Más allá de las formalidades jurídicas --que también éstas fueron atropelladas-- quedó de manifiesto el designio de castigar a un medio de comunicación crítico que mediante el registro cotidiano de las imposturas de los poderosos, escapa a la uniformidad informativa y opinativa que priva en nuestro medio.
En efecto, lo que La Jornada representa en el periodismo mexicano es lo que el periodista chileno Pedro Santander ha definido respecto de la función del oficio de informar: esa voluntad por investigar y desnudar la trama que tejen permanentemente los poderosos (gobiernos y corporaciones o poderes fácticos) para mantener su hegemonía a cualquier precio.
Entrevistado esta mañana por Carmen Aristegui, Enrique Krauze, el director de Letras Libres, confirmó mediante una frase, que eso es precisamente lo que molesta a los poderes establecidos y al conglomerado de intereses empresariales, políticos y mediáticos a los que el historiador y su revista están adscritos. Dijo que el periódico que dirige Carmen Lira está siempre de lado de los movimientos sociales revolucionarios. Y aunque llamó a desterrar el odio del debate público, enseguida calificó de estalinista al diario que lo demandó por difamación.
Parapetado tras una argucia verbal, Krauze pretendió explicar que el término "cómplice" utilizado en el texto en que Fernando García Ramírez acusó al periódico de estar "al servicio de asesinos hipernacionalistas", debe ser considerado en su acepción de "simpatizar alguien con algo", pues, dijo, es evidente que la línea editorial del diario "simpatiza" con el grupo separatista español ETA.
La aseveración muestra que o bien Krauze es un ignorante o es un cínico, porque el término "cómplice" tiene una connotación y una consecuencia jurídica, pues implica la imputación de una conducta ilícita tipificada en el Código Penal. De acuerdo con la teoría del Derecho del historiador, de aquí en adelante ningún cómplice, por ejemplo de secuestro, podrá ser imputado penalmente, pues le bastará con alegar que su condición no era la de coadyuvante en el delito, sino que sólo participó como "simpatizante".
El dictamen del ministro Arturo Saldívar Lelo de Larrea es, a su vez, un atropello sin más al sentido común y al sentido jurídico, pero sobre todo, a la letra del texto constitucional que no prevé, como argulló el juzgador la preeminencia del derecho a la libertad de expresión por sobre el derecho al honor.
Cuando la razón se ausenta, aparecen los sinsentidos. Eso ocurrió con los ministros de la Corte. El designio era liberar de la acusación a Letras Libres y los intereses que representa. Desde esa perspectiva el asunto era menos un tema jurídico y de justicia que ideológico. Aunque todavía haya quien lo niegue. Por eso prevaleció la irracionalidad de la resolución.
