El arresto de 35 presidentes municipales y funcionarios del gobierno de Leonel Godoy en Michoacán, perpetrado por la Procuraduría General de la República en mayo del año pasado, por los presuntos vínculos de los detenidos con el crimen organizado --específicamente con el cártel de La Familia-- constituye uno de los episodios más reveladores del terrorismo de Estado implantado desde Los Pinos con el pretexto del combate a las bandas del narcotráfico.
El así bautizado popularmente como michoacanazo, ocurrió a unas semanas de las elecciones legislativas intermedias del año pasado y fue desde el principio interpretado como un golpe mediático para favorecer las posibilidades electorales del PAN en la entidad, partido que encabeza allá Luisa María Calderón Hinojosa, hermana de quien ocupa Los Pinos.
La avieza acción punitiva fue quedando poco a poco al descubierto. Al revés de lo que se dijo en su momento, en cuanto a que había sido resultado de meses de investigación e inteligencia, las acusaciones se basaron en declaraciones "de oídas" de testigos protegidos, en listas encontradas o sembradas --vaya usted a saber-- en algún auto abandonado y hasta en escuchas telefónicas en aparatos intervenidos.
El caso es que a la fecha, salvo Armando Medina Torres, ex alcalde de Múgica, quien permanece arraigado, los otros 34 acusados han sido puestos en libertad por falta de pruebas.
Aparte el daño que se propinó a los acusados y a sus familias --lo que no es un hecho menor-- el episodio mostró la utilización que hace el calderonismo de la supuesta guerra contra la delincuencia organizada para
criminalizar opositores, mediante instituciones como la PGR, cuyo descrédito no sólo proviene de quien la encabeza --Arturo Chávez Chávez-- sino de los procedimientos claramente facciosos a los que recurre para descalificar y perseguir a opositores políticos e ideológicos.
A este respecto recuérdese la controversia constitucional que el calderonismo interpuso, vía la PGR, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra la ley que en la ciudad de México permite el matrimonio entre personas del mismo sexo y su derecho de adoptar.
Con un sesgo ideológico inocultable, Calderón y su procurador fundaron su recurso en otra flagrante mentira: que las reformas impugnadas contravenían el "modelo de familia" definido en el artículo 4o. constitucional.
La derrota que la Corte les propinó entonces sólo es comparable con el ridículo del michoacanazo.
En una suerte de tardío e ineficaz intento de control de daños --pues sabe que la primera damnificada por el papelón de la PGR podría ser su propia hermana, cuya candidatura al gobierno de la entidad se impulsa desde Los Pinos-- Calderón insistió ayer en Morelia, durante la celebración por el natalicio de José María Morelos y Pavón, en que sí existen elementos para incriminar a los ex funcionarios liberados.
No sólo eso. En una entrevista telefónica con una televisora local, insistió en raspar la imagen del gobierno estatal, al asegurar que Michoacán es uno de los estados donde se registra mayor índice de criminalidad y donde más rápidamente se ha visto deteriorada la seguridad de sus ciudadanos.
El insidioso estilo de Calderón --sembrar acusaciones sin que lo parezcan-- le llevó a decir que en Michoacán se requiere "una operación completa de depuración y fortalecimiento de la fuerza pública, de la policía estatal concretamente, de la procuraduría de justicia y sus ministerios públicos...para que se realice un cambio fundamental en la manera en que se provee al ciudadano del servicio elemental de seguridad, del cual carece por desgracia".
Ya sólo le faltó añadir, que su hermana sería la única capaz de semejante recomposición y que por tanto se vote por ella para gobernadora.
¡Que no se nos olvide!
