sábado, 10 de julio de 2010

México: del Estado paralelo al Estado fallido/I


La infiltración del crimen organizado y del narcotráfico en particular en las estructuras empresariales, políticas y sociales ha conducido al país a la actual descomposición que se manifiesta en la incapacidad del Estado para garantizar la gobernabilidad en cada vez más vastas regiones de nuestra geografía, así como la  seguridad de los ciudadanos.

Esa infiltración fue incubada por la existencia en México de lo que se conoce como un Estado paralelo. De acuerdo con la Fundación para las Relaciones Internacionales y el diálogo Exterior (Fride), el concepto de Estado paralelo está siendo utilizado con mayor frecuencia para describir la existencia de un nexo clandestino entre el liderazgo político formal, las facciones al interior del aparato del Estado, el crimen organizado y/o los expertos en violencia.

Ese nexo o acuerdo clandestino, al que hemos aludido en anteriores entregas, ha tenido lugar en México tanto con los gobiernos del PRI como del PAN, y participan de él la clase política de esos partidos, los poderes fácticos (el duopolio televisivo y los intereses del gran capital nacional y trasnacional) y, durante muchos años, miembros del crimen organizado beneficiados con componendas a cambio de financiamiento subterráneo para campañas políticas y el mantenimiento de un statu quo que garantizaba la concurrencia de grandes negocios al amparo del poder público.

Según el estudio de Fride, la naturaleza de un acuerdo "paralelo" es el de distorsionar la aplicación de la política gubernamental oficial, a través de la protección y promoción de los intereses de algunas facciones que disfrutan de verdaderos y profundos vínculos con el Estado, así como de outsiders especializados en crimen y violencia (¿le suena?).

El efecto principal de este acuerdo es el de perpetuar la incapacidad del Estado para proveer bienes  públicos básicos --tales como la seguridad, el Estado de derecho, el bienestar social y el crecimiento económico-- mediante la desviación o coacción de políticas de gobierno al servicio de estos poderes de facto, aun cuando se mantiene la apariencia de un sistema estatal legítimo y en funcionamiento.

Así que si usted se pregunta, por qué el país no tiene ni crecimiento ni desarrollo económico, pese a los grandes planes que cada sexenio ponen en práctica los brillantes economistas gubernamentales, pues ahí tiene la respuesta: merced a este acuerdo paralelo, el gobierno y la política económica --como ha dicho el economista Julio Bolvinik-- están orientados "a que haya millones de pobres y persistan los monopolios".

El surgimiento del nexo político-criminal, de acuerdo con Fride, se ha profundizado por las crecientes oportunidades proporcionadas por la integración de la economía global y por la intensificación de los vínculos comerciales trasnacionales resultantes.

La esencia de un Estado paralelo es que combina una autoridad política formal (incluye la apariencia de Estado de derecho, una representación pública formal y una clara jerarquía de autoridad) con una estructura de poder informal surgida de las entrañas del Estado, que está orgánicamente ligada a él y que por ende sirve a sus propios intereses sectoriales o institucionales, todo ello en combinación con redes del crimen organizado o grupos armados.

Estos intereses no son predatorios, ya que no buscan suplantar la presencia territorial del Estado, ni simbióticos, ya que los líderes formales pueden oponerse a las actividades criminales y terroristas.

Volveremos sobre el tema...

viernes, 9 de julio de 2010

Autoritarismo, fase inferior del calderonismo


En México, el autoritarismo gubernamental ha presentado siempre un rostro que se quiere amable. El priismo encontró una fórmula: el sistema corporativo.

Mediante agrupaciones como sindicatos, organizaciones campesinas y populares en las que se hacía caber todo el país, se confería al sistema una legitimidad, pero sobre todo una unanimidad que lo blindó contra la protesta social.

La sociedad eran sus líderes y éstos interpretaban, encarnaban y expresaban las aspiraciones y anhelos de esa sociedad. Todo lo que existía fuera de esa ficción, todo lo que no se aviniera a esa pretendida uniformidad en realidad no existía, o existía como una forma de desadaptación que, cómo todo lo anómalo, amenazaba la salud del cuerpo social y debía por ello ser, alternativamente, ignorada, combatida, desprestigiada o todo a la vez.

Esa organización corporativa dio además la apariencia de gobiernos con amplia base social. Se configuró así un férreo autoritarismo atenuado con tintes paternalistas. Flores sobre las cadenas mientras los outsiders eran cooptados, perseguidos o exterminados fuera del escenario, en contraste con las dictaduras latinoamericanas que lo hicieron abiertamente.

