A esa hora, la empresa de Emilio Azcárraga transmitirá por canal 2, como cada domingo, el reality show Pequeños gigantes, en tanto que la televisora de Ricardo Salinas difundirá por canal 13 el partido de liguilla del torneo de clausura, Morelia vs Tigres de la UANL.
Si ese amago se concreta, estaremos ante una de las más descarnadas muestras del poder televisivo utilizado en contra del interés nacional y el derecho a la información, perpetrada por unos concesionarios cuyo poder fáctico --paradójicamente-- deriva de la explotación comercial de un bien público, como lo es el espectro radioeléctrico, a través del cual cursan sus señales.
La medida constituye un claro ajuste de cuentas de las televisoras contra los poderes constitucionales por la aprobación de la reforma electoral de 2007, que las privó del millonario negocio de la venta de espots a los partidos políticos y que prohibió a los particulares contratar espacios para propaganda electoral, como una forma de evitar los abusos de 2006 (recuérdese la campaña sucia patrocinada por el Consejo Coordinador Empresarial contra el candidato de la izquierda), y mantener la equidad en la contienda.
Se trata, por añadidura, de mantener alejados a los ciudadanos de los procesos de decisión política que les conciernen. En efecto, el conservadurismo y la despolitización de la sociedad que cotidianamente promueve el duopolio con su programación es coronado con esta nueva maniobra que podría privar a una vasta porción del electorado quizá del único foro que les serviría para normar su voto, más allá de los espots partidistas.
Silenciar el debate entre candidatos presidenciales tendría, además, el efecto de beneficiar al candidato favorito de los poderosos intereses que conforman la industria de la comunicación y el entretenimiento. Ello porque sin ese ejercicio de confrontación de ideas, los electores seguirían a merced del bombardeo de encuestas que un día sí y otro también, crean en la masa la percepción de que la elección ya está decidida y que por tanto no queda más que sumarse a la corriente pretendidamente mayoritaria.
Otro aspecto ominoso del episodio es la demostración palmaria del control que las televisoras ejercen sobre las audiencias y del favor que éstas les dispensan, pues sólo una pequeña porción de la ciudadanía se ha mostrado inconforme con la decisión de no transmitir el debate.
A la mayoría el asunto parece no importarle y hasta agradecen que no se les prive de su precaria diversión dominical, sin hacerse cargo de que en la emisión suprimida podría estarse decidiendo su vida real y no la de otros, como sucede en las telenovelas.
Se dirá que las empresas de televisión están en su derecho de manejar esos negocios de acuerdo con sus intereses y que en esa libertad pueden elegir qué difundir. Sólo que no se trata de empresas cualquiera, sino de comunicación que cumplen --o deberían-- una función social: la de informar a la sociedad.
En último término la apuesta no es por el raiting, como escribió Salinas Pliego en su twitter, ni por el interés comercial que implica un partido de fútbol, como supone Valdés Zurita, el consejero presidente del IFE.
No, la apuesta real de las televisoras es más alta: demostrar a la clase política que cuando se lo proponen, son ellas las que tienen y ejercen el control real del país y de los ciudadanos. Y que si quisieran, incluso podrían hacer que la gente olvidara que hay elecciones el próximo 1 de julio.
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