Porqué no creceremos con las reformas

Aunque no lo parezca, la economía es más sencilla y lógica de lo que las estrambóticas formulaciones numéricas del neoliberalismo pretenden hacernos creer. El quid de la cuestión, tanto para una empresa como para un país, consiste en el equilibrio entre oferta y demanda.

Usted no puede atiborrar el mercado con enormes volúmenes de producto sin tener en cuenta la demanda. Si ésta es muy pobre el desequilibrio que usted cause lo afectará tarde o temprano: tendrá que reducir precios y crecerán sus inventarios.

Si para el siguiente ciclo de producción la demanda continúa deprimida, usted deberá producir menos, y para compensar la caída tendrá que reducir salarios, despedir trabajadores y cerrar contrataciones durante un largo periodo.

Pero si usted y miles de empresas se ven precisadas a aplicar estas medidas, el desempleo así provocado reducirá el poder adquisitivo de las familias, con la cual reducirán sus gastos y la demanda seguirá cayendo y con ella la producción. Se dirá entonces que el país vive una recesión, porque sin ventas las empresas no invierten, pagan poco, producen menos y no crean empleos.

El problema por resolver está muy claro: ¿cómo estimular la demanda para devolver el equilibrio al sistema? Esa ha sido en términos generales la cuestión que la economía ha tratado de resolver a lo largo de la historia del pensamiento económico.

Para unos, el gobierno debe generar condiciones de rentabilidad que permitan estimular el crecimiento económico; para otros (llamémosle el bando neoliberal), el gobierno no debe intervenir de ningún modo porque el mercado es tan eficiente que solito se encargará de corregir cualquier desequilibrio. Estos últimos son los que han dominado la ciencia de la economía en los últimos decenios. A ellos y sus teorías se debe la crisis económica mundial que aún padecemos. A ellos pertenece el equipo económico del licenciado Enrique Peña Nieto.

El caso es que en México llevamos tres décadas aplicando las políticas del bando neoliberal. El problema de este modelo radica en que su programa de reformas estructurales está --todo él-- orientado a seguir estimulando un sólo lado de la ecuación: el de la oferta, pero sin tener en cuenta la demanda. Por eso no crecemos.

Esto lo hacen porque siguen creyendo en la Ley de Say según la cual la oferta crea su propia demanda, lo cual no es cierto, porque como lo hizo notar Keynes, a partir de la evidencia empírica, cuando hay una crisis la gente deja de gastar y seguirá así incluso tiempo después de que la turbulencia haya pasado.

Con arreglo a lo anterior, las reformas estructurales mexicanas están orientadas a estimular la oferta sin atender la demanda. Veamos:

La reforma laboral se hizo para abaratar la mano de obra y para librar a los patrones del pago de prestaciones y liquidaciones, como una forma de aligerar los gastos de producción e incrementar las ganancias. Es decir, seguir produciendo (oferta), pero para un mercado que con esos bajos salarios carece de capacidad de consumo (demanda).

La reforma financiera está pensada (es un decir) para que los bancos otorguen más crédito y más barato a las pequeñas y medianas empresas, pues se supone que éstas no invierten ni crecen porque carecen de recursos. De acuerdo con esta idílica imagen con esos créditos podrán crear empleos y producir más (de nuevo de lo que se trata es de incentivar la oferta).

Está por verse cuántos empresarios se embarcarán con un crédito --así sea a tasas preferenciales-- que se convertirá en una deuda impagable cuando la producción así financiada no se venda porque está destinada a un mercado donde la demanda está por los suelos porque no hay políticas para estimularla.

La reforma fiscal, que debería ser uno de los instrumentos mediante los cuales el gobierno reasigne y redistribuya la riqueza social, será un medio para seguir afectando la demanda, pues al incrementar el IVA y generalizarlo a los alimentos y medicinas, la mayoría de la población reducirá aun más su consumo (la demanda) y, al hacerlo, volverán a caer las ventas, la inversión y la producción, con lo cual se le seguirán bajando puntos al Producto Interno Bruto, que refleja el crecimiento o estancamiento económicos.

Por estas sencillas razones, resulta obvio que el modelito y la receta de las reformas económicas no nos conducirá a un mayor desarrollo económico sino al precipicio, pues su aplicación no hará sino incubar las condiciones de la próxima crisis.

En este contexto ¿por qué el gobierno insiste en que con este modelo se conseguirá el crecimiento cuando la evidencia empírica demuestra la mendacidad de esa afirmación? Lo veremos mañana.

Calderón: Los saldos

El saldo rojo de Felipe Calderón al frente del poder en México no se refiere sólo a los 95 mil 632 asesinatos documentados por el INEGI entre 2007 y 2011, sino a los pobres registros en economía, empleo, educación y cultura.