La derecha panista llegó al poder sin un proyecto democratizador, pero también sin un esquema de gobernabilidad que sustituyera eficazmente el modelo corporativo de manipulación y control social. A ello se añadió el déficit de legitimidad con que Felipe Calderón ocupó Los Pinos --fue literalmente una ocupación-- a partir de 2006.

El 0.56 por ciento con que dijo haber superado en las urnas al opositor Andrés Manuel López Obrador no le aseguraba una sólida base social, necesaria para las condiciones de gobernabilidad que todo proyecto político requiere.

Inspirado en la figura del también impugnado Carlos Salinas de Gortari --quien con dos manotazos, uno contra los líderes del sindicato petrolero y otro contra el líder vitalicio del magisterio, agrupaciones con pésima fama pública por ser paradigmas de la corrupción institucionalizada, logró una rápida legitimación-- Calderón declaró la guerra a los cárteles de la droga y sacó al ejército a las calles.

El michoacano no logró, sin embargo, la ansiada legitimidad, como lo demostró un hecho incontrastable: a diferencia de Salinas, quien arrasó en las elecciones intermedias de 1991, Calderón perdió en 2009 la mayoría que su partido tenía en el Congreso.

Para muchos observadores esa derrota significó la terminación de un sexenio que nunca cobró impulso. En un intento fallido por relanzar su presidencia, el panista convocó a un programa de 10 puntos que se tradujeron en iniciativas de reforma política, de seguridad pública y laboral que no han prosperado, pues carece de los votos legislativos necesarios y no tiene una base social para presionar por esos cambios que, además, resultan claramente antipopulares.

Calderón y su partido están y actúan como acorralados. Han hecho a un lado las formas y la han emprendido contra la sociedad, mediante un autoritarismo descarnado, ya sin el barniz de la "dictablanda" priista.

Como si se tratara de castigar el rechazo que la sociedad le ha manifestado en las urnas, y en medio de la crisis económica global que causó en México los peores estragos debido a la errática y tardía, cuando no omisa reacción gubernamental --según los principales organismos económicos internacionales-- a fines del año pasado incrementó los impuestos.

Adicionalmente, la guerra contra el crimen organizado devino guerra contra la sociedad civil. Los ejemplos se multiplican: los asesinatos a manos del ejército de dos estudiantes del "Tec" de Monterrey, y de los niños Bryan y Martín Almanza Salazar, en Tamaulipas. La masacre de 16 jóvenes reunidos en una fiesta en Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez.

En esos y otros episodios menos difundidos, calificados por Calderón como "daños colaterales" destaca la intensión gubernamental por, en ese orden, criminalizar a los caídos, ocultar su identidad, alterar ilegalmente la escena del crimen, engañar atribuyendo los decesos al "fuego cruzado" y obstruir las labores de investigación de los organismos de derechos humanos.

El procedimiento es, a la vez, un mensaje: "somos un gobierno en guerra y nadie de los nuestros será juzgado por sus acciones, así se juzguen criminales, ni en éste ni en otros ámbitos".

El ejemplo más reciente: César Nava, presidente nacional del PAN, presentó, en el marco de la recién concluida disputa electoral,  grabaciones atribuidas a mandatarios estatales priistas. Incurrió con ello en un delito federal en los mismos términos por los que fue acusada y se le sigue un proceso penal a la ex subsecretaria de Comunicaciones Purificación Carpinteyro (quien habría filtrado la conversación en la que el entonces secretario del ramo, Luis Téllez acusaba a Salinas de Gortari de haberse robado la partida secreta). Nava, en cambio, no ha sido molestado por su delito ni con el pétalo de una averiguación previa.

La ofensiva autoritaria de Calderón contra la sociedad es abierta y total e incluye no ceder ninguna plaza, ninguna cabeza, así se atropellen todas las formas legales, como lo muestran las presiones contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para no responsabilizar al ex director del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, por el desorden generalizado que condujo a la tragedia en que murtieron calcinados 49 infantes y otros 104 resultaron heridos.

En una insólita resolución se determinó que hubo responsabilidades incumplidas, pero no responsables, con lo que además quedaron exonerados el actual director del IMSS, Daniel Karam, el ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours, así como los dueños de la Guardería ABC, entre los que figuraba Marcia Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala, esposa de Calderón.

Inclúyase en la lista de agravios ilegales y autoritarios, la extinción de Luz y Fuerza del Centro, la ofensiva contra la huelga minera de Cananea o contra los familiares de los mineros que reclaman los cuerpos de los mineros muertos en Pasta de Conchos.

