¿Por qué ESTA reforma laboral?

La reforma laboral que se procesa actualmente en el poder legislativo en México responde, en último término, al designio que desde hace por lo menos 25 años rige en el mundo: suprimir el Estado de bienestar, cuyo modelo de economía mixta facultaba al Estado a mediar entre los factores de la producción para garantizar el bienestar material de la población en general.

La idea subyacente en esa supresión es la de mantener los márgenes de rentabilidad no ya mediante la producción y el trabajo sino vía la expansión del sector financiero desregulado, cuyas prácticas especulativas con las deudas soberanas de los países --véanse los casos de Grecia, España, Italia, Portugal-- les reditúan mayores ganancias que la producción de mercancías y la creación de empleos.

De ahí que en México y el mundo las tasas de desempleo se encuentren al alza. En un artículodel blog Democracy in America, de The Economist (When the workers aren't needed) se señala que en EUA la porción laboral de los ingresos nacionales ha ido a la baja desde 1970 y la tendencia sólo ha conseguido empeorar desde la pasada crisis financiera.

Como lo señala ese artículo, los trabajadores están dejando de ser necesarios y aquellos que necesiten integrarse a la actividad económica deberán aceptar las condiciones del mercado expresadas en leyes laborales como la que está en curso en México.

Ello porque actualmente la valorización del capital --lo que da valor e incrementa la rentabilidad y ganancias del dinero-- se basa en la contracción del trabajo asalariado, en la restricción al consumo, la inversión especulativa y la desregulación estatal.

Esta nueva forma de valorizar el capital requiere de nuevas leyes que dén legitimidad a las prácticas socio-económicas y laborales que deben imponerse (como el outsourcing, la flexibilidad, los contratos de prueba, por ejemplo) y para eso está el aparato estatal (el ejecutivo, el legislativo y el judicial): para adaptar legalmente y dar legitimidad a las condiciones que requieran las relaciones de dominación imperantes.

No en balde, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) dice que la reforma laboral termina con la simulación y la ilegalidad. En efecto, pero lo hace no corrigiendo las violaciones sino legalizándolas. Con esa lógica mañana podría legalizarse, por ejemplo, el robo en propiedad ajena. Como se trata de algo que existe, pero que la ley prohíbe, configura lo que el CCE denomina una simulación con la que sería preciso terminar.

Así, las reformas estructurales --como la laboral-- no son otra cosa que el intento por darle al capital un andamiaje jurídico y legal que favorezca la acumulación de mayores ganancias por la vía de la supresión de los derechos económicos de los trabajadores o disminuyendo o eliminando prestaciones sociales.

La lógica de fondo es que las mayores ganancias ya no están en la producción de bienes, sino en la inversión financiera especulativa en ramas específicas. Por eso ya nadie crea empleos y por ello vendrá también la reforma energética, pues Pemex es otra jugosa veta que urge abrir a la inversión privada, nacional y extranjera, ávida de las millonarias ganancias que reporta el sector.
  

Repsol y la ideología neoliberal

Para el capitalismo las ideologías son una cuestión peyorativa. Y lo son porque para ese sistema de producción ideología es --aunque en rigor no lo sea-- sinónimo de socialismo, de comunismo. La descalificación se entiende por el hecho de que éste plantea la destrucción de aquél.

De ahí que con la derrota del llamado socialismo real, hecho que Occidente identifica con la caída del Muro de Berlín, en 1989, se haya proclamado el fin de las ideologías. Frase desafortunada si las hay, pues como me dijo un día, molesto, el filósofo Luis Villoro cuando le pregunté acerca del tema: "¿Y eso qué es? ¿significa que el hombre va a dejar de tener ideas, de pensar?"

El capitalismo, por supuesto, no se identifica a sí mismo como una ideología, sino como una forma de vida que responde a las leyes, esas sí "naturales", del mercado encargado de dar a cada quien lo que le corresponde. Un ente neutral, ciego que, como la vida misma, reparte beneficios o castigos sin mirar a quien.

El problema es que el Mercado no es una entelequia. Es un ente constituido por hombres que sí ven, que sí tienen ideas mediante las cuales hacen prevalecer sus intereses excluyendo cualquier otro. De ahí que la ideología del fin de las ideologías sea, en sí misma, aunque insista en no atreverse a decir su nombre, una ideología.

