lunes, 30 de marzo de 2009

El G-20: más de lo mismo

Mientras el mundo se moviliza en favor de acciones para superar la actual crisis económica mundial, México y América Latina parecen impasibles ante el fenómeno.

Este fin de semana salieron a la calle unas 80 mil personas en Londres, Berlín, Francfort, Viena y París para presionar a los líderes de las economías más desarrolladas --que se reunirán en Londres el próximo jueves 2 de abril en la Cumbre del G-20-- con el propósito de que las medidas que adopten no sean sólo para salvar de la quiebra los bancos.

Las pancartas de esos activistas resumen bien las críticas por cómo se está enfrentando esta emergencia: "Si el mundo fuera un banco, ya lo habrían salvado" y "Nosotros no pagaremos por su crisis".

La ONU adelantó que en ese encuentro pedirá medidas para "frenar una potencial catástrofe del desarrollo humano". Las perspectivas no son alentadoras y lo peor es que no parece haber una propuesta alternativa que haga frente a los países dominantes que se aprestan a restaurar el mismo sistema económico --ese sí fallido-- que condujo a esta situación.

Para ello recurren a la ayuda del Estado, un ente del que abominaban hasta hace no mucho por ser un agente distorsionador del libre juego de las fuerzas del mercado. Así, gran parte del mundo está centrado en los rescates bancarios o en los paquetes de estímulos, sin poner demasiada atención en la crisis humanitaria que podría estarse incubando.

Apenas el martes pasado el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz alertó sobre el fenómeno. Afirmó que el plan del gobierno estadounidense para sanear los activos tóxicos de los bancos --un billón de dólares-- es un robo a los contribuyentes. A ellos les están cargando el pago por esos rescates, dijo. Algo así como un Fobaproa americano.

El presidente Barak Obama lo sabe. Por eso en una entrevista que publica hoy el Financial Times de Londres, admite que los contribuyentes tienen un saludable escepticismo, cuando perciben que su dinero no está siendo gastado en ellos sino en quienes ayudaron a precipitar esta debacle.

Sin embargo insistió en que "necesitamos estímulos y regulaciones, además de asegurarnos que daremos los pasos para prevenir que este tipo de quibras no sucedan otra vez." Pero el más claro objetivo que trazó para los participantes en la reunión es el de "dejar un contundente mensaje de unidad en el enfrentamiento de esta crisis".

En tanto, este sábado se reunieron en Chile (Viña del Mar) los presidentes de Argentina, Brasil, Chile, España, Estados Unidos, Gran Bretaña, Noruega y Uruguay. Ahí se comprometieron a llegar a la cumbre del G-20 --considerada como la más fatídica en décadas-- con el planteamiento de crear una nueva economía que permita que la prosperidad sea ampliamente compartida.

Gran cosa. Eso sí, pidieron evitar incurrir en políticas proteccionistas y concluir exitosamente la Ronda de Doha, sobre la eliminación de obstáculos al comercio internacional. Es decir, más de lo mismo: la restauración del sistema económico en crisis. Esto y la unidad que proclama Obama, para que nadie se confunda y piense en cambios más drásticos.

Mientras tanto, en México priva la parálisis. Con un criterio aldeano, la clase política local sólo parece interesada en las próximas elecciones. Las ganancias económicas y las parcelas de poder que obtendrán son suficiente razón para desentenderse de lo que ocurre en el mundo.

La gente está desmovilizada. Es cierto que la crisis vino de fuera, como insiste en señalar la propaganda gubernamental. Pero se gestó en un sistema económico seguido comedida y fielmente por nuestra clase gobernante. Así que no está exenta de responsabilidades.

viernes, 27 de marzo de 2009

La hora del planeta. La hora de todos


Este sábado 28 de marzo entre 8:30 y 9:30 de la noche más de 2,800 ciudades del mundo, incluida la de México, apagarán sus luces para demostrar su preocupación por el cambio climático, en el marco del evento global en que se ha convertido la campaña denominada La hora del planeta.

Se trata de que ciudadanos, empresas y organizaciones apaguen sus luces durante 60 minutos como una forma de mostrar que la preocupación por el cambio climático se ha extendido mundialmente y que ello sea tomado en cuenta por los dirigentes que participarán en diciembre en la reunión de Copenhague, donde se firmará un nuevo tratado que sustituirá al de Kyoto.

En esa reunión se pretende que el nuevo acuerdo cumpla al menos con los siguientes principios: que sea equitativo y que entre en vigor en 2013 para asegurar que las emisiones globales de gases de efecto invernadero se reduzcan en más de 80 por ciento en 2050, respecto de 1999.

Que los países desarrollados se comprometan a reducir sus emisiones en un rango de 25-40 por ciento en 2020

Aunque simbólica --por la cantidad de energía que puede ahorrarse en una hora-- la iniciativa es valiosa porque llama la atención del mundo sobre un asunto de interés también global --el cambio climático-- que pese a las evidencias científicas, hasta hace unos años fue puesto en duda por Estados Unidos debido a sus intereses económicos.

Apenas en 2007 , año en el que surgió la iniciativa en Australia, el American Enterprise Institute (AEI), un centro de estudios vinculado a la Casa Blanca, ofrecía pagos de 10 mil dólares a científicos que señalaran las debilidades del informe publicado en febrero de ese año por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés).

Ese informe argumentaba que hay 90 por ciento de posibilidades que la variación climática existente haya sido causada por la actividad humana. De acuerdo con el periódico inglés The Guardian, el AEI era financiado (but of course) por el gigante petrolero EXXonMobil.

Eran los tiempos en que el presidente estadounidense George W. Bush se negaba a aceptar los términos del Protocolo de Kyoto que pedía a los países reducir las emisiones de gases invernadero porque ello implicaba disminuir la actividad económica de consorcios tan poderosos como el mencionado.

Una nueva muestra de los efectos del calentamiento global se reportó apenas el 17 de febrero pasado cuando un sector de 14 mil kilómetros cuadrados, más grande que la isla de Hawai, se desprendió de la plataforma de hielo Wilkins en la Península Antártica.