Hablamos de una administración deficitaria en casi todos los rubros, como podrá verse en este recuento no exhaustivo, pero sí comprehensivo de este funesto periodo.

• En cuanto a gasto social como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) México ocupa el último lugar entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El promedio que estos países destinan a ese gasto es de 22 por ciento con un máximo de 30 por ciento en los casos de Francia y Dinamarca. Pese a los discursos aquí se aplica aproximadamente ocho por ciento, menos de la mitad del promedio de los países asociados al organismo.

• Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) indican que aumentó 30 por ciento el costo de la canasta básica por persona en los últimos cuatro años, en tanto que el ingreso sólo subió 1.7 por ciento.

•  El propio Coneval informó que en el ámbito rural la canasta alimentaria subió 45 por ciento (de 492 a 702 pesos) entre enero de 2005 y junio de 2012. También que 40.5 por ciento de la población indígena de México sufre carencia de comida y la malnutrición en niños indígenas duplica el promedio nacional.

• Datos de la Cepal y Unicef indican que la población indígerna del país es la más marginada de toda América Latina. De los 2.87 millones de menores, 22.8 por ciento carecen de educación formal; 88.7% no tiene acceso a vivienda digna y 67.5% están privados del derecho al agua potable. 

• Entre el 1 de diciembre de 2006 y el 30 de junio de 2012 se crearon un millón 809 mil 211 empleos con seguridad social, cuando el 3 de mayo de 2006 el candidato Felipe Calderón ofreció un millón de empleos por año. Según el INEGI, la Población Económicamente Activa (PEA) aumentó en el periodo en cinco millones 143 mil 637 jóvenes para sumar 49 millones 590 mil 669 personas, lo que significa que sólo se creó una de cada tres plazas necesarias.

• Esa misma proporción --uno de cada tres trabajadores-- subsiste en la economía informal. A junio de 2012 la población ocupada en este sector aumentó en 830 mil personas, con lo que el total de trabajadores en la economía subterránea llegó a 14 millones 200 mil personas. 

•  Pese a los encendidos discursos de los últimos días en que Calderón inauguró varios tramos carreteros que según él hicieron del suyo "el sexenio de la infraestructura", la realidad es que, como en otros casos,  resultó más pirotecnia que efectividad. Con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, expuso que entre 2007 y 2011 se erogaron 264 mil 22 millones de pesos en infraestructura carretera. 

 Sin embargo, la competitividad internacional del sistema carretero nacional decayó: pasó del lugar 49 en 2006 al 55 en 2010, de acuerdo con el Foro Económico Mundial.

• El sector primario de la economía (agricultura, ganadería y pesca) no creció en este sexenio. Su contribución al PIB nacional es de sólo cuatro por ciento, por debajo de lo que aporta en China y Brasil, según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Al cierre de 2012 el sector tuvo una captación negativa de nueve mil 102 millones de pesos en impuestos. Esto se debe a que mediante diversos mecanismos fiscales (tasas diferenciadas de impuesto sobre la renta, exenciones, subsidios, créditos fiscales, condonaciones, estímulos, deducciones, tratamientos y regímenes especiales) se devolvió a las empresas del sector --principalmente trasnacionales-- 16 mil 757 millones de pesos.

• Con Calderón, empresas extranjeras (la mayoría canadienses) duplicaron la extracción de oro en el país: pasó de 43.7 toneladas en 2007 a 87 toneladas en 2011. Un gran negocio de saqueo si se considera que la cotización de la onza de oro se incrementó de 700 dólares en 2007 a mil 851 dólares en julio de 2012, un aumento de 164 por ciento. Según la Cámara Minera Mexicana --cuya denominación de mexicana parece un chiste-- la canadiense Goldcorp Inc. es la mayor productora de oro en México.

• Otro saqueo que se consolidó durante el calderonato fue el de divisas. De acuerdo con el Banco de México este sexenio sacaron del país 145 mil millones de dólares, cantidad que duplica el saldo actual de la deuda externa del gobierno y que representó un aumento de 266 por ciento respecto del gobierno de Fox.

• La evasión fiscal también fue una fiesta. Según la Red para la Justificación Fiscal, un organismo internacional, mexicanos depositaron estos años 417 mil millones de dólares en paraísos fiscales que equivalen nada más y nada menos que a 40 por ciento del PIB.

• Otra fuente de beneficios para las grandes empresas nacionales y trasnacionales fue la devolución que hizo el fisco de pagos por concepto de impuestos. Ascendieron a 174 mil millones de pesos principalmente a cementeras, mineras, automotrices, refresqueras, cerveceras, electrodomésticos, telefonicas y cigarreras.