Desembozado, Calderón añade como enemigos a los medios de comunicación y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A los primeros les mandó decir --a través del ya infaltable secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont-- que moderen su lenguaje al reportear hechos de violencia; y a la segunda, a no convertirse en "tonta útil" del crimen organizado, sólo porque reveló las maniobras gubernamentales y de la Sedena para tergiversar los hechos y proteger a los militares que asesinaron a los niños Almanza en Tamaulipas.

Tenemos, pues, un gobierno en abierta confrontación con la sociedad, un gobierno que vulnera garantías fundamentales, que atropella derechos humanos y que, en conjunto, viola los principios del Estado de derecho al actuar impunemente contra la sociedad, todo lo cual está configurando un clima autoritario con todos los rasgos de una dictadura.

Veremos...

jueves, 8 de julio de 2010

Elecciones: ¿Y la sociedad?

Con argumentos varios, la clase política y todo el conglomerado de medios de comunicación, han dedicado los últimos días a elaboraciones respecto de ganadores y perdedores de las elecciones del pasado 4 de julio en 14 estados del país, en 12 de los cuales se eligió nuevo gobernador.

En un ejercicio que parece reconocer claramente que las elecciones se han convertido, de más en más, en una forma de participación social meramente testimonial, y que a eso --votar-- se limita el concurso de los ciudadanos, ninguno de esos cálculos atiende a cuestiones como los proyectos de gobierno que se aplicarán en cada estado para superar las condiciones de pobreza, desempleo e inseguridad que prevalecen.

Acaso porque los procesos electorales se han convertido sólo en un trámite para repartir el poder y posicionarse de cara a nuevos comicios, nadie parece interesarse en esas cuestiones.

Véanse los recuentos que se formulan:

*Funcionaron las alianzas
*Ganaron Calderón, Nava y Ortega
*El PRI perdió tres importantes reservorios de votos (Oaxaca, Puebla y Sinaloa)
*Ganaron los pragmáticos del poder por el poder
*Ahora, PAN-PRD por el Edomex
*Perdió Peña Nieto; ganó Beltrones. Ahora iniciará la verdadera lucha interna por la candidatura del 2012
*Peña Nieto, tocable
*El PRI tendrá que volver a negociar con Calderón
*El PRI no es invencible en 2012; se le puede competir y ganarle
*El PVEM, aliado y todo, pero gobernará en 8 estados

En ese territorio del poder, en el que los ciudadanos sólo son requeridos para legitimar el reparto, el papel de los medios de comunicación se reduce a lo evidente: interpretar quien gana o pierde posiciones en cada coyuntura.

México ya no es la desigualdad, ni la pobreza, ni la zona de desastre que es la educación, ni la falta de crecimiento económico, menos el extravío de algo parecido a un proyecto de nación. México es el cálculo político. Es Manuel Camacho declarando, con una lógica apabullante, que ganaron por las alianzas, pero que en el 2012 "no vamos a necesitar del PAN".

De aquí al 2012 México asistirá embelezado al performance político del juego de posiciones y del pragmatismo aliancista avalado por los ciudadanos. Si ya este 4 de julio los votantes demostraron que el hartazgo mata ideología y diferencias partidistas, cualquier cosa que se presente unida en las presidenciales tendrá su parte en el paraíso del poder, por encima de quienes se empeñen en problematizar la realidad.

lunes, 5 de julio de 2010

PRI-PAN: el gran acuerdo

Más allá de los resultados electorales de la jornada de ayer, y de las escaramuzas poselectorales que vendrán, lo que estas elecciones mostraron fue la degradación de la legalidad --también en este ámbito-- y el acuerdo básico que existe entre el binomio PRI-PAN, a una década de iniciada lo que los voceros gubernamentales y sus propagandistas (columnistas, editorialistas e intelectuales orgánicos) llamaron la "transición a la democracia" o la vuelta a la normalidad democrática.

Ello porque --sostenían-- por fin los votos se contaban y eran éstos los que decidían quien debía gobernar.

Lo malo es que las elecciones en México siguen siendo una apariencia que los ciudadanos vemos a través de lo que reflejan los medios, algo así como los presos de Platón (véase la alegoría de la caverna), los cuales permanecían desde su nacimiento encadenados sin poder moverse ni voltear hacia atrás donde una hoguera proyectaba hacia el muro que podían ver, sólo las sombras de los objetos reales que pasaban a sus espaldas.

Estos hombres encadenados se habían acostumbrado a tomar como verdad las sombras de los objetos proyectadas sobre las rocas, pero no podían conocer todo lo que ocurría a sus espaldas, ni cómo eran en realidad esos objetos.

