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lunes, 17 de agosto de 2009

PAN vs ASF, la opaca transparencia

Molestan, a quien ocupa Los Pinos, la presencia y actuación del contador público Arturo González de Aragón al frente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Y lo manda decir a través de César Nava, el recién impuesto presidente del Partido Acción Nacional (PAN), quien así empieza a cumplir su función como mero ejecutor y correa de transmisión de las órdenes de su jefe, Felipe Calderón.

Nava ha hecho saber que una de las primeras tareas de su bancada en la LXI legislatura, será cambiar al auditor, es decir, impedir su eventual reelección por otro periodo de siete años, prevista para este 2009.

Digamos de paso que los modos de Nava no anuncian un estilo diferente de hacer política respecto de las desaseadas maneras de su antecesor, Germán Martínez.

Entrevistado en Cuernavaca por el enviado de La Jornada, Roberto Garduño, acerca de si Arturo González de Aragón ya no garantiza la transparencia, el político michoacano respondió lacónico, pero significativamente: "Buscaremos a alguien honorable, profesional e imparcial".

A menos que, como lo hizo Calderón respecto de sus declaraciones en Bogotá, Nava afirme hoy que no dijo lo que dijo, su declaración resulta hasta una ofensa personal hacia el Auditor a quien tácitamente considera carente de honor, de profesionalismo y además lo acusa de parcial.

Es una mala señal que la actual administración panista empiece a cuestionar e intervenir en los órganos encargados del escrutinio de la cuestión pública. Ya se ha asomado su intención de colocar en la Comisión Nacional de Derechos Humanos a Mariano Azuela, un abogado conservador que no tiene ningún antecedente como defensor de esos derechos, pero eso sí, está muy identificado con las posiciones de Los Pinos.

Pareciera que también en la ASF el gobierno desea una persona a modo y que, en efecto, carezca de las prendas que hoy se reclaman a González de Aragón.

Queda la impresión que la actual administración panista, al tanto de su frágil situación política, trata, a toda costa, de colocar en los órganos de supervisión a funcionarios que puedan ser controlados por el poder presidencial, para de ese modo transitar sin demasiados cuestionamientos los largos tres años que le restan, aun a riesgo de eliminar los necesarios contrapesos esenciales en un régimen que se quiere democrático.

Y son precisamente cuestionamientos los que han salido de la ASF en los últimos meses:

El 12 de marzo de este año, al presentar el Informe de resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2007 (primer año de Calderón), González de Aragón reveló irregularidades en el gasto por 60 mil millones de pesos, así como la existencia de subejercicios (recursos autorizados, pero no gastados) por 300 mil millones de pesos, los cuales fueron transferidos a fideicomisos,que son un "motivo de preocupación porque sigue siendo un área de opacidad y riesgo que debemos resolver y transparentar de manera definitiva".

Dijo ademas el auditor: "El círculo vicioso (en el uso del gasto) se complementa con la discrecionalidad existente en el manejo de los recursos, como los casos de excedentes petroleros, otorgamiento de donativos y préstamos, estímulos fiscales, permisos y concesiones, enajenación de bienes, remuneraciones a servidores públicos, recuperación de créditos fiscales y fondos y fideicomisos, entre otros".

Resaltó que cada vez más el Estado delega actividades sustantivas a particulares mediante concesiones, permisos, contratos y licencias y que en este rubro se observa una insuficiente regulación y supervisión". ( Esto lo dijo el auditor en marzo y en junio esas insuficiencias resultaron fatales en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora).

Reveló, asimismo, que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) continuó beneficiando a grandes contribuyentes, pues a 59 empresas se les condonaron 8 mil 30 millones 150 mil 100 pesos.

Un año antes, el 17 de julio de 2008, durante su intervención en el debate sobre la reforma energética, González de Aragón recordó que entre 200 y 2005 (durante la administración de Vicente Fox) las devoluciones de impuestos a grandes contribuyentes ascendieron a 680 mil millones de pesos y sólo en 2005 esas devoluciones alcanzaron los 150 mil millones de pesos, el doble de lo registrado en 2000.

Señaló que las devoluciones de impuestos se encuentran altamente concentradas en el país (se beneficia a los grandes contribuyentes), lo que contraviene el principio de equidad fiscal. Todavía más: denunció que en 2005 cincuenta grandes contribuyentes (con ganancias anuales por encima de 500 millones de pesos) pagaron sólo ¡74 pesos! por concepto de Impuesto sobre la Renta.