• Durante el sexenio, el gobierno gastó en importación de gasolinas 112 mil  569.2 millones de dólares, es decir 53 por ciento de los ingresos por exportación de crudo. En contraparte, sólo en 2011 se quedó sin ejercer 90 por ciento del presupuesto asignado para la construcción de la refinería Bicentenario, la cual permitiría abatir la compra de gasolina al exterior. El costo estimado de la refinería es de 11 mil 610 millones de dólares, casi un tercio de lo que se destina a la importación de productos refinados en un año.

•  Otro ejemplo de la corrupción con que se manejó Pemex es el de su deuda. En 2006 ascendía a 569 mil millones de pesos. Con Calderón pagó casi la mitad de ese monto sólo en intereses (233 mil 796 millones de pesos), y sin embargo, en vez de deber menos, la deuda se incrementó: ahora es de 772 mil 100 millones de pesos.

• Datos de la Secretaría de Hacienda revelan que al cierre de julio de 2012 la deuda pública gubnernamental alcanzó un máximo histórico: cinco billones 112 mil 236 millones de pesos. En 2007 representó 27.36 por ciento del PIB y en 2012 supera ya los 37.10 puntos porcentuales. Un crecimiento de casi 10 por ciento en el sexenio, según la dependencia.

•  La deuda externa, que se redujo durante el foxiato, alcanzó con Calderón un máximo histórico al llegar a 204 mil 179.7 millones de dólares, que equivale a 19 por ciento del PIB (valor de bienes y servicios producidos en un año por la economía). Esto de acuerdo con datos del Banco de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Fondo Monetario Internacional citados en el anexo estadístico del VI Informe de Gobierno. 
• La deuda externa total (de los sectores público, privado y bancario) creció entre 1990 y 2000 en 22. 67 por ciento, pero entre 2000 y junio de 2012 creció 65.52 por ciento, el triple que en la década precedente, pues pasó de 123 mil 350 millones de dólares en 2000 a 204 mil 179.7 millones de dólares, en 2012 (un aumento de 80 mil 829.7 millones de dólares más).
•  Este volumen de endeudamiento ocurrió pese a que Pemex aportó 3.9 billones de pesos en impuestos al gobierno, según el Banco de México. Un incremento de 85.2 por ciento respecto del sexenio de Fox. Así, el calderonato recibió de Pemex el equivalente a 25.6 por ciento del PIB que asciende a 15.2 billones de pesos.
• Según Banxico nunca ningún otro gobierno contó con tantos recursos de Pemex (un billón 825 mil 497 millones de pesos más que su antecesor).

• Apenas 0.43 por ciento del PIB se destinó a ciencia y tecnología, según anexos del VI Informe de Gobierno. Ese porcentaje está por debajo del uno por ciento recomendado por los estándares internacionales. Corea del Sur destina a ese rubro 5% del PIB; Japón: 3.26%; EU: 2.90%; Alemania: 2.82%; Francia: 2.25%.

• Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México es el único país miembro con más desempleo entre los más educados. Es último lugar en expectativa de graduación en bachillerato con 47%; penúltimo en tasa de graduación a nivel superior con 20%; pero es tercero en el número de ninis con siete millones 248 mil 400, es decir, 24.4% de la población entre 15 y 29 años.

¿Por qué ESTA reforma laboral?

La reforma laboral que se procesa actualmente en el poder legislativo en México responde, en último término, al designio que desde hace por lo menos 25 años rige en el mundo: suprimir el Estado de bienestar, cuyo modelo de economía mixta facultaba al Estado a mediar entre los factores de la producción para garantizar el bienestar material de la población en general.

La idea subyacente en esa supresión es la de mantener los márgenes de rentabilidad no ya mediante la producción y el trabajo sino vía la expansión del sector financiero desregulado, cuyas prácticas especulativas con las deudas soberanas de los países --véanse los casos de Grecia, España, Italia, Portugal-- les reditúan mayores ganancias que la producción de mercancías y la creación de empleos.

De ahí que en México y el mundo las tasas de desempleo se encuentren al alza. En un artículodel blog Democracy in America, de The Economist (When the workers aren't needed) se señala que en EUA la porción laboral de los ingresos nacionales ha ido a la baja desde 1970 y la tendencia sólo ha conseguido empeorar desde la pasada crisis financiera.

Como lo señala ese artículo, los trabajadores están dejando de ser necesarios y aquellos que necesiten integrarse a la actividad económica deberán aceptar las condiciones del mercado expresadas en leyes laborales como la que está en curso en México.

Ello porque actualmente la valorización del capital --lo que da valor e incrementa la rentabilidad y ganancias del dinero-- se basa en la contracción del trabajo asalariado, en la restricción al consumo, la inversión especulativa y la desregulación estatal.