La nacionalización del petróleo decretada esta semama por Argentina resulta un caso paradigmático porque es una de esas raras ocaciones en que se expresan, quedan al descubierto con meridiana claridad --en las reacciones en favor y en contra-- dos concepciones del mundo: la neoliberal que se quiere dominante, y que desde hace décadas ha impuesto un proyecto para el cual lo único que importa es elevar la rentabilidad del capital por encima de cualquier consideración ética, humana o ambiental; y la concepción que rechaza las tesis económicas ortodoxas dictadas desde los centros mundiales del poder y que pone el énfasis en la soberanía de los pueblos para decidir su destino.

Según la tesis propalada por la ortodoxia neoliberal, la única forma en que los pueblos del mundo pueden resolver sus insuficiencias y problemas económicos es atrayendo capitales foráneos que vengan a aportar los recursos materiales que hagan falta para alcanzar el crecimiento y la prosperidad colectivos. 

A cambio hay que consentirlos: proporcionarles mano de obra barata, adecuar las leyes para que exploten libremente los recursos naturales correspondientes (agua, petróleo, metales preciosos, bosques, la biodiversidad), darles certidumbre jurídica, es decir, la garantía de que las leyes protegerán y favorecerán sus negocios, lo cual incluye el pago simbólico de impuestos y condiciones laborales ventajosas que les permitan mínimos gastos de operación para maximizar las ganancias.

Ese es más o menos el esquema acordado por todo mundo. Cuando un país como Argentina decide, con base en lo que juzga su interés nacional soberano, alterar esa "normalidad", entonces se produce el escándalo.

Y las condenas repiten sin cesar: ¡Uy, qué van a decir los inversionistas! Felipe Calderón, el ocupante del gobierno en México reconoce que el esquema que describí existe cuando dice que "se trata de medidas que ya estaban, de alguna manera descartadas en el contexto de un mundo global y de un mundo de certidumbre" (se refiere a la ventajosa certidumbre jurídica que explicamos antes).

O cuando insiste en la cantaleta de que sin inversiones no vamos a crecer: "Estoy absolutamente convencido de que el camino del crecimiento económico y del desarrollo no es el camino de las expropiaciones, sino el camino de las inversiones...y esas inversiones no vendrán nunca si no hay Estado de derecho y plena certidumbre jurídica" (léase si no hay leyes que las protegan aun a costa del interés nacional).

Lo que no dice es que la mayor parte de esas inversiones no son productivas sino especulativas. Y para muestra véanse los reportes del Banco de México (BdeM) según los cuales en el primer trimestre de este año ingresaron al país capitales golondrinos por casi 395 mil millones de pesos (más de 30 mil millones de dólares).

Se trata de recursos invertidos en acciones de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y en bonos de deuda interna del gobierno federal. Es decir, son capitales atraidos por pago de intereses casi tres veces superiores al rendimiento ofrecido por los bonos del Tesoro estadounidense.

Se denominan capitales golondrinos porque no se invierten en proyectos productivos para la creación de empleos sino en instrumentos de corto plazo, con el fin de poder moverse a otros mercados cuando a sus intereses convenga.

Como se ve, es una falacia, ideología pura eso de afirmar que el crecimiento con empleo vendrá merced al libre comercio y las inveriones foráneas. La historia de los últimos 30 años, en que se ha aplicado ese modelo y esparcido esa idea, desmiente a uno y a otra categóricamente.

Y hablando de ideología Calderón defiende la suya y condena la contraria: "...si queremos una América Latina que prospere, no será una atrapada en sus prejuicios ideológicos, sino una América Latina puesta en la ruta de la inversión y el crecimiento" (o sea, la intervención de un Estado soberano en defensa de su pueblo, es pura ideología, por lo tanto debe condenarse; en cambio, lo correcto es dejar que esa sociedad sea saqueada en nombre de una quimérica esperanza de crecimiento).





 

 

Lo que Argentina puso en jaque

La decisión de la presidenta argentina, Cristina Fernández, de expropiar 51 por ciento de la empresa petrolera YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), controlada por la española Repsol, con el propósito de reactivar la alicaída producción y dejar de importar energéticos  cada vez más caros que ponen el riesgo el superávit comercial del país, provocó el inmediato rechazo del mundo capitalista  y de alguno que otro de sus serviciales palafreneros (Felipe Calderón).

¿Por qué esta condena tan generalizada? ¿Por qué la decisión soberana de un país de recuperar para sí los estratégicos recursos petrolíferos que estaban en manos de una compañía extranjera improductiva, ha causado tanto revuelo internacional, tanto rasgarse las vestiduras y hasta la reacción afrentosa y desproporcionada del gobierno mexicano, que así se confirma como el cancerbero de la región para el cuidado de los intereses de la derecha internacional?