Una década después de la llamada transición a la democracia, y luego de las evidencias disponibles, puede afirmarse que la tal transición sólo fue un eslogan propagandístico con el que el grupo hegemónico en el poder disfrazó la sustitución de un grupo gobernante por otro: El PAN en lugar del PRI.

Ambos partidos mantienen una alianza histórica que, como recuerda Jaime Avilés (La jornada, 3 de julio/2010)se remonta a 1988 con la convalidación panista del fraude electoral que impuso a Carlos Salinas de Gortari en la presidencia, y cuyo principal instrumento fue el hoy secuestrado Diego Fernández de Cevallos.

El acuerdo volvió a funcionar en 2006. Relegado a un lejano tercer lugar en las preferencias electorales de ese año, el PRI convalidó el fraude electoral operado para imponer a Calderón en Los Pinos, a sabiendas de que ese resultado no representaba ningún riesgo de cambio en las estructuras políticas y de gobierno edificadas sobre las bases de la corrupción y la impunidad, durante más de 70 años de priismo.

Si se observa con atención, se comprobará como esos dos partidos escenifican escaramuzas en torno a temas difíciles que aparentemente los contraponen, pero al fin de cuentas terminan apoyándose uno a otro, parapetados en el cuento de que lo hacen en nombre del interés nacional y del mantenimiento de una institucionalidad que defienden porque se traduce en lucrativos negocios.

Los aumentos de impuestos a la población, la privatización de empresas públicas en favor de intereses nacionales y trasnacionales, la política laboral inclinada a los intereses patronales, la ofensiva contra sindicatos independientes y con tradición de lucha como el Mexicano de Electricistas, o los mineros de Cananea. En todos esos temas el PRI ha criticado el proceder del gobierno federal panista, pero cuando se trata de traducir esas críticas en votos, desaparece la oposición y se avala cualquier medida antipopular.

El reclamo que la presidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes, enderezó el martes pasado contra Calderón, en ocasión del asesinato del candidato priista al gobierno de Tamaulipas, puede leerse como el reclamo de un socio a su contraparte que ha incumplido con las cláusulas no escritas de un pacto esencial: disputémonos el poder entre nosotros, repartámonos el control y la explotación de los recursos de este país, pero sin necesidad de guerras sucias y, sobre todo, sin alianzas que puedan constituir una fractura en la rotación del poder.

El tema de las alianzas escoece al PRI de manera notable. Acuciado por un panorama que se preveía catastrófico para las elecciones de ayer en 14 estados, el PAN decidió incluir en ese acuerdo fundamental, sin notificación previa, a un PRD encabezado por una dirigencia débil y ya cooptada, vía los buenos oficios de Manuel Camacho con Calderón, con el fin de no retrasarse demasiado en la disputa por la presidencia del 2012.

No se piense que el tácito acuerdo PRI-PAN incluye la rotación mecánica del poder. El bipartidismo de facto que proponen, incluye que cada uno buscará ganar y usufructuar ese poder. De ahí el empleo de todo el arsenal de tácticas fraudulentas de que hemos sido testigos en estos meses de campañas electorales en los estados.

La autoridad electoral (el IFE) y las instancias aledañas como la Fiscalía Especial contra Delitos Electorales (Fepade) o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) son, en este esquema, organismos cooptados y sin fuerza convertidos en componentes de ese juego de apariencias que los ciudadanos vemos proyectado como sombras en los medios de comunicación, cuyos intereses comerciales y políticos quedan bien servidos dentro del gran Acuerdo.

Un dato revelador de la existencia cosmética o aparente de la autoridad electoral: El IFE dictó el viernes medidas cautelares para que ningún funcionario público, incluido el presidente de la República, divulgara, entre viernes y lunes, logros que pudieran considerarse promoción para algún partido o candidato.

La medida, natural y adecuadamente tardía, era un mero formalismo, pues ya Calderón había concluido su ilegal campaña de tres semanas difundiendo "buenas noticias" con la clara intensión de atenuar la derrota electoral que ya se preveía para su partido.

Este y otros comportamientos dan cuenta del gran acuerdo y su correlato: impedir a toda costa que un tercero, llámese Andrés Manuel López obrador u otro con similares intenciones, se cuele al ejercicio del poder e intente cambiar las reglas. Cerrar el paso a todo lo que amenace la continuidad del gran negocio expresado en el modelo económico neoliberal. Esa es la gran matriz que debe preservarse.