Esta nueva forma de valorizar el capital requiere de nuevas leyes que dén legitimidad a las prácticas socio-económicas y laborales que deben imponerse (como el outsourcing, la flexibilidad, los contratos de prueba, por ejemplo) y para eso está el aparato estatal (el ejecutivo, el legislativo y el judicial): para adaptar legalmente y dar legitimidad a las condiciones que requieran las relaciones de dominación imperantes.

No en balde, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) dice que la reforma laboral termina con la simulación y la ilegalidad. En efecto, pero lo hace no corrigiendo las violaciones sino legalizándolas. Con esa lógica mañana podría legalizarse, por ejemplo, el robo en propiedad ajena. Como se trata de algo que existe, pero que la ley prohíbe, configura lo que el CCE denomina una simulación con la que sería preciso terminar.

Así, las reformas estructurales --como la laboral-- no son otra cosa que el intento por darle al capital un andamiaje jurídico y legal que favorezca la acumulación de mayores ganancias por la vía de la supresión de los derechos económicos de los trabajadores o disminuyendo o eliminando prestaciones sociales.

La lógica de fondo es que las mayores ganancias ya no están en la producción de bienes, sino en la inversión financiera especulativa en ramas específicas. Por eso ya nadie crea empleos y por ello vendrá también la reforma energética, pues Pemex es otra jugosa veta que urge abrir a la inversión privada, nacional y extranjera, ávida de las millonarias ganancias que reporta el sector.
  

Por qué piensan votar PRI

Una de las consejas más extendidas que explican por qué amplios sectores de votantes favorecerían el regreso del PRI a Los Pinos, tiene que ver con el factor económico.

Es frecuente escuchar a las personas decir que si bien los priistas eran y son un atajo de rateros dejaban que escurriera algo del botín. En cambio --se completa el "argumento"-- los del PAN sólo roban para ellos.

Ese mito popular se explica por la desesperación que  ahoga a comerciantes, autoempleados y micro-empresarios para quienes cada vez es más difícil obtener alguna ganancia de su trabajo.

La señora Vírgen Torres, locataria del mercado Benito Juárez, en Azcapotzalco, no sabe de porcentajes. Pero sí sabe que debido a que dos días a la semana tiene que contender con otros tantos mercados ambulantes que se instalan en los alrededores, sus ventas son cada vez menores.

Don Valentín González vende rosas en el crucero que conforman las calles Francisco Morazán, Fray Servando y Boulevar aeropuerto. Rememora: "hace 10 años llegaba a vender 600 ramos en un viernes; hoy no los vendo ni en una semana.

Ese es el tipo de situaciones que ocurren en la economía real y que están conduciendo a mucha gente a añorar otros tiempos. Lo que está operando en el imaginario popular es un curioso mecanismo psicológico que procura salidas ante la desesperante situación económica actual.

Ello los lleva a idealizar un pasado en realidad inexistente, porque más allá de las percepciones, fue el propio PRI el partido que puso las bases de lo que hoy vivimos al adoptar e implantar aquí el modelo neoliberal dictado desde los centros mundiales de poder.

El PAN --profesante de la misma doctrina, de ahí que se diga, con razón, que ambos partidos son una y la misma cosa-- no ha hecho sino continuar y profundizar la política económica consustancial a ese modelo.

Con algunos matices, si el PRI hubiera gobernado estos 12 años, la situación no sería distinta de la que prevalece porque con Miguel De la Madrid y luego con Carlos Salinas y Ernesto Zedillo se inició el ciclo que ya no permite dejar que "escurra" parte del botín hacia la sociedad.

Ello así, porque la nuez del modelo neoliberal impuesto por la globalización consiste en incrementar la rentabilidad del capital aun a costa de estragar a los pueblos (véanse al efecto los casos de Grecia, España e Italia). La gente no lo recuerda, pero ya desde los tiempos del PRI se había dejado de "salpicar" al resto de la sociedad lo que "arriba" se robaban.

Así las cosas, lo que está ocurriendo en amplios sectores de la población es un falso recuerdo aderezado con falta de información y una débil memoria histórica: es decir, tendemos a tergiversar nuestro propio recuerdo idealizando situaciones pasadas que nunca existieron como tales (ideales), como una forma de fuga hacia adelante ante una realidad que obsesiona y oprime porque no se atisban salidas ni prontas ni fáciles.

Reformas estructurales ¿qué hay detrás?

Al menos en dos ocasiones durante el último mes el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, pidió al Congreso que apruebe las "reformas estructurales que el país requiere" (la frase ya es casi un eslogan).