En los últimos 50 años esa península ha experimentado el mayor aumento de temperatura registrado en el planeta: 0.5 grados centígrados por década.

De ahí que iniciativas como La hora del Planeta, propuesta por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) sean de urgente atención. Si usted puede, mañana sábado apague la luz una hora. Únase a este esfuerzo de conciencia.

No se trata, como explican los organizadores, de quedarse por completo en penumbras. Pueden encenderse velas. Lo que sí se pide es apagar focos, computadoras, televisores, juegos de video, reproductores de discos compactos y cualquier dispositivo eléctrico.

Así que ya saben. En la hora del planeta es la hora de la participación de todos.

miércoles, 25 de marzo de 2009

¿Y la ciencia?

En medio de los debates cotidianos la gran ausente sigue siendo la política científica. Abandono quizá sea la palabra adecuada para ilustrar lo que ha ocurrido en la materia los últimos 9 años.

Como en el caso del combate a la pobreza, presupuestos van y vienen y el problema persiste incluso aumentado.

Una nota del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados fechada el 28 de noviembre de 2008 refiere que de acuerdo con el Gasto Interno Bruto en Investigación y Desarrollo (GERD) --medida empleada usualmente en las comparaciones internacionales-- México figura en los últimos lugares entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

De hecho, en 2005 ocupó el último lugar, cuando el GERD erogado como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) fue de sólo 0.43 por ciento, mientras que el promedio ese año para los países miembros de la OCDE fue de 2.26 por ciento y para la Unión Europea, de 1.9 por ciento.

De acuerdo con el CEFP, si se compara a México en un contexto más amplio que el de la OCDE, el resultado no es mejor. Conforme a los indicadores de Desarrollo Mundial 2007 del Banco Mundial, el gasto en Ciencia y Tecnología (CyT) de nuestro país se ubica debajo del promedio mundial que es de 2.28 por ciento.

Pero no sólo eso. Aun dentro de su categoría México no alcanza el promedio de los países de ingreso medio superior que es de 1.12 por ciento del PIB. Lo mismo sucede dentro de los propios países de la Región de Latinoamérica y del Caribe, donde el promedio es de 0.56 por ciento del PIB.

Aún más sorprendente resulta saber que incluso los países catalogados como de ingreso bajo invierten más que México en Ciencia y Tecnología. De acuerdo con el citado índice del Banco Mundial, esas naciones destinan 0.73 por ciento del PIB.

Las comparaciones internacionales en este renglón son desfavorables para México, pues se encuentra por debajo del promedio de naciones de nivel de desarrollo o categoría similar. Así, el CEFP concluye que nuestro país realiza menos de una quinta parte de la inversión en Ciencia y Tecnología que los promedios mundial y de la OCDE, y una octava parte, si la referencia se hace respecto de los países que mayor gasto destinan al rubro.

El problema no es sólo estadístico. Tiene repercusiones en el día a día, en el ingreso y en la calidad de vida de las personas. Estudios comparativos demuestran que los países que invierten en CyT logran marcados incrementos en el ingreso per cápita. Veamos:

Entre 1970 y 2000 la inversión de México en CyT como porcentaje del PIB creció 2 veces; la de Brasil se incrementó 4.5 veces, la de España, 5 y Corea aumentó 9 veces.

Como resultado de ello, el ingreso per cápita de los mexicanos se multiplicó en ese periodo sólo 3.8 veces; el de Brasil, 6.3; el ingreso de los españoles creció 7.4 veces y los coreanos aumentaron sus ingresos 25.4 veces en esos 30 años.

¿Dónde está la falla? En la asignación de recursos presupuestales, ahí donde --más allá de los rollos bienintencionados-- se expresan las verdaderas prioridades del gasto gubernamental.

Por ejemplo, el Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2008-2012 publicado en el Diario oficial de la Federación el 16 de diciembre pasado reconoce que entre 2000 y 2006 "la inversión gubernamental en IDE (Investigación y Desarrollo) sólo creció anualmente 2 por ciento debido a las restricciones presupuestales".

Pero esas "restricciones" no estuvieron presentes a la hora de gastar en publicidad. Pues en esos mismos años el gasto en servicios de comunicación social y publicidad de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal pasó de 2,547.8 millones de pesos en 2001 a más de 5, 000 millones de pesos en 2006, Es decir, registró un crecimiento de 196 por ciento. Los contrastes son explícitos y reveladores.

Pese al efecto multiplicador que tiene la ciencia y la tecnología en el crecimiento económico y en la competitividad del país, se prefiere invertir en gastos propagandísticos para legitimar o promover al gobierno en turno.

Si realmente trabajaran y ofrecieran resultados concretos, apenas si sería necesaria toda esa propaganda. Pero hay que maquillar esa falta de resultados con publicidad, pues siguiendo a Maquiavelo, nuestros próceres siguen pensando que "gobernar es hacer creer".

viernes, 20 de marzo de 2009

Banamex: otra claudicación

Un principio jurídico establece: la ley puede crear privilegios, pero no otorgarlos.

Un texto legal puede, sin proponérselo, por vía de una redacción equívoca o inexacta, crear una situación ventajosa para un individuo o un grupo social, pero jamás deberá hacerlo expresa e intencionadamente.

Pero eso es justo lo que hizo ayer el gobierno mexicano, respecto de su homólogo estadounidense al señalar que el apoyo de Estados Unidos a Citigroup, no viola la ley aplicable aquí que prohibe expresamente a personas morales extranjeras participar en el capital social de bancos, en este caso de Banamex, filial en México de Citigroup.

Con el agravante adicional que el gobierno de este país creará un privilegio retroactivo, es decir, intencional, pues anunció que propondrá reformas a la ley para legalizar esta violación y así ya nadie diga nada.

El 27 de febrero el gobierno de Barak Obama incrementó su participación de ocho a 36 por ciento en Citigroup. Se convirtió así en el dueño más grande del grupo y sus filiales (Banamex). De paso, se colocó en una situación ilegal respecto de México, cuya Ley de Instituciones de Crédito, artículo 13 establece:

"No podrán participar en forma alguna en el capital social de las instituciones de banca múltiple, personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad".

