.

A esa hora, la empresa de Emilio Azcárraga transmitirá por canal 2, como cada domingo, el reality show Pequeños gigantes, en tanto que la televisora de Ricardo Salinas difundirá por canal 13 el partido de liguilla del torneo de clausura, Morelia vs Tigres de la UANL.

Si ese amago se concreta, estaremos ante una de las más descarnadas muestras del poder televisivo utilizado en contra del interés nacional  y el derecho a la información, perpetrada por unos concesionarios cuyo poder fáctico --paradójicamente-- deriva de la explotación comercial de un bien público, como lo es el espectro radioeléctrico, a través del cual cursan sus señales. 

La medida constituye un claro ajuste de cuentas de las televisoras contra los poderes constitucionales por la aprobación de la reforma electoral de 2007, que las privó del millonario negocio de la venta de espots a los partidos políticos y que prohibió a los particulares contratar espacios para propaganda electoral, como una forma de evitar los abusos de 2006 (recuérdese la campaña sucia patrocinada por el Consejo Coordinador Empresarial contra el candidato de la izquierda), y mantener la equidad en la contienda.

Se trata, por añadidura, de mantener alejados a los ciudadanos de los procesos de decisión política que les conciernen. En efecto, el conservadurismo y la despolitización de la sociedad que cotidianamente promueve el duopolio con su programación es coronado con esta nueva maniobra que podría privar a una vasta porción del electorado quizá del único foro que les serviría para normar su voto, más allá de los espots partidistas.

Silenciar el debate entre candidatos presidenciales tendría, además, el efecto de beneficiar al candidato favorito de los poderosos intereses que conforman la industria de la comunicación y el entretenimiento. Ello porque sin ese ejercicio de confrontación de ideas, los electores seguirían a merced del bombardeo de encuestas que un día sí y otro también, crean en la masa la percepción de que la elección ya está decidida y que por tanto no queda más que sumarse a la corriente pretendidamente mayoritaria.

Otro aspecto ominoso del episodio es la demostración palmaria del control que las televisoras ejercen sobre las audiencias y del favor que éstas les dispensan, pues sólo una pequeña porción de la ciudadanía se ha mostrado inconforme con la decisión de no transmitir el debate.

A la mayoría el asunto parece no importarle y hasta agradecen que no se les prive de su precaria diversión dominical, sin hacerse cargo de que en la emisión suprimida podría estarse decidiendo su vida real y no la de otros, como sucede en las telenovelas.

Se dirá que las empresas de televisión están en su derecho de manejar esos negocios de acuerdo con sus intereses  y que en esa libertad pueden elegir qué difundir. Sólo que no se trata de empresas cualquiera, sino de comunicación que cumplen --o deberían-- una función social: la de informar a la sociedad.

En último término la apuesta no es por el raiting, como escribió Salinas Pliego en su twitter, ni por el interés comercial que implica un partido de fútbol, como supone Valdés Zurita, el consejero presidente del IFE.

No, la apuesta real de las televisoras es más alta: demostrar a la clase política que cuando se lo proponen, son ellas las que tienen y ejercen el control real del país y de los ciudadanos. Y que si quisieran, incluso podrían hacer que la gente olvidara que hay elecciones el próximo 1 de julio.








miércoles, 24 de junio de 2009

¿A quien sirve Alejandro Martí?

Nadie puede evitar ser solidario con la tragedia que el año pasado enlutó al empresario Alejandro Martí por el secuestro y posterior asesinato de su hijo adolescente.

Lo cuestionable es el uso político que él mismo ha dado o ha permitido que se haga de esa lamentable circunstancia personal. Primero, una multitudinaria marcha contra la inseguridad que luego dio paso a un demagógico y hasta ahora ineficaz Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

Luego, el empresario creó la Fundación SOS para agrupar a movimientos civiles y ciudadanos que luchen contra la delincuencia y el crimen organizado.

En la hora actual, Martí creyó encontrar en las próximas elecciones una adecuada ventana de oportunidad para llamar a la ciudadanía a votar sólo por aquellos candidatos que se comprometan por escrito y ante notario público a cumplir una serie de demandas en materia de seguridad y libertades constitucionales, incluidas todas ellas en el llamado Pacto Nacional Ciudadano "Mi voto por tu compromiso".

Los tales compromisos son, en efecto, muy atendibles y nadie podría estar en desacuerdo en, por ejemplo, comprometer a gobernadores, presidentes municipales y delegados a reducir índices de impunidad en delitos como secuestro, extorsión, robo y homicidio.

Y nadie podría negar que es muy pertinente comprometer a diputados federales y locales a votar por iniciativas que permitan la reelección o la reducción de los representantes populares.

El problema con la propuesta de Martí es que, envuelta en demandas que concitan la aprobación general, ha incluido otras que responden claramente a los intereses de las televisoras, a cuyo servicio parece haberse puesto el empresario.

Demandar, por ejemplo, que se reforme el artículo 41 constitucional que según él limita "el derecho de los ciudadanos a expresarse libremente durante los procesos electorales", es una clara concesión al duopolio televisivo.

Con razón, el politólogo José Antonio Crespo ha bautizado las propuestas de Martí como un auténtico Caballo de Troya incrustado dentro del movimiento ciudadano.

Es del dominio público que la redacción de ese artículo, incluido en la Ley Federal de Radio y Televisión reformada en 2007, irritó desde el principio a las televisoras, pues, a la luz de la experiencia de 2006, prohibió a los particulares la contratación de espots para promover o denostar a candidatos a puestos de elección popular.

