Reformas estructurales ¿qué hay detrás?

Al menos en dos ocasiones durante el último mes el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, pidió al Congreso que apruebe las "reformas estructurales que el país requiere" (la frase ya es casi un eslogan).

El pasado 28 de septiembre, durante la Cumbre de Comunicación aseguró incluso que con las reformas laboral, de telecomunicaciones y energética el país podría crecer hasta seis por ciento.

Ayer Felipe Calderón hizo su parte en esta que parece una campaña de presión. Al inaugurar el Foro del Mercado de Valores 2011 urgió a los legisladores a "aprobar las reformas económicas pendientes", pues con ellas se crearían más empleos, los jóvenes y las mujeres tendrían más oportunidades y el país lograría mayor competitividad.

Ambos desde luego mienten porque las tales reformas no están diseñadas ni para el crecimiento económico (bueno sí, pero sólo de los grandes capitales) ni para la generación de empleos como ya quedó demostrado con las aplicadas hasta ahora.

¿Por qué son tan importantes y urgentes para el grupo hegemónico en el poder esas reformas? Porque Calderón fue impuesto en la presidencia de México con el propósito de profundizar el designio que desde hace por lo menos dos decenios rige en el mundo: suprimir el llamado Estado de bienestar para incrementar los márgenes de rentabilidad del capital financiero por la vía de comprimir el trabajo asalariado (desempleo), restringir el consumo de las masas reduciendo el ingreso (bajos salarios), recorte a gastos sociales y privatizaciones. Exactamente lo que vemos que está ocurriendo en el mundo en el periodo referido.

Tales son las condiciones que requiere la oligarquía financiera internacional, cuyos representantes locales son el PRI y el PAN. En otras palabras, las reformas estructurales no son otra cosa que la forma concreta en que el capitalismo en su etapa neoliberal está reestructurando la sociedad para magnificar sus ganancias.

Conforme a este proyecto, detrás de la expresión "reformas estructurales" lo que hay es una política encaminada a reducir el gasto público para disminuir el déficit fiscal. El carácter global de este diseño puede constatarse en Europa, donde la receta de las reformas estructurales se ha prescrito para "salvar" la crisis de deuda que enfrentan los países de la eurozona. Sólo que se trata de un remedio que los hundirá más porque no genera crecimiento económico y sólo garantiza sacrificios sociales para garantizar el pago por las deudas contraídas.

De acuerdo con el doctor en economía José Blanco "reducir el gasto público es comprimir el tamaño de la rebanada del Producto Interno Bruto que va a dar a manos de los asalariados, buscando así el capital, aumentar sus beneficios y competitividad internacional".

Para que esto ocurra, es preciso que los países adecuen su legislación, sus estructuras socioeconómicas y sus instituciones de modo que apoyen y estén acordes con la nueva forma de valorización del capital que incluye reducir el tamaño del aparato estatal, mediante la desincorporación y privatización de industrias estratégicas (hidrocarburos, minería, telecomunicaciones, gas, electricidad), la eliminación de subsidios que atemperaban las desigualdades sociales, privatización de los regímenes de pensiones, además del abandono presupuestal de la educación pública y predominio de carreras técnicas formadoras de mano de obra calificada y barata para el mercado en detrimento de la formación humanística, científica y cultural (véase la eliminación de la Filosofía en los planes y programas de estudio del bachillerato que sostiene la Secretaría de Educación Pública, como el Colegio de Bachilleres).

Como se sabe, todo ese proceso ha sido acompañado y se ha legitimado a lo largo de los últimos 20 años mediante enmiendas constitucionales, reformas a leyes y reglamentos o creación de nuevos cuando se ha requerido, con el único propósito de acomodarlo a las nuevas necesidades de expansión del capital financiero internacional. Esos cambios han sido bautizados con el nombre de reformas estructurales. 

Como dice Carlos Salinas de Gortari: a lo que ya se aplicó, lo que ya fue gobierno hay que aplicarle la prueba del ácido de los resultados. Estas reformas ya se aplicaron, panistas y priistas han gobernado con ellas y el resultado es que México es una de las economías más débiles de América Latina por su subordinación a EUA, un país depauperado con 52 millones de personas en pobreza extrema, una clase media abolida o en vías de extinción, un mercado interno pulverizado y un crecimiento económico promedio de 1.9 por ciento en el sexenio de Calderón, el segundo peor de los últimos 75 años.

Con esos resultados impresentables, pero escudados en la desinformación de la sociedad y apuntalados por el aparato de comunicación público y privado, Calderón y sus adláteres creen llegado el momento de una nueva ofensiva y han iniciado una campaña de presión para concluir el ciclo de reformas estructurales,
revestidos esta vez con falacias como aquello de que una reforma laboral dará competitividad al país porque la planta productiva estará mejor vinculada al mercado laboral.

