Embestida mediática contra #YoSoy132

Pablo Hiriart, director del periódico La Razón y Jaime Sánchez Susarrey, conductores de En contexto, un programa que se transmite los jueves por canal 13 de TV Azteca, delinearon anoche la estrategia que los poderosos intereses mediáticos y comerciales (los poderes fácticos, pues) emplearán contra el movimiento #YoSoy132.

Pasado el momento de la sorpresiva irrupción de ese movimiento en medio de la elección presidencial --a la que en 20 días dieron un vuelco-- y en el que lo políticamente correcto fue tratarlo en los medios con fingida simpatía, ahora los opinadores oficiosos contraatacan para ir erosionando o restando legitimidad a la crítica juvenil, dado que se ha extendido a los más importantes pilares del sistema de dominación imperante, especialmente a la joya de la corona de ese sistema: el duopolio televisivo y su capacidad de control social mediante la desinformación.

Así, Carlos Brito Ocampo, egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y Daniel Cubría Trujillo, estudiante del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), miembros del movimiento universitario #YoSoy132, fueron sometidos no a una entrevista periodística, sino a un interrogatorio desarrollado conforme al siguiente plan:

1. Cuestionar la representatividad del movimiento, mediante preguntas sobre el número de estudiantes de los aproximadamente cinco mil del ITAM habían elegido a Cubría Trujillo como su vocero. Asimismo, buscando poner en duda la operatividad del proceso para decidir las propuestas de la asamblea realizada el miércoles 30 de mayo en la UNAM.

2. Destacar las posibles fracturas del movimiento. Hiriart fue incisivo en preguntar qué pasaría si el ITAM no concordara con un resolutivo en favor del juicio político contra Felipe Calderón, o qué pasaría si el movimiento fuera arrastrado por quienes tienen una agenda política, en un intento por quitarle al movimiento esa condición de ser precisamente un estallido político.

3. Criticar y ridiculizar las demandas. Fieles a su condición oficialista, a ambos conductores les pareció una desproporción la demanda de juicio político contra Felipe Calderón, pues en su lógica interesada no es responsable de los 60 mil muertos que han enlutado al país. También criticaron el apoyo del movimiento a la Coordinadora de Trabajadores de la Educación (CNTE) si representa valores contrarios "a lo que son ustedes".

4, Hacer aparecer al movimiento sin objetivos precisos. Sánchez Susarrey preguntó varias veces, en un tono de alguien a quien no le termina por quedar claro un hecho confuso: "Bueno, pero...vaya...qué quieren?"

5. Descalificar la legitimidad y prestigio social del movimiento al ligarlo con las propuestas de Andrés Manuel López Obrador.  

Hiriart fue claro: el movimiento, dijo, ya fue rebasado porque tiene demandas que se acercan a las de un candidato presidencial que es AMLO. Es más --acusó-- hay gente que está logrando empalmar las agendas.

6. La defensa a ultranza de los medios de comunicación. Los entrevistadores insistieron en que este punto está influido por AMLO. Para defender a sus televisoras la emprendieron contra el tabasqueño mediante falacias como afirmar que durante seis años acaparó los medios con sus entrevistas mañaneras. Lo que no dijeron es que no eran pagadas.

Los oficiosos conductores insistieron en negar las acusaciones de #YoSoy132 contra televisoras al señalar que cómo puede haber conjura cuando el IFE monitorea la presencia de los partidos en los medios.

Los jóvenes entrevistados reviraron diciendo que, en todo caso la petición de juicio político contra Elba Esther Gordillo los acercaba más a Josefina Vázquez Mota quien se ha confrontado abiertamente con la lideresa magisterial.

Insistieron en que los medios no informan porque no se trata de que dediquen el mismo tiempo a todos los partidos, sino el cómo lo hacen criticando siempre a unos y ensalsando a otros, mediante la coartada de igualdad de tiempos.

La evidente actitud de los conductores de En contexto de tratar a sus invitados como si estuvieran equivocados, las críticas y el permanente afán por denostar y descalificar a López Obrador, lo mismo que la defensa férrea de los medios de comunicación, son una muestra perfecta de la pertinencia de la demanda juvenil: el desmontaje del viejo régimen y el derecho de la sociedad a ser informada sin las mentiras de esos medios.

Televisoras y debate

Televisa y TV Azteca han decidido  no transmitir en sus cadenas nacionales el debate entre candidatos presidenciales programado por el Instituto Federal Electoral (IFE)  para el próximo domingo 6 de mayo a las 8 de la noche.

A esa hora, la empresa de Emilio Azcárraga transmitirá por canal 2, como cada domingo, el reality show Pequeños gigantes, en tanto que la televisora de Ricardo Salinas difundirá por canal 13 el partido de liguilla del torneo de clausura, Morelia vs Tigres de la UANL.