Es obvio que esa reforma apunta a evitar que los dueños del dinero intervengan de manera inequitativa en la manipulación de la voluntad popular. Es decir, resulta claro que ni usted ni yo, o por lo menos la mayoría de los ciudadanos "de a pie" carecemos de recursos para contratar con Televisa o TV Azteca un paquete --no venden anuncios sueltos-- para promover un candidato.

Los únicos que pueden hacerlo son empresarios o corporaciones afines al establishment que, embozados tras el disfraz de membretes u organizaciones ciudadanas de ocasión, se dedican a denostar a candidatos o movimientos sociales contrarios a sus intereses particulares.

Ese es el "derecho" que defienden las televisoras. No el derecho de los ciudadanos comunes. Pero fiel a sus métodos, disfraza o pretende mimetizar sus propios intereses con los del público en general.

Con legisladores así comprometidos, resulta imaginable la gran presión que se generará sobre los congresos federal y local para obligarlos a emprender una contrarreforma como la que se demanda. A eso se está prestando Martí.

No es casual tampoco que los compromisos propuestos por el dueño de la cadena de tiendas deportivas incluyan solo el funcionamiento efectivo de mecanismos como el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular.

Lo curioso es que excluye de la propuesta legislar sobre una figura verdaderamente efectiva y democrática y que está más acorde con su postulado aquel de "si no pueden, renuncien". Me refiero a la revocación del mandato, el cual permitiría enviar a la cárcel o a su casa a los gobernantes que violen el juramento de "cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen".

El "candor" de Martí no puede ser tal que espere que aquellos servidores públicos corruptos e inútiles renuncien por su voluntad. Por ello resulta por lo menos extraño que haya excluido de sus demandas un mecanismo legal efectivo que daría a la ciudadanía verdaderas armas contra la clase política de que se dicen harta.

Es obvio que empoderar de ese modo al pueblo no está en el interés de esa clase política, ni de las televisoras, ni de los grandes empresarios a cuyo servicio se ha puesto el señor Martí. ¡Qué lamentable manera de lucrar con una tragedia personal!

¡Hasta la próxima!

lunes, 23 de febrero de 2009

Salinas Pliego

En la entrada titulada "Poderes fácticos", el 5 de febrero pasado escribimos aquí que esos poderes no son abstractos: detrás de ellos hay nombres y apellidos. Ahora, uno de eso hombres, el señor Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, ha venido a decirnos personalmente que, en efecto, el día (1o. de febrero) que su empresa y Televisa decidieron burlar la Ley transmitiendo espots de los partidos y del IFE en un bloque, lo hicieron mediante un acuerdo entre ambas.

En una conferencia ante estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Salinas Pliego reconoció que idearon ese mecanismo con tal de no perder audiencia.

"El problema era que si hacíamos un corte a cierta hora y Televisa a otra, íbamos a perder nuestra audiencia y viceversa, entonces lo lógico era ponernos de acuerdo y hacerlo a una misma hora para no perder la audiencia".

Al revelar este brillante modo de razonar, Salinas pretendió además restar importancia al negocio que ha significado para los medios la propaganda política. Negó que la nueva ley que impide a los partidos políticos contratar publicidad en los medios, vaya en detrimento de sus finanzas, pues ese tipo de anuncios sólo ha representado para su empresa menos de tres por ciento en ventas en los últimos 12 años.

En una afirmación que dibuja con precisión el carácter de dueños del país con que se conciben a sí mismos estos empresarios, Salinas Pliego dijo que obligarlos a transmitir 23 millones de espots previstos para este año electoral equivale a expropiarlos.

"Una cosa es que no me compren y otra es que me vengan a robar", dijo entre divertido y retador ante la algarabía del juvenil público que celebró su ocurrencia.

Porque de ello se trata, de una ocurrencia y de una tergiversación. Los concesionarios de los medios de comunicación, como dijo Salinas Pliego, pueden ser, en efecto, dueños de sus artistas (conste, así lo dijo), de sus cámaras y de sus costosos estudios de televisión.

No lo son, en cambio, de algo fundamental para la existencia del medio: el espacio a través del cual viajan las señales que emiten sus estaciones. El así llamado espacio radioeléctrico es un bien propiedad de la nación. Y los concesionarios lo explotan en razón precisamente de un título de concesión que, aunque prorrogable, tiene fecha de caducidad.

En razón de esa propiedad originaria del Estado, los medios están obligados a ceder tiempo gratuito para los mensajes de interés público y los partidos, quiérase o no, tienen ese carácter. Así que reglamentar el uso de ese tiempo es una facultad del Estado y los concesionarios no pueden considerarse robados por ello.

En México, la venalidad gubernamental ha pervertido tanto la frontera entre funcionarios públicos y empresarios que lo que priva en ambas esferas es una concepción patrimonialista. Es decir, se actúa, al amparo del poder, como si los bienes de la nación pertenecieran a quienes los administran o usufructuan.

Esa idea es la que subyace en las palabras de Salinas Pliego. Y lo dice así, abiertamente, pasando sobre las consideraciones legales, porque lo sabe o se lo han hecho saber y sentir.

En mala hora para un país que las televisoras estén en manos de empresarios que conspiran contra la legalidad y cuyo talante antidemocrático se placee a sus anchas. Malo porque a la hora de la democracia y los cambios reales, son de los primeros en aliarse con los sectores golpistas y autoritarios.

En la historia de los movimientos golpistas en América Latina, los empresarios de la comunicación han jugado casi siempre al lado de las botas militares. Vale la pena recordarlo porque el reino de la historia es también el reino de la amnesia.