Aunque no lo parezca, la economía es más sencilla y lógica de lo que las estrambóticas formulaciones numéricas del neoliberalismo pretenden hacernos creer. El quid de la cuestión, tanto para una empresa como para un país, consiste en el equilibrio entre oferta y demanda.
Usted no puede atiborrar el mercado con enormes volúmenes de producto sin tener en cuenta la demanda. Si ésta es muy pobre el desequilibrio que usted cause lo afectará tarde o temprano: tendrá que reducir precios y crecerán sus inventarios.
Si para el siguiente ciclo de producción la demanda continúa deprimida, usted deberá producir menos, y para compensar la caída tendrá que reducir salarios, despedir trabajadores y cerrar contrataciones durante un largo periodo.
Pero si usted y miles de empresas se ven precisadas a aplicar estas medidas, el desempleo así provocado reducirá el poder adquisitivo de las familias, con la cual reducirán sus gastos y la demanda seguirá cayendo y con ella la producción. Se dirá entonces que el país vive una recesión, porque sin ventas las empresas no invierten, pagan poco, producen menos y no crean empleos.
El problema por resolver está muy claro: ¿cómo estimular la demanda para devolver el equilibrio al sistema? Esa ha sido en términos generales la cuestión que la economía ha tratado de resolver a lo largo de la historia del pensamiento económico.
Para unos, el gobierno debe generar condiciones de rentabilidad que permitan estimular el crecimiento económico; para otros (llamémosle el bando neoliberal), el gobierno no debe intervenir de ningún modo porque el mercado es tan eficiente que solito se encargará de corregir cualquier desequilibrio. Estos últimos son los que han dominado la ciencia de la economía en los últimos decenios. A ellos y sus teorías se debe la crisis económica mundial que aún padecemos. A ellos pertenece el equipo económico del licenciado Enrique Peña Nieto.
El caso es que en México llevamos tres décadas aplicando las políticas del bando neoliberal. El problema de este modelo radica en que su programa de reformas estructurales está --todo él-- orientado a seguir estimulando un sólo lado de la ecuación: el de la oferta, pero sin tener en cuenta la demanda. Por eso no crecemos.
Esto lo hacen porque siguen creyendo en la Ley de Say según la cual la oferta crea su propia demanda, lo cual no es cierto, porque como lo hizo notar Keynes, a partir de la evidencia empírica, cuando hay una crisis la gente deja de gastar y seguirá así incluso tiempo después de que la turbulencia haya pasado.
Con arreglo a lo anterior, las reformas estructurales mexicanas están orientadas a estimular la oferta sin atender la demanda. Veamos:
La reforma laboral se hizo para abaratar la mano de obra y para librar a los patrones del pago de prestaciones y liquidaciones, como una forma de aligerar los gastos de producción e incrementar las ganancias. Es decir, seguir produciendo (oferta), pero para un mercado que con esos bajos salarios carece de capacidad de consumo (demanda).
La reforma financiera está pensada (es un decir) para que los bancos otorguen más crédito y más barato a las pequeñas y medianas empresas, pues se supone que éstas no invierten ni crecen porque carecen de recursos. De acuerdo con esta idílica imagen con esos créditos podrán crear empleos y producir más (de nuevo de lo que se trata es de incentivar la oferta).
Está por verse cuántos empresarios se embarcarán con un crédito --así sea a tasas preferenciales-- que se convertirá en una deuda impagable cuando la producción así financiada no se venda porque está destinada a un mercado donde la demanda está por los suelos porque no hay políticas para estimularla.
La reforma fiscal, que debería ser uno de los instrumentos mediante los cuales el gobierno reasigne y redistribuya la riqueza social, será un medio para seguir afectando la demanda, pues al incrementar el IVA y generalizarlo a los alimentos y medicinas, la mayoría de la población reducirá aun más su consumo (la demanda) y, al hacerlo, volverán a caer las ventas, la inversión y la producción, con lo cual se le seguirán bajando puntos al Producto Interno Bruto, que refleja el crecimiento o estancamiento económicos.
Por estas sencillas razones, resulta obvio que el modelito y la receta de las reformas económicas no nos conducirá a un mayor desarrollo económico sino al precipicio, pues su aplicación no hará sino incubar las condiciones de la próxima crisis.
En este contexto ¿por qué el gobierno insiste en que con este modelo se conseguirá el crecimiento cuando la evidencia empírica demuestra la mendacidad de esa afirmación? Lo veremos mañana.
