domingo, 26 de mayo de 2013

PND, más de lo mismo: ANEC

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es una continuación de las políticas neoliberales aplicadas en México desde hace 30 años y, en materia agropecuaria, promueve un modelo de dependencia alimentaria que favorece a los monopolios, a unos cuantos empresarios y al mercado externo, afirmó hoy la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC).

En un comunicado el organismo señala que el país requiere un nuevo modelo agroalimentario y nutricional, cuya construcción reclama una política de Estado de largo plazo y no un programa como el PND, al cual califica como continuista, inercial y decepcionante porque insiste en la tesis del libre comercio por encima de la soberanía nacional, y en que los mercados resuelvan los problemas que las propias políticas neoliberales han profundizado y generalizado.

La ANEC señala que si bien el PND reconoce que el campo es un sector estratégico por su potencial para reducir la pobreza e incidir sobre el desarrollo regional, no hay en el documento planteamientos específicos sobre cómo erradicar la pobreza, no incluye las metas de crecimiento del sector y carece de señalamientos sobre cómo alcanzar la autosificiencia alimentaria.

"El campo no aguanta más la inercia y el continuismo neoliberal", afirma la Asociación al asegurar que no es posible esperar hasta habril de 2014 --fecha límite establecida por el PND-- para dar a conocer el programa sectorial de la Sagarpa y el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable.

Para superar la catástrofe alimentaria de nuestro país, producto de un sistema impuesto por las grandes corporaciones con base en una agricultura depredadora en importaciones, y un modelo de consumo en el que predominan los alimentos chatarra y el refresco, la ANEC demanda una política de Estado para la autosuficiencia alimentaria con campesinas y campesinos, sustentabilidad, derecho a la alimentación, sin transgénicos ni monopolios.

Su construcción --asegura-- requiere de una política de Estado de largo plazo, para lo cual es indispensable la aprobación de la Ley reglamentaria del derecho a la alimentación, que puede estar fundada en la Ley de Planeación para la Seguridad y Soberanía Agroalimentaria y Nutricional, que actualmente, denuncia, está congelada en el Senado.

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