El pasado 28 de septiembre, durante la Cumbre de Comunicación aseguró incluso que con las reformas laboral, de telecomunicaciones y energética el país podría crecer hasta seis por ciento.

Ayer Felipe Calderón hizo su parte en esta que parece una campaña de presión. Al inaugurar el Foro del Mercado de Valores 2011 urgió a los legisladores a "aprobar las reformas económicas pendientes", pues con ellas se crearían más empleos, los jóvenes y las mujeres tendrían más oportunidades y el país lograría mayor competitividad.

Ambos desde luego mienten porque las tales reformas no están diseñadas ni para el crecimiento económico (bueno sí, pero sólo de los grandes capitales) ni para la generación de empleos como ya quedó demostrado con las aplicadas hasta ahora.

¿Por qué son tan importantes y urgentes para el grupo hegemónico en el poder esas reformas? Porque Calderón fue impuesto en la presidencia de México con el propósito de profundizar el designio que desde hace por lo menos dos decenios rige en el mundo: suprimir el llamado Estado de bienestar para incrementar los márgenes de rentabilidad del capital financiero por la vía de comprimir el trabajo asalariado (desempleo), restringir el consumo de las masas reduciendo el ingreso (bajos salarios), recorte a gastos sociales y privatizaciones. Exactamente lo que vemos que está ocurriendo en el mundo en el periodo referido.

Tales son las condiciones que requiere la oligarquía financiera internacional, cuyos representantes locales son el PRI y el PAN. En otras palabras, las reformas estructurales no son otra cosa que la forma concreta en que el capitalismo en su etapa neoliberal está reestructurando la sociedad para magnificar sus ganancias.

Conforme a este proyecto, detrás de la expresión "reformas estructurales" lo que hay es una política encaminada a reducir el gasto público para disminuir el déficit fiscal. El carácter global de este diseño puede constatarse en Europa, donde la receta de las reformas estructurales se ha prescrito para "salvar" la crisis de deuda que enfrentan los países de la eurozona. Sólo que se trata de un remedio que los hundirá más porque no genera crecimiento económico y sólo garantiza sacrificios sociales para garantizar el pago por las deudas contraídas.

De acuerdo con el doctor en economía José Blanco "reducir el gasto público es comprimir el tamaño de la rebanada del Producto Interno Bruto que va a dar a manos de los asalariados, buscando así el capital, aumentar sus beneficios y competitividad internacional".

Para que esto ocurra, es preciso que los países adecuen su legislación, sus estructuras socioeconómicas y sus instituciones de modo que apoyen y estén acordes con la nueva forma de valorización del capital que incluye reducir el tamaño del aparato estatal, mediante la desincorporación y privatización de industrias estratégicas (hidrocarburos, minería, telecomunicaciones, gas, electricidad), la eliminación de subsidios que atemperaban las desigualdades sociales, privatización de los regímenes de pensiones, además del abandono presupuestal de la educación pública y predominio de carreras técnicas formadoras de mano de obra calificada y barata para el mercado en detrimento de la formación humanística, científica y cultural (véase la eliminación de la Filosofía en los planes y programas de estudio del bachillerato que sostiene la Secretaría de Educación Pública, como el Colegio de Bachilleres).

Como se sabe, todo ese proceso ha sido acompañado y se ha legitimado a lo largo de los últimos 20 años mediante enmiendas constitucionales, reformas a leyes y reglamentos o creación de nuevos cuando se ha requerido, con el único propósito de acomodarlo a las nuevas necesidades de expansión del capital financiero internacional. Esos cambios han sido bautizados con el nombre de reformas estructurales. 

Como dice Carlos Salinas de Gortari: a lo que ya se aplicó, lo que ya fue gobierno hay que aplicarle la prueba del ácido de los resultados. Estas reformas ya se aplicaron, panistas y priistas han gobernado con ellas y el resultado es que México es una de las economías más débiles de América Latina por su subordinación a EUA, un país depauperado con 52 millones de personas en pobreza extrema, una clase media abolida o en vías de extinción, un mercado interno pulverizado y un crecimiento económico promedio de 1.9 por ciento en el sexenio de Calderón, el segundo peor de los últimos 75 años.

Con esos resultados impresentables, pero escudados en la desinformación de la sociedad y apuntalados por el aparato de comunicación público y privado, Calderón y sus adláteres creen llegado el momento de una nueva ofensiva y han iniciado una campaña de presión para concluir el ciclo de reformas estructurales,
revestidos esta vez con falacias como aquello de que una reforma laboral dará competitividad al país porque la planta productiva estará mejor vinculada al mercado laboral.

