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jueves, 14 de junio de 2012

CCE y el proyecto AMLO

Con empresarios

Resulta notable la forma como ha reaccionado tanto la clase política como los varones del dinero ante el plan económico del candidato a la presidencia por el Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), basado en ahorrarle al país unos 800 mil millones de pesos por la vía, entre otras, de reducir los salarios de la alta burocracia y de suprimir toda la parafernalia con que suelen rodearse esos funcionarios.

Pareciera como si el candidato hubiera mentado la soga de la corrupción en la casa, no de los ahorcados por ella, sino de sus beneficiarios. Y es que, quiérase o no, el presupuesto público constituye un apetitoso botín del cual abrevan no sólo los agentes gubernamentales sino también los empresarios, pues merced a los múltiples negocios que se tejen al amparo de tales recursos (tráfico de influencias, otorgamiento de concesiones, asignación de contratos, compra de complicidades) éstos y aquellos han podido levantar cuantiosas, inmensas fortunas.

Cuántas veces hemos escuchado a los organismos del sector empresarial (Canacintra, Coparmex, Concanaco) agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) quejarse de la obesidad del sector público y de cómo más de la mitad del presupuesto se va por el caño del gasto corriente.

Ahora sabemos que se trata de "críticas" de dientes para afuera, pues ahora que López Obrador ha propuesto ir en serio contra ese dispendio, los antes quejosos se manifiestan contra tales intensiones, aduciendo premisas increíblemente falaces, todo con el propósito de desvirtuar una iniciativa que amenaza con apartarlos de las ventajas del presupuesto, que los ha convertido en una clase empresarial más bien parasitaria.


En efecto, Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del CCE, salió ayer a declarar que reducir el salario a la alta burocracia del país conduciría a tener funcionarios de menor calidad, como si los que padecemos actualmente fueran unas mentes brillantes. Dijo también --en su parto de lo que difícilmente pueden llamarse ideas-- que la medida generaría más corrupción.

De acuerdo con la lógica del declarante, según la cual más salario equivale siempre a más calidad, la planta industrial sería más productiva y el país más competitivo si simplemente aumentaran el sueldo de todos los obreros del país.
Gutiérrez Candiani
En realidad subyase en el argumento un componente ideológico (ellos que tanto dicen aborrecer la ideología) que consiste en la falsa tesis de que el mercado es el que asigna el valor de las personas en la economía, y de cada uno obtiene de acuerdo con la calidad y cantidad del trabajo que aporta.

Ahora bien, a la luz de los resultados de la actual gestión gubernamental, que mantienen al país en los últimos lugares de las mediciones internacionales en productividad, competitividad, bienestar humano y eficiencia, y en los primeros lugares en cuanto a corrupción, sólo eso bastaría para derrumbar la premisa de Gutiérrez Candiani, según la cual nuestros funcionetas ganan mucho porque son unos súper ejecutivos.

Por otro lado, habría que acotar que un sueldo de 150 mil pesos mensuales, que es lo que resultaría en muchos casos de rebajar el salario de la alta burocracia, no es un ingreso despreciable ni menor a lo que ganan funcionarios de otras partes del mundo.

Para decirlo en plata, con lo que el CCE no está de acuerdo --más por razones ideológicas que técnicas, aunque esto no se quiera admitir-- es con la llegada de AMLO a la presidencia, entre otras cosas porque con medidas como las propuestas por el tabasqueño, tampoco serían necesarias las tan cacareadas Reformas estructurales y eso sí sería una tragedia para ellos, porque en esas reformas está la nuez del modelo económico al que se pretende atar al país en beneficio del capital financiero internacional, como ya hemos visto en una entrega anterior.

 




viernes, 30 de octubre de 2009

Calderón vs empresarios: las revelaciones

Felipe Calderón está de rodillas.

En esa condición, este jueves pronunció un discurso definitorio. En la apertura del Foro Nacional de la Industria Química, el panista finalmente reveló al servicio de quienes está su malhadada administración: los grandes empresarios.

No es que no se supiera, pero al reconocerlo abiertamente al menos se quita la máscara con la que pretendía pasar --como es su incumplida obligación constitucional-- como un gobernante a cargo del interés general. 

Acuciado por las críticas de los empresarios, quienes además han declarado abiertamente su decepción con el michoacano, Calderón reveló varias cosas: que sabe que las grandes corporaciones empresariales no pagan impuestos y que además --contraviniendo el interés nacional-- lo ha permitido.