Si ese amago se concreta, estaremos ante una de las más descarnadas muestras del poder televisivo utilizado en contra del interés nacional  y el derecho a la información, perpetrada por unos concesionarios cuyo poder fáctico --paradójicamente-- deriva de la explotación comercial de un bien público, como lo es el espectro radioeléctrico, a través del cual cursan sus señales. 

La medida constituye un claro ajuste de cuentas de las televisoras contra los poderes constitucionales por la aprobación de la reforma electoral de 2007, que las privó del millonario negocio de la venta de espots a los partidos políticos y que prohibió a los particulares contratar espacios para propaganda electoral, como una forma de evitar los abusos de 2006 (recuérdese la campaña sucia patrocinada por el Consejo Coordinador Empresarial contra el candidato de la izquierda), y mantener la equidad en la contienda.

Se trata, por añadidura, de mantener alejados a los ciudadanos de los procesos de decisión política que les conciernen. En efecto, el conservadurismo y la despolitización de la sociedad que cotidianamente promueve el duopolio con su programación es coronado con esta nueva maniobra que podría privar a una vasta porción del electorado quizá del único foro que les serviría para normar su voto, más allá de los espots partidistas.

Silenciar el debate entre candidatos presidenciales tendría, además, el efecto de beneficiar al candidato favorito de los poderosos intereses que conforman la industria de la comunicación y el entretenimiento. Ello porque sin ese ejercicio de confrontación de ideas, los electores seguirían a merced del bombardeo de encuestas que un día sí y otro también, crean en la masa la percepción de que la elección ya está decidida y que por tanto no queda más que sumarse a la corriente pretendidamente mayoritaria.

Otro aspecto ominoso del episodio es la demostración palmaria del control que las televisoras ejercen sobre las audiencias y del favor que éstas les dispensan, pues sólo una pequeña porción de la ciudadanía se ha mostrado inconforme con la decisión de no transmitir el debate.

A la mayoría el asunto parece no importarle y hasta agradecen que no se les prive de su precaria diversión dominical, sin hacerse cargo de que en la emisión suprimida podría estarse decidiendo su vida real y no la de otros, como sucede en las telenovelas.

Se dirá que las empresas de televisión están en su derecho de manejar esos negocios de acuerdo con sus intereses  y que en esa libertad pueden elegir qué difundir. Sólo que no se trata de empresas cualquiera, sino de comunicación que cumplen --o deberían-- una función social: la de informar a la sociedad.

En último término la apuesta no es por el raiting, como escribió Salinas Pliego en su twitter, ni por el interés comercial que implica un partido de fútbol, como supone Valdés Zurita, el consejero presidente del IFE.

No, la apuesta real de las televisoras es más alta: demostrar a la clase política que cuando se lo proponen, son ellas las que tienen y ejercen el control real del país y de los ciudadanos. Y que si quisieran, incluso podrían hacer que la gente olvidara que hay elecciones el próximo 1 de julio.

Empresarios y reforma del Estado

Se queja Raúl Picard del Prado, presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), de la elevada y costosa burocracia electoral.

Tiene razón. El Instituto Federal Electoral (IFE) debería trabajar sólo unos pocos meses, suficientes para organizar una elección, contar los votos y desaparecer hasta los siguientes comicios. Una actuación semejante no requeriría un organigrama tan abultado.

El problema es que, dentro de la propia Iniciativa Privada, hay actores tan tramposos (Televisa, TV Azteca, el Consejo Coordinador Empresarial, entre otros) que para no perder el poder ni el control social que ejercen de facto, incurren en violaciones a la ley.

Entonces se hace necesario que haya una burocracia que vigile a esos tramposos. Y luego se crea un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) --otra burocracia costosísima-- para revisar las controversias originadas por las trampas en que incurrieron los partidos políticos.

Y dados los antecedentes, en rigor también habría que poner un vigilante a este tribunal de dudosa reputación en tan corta vida. Como se ve, lo que sale caro es la corrupción y el ánimo de trampear presente en casi todos los actores políticos.

Criticar o quejarse sólo de lo costoso de nuestros procesos electorales sin atender la estructura que está en el fondo del problema es como criticar la materialización del mundo, sin atender la naturaleza del sistema capitalista que la origina.

Y lo que está en el fondo, lo que se requiere es una reforma del Estado, que venga a imponer nuevas reglas, consensos y prácticas políticas. Mientras los poderes fácticos --entre los cuales se encuentran los quejosos de la Concamin-- no se avengan al juego democrático en que el poder se pierde y se gana de acuerdo con el voto popular, seguiremos inviertiendo crecientes sumas de dinero para cuidarle las manos al de junto.

Esa reforma deberá incluir temas como el sistema de partidos, el acceso a medios de comunicación, la forma de gobierno (revisar si el presidencialismo sigue siendo funcional o si se exploran otras opciones, como el sistema parlamentario o semiparlamentario), el modelo económico, entre otros.

En tanto los empresarios no se comprometan a una reforma de esos vuelos, todo lo que digan no dejarán de ser sino críticas coyunturales encaminadas a "llevar agua a su molino".

¡Hasta la próxima!