Lo que busca en realidad es garantizar mayores rendimientos al capital, que no estará obligado a pagar prestaciones onerosas, podrá ofrecer precarias condiciones de trabajo, no enfrentará sindicatos independientes y no tendrá que pagar ni grandes salarios ni indemnizaciones por despido, que todo eso legaliza el proyecto de reforma estructural en materia de empleo por el que tanto suspiran los panistas (y también los priistas, pero ellos esperarán para votarlo hasta su eventual regreso a Los Pinos).

La competitividad de que hablan Calderón y Carstens no se refiere a una que mejore las condiciones de vida cotidiana de las personas, sino a una que permita atraer capitales y favorezca las variables macroeconómicas, esa suerte de economía ficción, cuya saludable condición es de donde extrae sus ganancias el fraudulento capital financiero que domina el mundo.

La farsa o, si se quiere, el cinismo detrás de este nuevo intento es que el desastre económico que esas reformas han significado al país es utilizado para...¡justificar su necesidad!.

Así por ejemplo, cuando el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) reveló que en en el sexenio de Calderón se incrementó en 3.2 millones el número de personas pobres, el senador Manlio Fabio Beltrones escribió en su cuenta de Twitter: "Ante cifras que revelan un incremento en la pobreza, sería mezquino aplazar las reformas que impulsen la economía y el empleo".

¿Se dan ustedes cuenta? Es como si dijera: "Visto lo mal que lo hemos hecho, debemos seguir haciéndolo". ¿Así o más desvergonzado?

Bono demográfico, oportunidad fallida

"En el largo plazo todos estaremos muertos" suele decirse --citando a John Maynard Keynes-- para apremiar a que algo se haga hoy que se requiere y no para cuando quizá ya ni sea necesario.

En la vida de un país, sin embargo, el largo plazo existe, y lo que se haga o se omita hoy afectará indefectiblemente ese horizonte.

Lo anterior viene a cuento porque si no se actúa con urgencia para atender las causas estructurales de las pavorosas estadísticas de desempleo que conocemos a diario, la ironía keynesiana podría ser una realidad para este país al cabo de unos años.

A diferencia de nuestros políticos, tomemos distancia de la coyuntura para otear el futuro. Podría entonces decirse que los mexicanos de esta época estamos a punto de ser testigos --o cómplices, según se quiera ver-- de una nueva oportunidad perdida para el país.

Esa oportunidad es el cambio en la estructura de edad de la población (menos nacimientos y mayor esperanza de vida), en el cual ya nos encontramos y no estamos preparados para aprovechar sus ventajas.

Ese cambio, conocido como bono demográfico, ocurre cuando la mayoría de la población se encuentra en edad de trabajar y una porción menor es dependiente, es decir, hay menos niños y ancianos a quienes mantener.

Con más gente productiva es posible generar mayor riqueza, pues al haber pocas personas en edad escolar o en retiro, la presión sobre los gastos en educación y salud también se reduce y se elevan las posibilidades de ahorro e inversión.

Como puede verse, se trata de un factor clave para el crecimiento y desarrollo económico sostenido. El economista Miguel Székely (Este país, número 181, abril 2006, p. 29) ha señalado que el sudeste asiático --Hong Kong, Corea del Sur, Taiwán y Singapur-- fue la región que mayor crecimiento económico generó durante la segunda mitad del siglo XX.

Pues bien, se ha atribuido al bono demográfico entre 15 y 40 por ciento del crecimiento económico observado entre 1965 y 1990 para esa región. El investigador señala que al parecer esas naciones ya han materializado su oportunidad demográfica, pues su tasa de ahorro interno en el año 2000 era de 28 por ciento, prácticamente el doble del 15 por ciento registrado en México ese año.

Nuestro país, sin embargo, parece encaminarse a desperdiciar esa oportunidad histórica, pues para capitalizarla en su favor necesitaría cumplir dos condiciones: brindar educación de calidad y generar las oportunidades de empleo para atender a los jóvenes que se incorporan a la población económicamente activa (PEA). Aquí esas condiciones no existen.

Aunque suene a lugar común, puede decirse que "el futuro ya nos alcanzó", pues entre 1950 y 2000 la población entre 0 y 14 años (población dependiente) representó más de 45 por ciento del total. Pero debido a la menor tasa de crecimiento poblacional desde los años 70 del siglo pasado, este grupo se ha ido reduciendo gradualmente y la población en edad de trabajar se ha incrementado.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo), 65.5 por ciento de la población actual está en edad laboral (15-64 años); 28.7 por ciento tiene entre 0 y 14 años, y sólo 5.8 por ciento (unas seis millones de personas son adultos de 65 años o más).

Según la misma fuente, en 2008 había 45 menores de 15 años y 8.6 individuos mayores de 64 por cada 100 personas en edad laboral, lo que representa una razón de dependencia de 53.7. El Conapo estima que esa razón de dependencia disminuirá aún más hasta alcanzar su mínimo en el año 2020, con un valor de 45 dependientes por cada 100 individuos en edad laboral.

