PRI-PAN: el gran acuerdo

Más allá de los resultados electorales de la jornada de ayer, y de las escaramuzas poselectorales que vendrán, lo que estas elecciones mostraron fue la degradación de la legalidad --también en este ámbito-- y el acuerdo básico que existe entre el binomio PRI-PAN, a una década de iniciada lo que los voceros gubernamentales y sus propagandistas (columnistas, editorialistas e intelectuales orgánicos) llamaron la "transición a la democracia" o la vuelta a la normalidad democrática.

Ello porque --sostenían-- por fin los votos se contaban y eran éstos los que decidían quien debía gobernar.

Lo malo es que las elecciones en México siguen siendo una apariencia que los ciudadanos vemos a través de lo que reflejan los medios, algo así como los presos de Platón (véase la alegoría de la caverna), los cuales permanecían desde su nacimiento encadenados sin poder moverse ni voltear hacia atrás donde una hoguera proyectaba hacia el muro que podían ver, sólo las sombras de los objetos reales que pasaban a sus espaldas.

Estos hombres encadenados se habían acostumbrado a tomar como verdad las sombras de los objetos proyectadas sobre las rocas, pero no podían conocer todo lo que ocurría a sus espaldas, ni cómo eran en realidad esos objetos.

Una década después de la llamada transición a la democracia, y luego de las evidencias disponibles, puede afirmarse que la tal transición sólo fue un eslogan propagandístico con el que el grupo hegemónico en el poder disfrazó la sustitución de un grupo gobernante por otro: El PAN en lugar del PRI.

Ambos partidos mantienen una alianza histórica que, como recuerda Jaime Avilés (La jornada, 3 de julio/2010)se remonta a 1988 con la convalidación panista del fraude electoral que impuso a Carlos Salinas de Gortari en la presidencia, y cuyo principal instrumento fue el hoy secuestrado Diego Fernández de Cevallos.

El acuerdo volvió a funcionar en 2006. Relegado a un lejano tercer lugar en las preferencias electorales de ese año, el PRI convalidó el fraude electoral operado para imponer a Calderón en Los Pinos, a sabiendas de que ese resultado no representaba ningún riesgo de cambio en las estructuras políticas y de gobierno edificadas sobre las bases de la corrupción y la impunidad, durante más de 70 años de priismo.

Si se observa con atención, se comprobará como esos dos partidos escenifican escaramuzas en torno a temas difíciles que aparentemente los contraponen, pero al fin de cuentas terminan apoyándose uno a otro, parapetados en el cuento de que lo hacen en nombre del interés nacional y del mantenimiento de una institucionalidad que defienden porque se traduce en lucrativos negocios.

Los aumentos de impuestos a la población, la privatización de empresas públicas en favor de intereses nacionales y trasnacionales, la política laboral inclinada a los intereses patronales, la ofensiva contra sindicatos independientes y con tradición de lucha como el Mexicano de Electricistas, o los mineros de Cananea. En todos esos temas el PRI ha criticado el proceder del gobierno federal panista, pero cuando se trata de traducir esas críticas en votos, desaparece la oposición y se avala cualquier medida antipopular.

El reclamo que la presidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes, enderezó el martes pasado contra Calderón, en ocasión del asesinato del candidato priista al gobierno de Tamaulipas, puede leerse como el reclamo de un socio a su contraparte que ha incumplido con las cláusulas no escritas de un pacto esencial: disputémonos el poder entre nosotros, repartámonos el control y la explotación de los recursos de este país, pero sin necesidad de guerras sucias y, sobre todo, sin alianzas que puedan constituir una fractura en la rotación del poder.

El tema de las alianzas escoece al PRI de manera notable. Acuciado por un panorama que se preveía catastrófico para las elecciones de ayer en 14 estados, el PAN decidió incluir en ese acuerdo fundamental, sin notificación previa, a un PRD encabezado por una dirigencia débil y ya cooptada, vía los buenos oficios de Manuel Camacho con Calderón, con el fin de no retrasarse demasiado en la disputa por la presidencia del 2012.

No se piense que el tácito acuerdo PRI-PAN incluye la rotación mecánica del poder. El bipartidismo de facto que proponen, incluye que cada uno buscará ganar y usufructuar ese poder. De ahí el empleo de todo el arsenal de tácticas fraudulentas de que hemos sido testigos en estos meses de campañas electorales en los estados.

La autoridad electoral (el IFE) y las instancias aledañas como la Fiscalía Especial contra Delitos Electorales (Fepade) o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) son, en este esquema, organismos cooptados y sin fuerza convertidos en componentes de ese juego de apariencias que los ciudadanos vemos proyectado como sombras en los medios de comunicación, cuyos intereses comerciales y políticos quedan bien servidos dentro del gran Acuerdo.

Un dato revelador de la existencia cosmética o aparente de la autoridad electoral: El IFE dictó el viernes medidas cautelares para que ningún funcionario público, incluido el presidente de la República, divulgara, entre viernes y lunes, logros que pudieran considerarse promoción para algún partido o candidato.

La medida, natural y adecuadamente tardía, era un mero formalismo, pues ya Calderón había concluido su ilegal campaña de tres semanas difundiendo "buenas noticias" con la clara intensión de atenuar la derrota electoral que ya se preveía para su partido.

Este y otros comportamientos dan cuenta del gran acuerdo y su correlato: impedir a toda costa que un tercero, llámese Andrés Manuel López obrador u otro con similares intenciones, se cuele al ejercicio del poder e intente cambiar las reglas. Cerrar el paso a todo lo que amenace la continuidad del gran negocio expresado en el modelo económico neoliberal. Esa es la gran matriz que debe preservarse.

¡Hasta la próxima!