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viernes, 26 de junio de 2009

Televisa verde

Suelen Televisa y TV Azteca abominar de los partidos políticos. Y sin embargo, utilizan a uno de ellos, el Partido Verde Ecologista (PVEM), como centinela de sus intereses. E indirectamente también existe una vinculación con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con el que el Verde va ha establecido una alianza electoral y diríase que programática, pues votan igual lo mismo en el Congreso que en el Instituto Federal Electoral (IFE).

No es que tales empresas carezcan del derecho de velar por sus intereses mediante su participación en determinados partidos, lo criticable es la manera embozada y hasta hipócrita en que lo hacen. En una democracia madura y transparente, todo mundo debería saber cómo se mueven y a través de quien esas empresas de televisión presionan por obtener las ventajas de que gozan en un país que supuestamente prohíbe los monopolios.

Ambas televisoras critican lo que llaman "la partidocracia" para referirse a la forma en que los partidos se han impuesto a la ciudadanía. En realidad su crítica apunta a desprestigiar a quienes, en ocasiones, se han atrevido a legislar en contra de sus intereses políticos y comerciales.

En las próximas elecciones, Televisa y TV Azteca han colocado subrepticiamente a sus alfiles en las listas para diputados plurinominales del Partido Verde. Y lo han hecho en posiciones que aseguran la llegada a la Cámara de Diputados de tales representantes.

Los periodistas Carmen Aristegui y Jenaro Villamil han documentado que por lo menos siete candidatos postulados por ese partido están ligados a los consorcios del Periférico. Casi todos ellos han estado o están al servicio de la oficina del director de asuntos jurídicos de Televisa, Javier Tejada Dondé, quien en 2007 --cuando se reformó la Ley Televisa-- fungía como vicepresidente de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), dominada por la televisora.

Veamos:

Lorena Corona Valdés: trabaja en la Dirección de Asuntos Jurídicos de Televisa. Ocupa la posición 2 en la primera circunscripción.

Miguel Orozco Gómez: Figura como suplente de la anterior. Es director jurídico de la CIRT y hermano del actual senador del Verde Ecologista, Javier Orozco, quien era el coordinador de la Comisión de Radio y Televisión que dictaminó la Ley Televisa.

Rodrigo Pérezalonso González: Ocupa la primera posición en la segunda circunscripción. Es representante de Televisa en la Comisión de Regulación de la CIRT.

Roberto García Requena: Funge como suplente del anterior. Fue coordinador ejecutivo de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel). Es el segundo de a bordo en la oficina de Dondé en Televisa.

Juan Gerardo Flores Ramírez: También trabajó en la Cofetel. Es secretario técnico de la Comisión de RTC de la Cámara de Diputados. También colabora en la oficina de Dondé.

Verónica Rocío Tomas Ruiz: Suplente del anterior. Fue asistente de Tejeda Dondé durante ocho años en Televisa.

Mónica García de la Fuente: Lugar 4 de la tercera circunscripción. Ex asesora parlamentaria del partido Nueva Alianza. Trabajó un año en la oficina de Tejeda Dondé.

Adriana Zarur: Lugar 2 de la cuarta circunscripción. Es conductora del canal Proyecto 40 perteneciente a TV Azteca.

Ninfa Clara Salinas Sada: Es la número uno de la cuarta circunscripción. Es nada menos que hija del señor Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca.

Como se ve, el PVEM parece haber cambiado su vocación ecologista por una más ligada con los jugosos negocios de las telecomunicaciones.

Un dato sobresaliente relacionado con la lista anterior y con lo que escribimos el miércoles pasado acerca de los intereses que promueve Alejandro Martí, lo da el hecho de que hasta ahora, los candidatos que más han suscrito el pacto "Mi voto por tú compromiso" sean precisamente los del Partido Verde.

En efecto, la página de la Fundación Martí registra que 63 candidatos "ecologistas" han suscrito ese pacto, contra apenas 16 del PAN, 9 del PRI y uno del PRD, por citar sólo los más grandes.

No es casual. Son, como hemos visto, los candidatos de las televisoras que pugnarán --pues a eso los "compromete" Martí, entre otras cosas-- por anular el artículo 41 constitucional, ese que prohibe a los particulares contratar espots en periodos electorales. A eso van, a defender esos intereses. Y por eso los han mandado a firmar alegremente.

Esa cooptación que las televisoras han hecho del partido Verde explica, asimismo, el repentino "interés" que por la política ha surgido entre algunos artistas de Televisa, quienes han puesto todo el peso de su popularidad en tratar de inclinar las simpatías de la gente hacia el PVEM.

Por ello son Maité Perroni --ex RBD-- y Raúl Araiza quienes encabezan la capaña de ese partido y de ahí también el abierto proselitismo que por televisión realizan revistas normalmente apolíticas como TV y Novelas.