Admitió además que la eliminación de secretarías de Estado (y aunque no lo dijo, también de Luz y Fuerza, en virtud del negocio de fibra óptica) se hizo por presiones del sector privado y, lo más grave, que el pretendido cobro de dos por ciento --que se quiso hacer pasar como una contribución para combatir la pobreza-- se planteó en realidad para servir al interés empresarial que pugnaba por extender el cobro del IVA a medicinas y alimentos. Así lo dijo:

Lo que me parece inaceptable es que haya grandes corporativos que le exigen al gobierno que recorte su gasto, y el gobierno lo recorta; que le exigen al gobierno que ponga impuestos sobre alimentos y medicinas de la gente más pobre (aquí le falto decir: y el gobierno lo hace) pero a la hora de ver sus cifras en promedio pagan 1.7 por ciento durante varios años. Esto ya no puede ser
En otro pasaje de su discurso mostró su postrada condición al casi rogar al sector privado que pague "aunque sea una parte de los impuestos":
Está bien que los empresarios tengan actividades filantrópicas, que patrocinen eventos deportivos y culturales y nos regalen equipos médicos, pero también que paguen aunque sea una parte de los impuestos.
El párrafo anterior muestra que ni aun "enojado" Calderón es capaz de imponer la ley, pues pide "aunque sea una parte" de lo que por norma deben pagar. Y esto lo dice alguien que juró "cumplir y hacer cumplir la Constitución general de la República y las leyes que de ella emanen (como las fiscales).

La actual escaramuza Calderón-empresarios debe entenderse no como un rompimiento sino sólo como un desencuentro coyuntural auspiciado por una percepción de mutuo incumplimiento.El sector privado está seguramente molesto por la pobre operación política del equipo calderoniano, que ha complicado la aprobación de un paquete fiscal a su gusto.

Visceral como es, el panista reacciona con amagos y con revelaciones que lo incriminan a él mismo. Es seguro que pasada la disputa actual, esos dos grupos lleguen de nuevo a acuerdos, en virtud de los grandes negocios que en telecomunicaciones y energía están en puerta.

Por lo pronto, ese desencuentro coyuntural ha servido para que el atribulado Calderón hiciera confidencias que en un país democrático lo conducirían a un juicio político por su conducta omisa y permisible respecto de violaciones a la ley.

Lo que no podrá evitar es que la deslegitimación de su gobierno, que lo estaba de origen, continúe acentuándose. Lo malo es que mientras eso ocurre, la cabina de mando del país está vacía y la nave transcurre sin rumbo ni proyecto.   

¡Hasta la próxima!

miércoles, 19 de agosto de 2009

Empresarios y reforma del Estado

Se queja Raúl Picard del Prado, presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), de la elevada y costosa burocracia electoral.

Tiene razón. El Instituto Federal Electoral (IFE) debería trabajar sólo unos pocos meses, suficientes para organizar una elección, contar los votos y desaparecer hasta los siguientes comicios. Una actuación semejante no requeriría un organigrama tan abultado.

El problema es que, dentro de la propia Iniciativa Privada, hay actores tan tramposos (Televisa, TV Azteca, el Consejo Coordinador Empresarial, entre otros) que para no perder el poder ni el control social que ejercen de facto, incurren en violaciones a la ley.

Entonces se hace necesario que haya una burocracia que vigile a esos tramposos. Y luego se crea un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) --otra burocracia costosísima-- para revisar las controversias originadas por las trampas en que incurrieron los partidos políticos.

Y dados los antecedentes, en rigor también habría que poner un vigilante a este tribunal de dudosa reputación en tan corta vida. Como se ve, lo que sale caro es la corrupción y el ánimo de trampear presente en casi todos los actores políticos.

Criticar o quejarse sólo de lo costoso de nuestros procesos electorales sin atender la estructura que está en el fondo del problema es como criticar la materialización del mundo, sin atender la naturaleza del sistema capitalista que la origina.

Y lo que está en el fondo, lo que se requiere es una reforma del Estado, que venga a imponer nuevas reglas, consensos y prácticas políticas. Mientras los poderes fácticos --entre los cuales se encuentran los quejosos de la Concamin-- no se avengan al juego democrático en que el poder se pierde y se gana de acuerdo con el voto popular, seguiremos inviertiendo crecientes sumas de dinero para cuidarle las manos al de junto.

Esa reforma deberá incluir temas como el sistema de partidos, el acceso a medios de comunicación, la forma de gobierno (revisar si el presidencialismo sigue siendo funcional o si se exploran otras opciones, como el sistema parlamentario o semiparlamentario), el modelo económico, entre otros.

En tanto los empresarios no se comprometan a una reforma de esos vuelos, todo lo que digan no dejarán de ser sino críticas coyunturales encaminadas a "llevar agua a su molino".

¡Hasta la próxima!