Tras más de 15 días de deliberaciones para encontrar una salida que la sacara del brete en que la colocó esa situación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) emitió ayer el comunicado de prensa 012/2009 en el que tras una especiosa argumentación concluye que no se incumple la ley.

Ello porque para que la norma sea aplicable "se requiere que la compra sea directa, es decir, que haya una adquisición de acciones de los grupos financieros en México", y en este caso la adquisición de participaciones sociales de la institución se realizó en el extranjero.

Sabedora de la fragilidad de esa explicación --puesto que la propia SHyCP reconoce en el comunicado que "es innegable que los beneficios de los apoyos otorgados en el extranjero se extienden a sus filiales en México"-- expone hacia el final del boletín su explicación estrella: que al amparo de los tratados de libre comercio se aprobaron reformas a la legislación financiera que establecieron un régimen particular para la inversión extranjera aplicable a las filiales.

Este régimen específico de tenencia accionaria no incluye "la prohibición a la inversión de personas extranjeras que ejerzan actos de autoridad que aplica al régimen accionario general".

Sin embargo, en clara contradicción con este argumento, en otra parte de ese boletín se reconoce sin ambages que la nueva situación no está prevista en ninguna ley y lo justifica de manera pedestre al decir que la prohibición a que se refiere el artículo 13 citado "data de hace más de 20 años en un contexto en que la inversión extranjera sólo se permitía de manera minoritaria (no como ahora que puede ser hasta de 100 por ciento) y no consideraba los escenarios generados por una profunda crisis económica mundial.

"En consecuencia --reconoce Hacienda-- los preceptos vigentes, dada su antiguedad no alcanzan a regular la situación actual del sistema financiero mexicano...ni los escenarios de emergencia que enfrenta el sistema financiero internacional". Así, en un mismo comunicado, la Secretaría reconoce que el asunto no está previsto en la ley y, a la vez, que sí lo está (claro, en los tratados comerciales, que así estarían por encima de las leyes generales del país, lo cual, dicho sea de paso, es inconstitucional).

En un nuevo reconocimiento de que la situación es anómala, el gobierno se apresta a modificar la ley para legalizar la hoy ilegal intervención extranjera en bancos. Es decir, en lugar de aplicar la normatividad, la va a adecuar a la circunstancia: hará un traje a la medida, sobre pedido, lo cual resulta jurídicamente aberrante.

Afirma el gobierno que la simulación, perdón, la prohibición se mantendrá, pero para "reafirmar la rectoría del Estado sobre el sistema financiero nacional" (¿habrá algo parecido a eso cuando 90 por ciento de la banca que opera en el país pertenece al capital financiero trasnacional?) se establecerán las excepciones necesarias (que permitan violar la disposición del artículo 13 mencionado).

Adicionalmente, el gobierno justifica la violación de la ley mexicana al establecer que la medida adoptada por el gobierno de Obama es temporal, pero la ley no establece salvedades para casos temporales o para cuando la voracidad del capital provoque crisis como la actual. Eso ya es, como decían los antiguos: buscarle tres pies al gato.

A este paso de interpretaciones legaloides, uno de estos días nos avisarán que es perfectamente legal el traslado de Florence Cassez a Francia para que allá le reduzcan o permuten la pena a la que fue condenada aquí.

El morbo del caso ya sólo radica en ver qué argucias se blandirán para justificar una nueva genuflexión del señor Calderón ante intereses extranjeros.

Prepárense!

jueves, 19 de marzo de 2009

Salarios máximos

El muy celebrado dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados sobre la Ley de salarios máximos --ningún servidor público podrá ganar más que el Presidente de la República, a partir del 1 de enero de 2010-- deja intocada, sin embargo, la discusión sobre el costo social de los funcionarios de alto nivel.

El criterio según el cual el Presidente será el referente salarial en la pirámide jerárquica del poder es asaz subjetivo. En México, como veremos, nadie en realidad gana más que el titular del poder Ejecutivo y, rigurosamente, ningún funcionario percibe el sueldo asignado para cada puesto en el tabulador respectivo.

Aunque el nuevo ordenamiento prevé transparentar los ingresos percibidos vía bonos, prestaciones y compensaciones, existe todavía un costo social incuantificable y a salvo de cualquier escrutinio institucional (automóviles, celulares, equipos de radiocomunicación, gastos de alimentación, de representación, vales de gasolina, vestuario) y servicios personales, entre los que figuran una cauda de ayudantes, jardineros, carpinteros, choferes, sastres, cocineros, meseros, guardaespaldas, peluqueros, médicos.

Esos ingresos en especie son tan significativos que, como en el caso del Presidente y quizá de otros funcionarios, le permiten incluso no vivir de su salario. Es decir, alguien con todos esos servicios a su disposición puede muy bien no gastar un centavo de su ingreso y acumularlo íntegramente.

No se pide que los considerados funcionarios de primer nivel, de los tres poderes de la Unión, carezcan de los apoyos necesarios para el atingente desempeño de sus labores, o que se les escatimen recursos que los priven de la dignidad y el decoro que debe corresponder a quienes están al servicio de la República, pero de ahí a procurarles una vida pagada, equivale a remunerarlos dos veces.

Equivale, además, a mantener una casta dorada, separada del resto de los trabajadores que sí viven de su sueldo. Los políticos no tienen por qué ser la excepción, puesto que también son profesionales.

Muchas veces se ha oído decir a los políticos que si el gobierno no pagara bien, no habría quien quisiera aceptar un cargo público. El argumento es falaz. Equivale a un velado chantaje, como el expresada por un ministro de la Corte, quien para justificar los desproporcionados salarios que devengan sugirió que de ese modo se evita que caigan en la tentación de algún soborno.

Eso es como si estuvieran al mejor postor. "Si no nos pagan bien, podemos torcer la ley en favor de quien sí nos llegue al precio", parece ser el cínico razonamiento detrás de esa declaración.

