La infiltración del crimen organizado y del narcotráfico en particular en las estructuras empresariales, políticas y sociales ha conducido al país a la actual descomposición que se manifiesta en la incapacidad del Estado para garantizar la gobernabilidad en cada vez más vastas regiones de nuestra geografía, así como la seguridad de los ciudadanos.
Esa infiltración fue incubada por la existencia en México de lo que se conoce como un Estado paralelo. De acuerdo con la Fundación para las Relaciones Internacionales y el diálogo Exterior (Fride), el concepto de Estado paralelo está siendo utilizado con mayor frecuencia para describir la existencia de un nexo clandestino entre el liderazgo político formal, las facciones al interior del aparato del Estado, el crimen organizado y/o los expertos en violencia.
Ese nexo o acuerdo clandestino, al que hemos aludido en anteriores entregas, ha tenido lugar en México tanto con los gobiernos del PRI como del PAN, y participan de él la clase política de esos partidos, los poderes fácticos (el duopolio televisivo y los intereses del gran capital nacional y trasnacional) y, durante muchos años, miembros del crimen organizado beneficiados con componendas a cambio de financiamiento subterráneo para campañas políticas y el mantenimiento de un statu quo que garantizaba la concurrencia de grandes negocios al amparo del poder público.
Según el estudio de Fride, la naturaleza de un acuerdo "paralelo" es el de distorsionar la aplicación de la política gubernamental oficial, a través de la protección y promoción de los intereses de algunas facciones que disfrutan de verdaderos y profundos vínculos con el Estado, así como de outsiders especializados en crimen y violencia (¿le suena?).
El efecto principal de este acuerdo es el de perpetuar la incapacidad del Estado para proveer bienes públicos básicos --tales como la seguridad, el Estado de derecho, el bienestar social y el crecimiento económico-- mediante la desviación o coacción de políticas de gobierno al servicio de estos poderes de facto, aun cuando se mantiene la apariencia de un sistema estatal legítimo y en funcionamiento.
Así que si usted se pregunta, por qué el país no tiene ni crecimiento ni desarrollo económico, pese a los grandes planes que cada sexenio ponen en práctica los brillantes economistas gubernamentales, pues ahí tiene la respuesta: merced a este acuerdo paralelo, el gobierno y la política económica --como ha dicho el economista Julio Bolvinik-- están orientados "a que haya millones de pobres y persistan los monopolios".
El surgimiento del nexo político-criminal, de acuerdo con Fride, se ha profundizado por las crecientes oportunidades proporcionadas por la integración de la economía global y por la intensificación de los vínculos comerciales trasnacionales resultantes.
La esencia de un Estado paralelo es que combina una autoridad política formal (incluye la apariencia de Estado de derecho, una representación pública formal y una clara jerarquía de autoridad) con una estructura de poder informal surgida de las entrañas del Estado, que está orgánicamente ligada a él y que por ende sirve a sus propios intereses sectoriales o institucionales, todo ello en combinación con redes del crimen organizado o grupos armados.
Estos intereses no son predatorios, ya que no buscan suplantar la presencia territorial del Estado, ni simbióticos, ya que los líderes formales pueden oponerse a las actividades criminales y terroristas.
Volveremos sobre el tema...
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