¡Hasta la próxima!

jueves, 1 de julio de 2010

Unidad, maniobra contra México

Felipe Calderón ha llamado a todos los sectores del país a formar un frente común ante la delincuencia organizada que ha derrotado la estrategia bélica que el michoacano decidió solito como fórmula que lo legitimaría en la presidencia, pero que, en realidad acabó por deslegitimarlo y, ahora, rebasado, llama a todos a apoyarlo.

Se trata, sin embargo, de una maniobra más del panista. Si algo, Calderón tiene un fino sentido de la realidad que lo circunda. Es muy conciente de cuando los momentos le son favorables o adversos y eso se refleja en sus maniobras.

Cuando se siente contra las cuerdas, aislado o derrotado --lo cual va siendo cada vez más frecuente-- recurre a golpes que se quieren espectaculares, pero que lo desnudan como un político oportunista, ventajista y sin credibilidad.

Su política, en los tres años y medio de ocupación de la presidencia, ha sido polarizar. Para eso sacó al ejército a las calles.

Se trata, sin embargo, de un político con márgenes de maniobra muy acotados: carece de mayoría legislativa en el Congreso; el próximo domingo su partido perderá seguramente la mayoría de las 12 gubernaturas estatales que estarán en juego; el PRI seguramente le venderá cada vez más caro los eventuales apoyos que le otorgue, pero sólo a manera de salvavidas que le permitan sólo mantenerse a flote de aquí a las presidenciales de 2012, en las que el tricolor se apresta para el asalto final.

En esas condiciones Calderón llama a la unidad. Como maniobra resulta poco imaginativa y desgastada. El PRI la utilizó a lo largo de más de 70 años para preservarse y como antídoto ante la crítica.

Unidad es un concepto que, sin embargo, conserva algo de su encanto, sobre todo para una población que empieza a cansarse del estado mental y físico de inseguridad ante el que se vive.

Quien convoca a la unidad se reviste, de inmediato, de un halo pacifista y generoso, por cuanto se muestra preocupado por todos. Al ocupar la posición de quien convoca a la unidad, Calderón cree matar dos pájaros de un tiro:

Situarse en el imaginario colectivo que le es adverso, con calificaciones positivas, al aparecer como conciliador e interesado en el bienestar colectivo y de la patria. Adicionalmente, mostrar a sus opositores o a quienes rechacen o critiquen su oferta como mezquinos, apátridas y hasta como enemigos de la población.

La otra ganancia: su llamado lo colocaría en la vanguardia del debate público y como un hombre en control de la situación. Esto último le resulta muy importante para no parecer, como en realidad es, un presidente anulado.

Utilizó la misma estrategia para reposicionarse en el debate político tras el descalabro electoral en las elecciones intermedias de 2009. Muchos observadores se preguntaban por qué Calderón enviaba iniciativas de reforma política y laboral justo en esas condiciones adversas. Simple. En realidad sabía que sus iniciativas no pasarían, pero le interesaba generar ruido, aparecer, estar presente como generador del debate.

Buscaba una coartada ante el país y ante sí mismo: "Yo lo intenté, pero no me dejaron", sería la justificación buscada.

Su llamado actual es lo mismo: sabía que el asesinato del candidato priista a la gubernatura de Tamaulipas haría volver la vista del país hacia Los Pinos y hacia su fallida estrategia de combate al crimen organizado.

En el fondo, su respuesta ante esa tragedia y ante un país que lo culpa, es la misma de siempre: responsabilizar a los demás. Cada vez que las cosas empeoran recurre a su ritornelo: "la descomposición que vivimos es resultado de que durante años se dejó de hacer lo necesario".

O aquella otra: "Este crimen nos muestra que debemos seguir nuestro combate a la delincuencia organizada". El argumento es serpiente que se muerde la cola: emprendo una guerra desorganizada y falaz (porque no se atacan los centros neurálgicos del enemigo), provoco un baño de sangre en el país y ya que los crímenes se vuelven cotidianos, digo que eso muestra que debemos mantener la guerra.

Así, el llamado a la unidad es, en realidad, una maniobra contra México. Calderón no tiene un plan. Está noqueado políticamente y lo sabe. Su apuesta ha sido y sigue siendo la política del miedo. Hoy amenazó: entrénle todos porque la violencia seguirá después de que yo me haya ido.

Sobre advertencia no hay engaño. Ya hizo saber, ante empresarios que respondieron a su llamado al diálogo, que el frente común --quien caiga en ese garlito-- no es para modificar la estrategia sino para seguir adelante con lo mismo. Es para escuchar, pero sin dar marcha atrás.

Es, en todo caso, un nuevo y tardío esfuerzo por ganar apoyo social para una guerra que se hizo para tapar un fraude.