Enhorabuena que en un país en las circunstancias del nuestro se intente cerrar la puerta a los abusos que tienen lugar en casi todas las esferas del poder público, señaladamente en materia de salarios. Pues como ya se ha visto en el caso de los llamados órganos autónomos, este rasgo a menudo se confunde con discrecionalidad y ha dado lugar a la autoasignación de remuneraciones socialmente insultantes.

Sin embargo, el criterio de que el tope sea el Presidente tiene sus bemoles, como hemos visto. Un criterio objetivo, cercano a la realidad e incontrastable para fijar esos sueldos debería ser el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

Cuántos de esos minisalarios debe ganar un secretario de Estado, un ministro de la Corte o un consejero del IFE incluidos los ingresos ocultos o costos sociales: ¿100, 1000, 10 mil o 20 mil salarios mínimos? Además de que se establecería un criterio medible, serviría para tener siempre presente la brecha entre unos y otros, no como un referente mazoquista, sino de auténtica transparencia.

lunes, 16 de marzo de 2009

Días festivos


El asunto parece trivial. Pero encierra una complicada operación política e ideológica.

Cambiar los días festivos en que se conmemora una fecha relevante para la historia del país y trasladarlos al lunes de la semana correspondiente en aras de un criterio estrictamente económico es una forma de borrar la memoria histórica.

Desde el advenimiento del neoliberalismo y su correlato, la globalización, de más en más ha ido campeando la idea de que así como no deben existir fronteras para el intercambio de bienes y servicios entre países, tampoco debería haber identidades nacionales. Estorban al libre flujo de mercancías impuesto por los mercados.

Una forma de terminar con las identidades es borrando la historia. En México este ejercicio de tabula rasa inició con reformas al sistema educativo. Con el peregrino argumento que que teníamos una educación enciclopédica (exceso de datos) se simplificaron al extremo, cuando no se suprimieron, importantes pasajes de la historia de México.

Lo que resulta enciclopédica es, lo hemos dicho antes, la ignorancia de nuestra clase política.

Ahora, para evita los llamados "puentes" las conmemoraciones históricas ya no existen. Tampoco su significado. Los jóvenes de hoy desconocen qué ocurrió el 18 de marzo de 1938 y lo que eso significó en términos de la defensa de la soberanía y los intereses nacionales. En síntesis, el "olvido" inducido de fechas conduce al desconocimiento de los procesos históricos e ideológicos que han estructurado lo que queda de una maltrecha identidad nacional.

Ello tiene efectos políticos prácticos. Mucha gente jamás comprendió el año pasado por qué tanto revuelo con las iniciativas de ley del señor Felipe Calderon para modernizar la industria petrolera, las cuáles enajenaban en favor de extranjeros la riqueza del subsuelo.

Pero ello no se entendía porque se desconocen los fundamentos que condujeron al general Lázaro Cárdenas a expropiar esa industria y lo que significa en términos de la geopolítica mundial actual el dominio y control de esos recursos.

Para muchos de esos jóvenes el 21 de marzo es el día del festival de primavera, no el natalicio de Benito Juárez. Si ya era difícil que la gente relacionara fechas del calendario cívico con la evolución histórica e ideológica de su país, ahora que esas efemérides han sido prácticamente borradas, menos.

La operación política detrás de esa ley no es tan evidente, pero al menos es hipócrita. El calendario de la Secretaria de Educación Pública (SEP), por ejemplo, promueve y autoriza los "puentes". Con ese raro sentido para el humor involuntario o, si se prefiere, con esa habilidad para el eufemismo que disfraza significados e intensiones, la SEP los llama "suspensión de labores por sucesión de días inhábiles".

Agréguese a lo anterior que en muchos estados del país los días de quincena son días inhábiles. En Veracruz, Fidel Herrera suspende clases cada vez que en el puerto amanece nublado. Todo ello pone en evidencia el verdadero carácter ideológico de un decreto como este.

Foto: El pueblo contribuyó hasta con gallinas para
sufragar los gastos de la expropiación

domingo, 15 de marzo de 2009

Forbes, once again


En estos días la política nacional ha tenido su dosis de divertimento. Primero, la revista Forbes asestó un golpe mediático al incluir a Joaquín "El chapo" Guzmán en su ya legendaria lista de los hombres más ricos del mundo.

Enseguida el señor Felipe Calderón y sus adláteres (el secretario de Gobernación y el procurador General de la República) reaccionaron muy enojados y serios, ante el evidente buscapiés, diciendo que era una irresponsabilidad, una apología del delito y hasta un insulto para los otros acaudalados.

Los editores de la publicación debieron estar muy complacidos por el efecto alcanzado. Una lista como la que publican cada año corre el riesgo de perder notoriedad, pues resulta difícil que en sólo 12 meses se produzcan cambios sustanciales en, digamos, el Top 10 de esa relación.

De modo que como buenos editores saben que deben introducir de cuando en cuando algún dato que despunte, que sea noticioso y hasta sorprenda al respetable, como un modo de seguir vigentes. Ese fue el caso este año. Y en Los Pinos tragaron el garlito: respondieron y concedieron notoriedad y resonancia a la famosa lista.

Con un pésimo sentido del humor, esos funcionarios empezaron a cuestionar la metodología empleada por la revista para calcular la fortuna del Chapo, cuando debieron descalificarla con alguna buena frase igualmente humorística o ingeniosa, pero certera. Hasta el propio Calderon, en un foro con empresarios estadounidenses de nuevo se puso a reñir con la publicación.

Ya lo había hecho en enero, cuando en el Foro Económico Mundial realizado en Davos, Suiza, se entrevistó con el director de Forbes para refutar el reportaje publicado en diciembre que hablaba del desmoronamiento mexicano y catalogaba a nuestro país como un Estado fallido.

Lo ocurrido esta semana mostró a un gobierno abrumado y a un Calderón que parece haber perdido la proporción de los asuntos que le conciernen. Un presidente de un país --así se ostenta, pese a las dudas que persisten sobre la legitimidad de su elección-- no puede ponerse a pelear con una revista, para eso hay otros niveles.

