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miércoles, 4 de marzo de 2009

Tenencia

Los mexicanos vivimos un raro síndrome al que quizá algún lector --seguramente con más imaginación que este escribidor-- ayude a bautizar. Consiste éste en que según el gobierno, cualquier medida en beneficio del pueblo, en realidad lo perjudica.

Esa paradoja no es nueva, pero se ha reeditado con el asunto del impuesto que se cobra a los propietarios de vehículos automotores. La llamada tenencia vehicular es un gravamen que habría iniciado en 1968 como una medida temporal para financiar los juegos olímpicos que aquel infausto año se efectuaron en México.

En realidad surgió antes incluso que el Comité Olímpico Internacional designara oficialmente a México como organizador de la justa. Eso ocurrió en 1963 y la Ley de Ingresos del gobierno federal que entró en vigor el 1 de enero de 1962, un año antes, ya incluía esa obligación.

Y como palo dado ni dios lo quita, menos lo puede hacer un gobierno terrenal, así que el tal impuesto se quedó entre nosotros. Pero la demanda de eliminarlo reaparece cada tanto, señaladamente en periodos electorales.

El último en ofrecerlo fue el propio Felipe Calderón, sólo que una vez en la presidencia (obtenida "haiga sido como haiga sido", según su propia y ya célebre expresión) anunció que lo haría hasta 2012, es decir, en el ocaso de su administración, con lo cual se comporta de acuerdo con la conocida máxima: "que se friege el que sigue", clásica entre los políticos mexicanos.

Después de unos días de discusiones --iniciadas cuando el diputado panista Gerardo Buganza propuso suprimir ese pago a partir de este mes-- ayer finalmente los legisladores decidieron mantener el impuesto aduciendo que si se elimina, la perjudicada sería la propia población que lo paga, pues no habría recursos para educación, salud e infraestructura.

El alivio financiero que se procuraba con la medida en favor de los contribuyentes resultaba significativo, y constituía una auténtica medida de apoyo a la población agobiada en esta hora de turbulencia económica. Pero bien se ve que la solidaridad que se pregona sólo se concibe en un sentido: de la población hacia el gobierno, pero en ningún caso de éste hacia la sociedad.

El argumento de que se protege a la población esquilmándola --el síndrome al que me referí al principio-- no es nuevo. Durante muchos años el combate a la inflación se ha basado en la reducción del circulante. Es decir, restringiendo la cantidad de dinero disponible en la sociedad para evitar que con la mayor capacidad de compra (demanda) se elevara el precio de los productos (oferta).

Así se mantuvo la inflación baja, pero también se asfixió económicamente a las familias, con el argumento, otra vez, de que se las protegía, casi casi de sí mismas.

En contraparte, el gobierno no se anda con rubores al momento de pagarse. Un ejemplo de cómo se gasta el dinero de los contribuyentes, que incluye el que se recauda por concepto de tenencia, lo proporciona el gobierno de Tabasco.

El portal de la Secretaría de Administración y Finanzas de la entidad publicó el viernes 27 de febrero que la administración estatal eroga cada mes 50 millones de pesos --600 millones al año-- en el pago de una compensación denominada "bono de fatiga laboral", a trabajadores y funcionarios de primer nivel, a los que, dada la denominación del premio, ya se puede uno imaginar extenuados por la entrega y el celo con que se sacrifican por la patria.

Con un desenfado similar al mostrado por los consejeros del IFE, en su reciente affair, el gobernador Andrés Granier Melo señaló que la compensación es legal y garantiza la transparencia. Y ya con eso.

Ese modo de proceder no es, sin embargo, privativo de Tabasco; se repite puntualmente en cada una de las 31 entidades federativas restantes, por lo que es fácil comprender los verdaderos motivos que inspiran la renuencia a suprimir ingresos como los que les procura a los estados el pago de la tenencia.

Seguramente en 2012 los políticos se las volverán a arreglar para dejar sin efecto el decreto de 2007 que abroga el pago de la tenencia a partir de ese año, de modo que ésta siga representando una jugosa fuente de ingresos para funcionarios fatigados y gobernadores transparentes.