Respuesta: porque expresa una ideología y una praxis que atentan contra la ortodoxia económica que domina al mundo, la cual plantea --sin aceptarlo abiertamente-- que los países y sus sociedades (los periféricos, claro) no existen más. Que lo único que rifa es el mercado y los intereses de las trasnacionales, lo cual significa que éstas pueden depredar los recursos naturales donde los encuentren (la proclama del libre mercado supresor de fronteras nacionales), enviar sus ganancias íntegras al exterior sin favorecer a los dueños originales de esas riquezas y que éstos acepten pasivamente integrarse a ese modelo neocolonial-global impuesto por los países dominantes (en el caso mexicano véanse los casos de la minería y los hidrocarburos). Eso es todo.

Bien lo dijo el propio presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, de visita en México, al explicar que defenderá Repsol no sólo porque son los intereses de una empresa española. "Vamos a hacerlo, enfatizó, porque creo que estamos defendiendo un modelo de relaciones internacionales y comerciales basado en el respeto mutuo entre los países y la seguridad jurídica que son principios básicos, capitales y elementales para el desarrollo y el bienestar colectivos".

En efecto, lo que Rajoy defiende es el actual modelo de acumulación capitalista neoliberal, al que eufemésticamente llama "modelo de relaciones internacionales y comerciales". Un modelo que, por cierto, tiene a la sociedad española oprimida y al borde del colapso, pero que en la lógica del sistema está bien mientras se siga pagando puntualmente dividendos a unos cuantos socios, los únicos gananciosos de la ruina colectiva (el uno por ciento, como los caracteriza el Movimiento de los Ocupa).

El episodio Argentino irrita tanto porque representa una férrea alternativa (Bolivia, Brasil, Ecuador, Uruguay y Venezuela), así sea de tintes apenas reformistas en la mayoría de los casos, al capitalismo rampante.

Una piedra en el zapato de una economía mundial que exige manos libres (desregulación total) paras sus fechorías y corruptelas, no importa que esa "libertad" haya conducido en 2008 a la peor crisis económica que ha conocido el planeta.

¿Capitalismo en crisis?

Se ha vuelto casi un lugar común hablar de la "crisis del capitalismo", sobre todo a raíz del desastre financiero ocurrido en 2008, cuando la quiebra de Lehman Brothers condujo al mundo a lo que fue calificado como la peor recesión conocida por Occidente desde 1929.

Diversos análisis, incluso de grupos que reinvindican la opción socialista, insisten en referirse a "la crisis del capitalismo", lo cual no parece sino un buen deseo, más cercano al voluntarismo --Wikipedia lo define como la afirmación de que algo es cierto o falso basándose simplemente en el deseo de que lo sea-- que a una realidad verificable empíricamente.

Los problemas económicos de la Eurozona --una continuación de la burbuja que estalló hace casi cuatro años-- son aducidos como una prueba de la pretendida crisis. No hay tal.

Los fundamentos económicos de ese sistema y la legitimidad de que lo revisten los intereses mediáticos que controlan y dictan los cánones de cómo ser y estar en el mundo permanecen intocados, intactos, de modo que a sus enterradores puede aplicárseles aquella frase atribuida falsamente al Don Juan, de José Zorilla: "Los muertos que vos matáis, gozan de cabal salud".

Es posible que el modo de acumulación capitalista haya conducido a los actuales problemas de deuda soberana que afecta a los países de aquella región, pero ello no implica que el sistema esté en crisis. Quienes lo están, en cambio, son los ciudadanos de esas naciones que con su sacrificio económico producto de la aplicación de los eufemísticamente denominados Planes de ajuste, tendrán que pagar los platos rotos.

Es decir, el capitalismo financiero trasnacional no perderá las ganancias obtenidas mediante los instrumentos especulativos que han conducido a casi la insolvencia a países como Grecia, Italia y España. Aunque sea a largo plazo, pero no perderán ese dinero, de ahí los planes que han obligado a firmar a esos países. ¿Dónde está la crisis de un sistema de producción cuyos organismos multilaterales tienen la fuerza para obligar a países supuestamente soberanos a casi autoinmolarse para cumplir con el pago de esos capitales?

El diseño capitalista previsto tras el desmantelamiento del llamado Estado de bienestar y encaminado básicamente a incrementar la rentabilidad del capital mediante lo que se conoce como el Consenso de Washington, está en marcha sin enemigo al frente.