Tampoco puede rebajar su jerarquía respondiendo cada vez que los secretarios, representantes, militares y asesores estadounidenses formulan juicios que ponen en duda la capacidad de su gobierno para enfrentar al narcotráfico, como ocurrió esta semana.

Quienes lo conocen dicen de Calderón que es de mecha corta (se enoja muy rápido), pero no es con bravuconerías o pirotecnia verbal como atajará lo que llamó una campaña contra México. Casi todo el año el señor Calderón ha estado contra las cuerdas, a la defensiva, librando una batalla --esa sí fallida-- por convencer a la opinión pública nacional e internacional que no gobierna un Estado fracasado.

Su estrategia de comunicación ha fallado porque no ha podido posicionar en la percepción o en el imaginario colectivo un mensaje de eficacia a partir de resultados medibles y verificables. Por ejemplo, para refutar a quienes afirman que ha perdido el control sobre vastas zonas del territorio nacional, les responde invitándolos a que vengan a visitarlas. "Yo los llevo", les mandó decir.

¿Y cómo haría ese viaje con sus hipotéticos visitantes? ¿rodeado por militares, con helicópteros sobrevolando la zona previamente acordonada 48 horas antes y con francotiradores apostados en los edificos por donde pasen, como acostumbra en sus recorridos? ¿No sería eso la mejor prueba de que, en efecto, las bandas del crimen organizado son una amenaza real que asolan, cuando no controlan de muy diversos modos esos territorios?

Aparte la amenaza real que significa el narcotráfico la actual administración tiene otro problema: está empeñada en obtener la aprobación externa. Esa es su debilidad. Cuando hay elogios de Washington por su actuación, los blande como un timbre de orgullo, cuando hay críticas y presiones se desquicia totalmente. Eso es lo malo de trabajar para la galería: se está siempre en busca del aplauso fácil.

Como aficionado que es a la fiesta brava, Calderón debe saber que el toreo efectista (como su guerra) puede entusiasmar a los villamelones, pero nunca le ganará la estima de los conocedores. Una figura del toreo, en cambio, lo mismo que un estadista, ganan su sitio y respetabilidad cuando basan su actuación en actos que verdaderamente revolucionan el entorno.

Así, no pueden los gobiernos panistas ni de ningún otro signo pretender combatir el crimen organizado sin al mismo tiempo modificar las estructuras institucionales que alientan la otra delincuencia: la de cuello blanco, la que trafica con influencias al amparo del poder público, la que defiende ferozmente privilegios personales y de grupo en desmedro de los de la sociedad, la que está enquistada en las estructuras del poder político, económico, sindical, laboral, educativo, partidista.

Como esto último no va a ocurrir, la actual es una guerra perdida. Piénsese tan sólo en la creciente capacidad del narcotráfico para ofrecer empleos a la masa de desocupados que el sistema no puede absorber por estar diseñado sólo para el beneficio de unos cuantos. Si las actuales estructuras de dominación no cambian, y al ritmo que van las cosas, en unos años el narcotráfico podría convertirse en el mayor generador de empleos privados en México.

El cinismo de nuestros gobernantes es tal que quizá sólo entonces acepten legalizar los enervantes. Algo similar ocurrió ya con el fenómeno de la migración hacia Estados Unidos. Constituía un problema que se trataba de evitar, pero en cuanto se vio el efecto favorable que en las finanzas públicas tenían las elevadas remesas de dólares que enviaban los migrantes, lo que se buscó no fue incrementar las oportunidades de empleo aquí para detener su partida, sino abogar demagógicamente para que mejoraran sus condiciones laborales del otro lado de la frontera.

En tal escenario ésta y todas las guerras que se emprendan en semejantes condiciones serán inútiles. Y para colmo, ni siquiera se responde con humor a las gracejadas del Norte.


Foto: Edificio Forbes en la Quinta Avenida
de Nueva York

jueves, 12 de marzo de 2009

Florence Cassez

El caso de la ciudadana francesa Florence Cassez, sentenciada aquí a 60 años de cárcel por su participación en tres secuestros, ha desnudado la debilidad que también en el ámbito internacional aqueja al señor Felipe Calderón. Veamos por qué:

Apelando al Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas --adoptado en Estrasburgo, Francia en marzo de 1983, y cuya adhesión firmó México el 28 de junio de 2007-- el presidente francés Nicolás Sarkozy solicitó, en su reciente visita, que la mencionada convicta cumpla la condena en aquella nación.

De acuerdo con ese instrumento legal, un país solicita a otro el traslado de un reo y el Estado que recibe la petición determina si la acepta o la denega. El artículo 3 inciso f del Convenio, que prevé las condiciones de transferencia, establece que ambos estados deben estar de acuerdo con el traslado.

Ambos, es decir, si uno de ellos no acepta, el mecanismo no se lleva a cabo. Así de fácil. Para mayor abundamiento, el artículo 5 titulado Peticiones y respuestas señala en el párrafo 4 que "El Estado requerido informará al Estado requiriente...de su decisión de aceptar o denegar el traslado solicitado".

De nuevo queda explícito en ese párrafo que el mecanismo está sujeto a la aceptación del país que sentenció a la persona.

En ninguna parte del Convenio se establece que para dilucidar la cuestión de un traslado deba formarse, como lo anunciaron México y Francia, una comisión binacional que "analice los alcances" de ese instrumento, para determinar si se acepta o rechaza una petición.

La aceptación es prerrogativa exclusiva, en este caso de México, pero al acceder a formar esa comisión, el gobierno del señor Calderón tácitamente ha renunciado a ella, con lo que corrobora su condición blandengue, cuando se trata de defender los intereses de sus connacionales, en este caso de las familias afectadas por las acciones punibles de la señora Cassez.

Calderón ya había enseñado antes su debilidad ante gobiernos extranjeros en aquel episodio del primero de marzo de 2008, en el que el ejército colombiano atacó ilegalmente un campamento en Ecuador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en el que murieron cuatro estudiantes mexicanos y resultó herida Lucía Morett Álvarez.

