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jueves, 2 de julio de 2009

Televisa, tras su propia reforma electoral

Aun antes de pasar su primera prueba --los comicios del próximo domingo 5 de julio-- la reforma electoral acordada en 2007 parece estar condenada a desaparecer. El asedio a que la han sometido los poderes fácticos encabezados por el duopolio televisivo está a punto de conseguir que se rinda la plaza.

En efecto, el senado de la República inició sesiones de análisis con miras a explorar puntos de vista que permitan emprender oootra enmienda para regular los futuros procesos electorales.

El proceso de descalificación de la actual reforma empezó antes de su aprobación. El 10 de septiembre de 2007 Televisa fijo su postura mediante un comunicado en que comenzaba haciendo profesión de fe democrática y respaldando la iniciativa "de eliminar la contratación de spots para propaganda política".

No obstante, expresaba su "preocupación" por el riesgo en que estaría "la libertad de expresión" ante la prohibición, introducida en el nuevo ordenamiento, de difundir mensajes susceptibles de influir en las preferencias electorales, pues eso "podría dar paso a la censura periodística" (lo decía una empresa que diariamente obliga a sus reporteros a incurrir en esa práctica).

Y de ahí se agarraron. El quid de su disputa es la disposición --incorporada al artículo 41 de la Constitución-- que prohibe a toda persona física o moral contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni en favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.

En 2006 cerca de 80 por ciento de los más de 324 millones de dólares aportados por los contribuyentes y que los partidos políticos gastaron en propaganda electoral fue a parar a los bolsillos de Azcárraga Jean y de Salinas Pliego, dueños de Televisa y TV Azteca.

Una tercera parte de esa publicidad no se supo quien la contrató ni quien la pagó. De ahí que la reforma de 2007 haya regulado eso. El espíritu de la disposición impugnada era dotar de equidad a las contiendas por el voto, pues, aunque formalmente tienen la "libertad" de hacerlo, no cualquier mexicano cuenta con recursos para contratar los paquetes de publicidad.

Los millones de pesos que este año no ingresaron al duopolio por concepto de campañas electorales motivaron el feroz ataque contra la reforma, disfrazado --claro está-- de una "preocupación" por la libertad de expresión.

Tan ese ha sido el motivo de la principal impugnación que apenas en la segunda sesión del actual ciclo de análisis inaugurado por el Senado, el señor Héctor Aguilar Camín --vinculado con los intereses de Carlos Salinas de Gortari y de Televisa-- volvió a argumentar en contra de esa prohibición.

Dijo a los senadores que se equivocaron en las normas sobre medios electrónicos (incluidas en la actual reforma) y se requiere otra cirujía (un nuevo ordenamiento) a fin de permitir la difusión de campañas sucias y que terceros contraten propaganda en radio y televisión porque de lo contrario se viola la libertad de expresión.

Añadió que esa disposición "no ha sido una buena idea ni ha tenido buenos resultados" porque al prohibir la compra de promocionales se creó un mercado negro de propaganda electoral.

En la sesión del pasado martes, el ensayista y escritor consideró que restringir el derecho de los ciudadanos a comprar tiempo en radio y televisión para emitir mensajes electorales "igualó hacia abajo" derechos con el argumento de que no todos pueden ejercerlo.

Resulta por lo menos curiosa la lógica argumentativa de Aguilar Camín y la de los grupos que, digamos, coinciden con él, como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el organismo cúpula del sector privado.

No es que se haya creado un mercado negro de propaganda electoral. Lo que hay y hemos visto en estas últimas semanas, es la porfiada intensión de Televisa y TV Azteca por violar y poner en entredicho la actual reforma electoral.

Lo que hay son una diversidad de trampas imaginadas por esas empresas para burlarse de los mexicanos y de la débil autoridad electoral. Lo que hay son las inescrupulosas prácticas monopólicas de un duopolio empeñado en participar ilegalmente en la política, mediante la compra de partidos políticos (el partido Verde) y la construcción de candidaturas presidenciales a modo (Enrique Peña Nieto).

En la lógica del señor Aguilar Camín, este país no tendría delitos con el simple hecho de no tipificar como tales las conductas anómalas. Es decir, aquí tenemos robos porque la ley considera como tales la sustracción por medios violentos o subrepticios de las pertenencias de una persona sin su consentimiento.

Así, en vez de exigir el castigo correspondiente a Televisa y TV Azteca, lo que pide es que se derogue la ley que prohibe esas conductas. Si no hay ley, pues tampoco hay delito.