Es cierto, existen movimientos globales opuestos al capitalismo, que denuncian la dominación de los pocos sobre los muchos, o el altermundista Foro Social Mundial, reputado como el mayor espacio de debate, ideas y propuestas de movimientos sociales, redes y ONG que se oponen al actual modelo de desarrollo y buscan alternativas.

Con todo lo prometedor que resultan esos esfuerzos, todavía no es posible afirmar que hayan hecho tambalear al sistema. Acaso se deba a lo que el filósofo Adolfo Sánchez Vázquez --fallecido a los 95 años en julio del año pasado-- denominaba el desdén del socialismo como opción.

Aunque existen movimientos anticapitalistas y se incrementan en años recientes, ninguno de ellos --lamentaba-- se pronuncia abiertamente  por la necesidad de esta alternativa que a mi juicio continua siendo el socialismo.

Sánchez Vázquez alertaba que la idea de esa opción social ha desaparecido incluso de las reivindicaciones y de los programas de los grupos políticos de izquierda en gran parte del mundo.

A mi juicio --observaba-- una de las características de la izquierda no sólo en América Latina sino también en Europa es haber abandonado esta reivindicación y tratar de situarse en los cambios posibles dentro del sistema, pero perdiendo la perspectiva de que la alternativa verdaderamente emancipadora tiene que venir de un sistema que destruya las bases fundamentales del capitalismo. (La Jornada, 9 de julio/2011, p. 6).

 El problema de catalogar como "crisis del capitalismo" los recurrentes o cíclicos (para emplear un término caro a los economistas) desajustes que causa en la economía real, esa que afecta al hombre de la calle, consiste en que distorciona el análisis de las llamadas condiciones objetivas, conduce a un falso triunfalismo, y resta rigor a la acción colectiva al pretender que el fin está cerca cuando aún falta mucho trabajo para empezar si quiera a minar sus fundamentos.

 

2012: crisis económica y crisis de legitimidad

En el plano internacional 2012 inició con las mismas oscuras previsiones con las que concluyó 2011: con una recesión económica mundial tocando a la puerta como efecto de la crisis de la eurozona.

Según The Economist, la mayor austeridad fiscal traerá consigo menos empleo y más presión sobre los servicios públicos, en lo que, decimos nosotros, constituye la mayor paradoja creada por la actual fase del capitalismo globalizado: reducir gastos e inversión gubernamental en momentos en que las economías requieren mayor estímulo.

Nada nuevo dentro de un modelo que --lo hemos dicho ya-- se impuso desde mediados de la séptima década del siglo XX para responder a la caída en la tasa de ganancia.

El nuevo modelo globalizador se manifestó en toda su crudeza durante estos años, pues entre sus efectos pueden señalarse un retroceso mundial de los sistemas de seguridad social, una reducción de las conquistas laborales de la población asalariada y la agudización del desempleo estructural que, según reportó en octubre del año pasado la Organización Internacional del Trabajo, afecta ya a unas 700 millones de personas en el mundo.

Como correlato a este contexto económico, la población de diversas partes del globo ha empezado a manifestar su repudio a un sistema económico mundial que los condena al atraso, la marginación y la desigualdad y que los excluye incluso de las decisiones políticas más elementales.

La llamada Primavera árabe, que condujo al derrocamiento de Hosni Mubarak en Egipto y de Muammar Kadafi en Libia, se completó con revueltas en Yemen, Siria y Túnez durante los primeros meses de 2011.

Si bien aún es pronto para prever las consecuencias finales de estos levantamientos en la región del Magreb, lo visible hasta ahora es que los nuevos gobiernos provisionales no han cumplido con las demandas de democratización que impulsaron los cambios en el amanecer del año pasado.

En Occidente la rebelión ha tenido un cariz menos sangriento, aunque no ha estado exenta de hechos violentos como los disturbios ocurridos en Inglaterra o las ofensivas de la policía española contra los integrantes del movimiento 15M, después llamados Indignados, que en mayo ocuparon la Plaza del Sol en Madrid y que extendieron sus protestas contra la visita del Papa Benedicto XVI quien a mediados de año llegó a España para encabezar el Encuentro Mundial de la Juventud, un evento que costó millones de euros al gobierno del socialista Rodríguez Zapatero, en momentos en que el país era azotado por la crisis de la deuda que amenaza destruir toda la zona euro.

La crisis de legitimidad que estos años afecta a los gobiernos constituidos –y que también se ha manifestado en las movilizaciones de los estudiantes chilenos en demanda de una educación gratuita y que ha costado ya al gobierno del derechista Sebastián Piñera, la cabeza de dos ministros de educación y la caída en su nivel de aceptación pública; así como en los movimientos de Ocupación de Wall Street y de otras ciudades de Estados Unidos, e incluso del mundo—tiene un denominador común: la idea de recuperar para los ciudadanos el gobierno del mundo más allá del que detentan las élites políticas.