Su actitud indolente y tibia fue, en aquella ocasión, objeto de varios señalamientos críticos. Ahora es el presidente Sarkozy quien le ha dado un baño, lo ha dejado en ridículo al darle una lección a domicilio de cómo interceder por los suyos.

Todavía está a tiempo de enmendar esa debilidad negando el traslado, pues si lo acepta, habría el riesgo real, ya advertido por varios analistas, de que la condena de 60 años impuesta aquí a Florence Cassez, pueda ser modificada si, como lo prevé el artículo 10 del convenio, la duración de la sanción fuera incompatible con la legislación, en este caso, de Francia.

O podrá adaptarla "a la pena y medida prevista por su propia ley para las infracciones de igual naturaleza" (artículo 10, párrafo 2). Ese riesgo es, como apuntamos, real, pues en aquel país la pena máxima por el delito de Cassez es de 20 años.

El Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas da la opción para que en el momento en que un país firme el instrumento de ratificación (sic), aceptación, aprobación o adhesión, indique si rechaza la aplicación de uno de los procedimientos que permitan al país que recibe al reo sustituir la sanción.

No se sabe si México hizo uso de esa reserva o si renunció a ella, lo cual ya sería una imprevisión igualmente condenable.

No habremos de vivir mucho para saberlo, pues según se anunció, la infortunada, por ilegítima (de nuevo esa palabrita en el destino de Calderón) comisión binacional dará su fallo en dos semanas.

Ese lapso es también cuestionable, pues en el Convenio tampoco se especifica un tiempo perentorio para que un país resuelva una petición de traslado.

Veremos.

lunes, 9 de marzo de 2009

Transgénicos


Justo cuando acaba de confirmarse que los genes de cultivos genéticamente modificados pueden escaparse al ambiente y contaminar los sembradíos de semillas tradicionales, México autorizó el pasado viernes la siembra de maíz transgénico para fines experimentales, pero con miras a que en unos años pueda comercializarse.

El decreto --emitido por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa)-- reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.

Como era de esperarse, la trasnacional Monsanto --líder en la producción de semillas genéticamente modificadas y cuestionada a escala mundial por el peligro potencial o real de sus productos sobre la salud humana, plantas, animales y sobre el medio ambiente-- se apresuró a aplaudir la medida, pues es la principal beneficiada por el negocio en ciernes.

Con una ignorancia enciclopédica, el ordenamiento que entró en vigor el sábado, prohíbe la liberación al ambiente de maíz genéticamente modificado que contenga características que impidan o limiten su uso o consumo humano o animal, o bien su uso en procesamiento de alimentos para consumo humano.

Los niños que en el presente ciclo escolar cursan el tercero de primaria, aprendieron en el tercer bimestre que las aves o el aire transportan el polen de una flor a otra para fecundarla y que ese mecanismo se llama polinización.

El decreto de la Sagarpa prohíbe que tal fenómeno natural se lleve a cabo. De ese tamaño resulta el despropósito con el que supuestamente pretende evitar que los plantíos de las casi 60 razas de maíz criollo que existen en diversas zonas de la república queden contaminadas por el polen del maíz transgénico cuya siembra acaban de autorizar.

En otra parte, el decreto asienta que en los casos en que las autoridades determinen la presencia no permitida de material genéticamente modificado en razas, variedades y parientes silvestres de maíz, adoptarán medidas para eliminar, controlar o mitigar dicha presencia.

Revisemos ahora la evidencia científica actual:

Un estudio --realizado por investigadores mexicanos y estadounidenses y publicado en febrero de este año en la revista Molecular Ecology-- encontró transgenes en cerca de uno por ciento de unas dos mil muestras de maíz silvestre en Oaxaca.

La investigación confirma los resultados del controvertido estudio publicado en noviembre de 2001 por la revista Nature, en el que los investigadores Ignacio Chapela y David Quist, de la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos, encontraron ADN transgénico en el genoma de las especies de maíz criollo de la Sierra norte de Oaxaca.

En aquella ocasión ese trabajo fue cuestionado por supuestos errores en los procedimientos experimentales empleados por los autores, e incluso la propia revista virtualmente descalificó la investigación al reconocer en un editorial posterior que la evidencia disponible no era suficiente para justificar la publicación del informe original.

Ocho años después, la nueva investigación realizada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad de California, Davis, confirma los resultados obtenidos por Chapela y Quist.

En una entrevista que publicó BBC/Ciencia el 26 de febrero pasado, la doctora Elena Álvarez-Buylla, del Laboratorio de Genética Molecular, Desarrollo y Evolución de Plantas, de la UNAM, quien dirigió el estudio afirmó que "los ensayos comerciales que se usan de manera tradicional pueden tener falsos negativos, asegurando que no hay transgenes cuando sí los hay".

Aunque este estudio no analiza los efectos de la contaminación transgénica, otras investigaciones sugieren que ésta podría tener consecuencias a largo plazo para la salud y el medio ambiente.

A continuación detalla lo que la Sagarpa ignora o pretende ignorar:

"El maíz es promiscuo -explica la doctora Álvarez- es decir, una mazorca se forma a partir de eventos de polinización de una multitud de donadores de polen. Y una vez que está la semilla formada, sus genes pueden viajar largas distancias tanto a través del polen como de la semilla".

La consecuencia es un "cruzamiento lejano", es decir, el desplazamiento de transgenes a cultivos convencionales o especies silvestres, y la mezcla de cultivos de semillas convencionales con cultivos genéticamente modificados.

Esto, dicen los expertos, podría tener un impacto importante sobre la inocuidad y la seguridad de los alimentos, principalmente en México, que es un centro de origen y diversidad genética del maíz.

Se piensa, por ejemplo, que la introducción de un nuevo gen a una planta puede crear un alergénico que cause una reacción en individuos susceptibles.

También hay temores sobre los riesgos desconocidos hasta ahora de la transferencia genética de alimentos transgénicos a células del organismo o bacterias gastrointestinales, que podrían afectar de forma adversa al ser humano.

