Reforma penal de Calderón

Felipe Calderón envió a la Cámara de Senadores una iniciativa de reforma al Código Penal Federal y al Código Federal de Procedimientos Penales. Se trata de sancionar  con el decomiso de bienes a empresas, bancos, aseguradoras y otros organismos del sistema financiero responsables de operaciones ilegales en beneficio del narcotráfico y el crimen organizado.

Los acusados serían multados e inhabilitados para participar en contratos con el sector público y exhibidos públicamente, pues la sentencia se publicaría en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de circulación nacional.

En la iniciativa el término personas morales es sustituido por el de personas jurídicas de naturaleza privada. Plantea, además, dos nuevos tipos penales: el de "confabulación" y el de "facilitación delictiva", así como castigar hasta con 15 años de prisión a informantes del hampa (los llamados halcones), aunque se trate de menores de edad.

La propuesta de reforma incorpora al orden jurídico la figura de "injusto colectivo" con el fin de imputar la responsabilidad penal a quienes de alguna forma participen o se beneficien de los ilícitos cometidos por el grupo delictivo. Así, los delitos de alguna banda podrán imputarse a cualquiera de sus integrantes, aun cuando no hayan partcipado en la comisión del hecho que se juzgue, bajo la óptica de que los actos individuales permiten el funcionamiento de la organización.

Toda esta elucubración jrídica fue de inmediato cuestionada, con razón, por el senador perredista Pablo Gómez: "¿Para qué quiere Calderón más leyes si no las aplica? Nos sigue pidiendo y pidiendo leyes cada vez más complicadas ¿Para qué toda una maraña jurídica si lo que tenemos es una ineptitud manifiesta de todo el aparato gubernamental y de prevensión de justicia?" (La Jornada 16-IV-11, Andrea Becerril).

En efecto, ¿Para qué tantos nuevos conceptos y figuras jurídicas, cuando bastaría con intervenir los circuitos financieros del narcotráfico?