En esa ocasión expuso que esas ventajas discrecionales a unas cuantas empresas son la causa de la debilidad tributaria que padece el país ( ocupa el último lugar en recaudación entre las 30 naciones que integran la OCDE) y que obligan a que el gobierno exprima a Pemex para resarcir esa falta de dinero. Señaló que la petrolera transfiere recursos por cerca de 60 por ciento de sus ingresos brutos.

De ese modo desnudó la verdadera causa de la quiebra de Pemex, que Calderón adujo en ese entonces para justificar su privatización.

En el Informe sobre la cuenta pública del primer año de Calderón, González de Aragón pidió a la Cámara de Diputados otorgar autonomía constitucional al órgano fiscalizador para imponer sanciones a servidores públicos que incurran en irregularidades en el manejo del gasto, independientes de las que aplica la Secretaría de la Función Pública.

Acaso la administración de Calderón cree llegado el momento de cobrarle al auditor todas esas denuncias impidiendo su reelección. Apenas el miércoles de la semana pasada, el michoacano se ufanaba ante un público infantil de sus "esfuerzos" en aras de la transparencia.

No hay tal. Y la embestida anunciada contra el auditor corrobora la distancia que hay entre el discurso y la práctica gubernamental panista.

¡Hasta la próxima!

viernes, 5 de junio de 2009

Y...¿dónde está el dinero?

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló ayer que el gobierno --o de lo que se trate-- del señor Felipe Calderón no ejerció 120 mil millones de pesos del gasto público correspondientes al presupuesto de 2007, primer año de esa administración.

No se trata de encomiables ahorros, como algún lector pudiera pensar, sino de una violación a la Ley del Presupuesto de Egresos de la Federación, pues tales recursos dejaron de invertirse en áreas tan prioritarias como seguridad pública, desarrollo social e infraestructura.

En vez de eso se desviaron a fideicomisos, fondos, mandatos de la Federación y contratos, instrumentos que impiden conocer el destino y uso que se dio a ese dinero y menos exigir su devolución.

El Pliego de Observaciones a la Cuenta Pública 2007 --entregado ayer por el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, al presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados-- documenta 28 transferencias multimillonarías "a distintos fideicomisos que no nos han explicado".

"Esta manera de transferir recursos es una forma de evitar el cumplimiento de las normas en materia de ejercicio del gasto público, señaló el auditor.

Aparte la transgresión legal en que incurre el gobierno, se coloca en una situación sospechosa, puesto que los recursos transferidos a esos fideicomisos quedan fuera de la supervisión y pueden ejercerse con una muy alta discresionalidad. Es decir, pueden gastarse en lo que sea o incluso ir a parar a la cuenta personal de alguien.

Porque ¿con qué propósito se transfieren recursos no gastados a instrumentos que no están sujetos a ningún tipo de fiscalización?

El "sospechosismo" se incrementa cuando se advierte la forma en que esos recursos se hacen pasar como ya ejercidos. Aquí el mecanismo explicado por la ASF:

"Se expiden cuentas por liquidar certificadas para dar por gastados los recursos, cuando lo único que están haciendo es realizar una transferencia de un renglón presupuestal al patrimonio de los fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos..."

En esta quincena de junio vence el plazo de 45 días que tuvo el gobierno, a partir de que conoció estas observaciones, para explicar el uso que dio a ese dinero.

Este tipo de transferencias no es nueva. En un artículo anterior (Impuestos), Contadero señaló que en distintos fondos y fideicomisos, el gobierno federal tiene 376 mil millones de pesos, sobre los que existe una gran opacidad, pues no se ha informado para qué son.

Recordábamos entonces (25 de mayo) que con esa cantidad se podía resarcir el "boquete" presupuestal de 300 mil millones de pesos que faltarán este año al gobierno como resultado de lo que el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, calificó como una "caída" en la recaudación.

De modo que en esos fondos y fideicomisos --ahora se sabe que son alimentados con lo que se desvía del presupuesto-- existen suficientes recursos para tapar boquetes sin recurrir al fácil expediente de incrementar los impuestos a los ciudadanos. Veremos.

¡Hasta la próxima!

lunes, 25 de mayo de 2009

Impuestos

Agustín Carsten delineó ya la estrategia gubernamental ante la recesión: aumentar la deuda, recortar el gasto (más despidos y menos inversión), elevar impuestos (IVA a medicinas y alimentos) o una combinación de las tres.