Lo cierto, afirma la investigadora es que, como demuestra este estudio, los transgenes no se pueden contener. "Y mucho menos pueden coexistir sin contaminar a otras especies una vez que se siembren a campo abierto en un lugar como México, donde, como lo demuestra este estudio, los transgenes pueden pasar a las razas de maíz criollo".

Estos son maíces mejorados y seleccionados desde hace siglos para que se den bien en ciertas condiciones ambientales y respondan a las necesidades de alimentación de la región.

Por eso, dice la investigadora, la siembra de transgénicos en un centro de origen como México puede tener muchas más consecuencias e incertidumbres que la siembra en otros lugares como Estados Unidos.

"Ésta es una tecnología que puede ser muy virtuosa para la humanidad -dice Elena Álvarez-Buylla- pero necesitamos tener una visión mucho más objetiva de este tema".

Y agrega que "la bioseguridad tiene que ser parte de las políticas del Estado y por eso es necesario que el gobierno de México asuma la responsabilidad de proteger al maíz como un bien común".

¿Así o más claro?

viernes, 6 de marzo de 2009

Síndrome

Si no fuera porque resulta trágico, movería a risa ver cómo los funcionarios gubernamentales defienden los intereses de la banca extranjera por encima de los del pueblo al que están obligados a representar.

Este miércoles esos funcionarios ofrecieron en el senado de la república un espectáculo deplorable. Citados para discutir las reformas al sistema financiero --entre las que se incluye que el Congreso fije topes máximos a las elevadísimas tasas de interés que cobran los bancos al usuario-- se opusieron terminantemente a esa posibilidad.

Y lo hicieron, de nuevo, recurriéndo al argumento que calificamos aquí el martes como un síndrome, aun no bautizado. Verán ustedes: participaron en la reunión con senadores el presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Servicios Financieros (Conducef), Luis Pazos; el titular de Banca y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Guillermo Zamarripa; así como el presidente de la Asociación de Bancos de México, Enrique Castillo Sánchez Mejorada.

De éste último es lógico esperar que se oponga a una medida semejante, pero que lo haga el titular de la Conducef, un organismo creado por el gobierno para supuestamente proteger a los ahorradores y usuarios de los servicios financieros, resulta alarmante. Es lo más parecido a vivir en el mundo al revés.

Así de enrevesado es también el argumento que utilizaron para exigir a los senadores que ni se les ocurra legislar sobre topes máximos, porque tal medida (obsérvese la desfachatez del argumento), podría inhibir el crédito y perjudicar "sobre todo a los más pobres" (!!!!).

O sea, de acuerdo con esa lógica, bajarle el precio a las elevadas tasas de interés anual que usted y yo pagamos por una tarjeta de crédito, por ejemplo, es una medida que nos perjudica!!!!!

Lo anterior demuestra sin ambages, de qué lado están las autoridades de este país. En lugar de procurar las mejores condiciones que permitan a la población ser más productiva para alcanzar un mejor nivel de vida y que ello se traduzca en una nación más próspera, se alinean con quienes esquilman a esa sociedad y, lo que es peor, mediante decretos, leyes, medidas administrativas y hasta omisiones, se encargan de legalizar y tolerar ese robo a la nación.

Véanlo si no. Resulta increíble constatar cómo las autoridades hacendarias y las instancias encargadas de cuidar los intereses de los usuarios de la banca permiten que las instituciones de crédito cobren en México lo que no cobran en otros países.

Algunos ejemplos: El interés de la tarjeta de crédito Banamex-Citigroup es ocho veces superior aquí respecto de Estados Unidos; Scotiabank cobra un interés de 60 por ciento anual en México, pero menos de 16 por ciento en Canadá; en Inglaterra, HSBC cobra alrededor de 18 por ciento de interés anual y en México el cliente paga 71 por ciento.

Con un cinismo apenas disimulado, las autoridades hacendarias justifican esa desproporción diciendo que en nuestro país el cobro es más elevado debido a que los bancos tienen un mayor riesgo financiero. Aunque no lo dicen, ese argumento significa que como aquí la gente es más pobre, los bancos tienen mayor riesgo de que los usuarios de tarjetas no puedan pagar sus deudas.

Lo que ya no responden es a la pregunta de por qué en México la gente es más pobre. Y no lo hacen porque eso los conduciría a cuestionar la eficacia de las políticas gubernamentales que han conducido a esa situación.

Al final de la referida reunión, los representantes gubernamentales todavía se dieron tiempo de advertir a los senadores "que no se les pase la mano" al fijar un tope a las comisiones de los bancos porque a éstos se les puede crear un problema financiero "y eso no es bueno".

Les tiene sin cuidado, en cambio, el "problema financiero" que se le crea a la gente que paga esas altas comisiones. ¿Así o más claro?

Lo malo de todo es que el próximo mes de julio la gente seguirá votando para que esas mismas autoridades sigan en el poder.

¡Qué país!

miércoles, 4 de marzo de 2009

Tenencia

Los mexicanos vivimos un raro síndrome al que quizá algún lector --seguramente con más imaginación que este escribidor-- ayude a bautizar. Consiste éste en que según el gobierno, cualquier medida en beneficio del pueblo, en realidad lo perjudica.

Esa paradoja no es nueva, pero se ha reeditado con el asunto del impuesto que se cobra a los propietarios de vehículos automotores. La llamada tenencia vehicular es un gravamen que habría iniciado en 1968 como una medida temporal para financiar los juegos olímpicos que aquel infausto año se efectuaron en México.

En realidad surgió antes incluso que el Comité Olímpico Internacional designara oficialmente a México como organizador de la justa. Eso ocurrió en 1963 y la Ley de Ingresos del gobierno federal que entró en vigor el 1 de enero de 1962, un año antes, ya incluía esa obligación.

Y como palo dado ni dios lo quita, menos lo puede hacer un gobierno terrenal, así que el tal impuesto se quedó entre nosotros. Pero la demanda de eliminarlo reaparece cada tanto, señaladamente en periodos electorales.