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lunes, 12 de agosto de 2013
viernes, 31 de mayo de 2013
Reforma fiscal
La reforma fiscal que el gobierno mexicano propondrá al congreso en los próximos meses no contribuirá a mejorar la estructura de los ingresos tributarios, pues está orientada a dar certeza y protección al gran capital, particularmente al financiero, que además de no pagar impuestos exige para invertir aquí, condiciones como la acumulación de reservas, el equilibrio fiscal y la ampliación de la base tributaria.
Así lo señala un estudio del Grupo de Análisis de la Coyuntura de la Economía Mexicana (Gacem), del Instituto de Investigaciones Económicas, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Una auténtica reforma al régimen fiscal implicaría, de acuerdo con el Grupo, cobrar impuestos a las ganancias, sin la posibilidad de deducir mediante fundaciones; eliminar la consolidación fiscal --la cual permite que en un conjunto de empresas se puedan transferir las pérdidas para reducir las ganancias y pagar menos impuestos--, medidas contra el capital especulativo, tales como tasas tributarias o penalizaciones monetarias si abandonan el país en el corto plazo, e incluso gravar las utilidades de las compañías mineras.
Se trata, sin embargo, de medidas que no están en la agenda de las autoridades hacendarias, señalan Alejandro López Bolaños y Josefina Morales Ramírez, autores del análisis. En su lugar, la reforma en puerta buscará la aplicación generalizada del IVA en medicinas y alimentos, eliminar subsidios a los energéticos (aumentos de precio en luz y gasolina), aplicar impuestos a la economía informal, además de un posterior aumento del IVA, actualmente en 16 por ciento.
Con datos de la última encuesta sobre ingreso-gasto de las familias mexicanas (2010), los investigadores demuestran que la aplicación del IVA generalizado afectará significativamente a las familias de menos recursos, las cuales destinan 52.3 por ciento de su ingreso a la adquisición de alimentos, en contraste con 28.4 por ciento de su gasto que canalizan a ese renglón los hogares con mayores ingresos.
Estimaciones realizadas por Josefina Morales con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, indican que con la estructura actual del IVA los hogares más ricos pagan 41.1 por ciento del total de ese impuesto, y el 10 por ciento más pobre, 1.1 puntos porcentuales.
Con la generalización del gravamen los más pobres cubrirán 1.7 por ciento del pago total del impuesto en el país, es decir, 161.2 por ciento más que antes; en tanto que el decil de mayores ingresos pasará de pagar 41.1 a 36.2 por ciento, proporcionalmente menos que antes. En términos porcentuales representará para estos últimos un incremento menor de 50 por ciento (47.7).
El análisis señala que si bien los recursos públicos son escasos --la recaudación de impuestos en México equivale a cerca de 9.6 por ciento del PIB, cuando el promedio de los países de la OCDE es de 24.7 por ciento-- el verdadero problema es que están mal administrados.
En efecto, a los elevados salarios de la élite gobernante y la corrupción, se añade la cuantiosa devolución de impuestos, que sólo en 2011 ascendió a 284 854.3 millones de pesos, equivalente a 13.8 por ciento del total de impuestos recaudados.
Pero a los grandes contribuyentes --la industria automotriz con 11 por ciento del total de devoluciones, la de alimentos (6.1), comercio (5.4) y "otros grandes contribuyentes" no identificados ni desglosados (71.2 por ciento del total)-- se les regresaron más de 219 mil millones de pesos, equivalentes a 71.8 por ciento de todas las devoluciones, y a 10.7 por ciento de los impuestos recaudados.
A lo anterior, añade el documento, se suma la privatización de impuestos vía las fundaciones y la beneficiencia pública. Los cuantiosos recursos de las fundaciones de las grandes empresas son, en gran parte, impuestos no pagados al gobierno federal.
De acuerdo con el Sistema de Administración Tributaria (SAT), hay en México más de nueve mil entidades donatarias autorizadas que incluyen un universo de actividades asistenciales, educativas, ecológicas, museos privados, promotores culturales, entre otros.
Un ejemplo de ello, destacan los analistas, es el Teletón de Televisa, que entre 1997 y 2011 recaudó cerca de cuatro mil millones de pesos.
Los autores señalan que entre el conjunto de reformas económicas de corte neoliberal que pretende la actual administración, la reforma fiscal trata de justificar el posible cobro de impuestos generales al consumo aduciendo que con esta medida se obtendrán los ingresos necesarios para impulsar el crecimiento económico, dotar de servicios públicos esenciales, financiar un nuevo esquema de protección social, además de darle mayor sostenibilidad a las finanzas públicas.
De hecho afirman que la modificación que hizo el PRI a sus estatutos para favorecer la aplicación generalizada del IVA en alimentos y medicinas fue inspirada por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, el cual propuso que para hacer viable una reforma al sistema de protección social el financiamiento se obtendrá de recursos públicos provenientes de impuestos generales al consumo, de la eliminación de los regímenes especiales y del subsidio a las gasolinas.
