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lunes, 20 de abril de 2009

Cananea

Una nueva muestra de como la administración federal panista gobierna con los dados cargados en favor de unos cuantos, lo constituye el modo desaseado e ilegal en que se quiso terminar con la huelga que desde julio de 2007 mantiene el sindicato minero contra el Grupo México, de Germán Larrea, dueño de la empresa minera Mexicana de Cananea.

El asunto tiene reminiscencias porfiristas, no sólo porque en 1910 una huelga en esa misma empresa --situada en Cananea, Sonora-- contó entre las causas que descompusieron el orden prevaleciente y dieron lugar al levantamiento armado, sino porque recuerda la divisa porfirista: "A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas".

Sin que en este caso mediara la justicia, se quiso beneficiar al amigo del presidente (el dueño del grupo México) de un modo tan burdo que estuvo a punto de desatar la violencia en contra de los trabajadores.

Consistió la maniobra en alegar la empresa que las instalaciones y equipo de la mina habían sufrido daños irreparables. El argumento lo avaló la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía, la cual, tras una inspección, determinó que debido a esa causa "era imposible realizar trabajos de minería".

En sintonía con esa maniobra, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), dependiente de la Secretaría del Trabajo, emitió entonces un laudo en el que aprobó el despido de los mil 200 trabajadores del sindicato minero en huelga, pues según eso "la empresa acreditó la existencia de una causa de fuerza mayor, consistente en que la Unidad Minera de Cananea se encuentra con daños y destrucción ocasionados a la maquinaria, materiales, instalaciones y equipos esenciales para su funcionamiento y operación, que son de tal gravedad que producen como consecuencia necesaria, inmediata y directa, la terminación de los trabajos".

Debido a que una causa como esa no es imputable a la empresa, la JFCA aprobó el despido de los trabajadores, y, de paso, la terminación de la huelga (que en realidad era el fin principal de la maniobra avalada por la Secretaría del Trabajo), pues como dijo, entre burlón y festivo, el abogado del Grupo México, Salvador Rocha Díaz, "no habiendo contrato colectivo de trabajo, entonces tampoco hay huelga".

Un amparo conseguido por los mineros dejó sin efectos temporales el laudo señalado y aun evitó que fueran desalojados por la fuerza de su centro de trabajo por agentes de la Policía Federal Preventiva, pero el episodio dejó clara la proclividad gubernamental a proteger las tropelías de sus socios (en este Caso Germán Larrea) violando e incluso anulando derechos fundamentales, como el de huelga.

No es, sin embargo, la primera vez que el gobierno protege a ese empresario. El Grupo México también es propietario de la mina Pasta de Conchos, en el poblado de San Juan Sabinas, Coahuila, donde una explosión sepultó a 65 trabajadores el 19 de febrero de 2006. En esa ocasión, las autoridades del trabajo pasaron por alto las evidentes y probadas fallas en la seguridad, esas sí imputables al patrón, que provocaron el accidente.

Como ahora, el entonces secretario del Trabajo, Francisco Salazar, pasó por alto esas circunstancias y en vez de actuar legalmente se ocupó de encubrirlas. Ese contubernio data de la época de Carlos Salinas, quien se encargó de hacer quebrar la entonces Compañía Minera de Cananea, para privatizarla en favor de Jorge Larrea, padre de Germán.

Salinas entregó entonces un gran negocio, pues se trata de uno de los yacimientos de cobre más grandes de México y del mundo, con una vida útil rentable de al menos 65 años, según Daniel Chávez Carreón, director de Operaciones de la empresa.

En un insólito comportamiento que desnuda de qué lado está, la Secretaría del Trabajo se apresuró a negar el mismo jueves 16 de abril por la noche, que los mineros hubieran conseguido un amparo "...por lo que se reitera que es falso que esta determinación (el cierre de la empresa) haya quedado invalidada".

En respuesta, los mineros pusieron a funcionar durante media hora el área de fundición de la mina para demostrar que se encuentra en condiciones de operar.

El asunto está en el aire y todavía es posible esperar nuevas maniobras empresa-gobierno para hacer terminar una huelga que han querido declarar como legalmente inexistente al menos en tres ocasiones fallidas.

¡Hasta la próxima!