El último en ofrecerlo fue el propio Felipe Calderón, sólo que una vez en la presidencia (obtenida "haiga sido como haiga sido", según su propia y ya célebre expresión) anunció que lo haría hasta 2012, es decir, en el ocaso de su administración, con lo cual se comporta de acuerdo con la conocida máxima: "que se friege el que sigue", clásica entre los políticos mexicanos.

Después de unos días de discusiones --iniciadas cuando el diputado panista Gerardo Buganza propuso suprimir ese pago a partir de este mes-- ayer finalmente los legisladores decidieron mantener el impuesto aduciendo que si se elimina, la perjudicada sería la propia población que lo paga, pues no habría recursos para educación, salud e infraestructura.

El alivio financiero que se procuraba con la medida en favor de los contribuyentes resultaba significativo, y constituía una auténtica medida de apoyo a la población agobiada en esta hora de turbulencia económica. Pero bien se ve que la solidaridad que se pregona sólo se concibe en un sentido: de la población hacia el gobierno, pero en ningún caso de éste hacia la sociedad.

El argumento de que se protege a la población esquilmándola --el síndrome al que me referí al principio-- no es nuevo. Durante muchos años el combate a la inflación se ha basado en la reducción del circulante. Es decir, restringiendo la cantidad de dinero disponible en la sociedad para evitar que con la mayor capacidad de compra (demanda) se elevara el precio de los productos (oferta).

Así se mantuvo la inflación baja, pero también se asfixió económicamente a las familias, con el argumento, otra vez, de que se las protegía, casi casi de sí mismas.

En contraparte, el gobierno no se anda con rubores al momento de pagarse. Un ejemplo de cómo se gasta el dinero de los contribuyentes, que incluye el que se recauda por concepto de tenencia, lo proporciona el gobierno de Tabasco.

El portal de la Secretaría de Administración y Finanzas de la entidad publicó el viernes 27 de febrero que la administración estatal eroga cada mes 50 millones de pesos --600 millones al año-- en el pago de una compensación denominada "bono de fatiga laboral", a trabajadores y funcionarios de primer nivel, a los que, dada la denominación del premio, ya se puede uno imaginar extenuados por la entrega y el celo con que se sacrifican por la patria.

Con un desenfado similar al mostrado por los consejeros del IFE, en su reciente affair, el gobernador Andrés Granier Melo señaló que la compensación es legal y garantiza la transparencia. Y ya con eso.

Ese modo de proceder no es, sin embargo, privativo de Tabasco; se repite puntualmente en cada una de las 31 entidades federativas restantes, por lo que es fácil comprender los verdaderos motivos que inspiran la renuencia a suprimir ingresos como los que les procura a los estados el pago de la tenencia.

Seguramente en 2012 los políticos se las volverán a arreglar para dejar sin efecto el decreto de 2007 que abroga el pago de la tenencia a partir de ese año, de modo que ésta siga representando una jugosa fuente de ingresos para funcionarios fatigados y gobernadores transparentes.

martes, 3 de marzo de 2009

Crisis

A continuación algunas estampas de cómo la crisis económica mundial empieza a expresarse en México en fenómenos cotidianos que pueden eventualmente conducir a riesgos sociales si no se actúa pronto.

La turbulencia económica mundial tomó a México --de nuevo y pese a las afirmaciones gubernamentales en contrario-- con los dedos en la puerta: en medio de una guerra contra el narcotráfico sin visos de solución por el torcido enfoque con que se enfrenta, con un aparato productivo endeble como resultado de la desarticulación de cadenas productivas, con un campo arruinado y con instituciones corrompidas o, en el "mejor" de los casos, infiltradas.

Veamos pues estas viñetas de la crisis: en lo que constituye un fenómeno relativamente nuevo, ahora la delincuencia ha puesto el ojo en el robo de granos básicos. En sólo 15 días del pasado mes de febrero, hombres armados robaron 100 toneladas de frijol en cuatro distintos asaltos a bodegas de Sinaloa. Uno de tales hurtos ocurrió a sólo 200 metros de un puesto de vigilancia, de esos que el ejército monta en las carreteras del país para evitar el tráfico de estupefacientes.

De acuerdo con una nota de Susana González en La Jornada (1/03/09), el encarecimiento del producto lo ha convertido en atractivo para los delincuentes, pues una tonelada cuesta en promedio 18 mil pesos y se puede vender directamente sin necesidad de ningún proceso de industrialización o conservación.

Ante el desabasto, la disminución en la producción --18 por ciento en relación con 2006, según cifras de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación-- (Tanto nombre para tan poca eficacia), y el consecuente encarecimiento, robar frijol empieza a ser atractivo para la delincuencia. ¿volveremos a los tiempos de la revolución en que masas empobrecidas asaltaban trenes?.

En el ámbito de la investigación científica --cuyos insumos en términos de equipos, reactivos y materiales se cotizan en dólares-- los presupuestos para este año (unos 55 mil millones de pesos) se calcularon con base en una paridad de 11.7 pesos por dólar y en apenas dos meses el billete verde ya rebasó la barrera de los 15 pesos y podría situarse en 20 para fines de año.

El hecho revela cómo en realidad las autoridades hacendarias no actuaron a tiempo ni en éste ni en otros órdenes de la actividad económica, ante la inminencia de la crisis pese a que cuando se aprobó el presupuesto de Egresos, ya mostraba sus primeros signos.

En materia de educación superior, el Sindicato de Trabajadores de la UNAM señaló, con base en datos de la demanda para el examen de selección a licenciatura realizado la semana pasada, que como resultado de la crisis unos 40 mil estudiantes abandonaron sus estudios en escuelas privadas para buscar refugio en la UNAM.

Si ya el tema de los rechazados se había vuelto recurrente año con año, con esta sobredemanda el problema seguramente se incrementará. Desde ahora es previsible que los jóvenes que resulten marginados formen organizaciones y pronto los tengamos en las calles protestando por su exclusión.

Si hasta hace poco la novedad eran estadísticas que mostraban cómo de cada 10 personas siete conocían casos de familiares que habían sido asaltados, ahora empezamos a ver como uno de cada tres sabe de alguien que ya ha perdido su empleo.

Signo de los tiempos