La consigna: somos el 99 por ciento, describe de manera muy ilustrativa el sentimiento de que resulta inadmisible que una minoría --el 1 por cieto-- imponga sus criterios económicos y políticos y mantenga sojuzgada a la mayoría.

La crisis de legitimidad de las llamadas democracias occidentales se caracteriza por la cada vez más clara conciencia de que no es en las urnas, mediante el voto de las mayorías donde se decide el destino de los pueblos. Sino que éste se encuentra regido por los intereses económicos de las grandes corporaciones, por los centros de especulación financiera y por los cada vez más poderosos y omnipresentes intereses mediáticos.

En suma, que la suerte de millones en el mundo no depende de los órganos de representación política elegidos por los ciudadanos mediante el sufragio universal, sino de los poderes fácticos, los cuales gobiernan el planeta sin necesidad de aparecer en las boletas electorales, porque no lo necesitan para implantar su poder y decisiones.

La crisis de la deuda que tiene en jaque a la eurozona y que supuso la imposición de drásticos programas de ajuste en países como Portugal, Grecia, Irlanda, Italia y España, ha conducido a los ciudadanos a preguntarse por el sentido que tiene votar por gobiernos de izquierda o de derecha, si al final las decisiones importantes terminan por ser impuestas desde el extrerior.

España es un caso paradigmático. En elecciones adelantadas, el pasado 20 de noviembre los electores echaron de la Moncloa al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que gobernó con José Luis Rodríguez Zapatero.

Los malos resultados económicos de los socialistas, que en muchos casos aplicaron medidas económicas antipopulares más propias de gobiernos de derecha, condujeron a los españoles a votar por el derechista Partido Popular y su candidato Mariano Rajoy.

Como era de esperarse, en su primera intervención pública como gobernante electo anunció recortes al gasto público y mayores impuestos. Es decir, la profundización de las políticas por las cuales los votantes se deshicieron del PSOE. ¿Tenían opción los españoles?

La respuesta a la cuestión muestra además otro rasgo de la crisis de legitimidad de esta hora: la difuminación de las fronteras ideológicas que permitían como el fundamento económico se ha impuesto sobre las definiciones ideológicas haciendo valer aquella consigna del fin de la historia y de las ideologías preconizada con la caída del inexactamente llamado socialismo real. Consigna que significaba precisamente la preeminencia del capitalismo y sus recetas aceptadas universalmente.

Hoy los gobiernos de izquierda han  abandonado sus fundamentos ideológicos en nombre de un pragmatismo que, una vez en el poder, les impide diferenciar sus políticas para acogerse a las muy limitadas posibilidades de sólo los cambios posibles. De ahí que los electores se encuentren ante simulacros de democracia dentro de los que los únicos gananciosos son los miembros de las élites, algo que empiezan a rechazar abiertamente.

Estas son las coordenadas por las que ha discurrido el mundo y que seguramente continuará marcando la agenda de los acontecimientos y los debates durante los próximos 12 meses.

¿Hay partidocracia en México?

Suele achacarse a los partidos políticos el atorón de nuestra así llamada transición a la democracia. Se los acusa de no legislar "las reformas que el país requiere", de obstaculizar el funcionamiento de las instituciones democráticas, y de servir al interés de sus cúpulas empeñadas en mantenar sus cuotas y cotos de poder en detrimento del avance social.

El hartazgo que esto provoca condujo a movimientos ciudadanos que en las pasadas elecciones intermedias (2009) llamaron incluso a no votar o hacerlo en blanco, como una forma de repudio a esa partidocracia o gobierno abusivo y dictatorial de los partidos.

Es cierto, los políticos y sus partidos resultan impresentables: son mentirosos, marrulleros y en un verdadero Estado de derecho la mayoría estaría en la cárcel y no medrando con el dinero público en los altos puestos que ostentan.

En alguna de sus crónicas, al reseñar la boda de la hija de un político encumbrado, Carlos Monsiváis imaginó la larga cadena que formarían los amparos que cada uno de los asistentes estaría obligado a cargar consigo si la ley se aplicara.

Y sin embargo, no hay tal partidocracia en México. Si nos atenemos al análisis del politólogo alemán Joachim Hirsch, el Estado (la sociedad política) y la economía son manifestaciones empíricas objetivas de la misma forma social. Es decir, que la sociedad política es, en realidad, una de las formas en que se desdobla el capital.