Se le hace injusto que se "igualen derechos hacia abajo". Aguilar Camín cree --junto con Milton Friedman, el padre del neoliberalismo-- aquella ficción metodológica según la cual todos hemos iniciado en la vida desde el mismo punto de partida. Si con los años, unos logran ser ricos y prósperos y otros se quedan en la indigencia, el problema es de esos marginados, no del sistema que brinda las oportunidades para todos. (Oportunidades como el ser amigo de presidentes de la república que luego inviertan millones en publicidad para una revista que uno tenga).

Si 110 millones de mexicanos son incapaces de pagar un spot de televisión, es porque no han trabajado lo suficiente para poder hacerlo. Así que peor para ellos.

Ese es el curso que están tomando las discusiones sobre la próxima reforma electoral y el modo tan insustancial en que argumentan los personeros de los poderes fácticos. Lo que llama la atención es que impugnaciones tan evidentemente frívolas, hayan, sin embargo, motivado que ya se esté discutiendo una nueva reforma.

¿Será que algún senador de apellido Beltrones anda queriendo congraciarse con las televisoras de cara al 2012? Es, desde luego, una pregunta.

¡Hasta la próxima!

lunes, 23 de febrero de 2009

Salinas Pliego

En la entrada titulada "Poderes fácticos", el 5 de febrero pasado escribimos aquí que esos poderes no son abstractos: detrás de ellos hay nombres y apellidos. Ahora, uno de eso hombres, el señor Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, ha venido a decirnos personalmente que, en efecto, el día (1o. de febrero) que su empresa y Televisa decidieron burlar la Ley transmitiendo espots de los partidos y del IFE en un bloque, lo hicieron mediante un acuerdo entre ambas.

En una conferencia ante estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Salinas Pliego reconoció que idearon ese mecanismo con tal de no perder audiencia.

"El problema era que si hacíamos un corte a cierta hora y Televisa a otra, íbamos a perder nuestra audiencia y viceversa, entonces lo lógico era ponernos de acuerdo y hacerlo a una misma hora para no perder la audiencia".

Al revelar este brillante modo de razonar, Salinas pretendió además restar importancia al negocio que ha significado para los medios la propaganda política. Negó que la nueva ley que impide a los partidos políticos contratar publicidad en los medios, vaya en detrimento de sus finanzas, pues ese tipo de anuncios sólo ha representado para su empresa menos de tres por ciento en ventas en los últimos 12 años.

En una afirmación que dibuja con precisión el carácter de dueños del país con que se conciben a sí mismos estos empresarios, Salinas Pliego dijo que obligarlos a transmitir 23 millones de espots previstos para este año electoral equivale a expropiarlos.

"Una cosa es que no me compren y otra es que me vengan a robar", dijo entre divertido y retador ante la algarabía del juvenil público que celebró su ocurrencia.

Porque de ello se trata, de una ocurrencia y de una tergiversación. Los concesionarios de los medios de comunicación, como dijo Salinas Pliego, pueden ser, en efecto, dueños de sus artistas (conste, así lo dijo), de sus cámaras y de sus costosos estudios de televisión.

No lo son, en cambio, de algo fundamental para la existencia del medio: el espacio a través del cual viajan las señales que emiten sus estaciones. El así llamado espacio radioeléctrico es un bien propiedad de la nación. Y los concesionarios lo explotan en razón precisamente de un título de concesión que, aunque prorrogable, tiene fecha de caducidad.

En razón de esa propiedad originaria del Estado, los medios están obligados a ceder tiempo gratuito para los mensajes de interés público y los partidos, quiérase o no, tienen ese carácter. Así que reglamentar el uso de ese tiempo es una facultad del Estado y los concesionarios no pueden considerarse robados por ello.

En México, la venalidad gubernamental ha pervertido tanto la frontera entre funcionarios públicos y empresarios que lo que priva en ambas esferas es una concepción patrimonialista. Es decir, se actúa, al amparo del poder, como si los bienes de la nación pertenecieran a quienes los administran o usufructuan.

Esa idea es la que subyace en las palabras de Salinas Pliego. Y lo dice así, abiertamente, pasando sobre las consideraciones legales, porque lo sabe o se lo han hecho saber y sentir.

En mala hora para un país que las televisoras estén en manos de empresarios que conspiran contra la legalidad y cuyo talante antidemocrático se placee a sus anchas. Malo porque a la hora de la democracia y los cambios reales, son de los primeros en aliarse con los sectores golpistas y autoritarios.