El anuncio es una declaración inequívoca de que el gobierno ha decidido, de nuevo, rescatar al sector financiero y abandonar a la población. Muestra, asimismo, la ortodoxia hacendaria con que se conduce, tras el fracaso de la tardía --y además incumplida-- aplicación de medidas anticíclicas (una masiva intervención del Estado en la economía, mediante el fomento a la inversión, la obra pública, el crédito y el consumo).

Como casi siempre que se emprende un nuevo intento por aumentar los impuestos, ya empezaron a difundirse estadísticas que colocan a México como el país con la peor recaudación de los que conforman la Organización para Crecimiento y el Desarrollo Económico, y con una de las más bajas de América Latina.

La urgencia de una reforma fiscal es evidente, pero ninguno de los cuatro últimos gobiernos --casi un cuarto de siglo-- han podido ir más allá de parches y pegotes porque ampliar la base de contribuyentes implica gravar a las grandes empresas y corporaciones, cuyos favores políticos son ampliamente retribuidos por la vía fiscal en detrimento del desarrollo nacional.

Y en eso los gobiernos panistas han sido particularmente generosos. De acuerdo con el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 2005, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), entre 2001 y 2006 se devolvió a los grandes contribuyentes impuestos por 604 mil millones 100 mil pesos.

En contraste, la inversión de esos grandes contribuyentes --cuyos ingresos anuales brutos son superiores a 500 millones de pesos-- ascendió a 279 mil 832 millones 900 mil pesos, es decir, 216 por ciento menos de lo que les reintegraron vía devoluciones y deducciones.

Además, ese año (2005), 50 empresas de las consideradas grandes contribuyentes, hicieron pagos individuales de Impuesto sobre la Renta (ISR) menores a 74 pesos, en tanto que otros 50 pagaron hasta 67 pesos por concepto de IVA, siempre de acuerdo con el Informe de la ASF.

Durante la presente administración, el asunto sigue el mismo camino. El informe de resultados de la cuenta pública del primer año de Felipe Calderón mostró, según la ASF, que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) sigue beneficiando a los grandes contribuyentes.

En efecto, durante 2007 el SAT condonó 8 mil 30 millones 156 mil 100 pesos a 59 empresas, lo que equivale casi a la recaudación por concepto de impuesto al activo que fue de 7 mil 597.1 millones de pesos.

Véase también esta otra desproporción en materia fiscal. Las empresas generan 60 por ciento del ingreso nacional, pero su contribución fiscal (ISR) como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) es de apenas 2.7 por ciento.

En contraparte, los asalariados contribuyen con 25 por ciento en la generación del ingreso nacional, pero su contribución fiscal al PIB es de 2.4 por ciento. Es decir, quienes generan más riqueza pagan casi lo mismo que quienes son asalariados.

El doctor Horacio Enrique Sobarzo señala otra causa que explica la bajísima recaudación de impuestos en México. En su estudio Reforma fiscal en México, un modelo de equilibrio general, publicado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, indica que en los últimos 25 años la economía creció en promedio un raquítico 2.6 por ciento, tasa similar a la del crecimiento poblacional durante ese periodo.

Lo anterior muestra un gobierno empeñado en salvarse a sí mismo mientras obliga al grueso de la población a financiar sus dispendios e invirtiéndo los recursos en mantener una red clientelar de grandes empresarios a quienes o paga favores ya recibidos o por recibir.

El recorte al gasto anunciado como posible medida contra la recesión por nuestro inefable secretario de Hacienda implica reducción del gasto y la inversión gubernamentales, con lo que prácticamente se renuncia a la aplicación de las llamadas medidas anticíclicas.

Sólo que el recorte al gasto tendrá lugar en reducir la plantilla de base, lo cual, a su vez, acarreará mayor desempleo, menos consumo y un mercado interno cada vez más deprimido, cuando lo que se necesita es su urgente reactivación.

El gobierno tiene un amplio margen de ahorro en su gasto corriente, además existen 376 mil millones de pesos en fondos y fideicomisos sobre los que existe una gran opacidad, pues no se ha informado para qué son. Esa cantidad es superior a los 300 mil millones de pesos que faltarán al presupuesto del gobierno para este año debido a que, como dijo Carstens "se nos cayó la recaudación".

Y adelantó que con dos o tres reformas de carácter fiscal se podrá recuperar el gasto gubernamental del próximo año. Lo malo es que esas reformas implicarían impuestos, ahora sí a IVA y medicinas o algún otro igualmente absurdo como el del 2 por ciento a los depósitos en efectivo superiores a 25 mil pesos o aquél otro del 2 por ciento a la nómina, el cual constituye un verdadero despropósito para un gobierno que se autodenomina "del empleo".