Así vamos...
Así lo señala un estudio del Grupo de Análisis de la Coyuntura de la Economía Mexicana (Gacem), del Instituto de Investigaciones Económicas, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Una auténtica reforma al régimen fiscal implicaría, de acuerdo con el Grupo, cobrar impuestos a las ganancias, sin la posibilidad de deducir mediante fundaciones; eliminar la consolidación fiscal --la cual permite que en un conjunto de empresas se puedan transferir las pérdidas para reducir las ganancias y pagar menos impuestos--, medidas contra el capital especulativo, tales como tasas tributarias o penalizaciones monetarias si abandonan el país en el corto plazo, e incluso gravar las utilidades de las compañías mineras.
Se trata, sin embargo, de medidas que no están en la agenda de las autoridades hacendarias, señalan Alejandro López Bolaños y Josefina Morales Ramírez, autores del análisis. En su lugar, la reforma en puerta buscará la aplicación generalizada del IVA en medicinas y alimentos, eliminar subsidios a los energéticos (aumentos de precio en luz y gasolina), aplicar impuestos a la economía informal, además de un posterior aumento del IVA, actualmente en 16 por ciento.
Con datos de la última encuesta sobre ingreso-gasto de las familias mexicanas (2010), los investigadores demuestran que la aplicación del IVA generalizado afectará significativamente a las familias de menos recursos, las cuales destinan 52.3 por ciento de su ingreso a la adquisición de alimentos, en contraste con 28.4 por ciento de su gasto que canalizan a ese renglón los hogares con mayores ingresos.
Estimaciones realizadas por Josefina Morales con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, indican que con la estructura actual del IVA los hogares más ricos pagan 41.1 por ciento del total de ese impuesto, y el 10 por ciento más pobre, 1.1 puntos porcentuales.
Con la generalización del gravamen los más pobres cubrirán 1.7 por ciento del pago total del impuesto en el país, es decir, 161.2 por ciento más que antes; en tanto que el decil de mayores ingresos pasará de pagar 41.1 a 36.2 por ciento, proporcionalmente menos que antes. En términos porcentuales representará para estos últimos un incremento menor de 50 por ciento (47.7).
El análisis señala que si bien los recursos públicos son escasos --la recaudación de impuestos en México equivale a cerca de 9.6 por ciento del PIB, cuando el promedio de los países de la OCDE es de 24.7 por ciento-- el verdadero problema es que están mal administrados.
En efecto, a los elevados salarios de la élite gobernante y la corrupción, se añade la cuantiosa devolución de impuestos, que sólo en 2011 ascendió a 284 854.3 millones de pesos, equivalente a 13.8 por ciento del total de impuestos recaudados.
Pero a los grandes contribuyentes --la industria automotriz con 11 por ciento del total de devoluciones, la de alimentos (6.1), comercio (5.4) y "otros grandes contribuyentes" no identificados ni desglosados (71.2 por ciento del total)-- se les regresaron más de 219 mil millones de pesos, equivalentes a 71.8 por ciento de todas las devoluciones, y a 10.7 por ciento de los impuestos recaudados.
A lo anterior, añade el documento, se suma la privatización de impuestos vía las fundaciones y la beneficiencia pública. Los cuantiosos recursos de las fundaciones de las grandes empresas son, en gran parte, impuestos no pagados al gobierno federal.
De acuerdo con el Sistema de Administración Tributaria (SAT), hay en México más de nueve mil entidades donatarias autorizadas que incluyen un universo de actividades asistenciales, educativas, ecológicas, museos privados, promotores culturales, entre otros.
Un ejemplo de ello, destacan los analistas, es el Teletón de Televisa, que entre 1997 y 2011 recaudó cerca de cuatro mil millones de pesos.
Los autores señalan que entre el conjunto de reformas económicas de corte neoliberal que pretende la actual administración, la reforma fiscal trata de justificar el posible cobro de impuestos generales al consumo aduciendo que con esta medida se obtendrán los ingresos necesarios para impulsar el crecimiento económico, dotar de servicios públicos esenciales, financiar un nuevo esquema de protección social, además de darle mayor sostenibilidad a las finanzas públicas.
De hecho afirman que la modificación que hizo el PRI a sus estatutos para favorecer la aplicación generalizada del IVA en alimentos y medicinas fue inspirada por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, el cual propuso que para hacer viable una reforma al sistema de protección social el financiamiento se obtendrá de recursos públicos provenientes de impuestos generales al consumo, de la eliminación de los regímenes especiales y del subsidio a las gasolinas.
Así vamos...
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