PGR: víctimas legalmente inexistentes

 El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza el poeta y periodista Javier Sicilia, así como el resto de la sociedad debimos tomar nota del informe que envió la Procuraduría General de la República (PGR) a la Comisión Permanente del Congreso sobre "Avances y resultados de la estrategia de seguridad pública en el periodo diciembre 2006-2011".

En ese documento, la procuradora Marisela Morales sostiene, más allá de discursos y palabrería, la postura oficial del gobierno: "Se estima que no hay base jurídica para concluir que existen víctimas, daños materiales y pérdidas económicas por la estrategia de seguridad pública 2006-2011".

Semejanten afirmación equivale a negar legalmente las más de 40 mil muertes producidas hasta ahora por esa "estrategia". Se trata de una actitud negacionista que equipara al "gobierno" de Calderón con aquellos que aun hoy sostienen que el genocidio perpetrado por la Alemania nazi nunca ocurrió, no obstante los testimonios fehacientes de quienes sobrevivieron al holocausto.

La afirmación de la procuradora Morales --quien durante el diálogo en Chapultepec pudo mirar la cara, el dolor y la indignación de familiares de víctimas realmente existentes-- ilustra con meridiana claridad la perversidad y mala fe de un gobierno que hace como que dialoga y reconforta a familiares de víctimas a las que en realidad no reconoce legalmente. Y como tampoco hay daños materiales ni pérdidas económicas, nadie está en condiciones de demandar legalmente al gobierno indemnización de ningún tipo. Ese es el alcance último de esa negación.

Si políticamente  todos esos muertos, las desapariciones forzadas y los "levantados" eran considerados por Calderón "daños colaterales", ahora venimos a saber, por voz de la PGR, que para efectos legales ni siquiera existen.

Si nos atenemos al concepto de víctima (persona que ha sufrido el menoscabo de sus derechos esenciales, o sus familiares y descendientes, cuando la víctima directa no sea capaz de reclamar sus derechos por haber sido muerta), entonces lo que la PGR intenta decirnos al negar legalmente el estatus de víctimas a los caídos, es que todos ellos son miembros del crimen organizado, pues no habrían muerto injustamente ni se habrían violado sus derechos, pues habrían fallecido en el ejercicio de su actividad ilegal, lo cual, en los hechos, equivale, otra vez, a criminalizarlos.

¿Qué acuerdos vinculantes (legalmente obligatorios) puede establecer el Movimiento por la Paz o cualquier otro con un gobierno que, por principio de cuentas, no reconoce la existencia jurídica de aquellos por los que se exige justicia? Es pregunta.

Teresa y Alberta libres

La excarcelación de Teresa González Cornelio y de Alberta Alcántara Juan, indígenas de Santiago Mexquititlán, Querétaro, ordenada ayer por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), representa la reparación parcial de un agravio monumental perpetrado por un gobierno cuya legitimidad es puesta en duda un día sí y otro también, no sólo por quienes lo impugnan, sino por los atropellos de sus propios integrantes, sea en los órdenes económico, político, policial y de seguridad.

El proyecto de resolución elaborado por la ministra Olga Sánchez Cordero -- avalado por unanimidad por los ministros Juan Silva Meza, José Ramón Cossío, Jesús Gudiño Pelayo y Saldívar-- revocó la sentencia de 21 años de cárcel a que las había condenado en febrero pasado el juez cuarto de Distrito con sede en Querétaro, Rodolfo Pedraza Longi.

La insólita condena, fue resultado de flagrantes irregularidades que avergonzarían a cualquier sistema de justicia penal en cualquier parte del mundo, pero que en México gozan de cabal salud, como la fabricación de testimonios hasta el uso de pruebas ilícitas, pasando por la "siembra" de evidencias, como la cocaína "encontrada" en el puesto de Alberta.

La Procuraduría General de la República (PGR), es decir, el gobierno de Calderón, imputó a las indígenas el delito de privación ilegal de la libertad en agravio de servidores públicos (seis agentes de la desaparecida Agencia Federal de Investigación, AFI).

No obstante lo absurdo de la acusación, el gobierno fabricó un juicio cuyas irregularidades no se explican sin la corrupción de policías, agentes del Ministerio Público, procuradores y jueces.

La resolución de la SCJN es una ocasión para celebrar, si bien permanece intocado el entramado de corrupción que permite que ahora mismo existan otros casos similares en el país, aunque sin la misma cobertura mediática por permanecer ocultos al escaparate de los medios y al monitoreo de los organismos defensores de los derechos humanos.

Como ha explicado la ministra Sánchez Cordero, no existe en la legislación vigente forma de sancionar, por ejempo, al juez Rodolfo Pedraza Longi, por la forma torcida en que interpretó las "pruebas" presentadas por la parte acusadora (PGR) y con base en las cuales fijó la sentencia.

La falta de independencia del Ministerio Público respecto del ejecutivo federal, en este caso representado por la PGR, hacen viable la sospecha de que la autoridad actuó por consigna contra las dos indígenas indiciadas.

Otro dato que refuerza lo anterior es que en sólo cinco semanas la ministra Sánchez Cordero se percató de los vicios, contradicciones, corruptelas y fabricaciones del proceso en cuestión.

Así que para el juez Pedraza Longi sólo quedará el expediente de que una resolución suya fue enmendada por la Corte. Con un criterio jurídico así de endeble o quizá torcido por el aceite de la corrupción, seguirá conociendo de casos y dictando resoluciones en perjuicio o beneficio de vaya usted a saber qué intereses, pues no será investigado ni sujeto a juicio alguno derivado de sus evidentes torpezas.

El caso demuestra con meridiana claridad el uso faccioso de la ley impuesto por los gobiernos panistas, pues no debe olvidarse que en otros procesos igualmente viciados fueron condenados a más de 100 años de prisión los líderes de San Salvador Atenco que por defender sus tierras se opusieron y evitaron la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México.

En contraparte, las 26 mujeres violadas en el operativo de aquel 3 y 4 de mayo de 2006 en que fueron detenidas en Atenco siguen sin recibir justicia, y esta misma Corte que ahora liberó a las indígenas otomíes, se negó en su resolución de febrero de 2009, a enjuiciar a los responsables de estos otros crímenes: Enrique Peña Nieto, Eduardo Medina Mora, Wilfrido Robledo Madrid, Miguel Ángel Yunes y Ardelio Vargas.

En tanto, sigue detenida en la Cámara de Diputados la reforma en materia de Derechos humanos aprobada por el Senado. No digo que ello evitará que se presenten en el país casos como los aquí comentados, pero la iniciativa tiene aspectos positivos que pueden acotar los espacios de la arbitrariedad.

Celebremos, por lo pronto, la libertad de Teresa y Alberta

¡Hasta la próxima!