Lo que busca en realidad es garantizar mayores rendimientos al capital, que no estará obligado a pagar prestaciones onerosas, podrá ofrecer precarias condiciones de trabajo, no enfrentará sindicatos independientes y no tendrá que pagar ni grandes salarios ni indemnizaciones por despido, que todo eso legaliza el proyecto de reforma estructural en materia de empleo por el que tanto suspiran los panistas (y también los priistas, pero ellos esperarán para votarlo hasta su eventual regreso a Los Pinos).

La competitividad de que hablan Calderón y Carstens no se refiere a una que mejore las condiciones de vida cotidiana de las personas, sino a una que permita atraer capitales y favorezca las variables macroeconómicas, esa suerte de economía ficción, cuya saludable condición es de donde extrae sus ganancias el fraudulento capital financiero que domina el mundo.

La farsa o, si se quiere, el cinismo detrás de este nuevo intento es que el desastre económico que esas reformas han significado al país es utilizado para...¡justificar su necesidad!.

Así por ejemplo, cuando el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) reveló que en en el sexenio de Calderón se incrementó en 3.2 millones el número de personas pobres, el senador Manlio Fabio Beltrones escribió en su cuenta de Twitter: "Ante cifras que revelan un incremento en la pobreza, sería mezquino aplazar las reformas que impulsen la economía y el empleo".

¿Se dan ustedes cuenta? Es como si dijera: "Visto lo mal que lo hemos hecho, debemos seguir haciéndolo". ¿Así o más desvergonzado?

Salarios máximos

El muy celebrado dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados sobre la Ley de salarios máximos --ningún servidor público podrá ganar más que el Presidente de la República, a partir del 1 de enero de 2010-- deja intocada, sin embargo, la discusión sobre el costo social de los funcionarios de alto nivel.

El criterio según el cual el Presidente será el referente salarial en la pirámide jerárquica del poder es asaz subjetivo. En México, como veremos, nadie en realidad gana más que el titular del poder Ejecutivo y, rigurosamente, ningún funcionario percibe el sueldo asignado para cada puesto en el tabulador respectivo.

Aunque el nuevo ordenamiento prevé transparentar los ingresos percibidos vía bonos, prestaciones y compensaciones, existe todavía un costo social incuantificable y a salvo de cualquier escrutinio institucional (automóviles, celulares, equipos de radiocomunicación, gastos de alimentación, de representación, vales de gasolina, vestuario) y servicios personales, entre los que figuran una cauda de ayudantes, jardineros, carpinteros, choferes, sastres, cocineros, meseros, guardaespaldas, peluqueros, médicos.

Esos ingresos en especie son tan significativos que, como en el caso del Presidente y quizá de otros funcionarios, le permiten incluso no vivir de su salario. Es decir, alguien con todos esos servicios a su disposición puede muy bien no gastar un centavo de su ingreso y acumularlo íntegramente.

No se pide que los considerados funcionarios de primer nivel, de los tres poderes de la Unión, carezcan de los apoyos necesarios para el atingente desempeño de sus labores, o que se les escatimen recursos que los priven de la dignidad y el decoro que debe corresponder a quienes están al servicio de la República, pero de ahí a procurarles una vida pagada, equivale a remunerarlos dos veces.

Equivale, además, a mantener una casta dorada, separada del resto de los trabajadores que sí viven de su sueldo. Los políticos no tienen por qué ser la excepción, puesto que también son profesionales.

Muchas veces se ha oído decir a los políticos que si el gobierno no pagara bien, no habría quien quisiera aceptar un cargo público. El argumento es falaz. Equivale a un velado chantaje, como el expresada por un ministro de la Corte, quien para justificar los desproporcionados salarios que devengan sugirió que de ese modo se evita que caigan en la tentación de algún soborno.

Eso es como si estuvieran al mejor postor. "Si no nos pagan bien, podemos torcer la ley en favor de quien sí nos llegue al precio", parece ser el cínico razonamiento detrás de esa declaración.

Enhorabuena que en un país en las circunstancias del nuestro se intente cerrar la puerta a los abusos que tienen lugar en casi todas las esferas del poder público, señaladamente en materia de salarios. Pues como ya se ha visto en el caso de los llamados órganos autónomos, este rasgo a menudo se confunde con discrecionalidad y ha dado lugar a la autoasignación de remuneraciones socialmente insultantes.

Sin embargo, el criterio de que el tope sea el Presidente tiene sus bemoles, como hemos visto. Un criterio objetivo, cercano a la realidad e incontrastable para fijar esos sueldos debería ser el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

Cuántos de esos minisalarios debe ganar un secretario de Estado, un ministro de la Corte o un consejero del IFE incluidos los ingresos ocultos o costos sociales: ¿100, 1000, 10 mil o 20 mil salarios mínimos? Además de que se establecería un criterio medible, serviría para tener siempre presente la brecha entre unos y otros, no como un referente mazoquista, sino de auténtica transparencia.