Como se ve, las televisoras están moviéndose para hacerse de una robusta representación en el Congreso que les asegure mantener en el limbo o que se legisle ventajosamente para ellas la aún pendiente ley reglamentaria de Radio y Televisión y, paralelamente, ir tomando posiciones para la contienda de 2012 en el que el PVEM seguramente mantendrá su alianza con el PRI para postular a Enrique Peña Nieto. Esa es la apuesta de las televisoras.

¡Hasta la próxima!










miércoles, 24 de junio de 2009

¿A quien sirve Alejandro Martí?

Nadie puede evitar ser solidario con la tragedia que el año pasado enlutó al empresario Alejandro Martí por el secuestro y posterior asesinato de su hijo adolescente.

Lo cuestionable es el uso político que él mismo ha dado o ha permitido que se haga de esa lamentable circunstancia personal. Primero, una multitudinaria marcha contra la inseguridad que luego dio paso a un demagógico y hasta ahora ineficaz Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

Luego, el empresario creó la Fundación SOS para agrupar a movimientos civiles y ciudadanos que luchen contra la delincuencia y el crimen organizado.

En la hora actual, Martí creyó encontrar en las próximas elecciones una adecuada ventana de oportunidad para llamar a la ciudadanía a votar sólo por aquellos candidatos que se comprometan por escrito y ante notario público a cumplir una serie de demandas en materia de seguridad y libertades constitucionales, incluidas todas ellas en el llamado Pacto Nacional Ciudadano "Mi voto por tu compromiso".

Los tales compromisos son, en efecto, muy atendibles y nadie podría estar en desacuerdo en, por ejemplo, comprometer a gobernadores, presidentes municipales y delegados a reducir índices de impunidad en delitos como secuestro, extorsión, robo y homicidio.

Y nadie podría negar que es muy pertinente comprometer a diputados federales y locales a votar por iniciativas que permitan la reelección o la reducción de los representantes populares.

El problema con la propuesta de Martí es que, envuelta en demandas que concitan la aprobación general, ha incluido otras que responden claramente a los intereses de las televisoras, a cuyo servicio parece haberse puesto el empresario.

Demandar, por ejemplo, que se reforme el artículo 41 constitucional que según él limita "el derecho de los ciudadanos a expresarse libremente durante los procesos electorales", es una clara concesión al duopolio televisivo.

Con razón, el politólogo José Antonio Crespo ha bautizado las propuestas de Martí como un auténtico Caballo de Troya incrustado dentro del movimiento ciudadano.

Es del dominio público que la redacción de ese artículo, incluido en la Ley Federal de Radio y Televisión reformada en 2007, irritó desde el principio a las televisoras, pues, a la luz de la experiencia de 2006, prohibió a los particulares la contratación de espots para promover o denostar a candidatos a puestos de elección popular.

Es obvio que esa reforma apunta a evitar que los dueños del dinero intervengan de manera inequitativa en la manipulación de la voluntad popular. Es decir, resulta claro que ni usted ni yo, o por lo menos la mayoría de los ciudadanos "de a pie" carecemos de recursos para contratar con Televisa o TV Azteca un paquete --no venden anuncios sueltos-- para promover un candidato.

Los únicos que pueden hacerlo son empresarios o corporaciones afines al establishment que, embozados tras el disfraz de membretes u organizaciones ciudadanas de ocasión, se dedican a denostar a candidatos o movimientos sociales contrarios a sus intereses particulares.

Ese es el "derecho" que defienden las televisoras. No el derecho de los ciudadanos comunes. Pero fiel a sus métodos, disfraza o pretende mimetizar sus propios intereses con los del público en general.

Con legisladores así comprometidos, resulta imaginable la gran presión que se generará sobre los congresos federal y local para obligarlos a emprender una contrarreforma como la que se demanda. A eso se está prestando Martí.

No es casual tampoco que los compromisos propuestos por el dueño de la cadena de tiendas deportivas incluyan solo el funcionamiento efectivo de mecanismos como el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular.

Lo curioso es que excluye de la propuesta legislar sobre una figura verdaderamente efectiva y democrática y que está más acorde con su postulado aquel de "si no pueden, renuncien". Me refiero a la revocación del mandato, el cual permitiría enviar a la cárcel o a su casa a los gobernantes que violen el juramento de "cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen".

El "candor" de Martí no puede ser tal que espere que aquellos servidores públicos corruptos e inútiles renuncien por su voluntad. Por ello resulta por lo menos extraño que haya excluido de sus demandas un mecanismo legal efectivo que daría a la ciudadanía verdaderas armas contra la clase política de que se dicen harta.

Es obvio que empoderar de ese modo al pueblo no está en el interés de esa clase política, ni de las televisoras, ni de los grandes empresarios a cuyo servicio se ha puesto el señor Martí. ¡Qué lamentable manera de lucrar con una tragedia personal!

¡Hasta la próxima!