De acuerdo con esta perspectiva, el poder político no es un poder separado del poder económico. Así, las instituciones políticas como el Congreso, los partidos políticos y el Estado son entidades patrocinadas por los poderes fácticos --el capital-- quienes delegan su poder en aquellos.

No se trata, desde luego, de una relación de subordinados. Cada esfera presenta manifestaciones, racionalidades y contenidos peculiares diferentes. De ahi que no sea una relación excenta de tensiones y contradicciones entre dos poderes que parecen separados y distintos.

Ello explica que la lucha por el poder político en México esté centrada en los representantes de la burguesía nacional (PRI y PAN) ligada desde hace décadas al capital trasnacional. Por ello, gobierne quien gobierne en México, se aplica el mismo modelo que mantiene al país en la órbita de dominio del capital estadounidense y alejado ideológicamente del resto de América Latina.

La lucha por el poder político entre los dos partidos de la derecha adscritos a este esquema es real y sin concesiones; regida por el cálculo que evite dar al contrario alguna ventaja explotable electoralmente, lo cual produce acusaciones mutuas y un empantanamienpo legislativo que hacia afuera es lo que ha sido caracterizado por el aparato de comunicación oficialista como partidocracia, es decir, la preeminencia del interés y el cálculo partidista por sobre lo que se supone es el interés ciudadano o de la Nación, cuando en realidad lo que predomina es el interés de la propia olicarquía financiera, cuyos intereses se ven momentáneamente estorbados por la lucha política de sus propios representantes.

Con el término partidocracia lo que se busca, una vez más, es difuminar y mantener en el anonimato el dominio que ejerce el capital sobre las decisiones fundamentales de un país, atribuyendo a la clase política, es decir, a los empleados, los fracasos, iniquidades e injusticias producidos por el sistema económico y el régimen de acumulación dominante.

Como ha quedado de manifiesto en la crisis de la zona euro --específicamente en los casos de Grecia, Italia, España y Portugal-- ha sido el capital financiero, mediante los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, quienes, por encima de los gobernantes elegidos mediante el supuesto voto libre y secreto de los ciudadanos, han terminado por imponer y dictar las políticas de ajuste y sacrificio popular que deben aplicarse.

En tales casos ¿dónde quedaron los gobiernos electos libremente por el sufragio popular? ¿En qué momento del que nadie se enteró los ciudadanos de esos países eligieron o cedieron su voluntad a los especuladores para que impongan, como lo hacen, sus políticas restrictivas?

Como se ve, las clases políticas de todo el mundo están en realidad dominadas por el gran capital financiero internacional. Aquí ese dominio denominado báctico porque se ejerce desde las sombras, detrás del trono, adopta el ropaje de una partidocracia. Pero en realidad no existe tal cosa. Los partidos y sus políticos no dominan nada. Son sólo instrumentos, la fachada más bien grotesca que oculta el verdadero poder.

Cómo entender la crisis global

La actual crisis del capitalismo global tiene su origen en los instrumentos financieros inventados por el propio sistema. Los signos externos de la emergencia económica de nuestros días son el débil crecimiento económico y el problema de la deuda de Estados Unidos y la eurozona.

La crisis de la deuda ha puesto en jaque al sistema económico del planeta y aunque esta vez los principales afectados son los países de la élite, el presidente del Banco Mundial (BM), Robert Zoellick, advirtió en estos días que ya existen señales de contagio en las naciones emergentes y en desarrollo.

En ello coincidió con Josef Ackermann, presidente del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés), entidad que representa a los grandes bancos privados del mundo, quien sostuvo que la crisis fiscal y de deuda de EUA y Europa dejó de ser un "desafío regional" para convertirse en un problema mundial.

Nada nuevo en un mundo acostumbrado a sacrificar a la población para recomponer los excesos del capitalismo financiero especulador.Y es que el problema de la deuda no sólo es resultado del "despilfarro" de algunos estados miembros, como acusó el Banco Central Europeo.

Es producto, sobre todo, de los ataques especulativos de los mercados sobre las deudas soberanas de países como Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España (los pigs --cerdos-- como los bautizó el despectivo acrónimo formado mediante la insidiosa colocación de sus iniciales en inglés).

