Así lo señala un estudio del Grupo de Análisis de la Coyuntura de la Economía Mexicana (Gacem), del Instituto de Investigaciones Económicas, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Una auténtica reforma al régimen fiscal implicaría, de acuerdo con el Grupo, cobrar impuestos a las ganancias, sin la posibilidad de deducir mediante fundaciones; eliminar la consolidación fiscal --la cual permite que en un conjunto de empresas se puedan transferir las pérdidas para reducir las ganancias y pagar menos impuestos--, medidas contra el capital especulativo, tales como tasas tributarias o penalizaciones monetarias si abandonan el país en el corto plazo, e incluso gravar las utilidades de las compañías mineras.
Se trata, sin embargo, de medidas que no están en la agenda de las autoridades hacendarias, señalan Alejandro López Bolaños y Josefina Morales Ramírez, autores del análisis. En su lugar, la reforma en puerta buscará la aplicación generalizada del IVA en medicinas y alimentos, eliminar subsidios a los energéticos (aumentos de precio en luz y gasolina), aplicar impuestos a la economía informal, además de un posterior aumento del IVA, actualmente en 16 por ciento.
Con datos de la última encuesta sobre ingreso-gasto de las familias mexicanas (2010), los investigadores demuestran que la aplicación del IVA generalizado afectará significativamente a las familias de menos recursos, las cuales destinan 52.3 por ciento de su ingreso a la adquisición de alimentos, en contraste con 28.4 por ciento de su gasto que canalizan a ese renglón los hogares con mayores ingresos.
Estimaciones realizadas por Josefina Morales con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, indican que con la estructura actual del IVA los hogares más ricos pagan 41.1 por ciento del total de ese impuesto, y el 10 por ciento más pobre, 1.1 puntos porcentuales.
Con la generalización del gravamen los más pobres cubrirán 1.7 por ciento del pago total del impuesto en el país, es decir, 161.2 por ciento más que antes; en tanto que el decil de mayores ingresos pasará de pagar 41.1 a 36.2 por ciento, proporcionalmente menos que antes. En términos porcentuales representará para estos últimos un incremento menor de 50 por ciento (47.7).
El análisis señala que si bien los recursos públicos son escasos --la recaudación de impuestos en México equivale a cerca de 9.6 por ciento del PIB, cuando el promedio de los países de la OCDE es de 24.7 por ciento-- el verdadero problema es que están mal administrados.
En efecto, a los elevados salarios de la élite gobernante y la corrupción, se añade la cuantiosa devolución de impuestos, que sólo en 2011 ascendió a 284 854.3 millones de pesos, equivalente a 13.8 por ciento del total de impuestos recaudados.
Pero a los grandes contribuyentes --la industria automotriz con 11 por ciento del total de devoluciones, la de alimentos (6.1), comercio (5.4) y "otros grandes contribuyentes" no identificados ni desglosados (71.2 por ciento del total)-- se les regresaron más de 219 mil millones de pesos, equivalentes a 71.8 por ciento de todas las devoluciones, y a 10.7 por ciento de los impuestos recaudados.
A lo anterior, añade el documento, se suma la privatización de impuestos vía las fundaciones y la beneficiencia pública. Los cuantiosos recursos de las fundaciones de las grandes empresas son, en gran parte, impuestos no pagados al gobierno federal.
De acuerdo con el Sistema de Administración Tributaria (SAT), hay en México más de nueve mil entidades donatarias autorizadas que incluyen un universo de actividades asistenciales, educativas, ecológicas, museos privados, promotores culturales, entre otros.
Un ejemplo de ello, destacan los analistas, es el Teletón de Televisa, que entre 1997 y 2011 recaudó cerca de cuatro mil millones de pesos.
Los autores señalan que entre el conjunto de reformas económicas de corte neoliberal que pretende la actual administración, la reforma fiscal trata de justificar el posible cobro de impuestos generales al consumo aduciendo que con esta medida se obtendrán los ingresos necesarios para impulsar el crecimiento económico, dotar de servicios públicos esenciales, financiar un nuevo esquema de protección social, además de darle mayor sostenibilidad a las finanzas públicas.
De hecho afirman que la modificación que hizo el PRI a sus estatutos para favorecer la aplicación generalizada del IVA en alimentos y medicinas fue inspirada por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, el cual propuso que para hacer viable una reforma al sistema de protección social el financiamiento se obtendrá de recursos públicos provenientes de impuestos generales al consumo, de la eliminación de los regímenes especiales y del subsidio a las gasolinas.
Así vamos...
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