Televisa, tras su propia reforma electoral

Aun antes de pasar su primera prueba --los comicios del próximo domingo 5 de julio-- la reforma electoral acordada en 2007 parece estar condenada a desaparecer. El asedio a que la han sometido los poderes fácticos encabezados por el duopolio televisivo está a punto de conseguir que se rinda la plaza.

En efecto, el senado de la República inició sesiones de análisis con miras a explorar puntos de vista que permitan emprender oootra enmienda para regular los futuros procesos electorales.

El proceso de descalificación de la actual reforma empezó antes de su aprobación. El 10 de septiembre de 2007 Televisa fijo su postura mediante un comunicado en que comenzaba haciendo profesión de fe democrática y respaldando la iniciativa "de eliminar la contratación de spots para propaganda política".

No obstante, expresaba su "preocupación" por el riesgo en que estaría "la libertad de expresión" ante la prohibición, introducida en el nuevo ordenamiento, de difundir mensajes susceptibles de influir en las preferencias electorales, pues eso "podría dar paso a la censura periodística" (lo decía una empresa que diariamente obliga a sus reporteros a incurrir en esa práctica).

Y de ahí se agarraron. El quid de su disputa es la disposición --incorporada al artículo 41 de la Constitución-- que prohibe a toda persona física o moral contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni en favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.

En 2006 cerca de 80 por ciento de los más de 324 millones de dólares aportados por los contribuyentes y que los partidos políticos gastaron en propaganda electoral fue a parar a los bolsillos de Azcárraga Jean y de Salinas Pliego, dueños de Televisa y TV Azteca.

Una tercera parte de esa publicidad no se supo quien la contrató ni quien la pagó. De ahí que la reforma de 2007 haya regulado eso. El espíritu de la disposición impugnada era dotar de equidad a las contiendas por el voto, pues, aunque formalmente tienen la "libertad" de hacerlo, no cualquier mexicano cuenta con recursos para contratar los paquetes de publicidad.

Los millones de pesos que este año no ingresaron al duopolio por concepto de campañas electorales motivaron el feroz ataque contra la reforma, disfrazado --claro está-- de una "preocupación" por la libertad de expresión.

Tan ese ha sido el motivo de la principal impugnación que apenas en la segunda sesión del actual ciclo de análisis inaugurado por el Senado, el señor Héctor Aguilar Camín --vinculado con los intereses de Carlos Salinas de Gortari y de Televisa-- volvió a argumentar en contra de esa prohibición.

Dijo a los senadores que se equivocaron en las normas sobre medios electrónicos (incluidas en la actual reforma) y se requiere otra cirujía (un nuevo ordenamiento) a fin de permitir la difusión de campañas sucias y que terceros contraten propaganda en radio y televisión porque de lo contrario se viola la libertad de expresión.

Añadió que esa disposición "no ha sido una buena idea ni ha tenido buenos resultados" porque al prohibir la compra de promocionales se creó un mercado negro de propaganda electoral.

En la sesión del pasado martes, el ensayista y escritor consideró que restringir el derecho de los ciudadanos a comprar tiempo en radio y televisión para emitir mensajes electorales "igualó hacia abajo" derechos con el argumento de que no todos pueden ejercerlo.

Resulta por lo menos curiosa la lógica argumentativa de Aguilar Camín y la de los grupos que, digamos, coinciden con él, como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el organismo cúpula del sector privado.

No es que se haya creado un mercado negro de propaganda electoral. Lo que hay y hemos visto en estas últimas semanas, es la porfiada intensión de Televisa y TV Azteca por violar y poner en entredicho la actual reforma electoral.

Lo que hay son una diversidad de trampas imaginadas por esas empresas para burlarse de los mexicanos y de la débil autoridad electoral. Lo que hay son las inescrupulosas prácticas monopólicas de un duopolio empeñado en participar ilegalmente en la política, mediante la compra de partidos políticos (el partido Verde) y la construcción de candidaturas presidenciales a modo (Enrique Peña Nieto).

En la lógica del señor Aguilar Camín, este país no tendría delitos con el simple hecho de no tipificar como tales las conductas anómalas. Es decir, aquí tenemos robos porque la ley considera como tales la sustracción por medios violentos o subrepticios de las pertenencias de una persona sin su consentimiento.

Así, en vez de exigir el castigo correspondiente a Televisa y TV Azteca, lo que pide es que se derogue la ley que prohibe esas conductas. Si no hay ley, pues tampoco hay delito.

Se le hace injusto que se "igualen derechos hacia abajo". Aguilar Camín cree --junto con Milton Friedman, el padre del neoliberalismo-- aquella ficción metodológica según la cual todos hemos iniciado en la vida desde el mismo punto de partida. Si con los años, unos logran ser ricos y prósperos y otros se quedan en la indigencia, el problema es de esos marginados, no del sistema que brinda las oportunidades para todos. (Oportunidades como el ser amigo de presidentes de la república que luego inviertan millones en publicidad para una revista que uno tenga).

Si 110 millones de mexicanos son incapaces de pagar un spot de televisión, es porque no han trabajado lo suficiente para poder hacerlo. Así que peor para ellos.

Ese es el curso que están tomando las discusiones sobre la próxima reforma electoral y el modo tan insustancial en que argumentan los personeros de los poderes fácticos. Lo que llama la atención es que impugnaciones tan evidentemente frívolas, hayan, sin embargo, motivado que ya se esté discutiendo una nueva reforma.

¿Será que algún senador de apellido Beltrones anda queriendo congraciarse con las televisoras de cara al 2012? Es, desde luego, una pregunta.

¡Hasta la próxima!