Es decir, dentro de sólo 11 años estaremos viviendo el apogeo del bono demográfico y, sin embargo, no se están generando las oportunidades de empleo que toda esa gente va a requerir.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revelan que desde 2006 --año en que se impuso en Los Pinos el autodenominado "presidente del empleo"-- ningún joven de los que se incorporaron a la PEA encontró trabajo ni en el sector formal o informal de la economía.

Y lo anterior no es sólo atribuible a la crisis "que nos vino de fuera". Durante el gobierno de Vicente Fox, con los mayores excedentes petroleros de que haya dispuesto el país para reactivar la economía, la desocupación se incrementó de 915 mil 418 personas a un millón 600 mil 891. Es decir, un crecimiento de 74.8 por ciento en seis años.

En 28 meses de Felipe Calderón el número de personas desocupadas creció en 799 mil 109 hasta afectar a los actuales 2 millones 400 mil, o sea, 49.91 por ciento más respecto de 2006.

El asunto es grave porque después del periodo de bono demográfico lo que se prevé, como es natural, es un repunte en la dependencia poblacional del lado de las personas de la tercera edad.

El estudio del Conapo, La situación demográfica Nacional 2008, señala que a partir de 2012 el número de adolescentes comenzará a disminuir de manera constante, mientras que la población entre 20 y 24 años comenzará a descender a partir del año 2015, aproximadamente. En contraparte, en 2012 se estima que 6.3 por ciento de la población (6.9 millones de individuos) tendrá al menos 65 años de edad.

Se calcula, además, que el envejecimiento de la población mexicana está a la vuelta de sólo 25 años, pues se consolidará en 2035, cuando la población en edad avanzada supere a la infantil. Así que desaprovechar el bono demográfico no sólo implicará dejar sin empleo a quienes lo soliciten cuando sean jóvenes sino que luego no habrá riqueza para atenderlos cuando sean viejos.

En un escenario como ese habrá mucha presión sobre los sistemas de pensiones, además de que, debido a la precariedad del trabajo, la mayoría habrá trabajado en el sector informal por lo que llegará a la edad del retiro sin una pensión que le asegure un ingreso.

Actualmente, con una población ocupada de 43 millones 255 mil 217 personas, sólo 15 millones 931 mil 880 (37 por ciento del total) tiene acceso a la seguridad social, según registros del INEGI. El resto --27 millones 323 mil 737 trabajadores-- carece de esa prestación.

El panorama no es muy halagüeño, pues los propios documentos oficiales revelan que será difícil crear las condiciones para que la economía mexicana sea capaz de generar los empleos necesarios en los próximos años.

El estudio Proyecciones de la Población Económicamente Activa de México y las entidades federativas 2005-2050, elaborado para el Conapo por Virgilio Partida Bush, admite que "Mientras se espera que la demanda de empleos continúe creciendo en el futuro, no se vislumbra aún el momento en que se revierta el relativo estancamiento del aparato productivo de México y un crecimiento económico sostenido haga plausible el equilibrio entre oferta y demanda de puestos de trabajo".

El documento asienta que la "ventana de oportunidad" llamada bono o dividendo demográfico permanecerá abierta transitoriamente en México, por primera y única vez de 2012 a 2033.

Pero también señala que, de acuerdo con escenarios de prospectiva económica, se requeriría de una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) constante de 4.6 por ciento entre el año 2000 y 2030, para que el número de empleos formales, productivos, bien remunerados y con prestaciones pueda absorber casi 85 por ciento de la PEA en 2030.

Calcule el lector la posibilidad de que eso ocurra cuando en un periodo casi similar (1981-2006) el PIB creció en promedio sólo 2.6 por ciento.

Del lado de la educación --el otro gran factor del bono-- las cosas no están mejor. El rector de la UNAM, José Narro Robles, expuso la semana pasada que 7.5 millones de jóvenes entre 12 y 25 años no estudia ni trabaja; 10 millones de mexicanos carecen de estudios de primaria, 17 millones
no tienen la secundaria concluida y sólo uno de cuatro jóvenes tiene oportunidad de estudiar.

A mayor abundamiento, el director del Instituto Politécnico Nacional, Enrique Villa, estableció que de cada 100 niños que inician la primaria, sólo 13 llegan al nivel de licenciatura.

Tal es la magnitud del problema que enfrentará México en los próximos años y que incluso amenaza con poner en duda su viabilidad como país (un Estado fallido). Con ese telón de fondo, nuestra clase política sigue jugando a las guerritas contra el narcotráfico y entreteniéndose en campañitas sucias.