Origen de la crisis

El instrumento para estos ataques son los llamados Credit Default Swaps (CDS) o Permutas de Incumplimiento Crediticio, los cuales funcionan de este modo:

El inversionista adquiere un título o bono de deuda emitido por un gobierno y, para cubrirse del posible riesgo de incumplimiento de pago, acude a un vendedor de CDS, le paga una prima anual y en caso de impago de la entidad emisora del bono de deuda, el vendedor del CDS responde pagando el importe del título y sus intereses al inversionista que lo posea.

Como se trata de operaciones que no están reguladas en ningún país (¡viva el libre mercado!), las entidades vendedoras de permutas por incumplimiento crediticio no están obligadas a cumplir ninguna norma de solvencia, como en el caso de los seguros.

Así, los bancos, que usualmente son los vendedores de estos seguros, pueden a su vez convertirse en inversionistas y asegurar la misma operación con otro banco, y éste comprar un CDS a otro por la misma deuda y así hasta el infinito, en algo que el economista José Blanco ha llamado con acierto "la clonación fatídica". (La Jornada, 2 de agosto/2011, p. 16).

De este modo, incluso es posible comprar CDS sin poseer títulos de deuda, con lo que puede darse la paradoja de que existan en el mercado más certificados de este tipo que bonos de deuda amparados por aquellos.

Debido a que se multiplica el número de inversionistas "colgados" de los bonos de deuda, su mayor ganancia depende de que se eleve la tasa de interés. Y mediante diversos mecanismos especulativos los mercados tienen maneras de presionar al alza esta forma de crédito para incrementar la tasa de interés de los rendimientos de los bonos de deuda emitidos por un país. De este modo aumenta de manera casi exponencial el costo de la deuda original hasta hacerla casi impagable. Eso ocurrió con Grecia.

Desde la crisis de 2008 las Permutas de Incumplimiento Crediticio se han utilizado como instrumentos de ataque a la deuda pública de países que ahora están casi en bancarrota (Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España).

Como puede verse, la actual crisis de deuda que tiene a la élite capitalista al borde de un ataque de nervios es producto de instrumentos financieros fraudulentos inventados y desarrollados por el desmedido afán de lucro del propio sistema.

Las naciones así quebradas requieren préstamos adicionales para ser rescatados de su insolvencia, créditos que les son negados o regateados, aduciendo que la deuda no pagada ha puesto en peligro de quiebra a los bancos privados acreedores, los cuales, según cálculos del FMI requerirían ahora mismo  200 mil millones de euros (casi 300 mil millones de dólares) para evitar el riesgo de la descapitalización, lo cual --dicen-- conduciría inevitablemente a una recesión que agudizaría la crisis mundial.

Lo paradójico del caso es que muchos de esos bancos --que ahora abogan incluso por ser rescatados con fondos públicos-- participaron en la multiplicación de los panes (CDS), y al incrementar sus ganancias ocasionaron la insolvencia de sus acreedores. Ya ganaron con la especulación y volverán a ganar cuando cobren sus créditos.

Al rescate

La perversión y la voracidad, sin embargo, no acaban allí. Para que nuevos flujos de capitales lleguen a las sociedades así vulneradas (Grecia es por ahora el caso más crítico) el Comité Monetario y Financiero Internacional, el principal órgano de decisión política del FMI, compuesto por 24 gobernadores que representan a los 187 países agrupados en el organismo multilateral, dictaminó ya la estrategia para salir de la crisis: reducir el déficit fiscal de las naciones endeudadas.

Se trata de una medida atroz, pues significa mayores recortes al gasto público mediante estrictos programas de austeridad que se traducirán en mayores tasas de desempleo, fenómeno que según el director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Juan Somavia, alcanzó ya un nivel histórico de 200 millones de personas en el mundo a causa de la crisis.

Así las cosas, para que Grecia --desplumada por la especulación de inversionistas y banqueros-- pueda recibir durante los primeros días de este mes de octubre ocho mil millones de dólares del plan de rescate acordado el año pasado con la llamada troika (FMI, Comisión Europea y Banco Central Europeo), deberá cumplir estas condiciones:

a) Despedir a 20 mil empleados públicos; b) recortar o congelar los salarios y pensiones estatales; c) elevar el impuesto al aceite para calefacción; d) cerrar empresas estatales deficitarias; e) recortar el gasto en salud y acelerar privatizaciones.

Un programa similar de ajuste para reducir el déficit público se aplica en España, donde salud y educación han sido las principales áreas afectadas por la reducción del gasto y donde el gobierno regional de la derechista Esperanza Aguirre ha despedido a más de 2, 500 profesores.