Es decir, por un lado se afirma que se trata de incentivar la generación de empleos y por otro lado se cobra a los patrones un impuesto que se incrementa conforme aumenten su número de empleados. He ahí la forma en que el gobierno conspira contra sus propios propósitos con tal de incrementar sus finanzas.

O a menos que en realidad tales propósitos, como parece, no hayan sido más que una estrategia de campaña del señor Calderón.

¡Hasta la próxima!

miércoles, 15 de abril de 2009

PAN: la transición perdida

Cuando casi todo mundo vacacionaba a cuenta de la semana santa, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dependiente de la Cámara de Diputados, vino a recordarnos la catástrofe que para el país significó en todos los ámbitos de la vida pública el gobierno panista de Vicente Fox.

Al concluir la fiscalización de la cuenta pública de 2006, último año de gobierno del político guanajuatense, la dependencia concluye que ha sido la administración con el peor desempeño en los últimos 18 años (tres sexenios), pues en el periodo 2000-2006 la economía creció apenas 2.3 por ciento al año (con Ernesto Zedillo creció 3.5 por ciento, pese a la crisis de 1994-1995); en competitividad en el mundo México pasó del lugar 42 al 64 y sólo se generaron 224 mil empleos anuales, mientras que su antecesor creó 600 mil puestos de trabajo cada año.

En ese informe figuran otras cifras que dan cuenta del errático y hasta presuntamente corrupto manejo de las finanzas públicas, pues el último año de esa malhadada administración panista, el gobierno contó con 310 mil millones de pesos adicionales debido a los excedentes por ingresos petroleros, de los cuales hasta ahora no hay indicios de que se hayan aplicado en algún rubro.

Esos datos son, en sí mismos, demoledores, pero además tienen la virtud de centrar la atención en tres cuestiones a menudo soslayadas en el debate político actual: primero, que en México el cacareado proceso de transición democrática no fue tal; segundo, cómo combatir la impunidad de los gobernantes fallidos y tercero, la necesidad de revisar los sistemas de información y fiscalización institucional, pues son lentos y evitan que la sociedad adopte a tiempo las medidas correctivas pertinentes.

Un auténtico proceso de transición a la democracia requiere de varias condiciones, ante todo, de una reforma del Estado que garantice transparencia, una efectiva rendición de cuentas, no la contrahechura en que se ha convertido el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).

Un dato demuestra la simulación de la pretendida política de transparencia: en el actual sexenio aumentó 64 por ciento el número de expedientes clasificados por el gobierno. Al cierre de la gestión de Fox había tres millones 839 mil 296 documentos a cuyo contenido la ciudadanía no podía tener acceso, los cuales se incrementaron a cinco millones 935 mil 808 durante la presente administración, según datos del Índice de Expedientes Reservados del IFAI.

Otra condición para una real transición democrática es la necesidad de un nuevo orden político, que incluya eliminar todo el andamiaje institucional diseñado para alentar la corrupción, el encubrimiento, el tráfico de influencias, la opacidad y la ineficiencia en el quehacer gubernamental.

Eso, como se sabe, no ha sido una prioridad en los gobiernos federales panistas, quienes han pretendido vender, con relativo éxito, la falsa idea de que la alternancia en el poder es en sí misma, un proceso de transición democrática.

El segundo aspecto, el de la impunidad, tiene que ver con ese entramado institucional que le permite al señor Felipe Calderón mantener lejos de la justicia y protegido a su antecesor, pero aún peor, la falta de mecanismos para que la propia sociedad pueda llevar ante los tribunales a los gobernantes cuyas fallas atentan contra el desarrollo del país.

Paralelo a lo anterior, es preciso que los mecanismos de fiscalización sean más ágiles, pues no es posible que después de casi tres años, apenas vengamos a enterarnos de los datos duros que configuraron el auténtico fraude a la nación que representó la presidencia foxista.

Eso demuestra la urgencia de legislar en asuntos como la revocación del mandato, pues con una figura legal como esa y con información oportuna, se evitaría, a tiempo, mantener en el poder a quienes hunden al país.

En las próximas elecciones del 5 de julio, el PAN se ha propuesto obtener una mayoría legislativa que le permita imponer leyes que, como en el caso de la reforma petrolera, están claramente en contra del interés nacional.

Los datos que ahora reveló la ASF, deberán ser tomados en cuenta por los electores para decidir si extienden un nuevo cheque en blanco y le otorgan esa mayoría a gobernantes que han ofrecido tan magros y lamentables resultados.

¡Hasta la próxima!