¡Hasta la próxima!

Virajes

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, divulgada ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la tasa de desocupación nacional en diciembre de 2008 afectó a 4.32 por ciento de la población económicamente activa, y es la segunda más elevada desde abril de 2000.

El porcentaje significa que al finalizar 2008 casi dos millones de personas en todo el país se encontraban en la búsqueda de un empleo.

El dato ilustra con suficiencia las insuficiencias de nuestro sistema económico. Y no sólo es resultado de la crisis. Desde hace por lo menos una década se afirma que el país requiere crear un millón de empleos anuales. Después el reto ascendió a un millón 250 mil.

El autodenominado “presidente del empleo” tiene ahora el paliativo de la crisis. Pero antes de ésta las cifras tampoco le favorecen. Sin empleos bien remunerados, que es un derecho constitucional, los demás también se van por la borda: el derecho a la educación, a la salud, a la alimentación, a una vivienda digna.

Se trata de necesidades prácticas. De esas que se viven día a día. Acaso por ello resulta elocuente una frase de Barak Obama al tomar posesión este martes como presidente de Estados Unidos.

“La cuestión que hoy debemos plantearnos no es si nuestro gobierno es demasido grande o demasiado pequeño, sino si funciona. Si ayuda a las familias a buscar trabajo y sueldos decentes, a tener cuidados médicos asequibles y una jubilación digna…cuando la respuesta sea negativa pondremos fin a esos programas”.

La aseveración pone el acento en la esencia de lo que es y debe ser la formación política denominada Estado y aun sobre la política económica que lo acompaña para cumplir sus fines.

Desde que Ronald Reagan y Margaret Tatcher se instalaron en la Casa Blanca y en el número 10 de Downing Street, hacia el final de los años 70 del siglo pasado, cancelaron esa concepción. El mundo supo entonces que estaba a las puertas de una nueva reorganización del capital (neoliberalismo) que requeriría la expansión de las fronteras (globalización).

El alegato inicial fue precisamente cuestionar lo que ahora Obama parece criticar: el tamaño del Estado. De ahí pasaron a su desmantelamiento (privatización de empresas públicas) arguyendo que los agentes privados tienden a ser más productivos y eficientes.

El mercado, decían, no podía estar sujeto a tantas regulaciones estatales. Eso lo distorsionaba e impedía una correcta asignación de la riqueza. La intervención gubernamental era, de acuerdo con esas directrices, nociva para el crecimiento económico, pues al tratar de equilibrar quitando a unos para dar a otros, lo que hacía era frenar el desarrollo.

Esas y otras medidas constituyeron el decálogo conocido como el Consenso de Washington, postulado como el mejor programa económico para que los países de Latinoamérica alcanzaran el crecimiento.

No ocurrió así, sin embargo. Al contrario, las tribulaciones económicas de la población se reflejaron en las inquietantes conclusiones del informe La democracia en América Latina, preparado en 2004 por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La investigación reveló que los ciudadanos del continente estarían de acuerdo en votar por gobiernos autoritarios si éstos fueran capaces de conseguir mejorar la economía personal y la de sus países.

Considerando la amarga experiencia que han dejado esos regímenes en la región, la tendencia expresada habla del grado de desesperación en que se encuentra una población que no halla respuestas a sus demandas por mejor calidad de vida.

El abandono del Welfare state (Estado de bienestar) keynesiano y su sustitución por el Estado mínimo no trajo mejores condiciones de vida a los hogares de las personas.

En términos llanos, el Estado se alejó de su concepción original: una empresa colectiva encaminada a lograr el bienestar de sus componentes.

De ahí que las palabras de Obama puedan ser leídas como una crítica a la renuncia del Estado a sus obligaciones básicas con sus representados, bajo la patraña de que el mercado se encargaría de la distribución de los beneficios.

El corolario tendría que ser un cambio en las directrices de política económica –no del capitalismo-- dentro y fuera de Estados Unidos. Aún es prematuro afirmar que esto vaya a ocurrir. Acaso se trate sólo de un reajuste. De poner “un ojo vigilante” para evitar las perversiones de ese mercado.

Pero esa y otras frases deben haber calado hondo de este lado de la frontera. Aquí –con los reflejos de subordinación de nuestra clase gobernante-- se sigue amarrando la superación de la crisis a la recuperación del vecino del Norte, pero seguramente se hará tratando de disimular el matiz en el paradigma que las palabras del nuevo gobernante implican.

Es decir, seguirá sin importar si el Estado es capaz de generar el bienestar que la población demanda. Ello así, porque implicaría un viraje en el programa político-ideológico. Algo que esa clase política medrosa no esta dispuesta a cumplir. Veremos y diremos.