Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se encuentra quizá en el mejor momento de la campaña. Una encuesta divulgada hoy por el periódico Reforma lo sitúa a sólo cuatro puntos de Enrique Peña Nieto.
Lo malo para el tabasqueño es que coincide con la revelación de una grabación en que presuntos colaboradores suyos podrían haber incurrido en un delito electoral al solicitar a particulares la aportación de fondos (seis millones de dólares, unos 85 millones de pesos) que rebasan el monto máximo permitido por la ley para aportaciones de particulares (unos 30 millones de pesos).
Si, como parece, la ahora famosa cena tuvo lugar en los términos en que revela la grabación, estaríamos ante un error de graves consecuencias para el candidato de las llamadas izquierdas, en momentos en que debiera estar prohíbido a los equipos de campaña incurrir en dislates semejantes por encontrarnos ya en la recta final de la etapa proselitista.
AMLO y su equipo están obligados a demostrar que, en efecto, nada tienen que ver con esa petición de recursos y que no se formuló con su aval. Para ello no basta un deslinde de palabra. Ello porque quienes estuvieron en esa cena el pasado 24 de mayo son colaboradores cercanísimos, como el cineasta Luis Mandoki, Adolfo Hellmund, propuesto como secretario de Energía en el gabinete del perredista y quien es señalado como estratega de la campaña, Luis Costa Bonino.
Hasta ahora la respuesta de esos participantes ha sido débil, vaga y hasta equívoca. Mandoki aseguró que no hubo nada ilegal en la reunión; Costa Bonino dijo que el audio divulgado por el periódico El Universal es "clandestino, ilegal y editado", como si esa circunstancia le restara realidad al hecho incontrovertible y hasta ahora no negado de que sí se solicitó esa aportación.
Andrés Manuel estaría obligado no sólo a desautorizar a quienes en su nombre solicitaron dinero, sino incluso a demandarlos por los delitos que resulten, pues de acuerdo con el audio, el estratega habría sugerido a los probables aportantes que el candidato estaría complacido con su ayuda y que a cambio podría reunirse con ellos para escuchar sus necesidades.
Estaríamos ante un ofrecimiento con tufo a corrupción, cuyo combate ha sido el eje del discurso político de AMLO durante años, la bandera que lo mantiene vigente en el escenario político nacional y que ahora lo está acercando de nuevo a la posibilidad de un triunfo electoral.
Por ello, tendrían que demostrar fehacientemente no la ilegalidad de la grabación sino, si fuera el caso, su tramposa edición. Si no fuera así debería denunciar el intento de sus colaboradores para despejar cualquier duda de complicidad, algo similiar a lo que ocurrió cuando su secretario de Finanzas en la jefatura del Gobierno del D.F, Gustavo Ponce Meléndez, fue pillado en un centro de apuestas de Las Vegas, jugando con cargo al erario público.
Sería una forma de evitar que este obús sea utilizado en los próximos espots de sus contrincantes y de cara al cercano debate entre candidatos y de que, en fin, dé en la línea de flotación de una campaña que por fin parece que empieza a despegar.
Como están de cerradas las cosas, eludir sin raspaduras este affair podría significar la diferencia entre ser Presidente o irse a la ya famosa finca lejana que posee.
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