jueves, 24 de noviembre de 2011

La Jornada, Krauze y el ministro Lelo

Es difícil no ver en el fallo emitido ayer por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del periòdico La Jornada y en favor de la revista Letras Libres, la forma en cómo se expresa en el México de nuestros días la lucha entre el sistema dominante y quienes se le oponen.

Más allá de las formalidades jurídicas --que también éstas fueron atropelladas-- quedó de manifiesto el designio de castigar a un medio de comunicación crítico que mediante el registro cotidiano de las imposturas de los poderosos, escapa a la uniformidad informativa y opinativa que priva en nuestro medio.

En efecto, lo que La Jornada representa en el periodismo mexicano es lo que el periodista chileno Pedro Santander ha definido respecto de la función del oficio de informar: esa voluntad  por investigar y desnudar la trama que tejen permanentemente los poderosos (gobiernos y corporaciones o poderes fácticos) para mantener su hegemonía a cualquier precio.

Entrevistado esta mañana por Carmen Aristegui, Enrique Krauze, el director de Letras Libres, confirmó mediante una frase, que eso es precisamente lo que molesta a los poderes establecidos y al conglomerado de intereses empresariales, políticos y mediáticos a los que el historiador y su revista están adscritos. Dijo que el periódico que dirige Carmen Lira está siempre de lado de los movimientos sociales revolucionarios. Y aunque llamó a desterrar el odio del debate público, enseguida calificó de estalinista al diario que lo demandó por difamación.

Parapetado tras una argucia verbal, Krauze pretendió explicar que el término "cómplice" utilizado en el texto en que Fernando García Ramírez acusó al periódico de estar "al servicio de asesinos hipernacionalistas", debe ser considerado en su acepción de "simpatizar alguien con algo", pues, dijo, es evidente que la línea editorial del diario "simpatiza" con el grupo separatista español ETA.

La aseveración muestra que o bien Krauze es un ignorante o es un cínico, porque el término "cómplice" tiene una connotación y una consecuencia jurídica, pues implica la imputación de una conducta ilícita tipificada en el Código Penal. De acuerdo con la teoría del Derecho del historiador, de aquí en adelante ningún cómplice, por ejemplo de secuestro, podrá ser imputado penalmente, pues le bastará con alegar que su condición no era la de coadyuvante en el delito, sino que sólo participó como "simpatizante".

El dictamen del ministro Arturo Saldívar Lelo de Larrea es, a su vez, un atropello sin más al sentido común y al sentido jurídico, pero sobre todo, a la letra del texto constitucional que no prevé, como argulló el juzgador la preeminencia del derecho a la libertad de expresión por sobre el derecho al honor.

Cuando la razón se ausenta, aparecen los sinsentidos. Eso ocurrió con los ministros de la Corte. El designio era liberar de la acusación a Letras Libres y los intereses que representa. Desde esa perspectiva el asunto era menos un tema jurídico y de justicia que ideológico. Aunque todavía haya quien lo niegue. Por eso prevaleció la irracionalidad de la resolución.




miércoles, 23 de noviembre de 2011

¿Hay partidocracia en México?

Suele achacarse a los partidos políticos el atorón de nuestra así llamada transición a la democracia. Se los acusa de no legislar "las reformas que el país requiere", de obstaculizar el funcionamiento de las instituciones democráticas, y de servir al interés de sus cúpulas empeñadas en mantenar sus cuotas y cotos de poder en detrimento del avance social.

El hartazgo que esto provoca condujo a movimientos ciudadanos que en las pasadas elecciones intermedias (2009) llamaron incluso a no votar o hacerlo en blanco, como una forma de repudio a esa partidocracia o gobierno abusivo y dictatorial de los partidos.

Es cierto, los políticos y sus partidos resultan impresentables: son mentirosos, marrulleros y en un verdadero Estado de derecho la mayoría estaría en la cárcel y no medrando con el dinero público en los altos puestos que ostentan.

En alguna de sus crónicas, al reseñar la boda de la hija de un político encumbrado, Carlos Monsiváis imaginó la larga cadena que formarían los amparos que cada uno de los asistentes estaría obligado a cargar consigo si la ley se aplicara.

Y sin embargo, no hay tal partidocracia en México. Si nos atenemos al análisis del politólogo alemán Joachim Hirsch, el Estado (la sociedad política) y la economía son manifestaciones empíricas objetivas de la misma forma social. Es decir, que la sociedad política es, en realidad, una de las formas en que se desdobla el capital.

De acuerdo con esta perspectiva, el poder político no es un poder separado del poder económico. Así, las instituciones políticas como el Congreso, los partidos políticos y el Estado son entidades patrocinadas por los poderes fácticos --el capital-- quienes delegan su poder en aquellos.

No se trata, desde luego, de una relación de subordinados. Cada esfera presenta manifestaciones, racionalidades y contenidos peculiares diferentes. De ahi que no sea una relación excenta de tensiones y contradicciones entre dos poderes que parecen separados y distintos.

Ello explica que la lucha por el poder político en México esté centrada en los representantes de la burguesía nacional (PRI y PAN) ligada desde hace décadas al capital trasnacional. Por ello, gobierne quien gobierne en México, se aplica el mismo modelo que mantiene al país en la órbita de dominio del capital estadounidense y alejado ideológicamente del resto de América Latina.

La lucha por el poder político entre los dos partidos de la derecha adscritos a este esquema es real y sin concesiones; regida por el cálculo que evite dar al contrario alguna ventaja explotable electoralmente, lo cual produce acusaciones mutuas y un empantanamienpo legislativo que hacia afuera es lo que ha sido caracterizado por el aparato de comunicación oficialista como partidocracia, es decir, la preeminencia del interés y el cálculo partidista por sobre lo que se supone es el interés ciudadano o de la Nación, cuando en realidad lo que predomina es el interés de la propia olicarquía financiera, cuyos intereses se ven momentáneamente estorbados por la lucha política de sus propios representantes.

Con el término partidocracia lo que se busca, una vez más, es difuminar y mantener en el anonimato el dominio que ejerce el capital sobre las decisiones fundamentales de un país, atribuyendo a la clase política, es decir, a los empleados, los fracasos, iniquidades e injusticias producidos por el sistema económico y el régimen de acumulación dominante.

Como ha quedado de manifiesto en la crisis de la zona euro --específicamente en los casos de Grecia, Italia, España y Portugal-- ha sido el capital financiero, mediante los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, quienes, por encima de los gobernantes elegidos mediante el supuesto voto libre y secreto de los ciudadanos, han terminado por imponer y dictar las políticas de ajuste y sacrificio popular que deben aplicarse.

En tales casos ¿dónde quedaron los gobiernos electos libremente por el sufragio popular? ¿En qué momento del que nadie se enteró los ciudadanos de esos países eligieron o cedieron su voluntad a los especuladores para que impongan, como lo hacen, sus políticas restrictivas?

Como se ve, las clases políticas de todo el mundo están en realidad dominadas por el gran capital financiero internacional. Aquí ese dominio denominado báctico porque se ejerce desde las sombras, detrás del trono, adopta el ropaje de una partidocracia. Pero en realidad no existe tal cosa. Los partidos y sus políticos no dominan nada. Son sólo instrumentos, la fachada más bien grotesca que oculta el verdadero poder.