Francia anunció que suprimirá también 30 mil empleos públicos en 2012 para reducir el déficit fiscal hasta 4.5 por ciento. Al presentar el 28 de septiembre los presupuestos para el próximo año, el presidente galo Nicolás Sarkozy adelantó que la reducción del déficit será de 5.7% en 2011 a 4.5% en 2012; 3% en 2013; 2% en 2014 y 1% en 2015.

Se trata de medidas calificadas como inviables por el nobel de Economía 2008, Paul Krugman, quien sostiene que lo peor que puede hacerse cuando una economía está deprimida y con altas tasas de desempleo es reducir el gasto del gobierno. Históricamente es algo que no ha funcionado ni aquí (EUA) ni en otros países.

Robert Reich, ex secretario de Trabajo de Bill Clinton también ha criticado estas medidas. "El problema no es el déficit, sino la falta de empleo y crecimiento, aseguró.

El asunto parece de sentido común y ha sido resumido en sus términos por Lakshman Achuthan, director del Economic cycle Research Institute, mediante esa sencilla, pero ilustrativa ecuación: Cuando el empleo cae, los ingresos caen; cuando los ingresos caen, las ventas caen; cuando las ventas caen, la producción cae y cuando la producción cae el empleo cae.

Especulación vs producción

Pero para la lógica de poder del capital financiero empeñado en imponer un nuevo régimen de acumulación que maximice las ganancias vía la especulación financiera y ya no mediante la producción de bienes y servicios, nada de eso cuenta.

Noam Chomsky, profesor emérito en linguística del Instituto Tecnológico de Massachusetts, lo resumió al afirmar que el sector financiero promovido por EUA destruyó al sector productivo. El resultado ominoso es, según José Blanco, que la especulación financiera se encamina a paralizar la economía real.

Es decir, añade, a congelar toda la infraestructura concentrada en fábricas, astilleros, puertos, carreteras, campos de labranza, así como a prescindir de científicos, ingenieros, técnicos y de miles de trabajadores.

De ahí los draconianos programas de ajuste. Si la población se queda sin empleo, sin ingresos, cae en la pobreza y muere, no importa. Porque a diferencia de la anterior fase del capitalismo mundial, en la que fue importante mantener vivas a las masas para estabilizar el consumo de los bienes producidos en serie, ahora las ganancias se obtienen mediante la especulación. El trabajo y los trabajadores se tornaron prescindibles.

En el fondo, las medidas exigidas a Grecia y al resto de la zona euro están orientadas a colapsar el Estado de bienestar, ese donde se ofrecía empleo, seguridad social y educación pública gratuita. El objetivo, como apunta el economista Alejandro Nadal, es "abrir todos los espacios para incrementar la rentabilidad o utilidades del capital y utilizar todo el poder del Estado para lograrlo".

Acaso por ello, durante la reunión anual del FMI y el BM celebrada hace dos semanas en Washington, la francesa Christine Lagarde, directora gerente del Fondo enfatizó que "Nuestros problemas pueden ser sobre todo económicos, pero las soluciones son esencialmente políticas".

Aludió así al hecho de que para supuestamente frenar el ataque de los mercados sobre las deudas de los países, los planes de ajuste deben ser aprobados por los parlamentos de cada nación, algo que, como ya hemos visto, está siendo cumplido en casi todas las cámaras de representantes. Incluso España --con el voto conjunto de socialistas y conservadores-- aprobó el pasado 2 de septiembre una reforma que limita el déficit presupuestal y aumenta el techo de la deuda.

Democracia en crisis

Medidas como ésta están incubando otra crisis: la llamada crisis de representatividad de gobiernos y parlamentos. Los primeros indicios son las revueltas del pasado mes de agosto en Gran Bretaña, el movimiento estudiantil chileno, los indignados españoles y las huelgas de trabajadores en Grecia.

Se trata de movimientos sociales que rechazan el modelo político y económico en boga, en el que las instituciones han sido capturadas y puestas al servicio de quienes provocan las crisis financieras en serie. Ello ha echo caer el velo de la democracia mostrándola como lo que en realidad es: un sistema en el que los gobiernos no están para servir a los ciudadanos que aparentemente los eligen, sino que trabajan para sus bases principales que son quienes conforman el fraudulento sector financiero.

La razón es que más allá del espejismo electoral, quienes eligen a los gobiernos del mundo son las grandes empresas trasnacionales y sus corporativos (los llamados poderes fácticos), como lo repetía el escritor portugués José Saramago: el ejercicio del poder real reside en fuerzas que nunca han aparecido ni aparecerán en las boletas electorales, porque no lo necesitan para ejercer su dominio.

Así estamos.