En la historia de los movimientos golpistas en América Latina, los empresarios de la comunicación han jugado casi siempre al lado de las botas militares. Vale la pena recordarlo porque el reino de la historia es también el reino de la amnesia.

lunes, 2 de febrero de 2009

Televisoras

Las televisoras volvieron a mostrar su verdadero rostro: el del autoritarismo y desprecio hacia la ley y hacia su auditorio. Entre sábado y domingo se dieron a la tarea de fastidiar a los miles de televidentes que siguen eventos deportivos.

De manera inopinada interrumpían la transmisión para difundir anuncios de los partidos políticos y del Instituto Federal Electoral (IFE). Comprenderá el lector lo chocante que resulta que durante el transcurso de un juego se inserten mensajes políticos que interrumpen la transmisión y hacen al televidente perderse las jugadas.

En vez de transmitir esos mensajes durante los bloques comerciales que se programan normalmente durante las pausas de los juegos, lo hicieron enmedio de éstos. Adicionalmente, y de manera insidiosa, colocaron una leyenda en la que "informaban" a los telespectadores que "Los siguientes mensajes son ordenados por el Instituto Federal Electoral y se transmitirán hasta el 5 de julio".

En efecto, sólo que las pautas que distribuyó el IFE no se refieren a que esos mensajes deban interrumpir las transmisión de los programas.

La maniobra tiene un claro y doble propósito. Primero, constituye una nueva manifestación de rechazo, por parte de Televisa y TV Azteca a las reformas elecorales de 2007 que prohíben a los partidos políticos contratar espacios en los medios de comunicación para la difusión de sus campañas.

Toda la propaganda electoral, a partir de esas reformas, tendrá que difundirse en los espacios gratuitos que, también por ley, los medios de comunicación deben asignarle al Estado.

Desde el momento en que esa ley se aprobó, los concesionarios se inconformaron e incluso llevaron al Congreso a sus luminarias para protestar por la medida que, a su juicio, violaba la libertad de expresión. En realidad su molestia era porque se les cortaba el negocio que para ellos representan las campañas políticas, pues los partidos gastaban más del 60 por ciento de sus prerrogativas en la contratación de anuncios en los medios.

El segundo propósito de las televisoras es arrojarle a los partidos y al IFE la malquerencia del público. Se sabe que los institutos políticos no gozan de la mayor credibilidad ni consideración entre el respetable.

De ello se aprovechan las televisoras para tratar de obtener ventajas políticas, cuando conviene a sus intereses. Esta vez la avieza maniobra consiste en afectar al público y provocar su enojo con transmisiones tijereteadas y encausar ese coraje hacia los partidos y el IFE.

De paso, Televisa y TV Azteca muestran el desprecio y desconsideración que tienen hacia sus televidentes, cuando están de por medio sus propios intereses. Comentaristas, lectores de noticias, conductores de programas de entretenimiento se hacen pasar casi siempre como aliados de quienes siguen sus transmisiones.

Hacen creer a la población que sus intereses son compatibles con los de las televisoras, y como muestra de ello los comentaristas se muestran indignados ante los problemas sociales que padecen los ciudadanos, siempre y cuando esa indignación no afecte a las altas esferas del poder. Las críticas siempre se dirigen a los funcionarios menores y a los partidos políticos.

Es sintomático, por ejemplo, que el señor Felipe Calderon nunca aparezca en la sección Las mangas del chaleco que el noticiero de Joaquín López Dóriga difunde los viernes. Ahí se hace mofa de los políticos cuyas declaraciones resultan absurdas y claramente fuera del sentido común.

Seguramente a esta hora muchos aficinados a las transmisiones deportivas de fin de semana por televisión abierta están que truenan contra los políticos que les impidieron disfrutar por ejemplo del Súper tazón, un juego multipromocionado y largamente esperado por los fanáticos.

Ignoran que fueron víctimas de los intereses de quienes se dicen sus aliados. No saben que fueron manipulados por unas televisoras que están al tanto de su desinformación y que valiéndose de ésta los utiliza en sus guerras particulares.

Con frecuencia Televisa y TV Azteca se quejan, como todos nosotros, de la clase política que tenemos, como si ellas no formaran parte de la misma. Lo son y recurren a maniobras tanto o más pervertidas que la de los políticos que critican. Sólo que ambas empresas actúan como los criminales: desde las sombras y encubiertas.